Publicado en el Sur de Acapulco
En agosto de 2017 se difundió la noticia de que el diputado local Héctor Vicario no podría desempeñarse como funcionario en la administración pública durante 10 años, por irregularidades encontradas durante su encargo como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y efectivamente, el nombre del legislador apareció durante varias semanas en el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, pero después desapareció del registro porque el diputado impugnó la sanción y su caso está en proceso.
Independientemente de la resolución final que se emita, el caso del legislador guerrerense trae a la mesa de discusión la función y los resultados que se obtienen del control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos por los órganos de control y fiscalización federal y estatales. Parece que, salvo los casos de personajes muy conocidos, ni las instituciones ni los medios de comunicación se interesan por dar a conocer información y datos relativos a esta importante función de vigilancia y contrapeso de la gestión pública.
La difusión amplia de este tipo de resultados es muy útil a los ciudadanos, pues les permite emitir su voto de manera informada al conocer a los servidores públicos que fueron sancionados por su ineficiencia, negligencia administrativa, desvío de recursos y otras conductas irregulares.
En ésta y la próxima entrega nos referiremos a algunos de los resultados que han obtenido tanto los órganos fiscalizadores federal y estatal, como por los órganos internos de control, especialmente los que derivan en sanciones a funcionarios. En esta ocasión se hace un recuento del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2001 a 2016, es decir, antes de que entrara en vigor la normatividad de los sistemas nacional y estatales anticorrupción.
Impacto de la labor de la ASF
Algunos de los propósitos de las revisiones de la ASF son la “constatación del cumplimiento eficaz, eficiente y económico de los mandatos de los entes auditados, la definición de áreas de oportunidad para mejorar la gestión pública, la detección de errores en el registro de las operaciones que se llevan a cabo, o la existencia de desviaciones o irregularidades. Esta última vertiente acarrea consecuencias para el ente auditado”.
Las auditorías que realiza este órgano fiscalizador generan observaciones que las dependencias públicas fiscalizadas pueden solventar mientras se realizan las revisiones o al concluir éstas, reintegrando los recursos empleados incorrectamente al erario. Esto se conoce como recuperación.
Si no se reintegran los recursos o no se aporta la documentación comprobatoria, la ASF puede emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario público federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable; pero también puede promover la aplicación de sanciones administrativas o presentar denuncias penales, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.
De acuerdo con el sistema de consulta de auditorías de la ASF, de 2000 a 2016 en Guerrero se realizaron 380 revisiones a las cuentas públicas de diferentes entidades fiscalizables, y como resultado se emitieron mil 844 recomendaciones, 720 pliegos de observaciones, 458 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 177 solicitudes de aclaración y 84 fincamientos de responsabilidad resarcitoria, 47 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 11 denuncias de hechos, entre otras acciones.
Las acciones
En 2002 la ASF realizó acciones que dieron lugar a procedimientos resarcitorios por un monto de 9.6 millones de pesos, los cuales, a la fecha, aún no han sido aclarados o reintegrados. Estas irregularidades se cometieron en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, y el nombre del ex delgado José Ignacio Ortiz Ureña aparece en el “Registro de servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, sancionados a través del procedimiento resarcitorio, por resolución definitiva firme de la Auditoría Superior de la Federación”, que también consultamos.
En 2004, siete acciones dieron lugar a procedimientos resarcitorios por un monto de 58.6 millones de pesos, todas correspondientes al municipio de Acapulco, y entre los señalados por la ASF se encuentran, con dos expedientes cada uno, el entonces alcalde Alberto López Rosas, y el coordinador de Planeación y Control Presupuestal de ese ayuntamiento, Ernesto Mastache Manzanarez.
En 2006 se determinaron recuperaciones por 330 millones de pesos, la mayoría de las cuales fueron aclaradas, pero 25.6 millones aún se encuentran en proceso de resarcimiento o aclaración. En la información de la ASF se registra a la Universidad Autónoma de Guerrero con dos procedimientos resarcitorios.
Al siguiente año, en 2007, las acciones que derivaron en procedimientos resarcitorios importaron 70.1 millones de pesos, que todavía están en proceso de aclaración o en su caso recuperación. En este ejercicio son varias las dependencias involucradas. Nuevamente aparece el ayuntamiento de Acapulco, encabezado en ese trienio por Félix Salgado Macedonio.
Pero también el ayuntamiento de Chilpancingo, y específicamente el entonces alcalde Mario Moreno Arcos y diez funcionarios más del periodo 2005-2008 se encuentran en el listado de servidores sancionados a través del procedimiento resarcitorio.
El municipio de Xochistlahuaca también registra seis acciones en 2007, que derivaron en procedimientos resarcitorios que aún no están solventados. En este caso están involucrados la actual presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez, que también lo fue en los periodos de 1999 a 2002 y de 2005 a 2008. En los seis expedientes abiertos por la ASF en contra del ayuntamiento de Xochistlahuaca, además de Rocha Ramírez se involucra a Alvina López Concepción y Emiliano Apóstol Cruz.
En 2008 la ASF determinó 147.4 millones de pesos los cuales aún están pendientes por recuperar o aclarar, y están involucrados los ayuntamientos de Acatepec y Ayutla de los Libres.
En 2009 sólo hubo un fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de servidores públicos del gobierno del estado por el uso indebido de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el DF (FASP).
