Publicado en El Sur de Acapulco
A un mes de los fenómenos naturales de septiembre pasado que afectaron varios estados del país, la transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en una de las mayores exigencias en la etapa de reconstrucción. “Demandamos transparencia en el uso de los recursos y reiteramos nuestro rechazo a ser reubicados”, dijeron en un comunicado los damnificados del Multifamiliar Tlalpan, situado al sur de Ciudad de México, como una expresión que resume una preocupación generalizada entre miles de mexicanos.
Sin duda, detrás de esta demanda hay una gran desconfianza hacia las autoridades gubernamentales, un exhorto para que los servidores públicos que tienen a su cargo la gestión pública realicen con eficacia su trabajo y un llamado de atención para incorporar la voz, las propuestas y las opiniones ciudadanas en las políticas públicas y en la toma de decisiones.
Los gobiernos de los tres órdenes, legisladores o representantes de partidos políticos han hecho suya esta exigencia y la manejan hábilmente en sus discursos, pero hasta hoy escasamente han atendido de manera efectiva las voces de la sociedad civil organizada y no organizada que proponen como condición para el ejercicio de los recursos públicos y otras aportaciones que éstos se gasten en quienes más los necesitan y especialmente que se difundan ampliamente para que no existan dudas sobre su ejercicio justo, equitativo y transparente.
Hasta hoy no hay respuestas concretas a esta demanda ni en Guerrero, ni en otros estados ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto; tal vez la apuesta sea a que disminuya la efervescencia para después no hacer nada.
La sociedad civil por su parte, ha expresado de manera constante y sólida su preocupación por esta problemática y ha emitido diferentes propuestas, algunas desarticuladas y como reacción inmediata a la desconfianza gubernamental, pero otras muy coherentes, factibles, razonables encabezadas por organizaciones especializadas en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, sin que se hayan tomado en cuenta hasta hoy.
La gran desconfianza que existe hacia la mayoría de las instituciones públicas se ha reforzado con los datos que ya salieron en medios de comunicación acerca de la ineficiencia y las actividades poco claras de varias entidades gubernamentales.
En el programa En Punto del 18 de octubre, la periodista Denise Maerker difundió las irregularidades de los monederos electrónicos (tarjetas) del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) entregadas a damnificados porque no tenían fondos, y aunque desde la Secretaría de Hacienda trataron de explicar el motivo, lo cierto es que queda la sensación por lo menos de una gran ineficiencia y descoordinación gubernamentales.
Por cierto, este problema de las tarjetas sin fondos ya ameritó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “(…) la CNDH solicitará a la Sedesol y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) información sobre las presuntas irregularidades que se han denunciado respecto de los apoyos de reconstrucción que el Gobierno Federal ha entregado mediante tarjetas de monedero electrónico, en particular por lo que hace a la supuesta falta de fondos de dichas tarjetas, así como a la falta de claridad sobre las reglas para la elaboración del censo de beneficiarios y los criterios para la clasificación del tipo de apoyo que correspondería a los mismos”. (Comunicado de prensa DGC/346/17)
Animal Político (20 de octubre) también difundió la denuncia de los pobladores de Álvaro Obregón, una comunidad del municipio de Juchitán, Oaxaca, la mayoría de los cuales no fueron incluidos en el censo de damnificados para la obtención de financiamiento para la reconstrucción; el motivo: no son simpatizantes de la presidenta municipal debido a que meses antes crearon su policía comunitaria y un cabildo comunitario para la defensa de sus intereses.
Los riesgos de la corrupción siguen vigentes. La presión ciudadana todavía no ha sido suficiente para obligar a las instituciones del Estado a generar mecanismos de transparencia y de participación ciudadana, pues la reconstrucción requiere de estos componentes para tratar de dar legitimidad a los procesos.
Las posiciones
El Foro Nacional de la Zona Centro Transparencia, pilar fundamental de la reconstrucción, realizado en Taxco el 20 de octubre, permitió conocer las posiciones que tienen diferentes actores en los ámbitos nacional y local.
La nota fue la ausencia del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores a este acto –no obstante que estaba agendado para dar una conferencia magistral–, al que asistieron 19 comisionados de órganos garantes estatales de la región centro del país, y tres del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), incluyendo a su presidente Francisco Acuña.
Por cierto, salvo en el acto de presentación del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción del 4 de abril de 2016 en Acapulco, y en algunas de las reuniones de su comité rector, no se le ha visto al gobernador en actos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. Es el caso, por ejemplo, de actividades relevantes como el Foro Especial de Transparencia Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente, programado para acopiar propuestas que permitieran elaborar el Plan Estatal de Desarrollo de su administración (28 de enero de 2016); o el Foro sobre el sistema estatal anticorrupción que promovió el comité ciudadano del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción (7 de julio de 2017); o las diferentes jornadas de sensibilización sobre gobierno abierto organizadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro) en coordinación con el Inai y con algunas organizaciones de la sociedad civil.
El secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, representante del mandatario estatal en el foro del 20 de octubre, no satisfizo las expectativas, pues se esperaba una posición firme y clara del gobierno del estado respecto de la transparencia de los apoyos federales destinados a los damnificados y de los recursos que ha invertido el gobierno de Guerrero para esta tarea. Pero lo que escuchamos fue el discurso repetitivo de que el gobierno de Astudillo Flores cumplió con la obligación constitucional de homologar las leyes para crear el sistema estatal anticorrupción. Y también repitió la fórmula del notario como sinónimo de transparencia: “se tomó la decisión de entregar los apoyos a la población de Guerrero que sufrió daños por los fenómenos naturales en presencia de notario público para certificar que la autoridad esté cumpliendo con la reconstrucción”.
Los