El periodo de 2010 a 2012, de acuerdo con la ASF, es el que registra más casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, pues concentra el 63.2 por ciento del total. En 2010, por ejemplo, se aplicaron 22 acciones y todavía quedan por resarcir o aclarar 484.4 millones de pesos de ese año; en la mayoría de los casos los destinatarios son del gobierno del estado por el mal uso de recursos de los fondos de Aportaciones a los Servicios de Salud (Fassa), de Educación Básica y Normal (Faeb, hoy FONE), de Infraestructura Social Estatal (FISE), para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y FASP; y de los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Acatepec, Ayutla, Chilapa, Coyuca de Catalán, General Heliodoro Castillo y Malinaltepec.
En 2011 se registran 21 casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, que involucran 88 millones de pesos por aclarar o resarcir. Igualmente, los recursos cuestionados corresponden a los mismos fondos que el año anterior, además del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). En el caso de los ayuntamientos, la ASF también aplicó estas acciones a servidores de Florencio Villarreal, San Marcos, Tecoanapa y Tlalchapa por irregularidades en el Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Finalmente, en 2012 la ASF estableció 17 casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, con un monto de 354.9 millones aún por aclarar o resarcir, principalmente a servidores públicos del gobierno del estado por irregularidades en el ejercicio de recursos de los diferentes fondos de aportaciones federales, así como en el caso de los ayuntamientos de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, José Joaquín de Herrera y Quechultenango.
Recuperaciones
Dos documentos de la ASF concentran esta información: el Informe de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de las cuentas públicas 2001 a 2016; y el Informe de las recuperaciones derivadas de procedimientos resarcitorios de las cuentas públicas 2001 A 2016. Del primer documento, la ASF registra las siguientes recuperaciones de varias dependencias de Guerrero.
La Universidad Autónoma de Guerrero registra un total de recuperaciones por 10.7 millones de pesos, distribuidos como sigue: 445 mil pesos de la cuenta pública de 2005, 8.6 millones de la cuenta de 2006, 1.2 millones de la cuenta de 2013, 373 mil pesos de la revisión en 2014 y 97 mil pesos de la cuenta pública de 2015.
En el caso de gobierno del estado y municipios (la ASF no identifica a quiénes corresponde la recuperación de recursos), de 2002 a 2016 se obtuvieron recuperaciones por 2 mil 589.5 millones de pesos. Destaca el ejercicio 2008, donde se recuperaron 663.8 millones; 2011, con una recuperación de 603.2 millones; 2007, con 450.7 millones; y 2009, con 351.9 millones de pesos.
Del segundo informe de la ASF, relativo a recuperaciones derivadas de procedimientos resarcitorios, la UAG devolvió al erario 101.9 millones de pesos de la cuenta pública de 2005, así como 22.5 millones de la cuenta pública de 2006, para un total de 124.4 millones de pesos. De hecho, en este rubro sólo aparecen dos instituciones educativas del país en esta situación: la UAG y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
En los datos de la ASF también se reporta un monto por 1.6 millones de pesos, recuperados del gobierno del estado correspondientes a las cuentas públicas de 2007, 2010, 2011 y 2012.
La ASF también publica una relación de denuncias penales presentadas por la ASF
Cuentas Públicas 1998-2016, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros. Este documento tiene fecha de corte al 31 de octubre de 2017 y se lograron identificar por lo menos las dependencias involucradas:
De las revisiones a las cuentas públicas de 2009, se presentaron denuncias en contra de servidores públicos de los ayuntamientos de Iguala y Acatepec; también el gobierno municipal de Atoyac por irregularidades en la cuenta pública de 2014, así como del ayuntamiento de Chilpancingo en la cuenta pública de 2013. Servidores públicos del municipio de Ayutla tienen dos demandas penales por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2009 y 2014.
Sin que la ASF identifique la fecha, el órgano fiscalizador también presentó ocho denuncias penales en contra de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero por “Simulación de Reintegros”, en el periodo del 25 de agosto al 16 de octubre de 2014.
Adicionalmente, funcionarios del Ejecutivo del estado tienen dos demandas penales por irregularidades en la cuenta pública de 2010; y una derivada de la revisión de la cuenta pública de 2013.
Asimismo, hay también abierto un expediente de carácter penal en contra de servidores públicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, derivados de la revisión de la cuenta pública de 2015.
Denuncias de hechos
La ASF no específica los nombres de las personas involucradas en la presentación de las 11 denuncias de hechos en el periodo 2001-2016. Las primeras que se registran datan de 2008 y corresponden a funcionarios del gobierno del estado por irregularidades tanto en Faeb como en el (Fassa) y del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).
En 2009 se presentaron tres denuncias de hechos ante la PGR en contra de servidores públicos del gobierno del estado por irregularidades en el ejercicio del Fassa y de los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno de Guerrero. En 2011 se registran dos denuncias también en contra de funcionarios del Ejecutivo del estado por el ejercicio indebido de recursos en Fassa y en el mismo acuerdo de coordinación.
Tarea necesaria
La difusión de información sobre los resultados de fiscalización es fundamental para promover el interés de la ciudadanía en el desempeño de sus gobernantes y en general en la calidad de la gestión pública. Es uno de los eslabones que si bien el sistema nacional anticorrupción tiene considerado, todavía hoy hace falta para la construcción de ciudadanías.
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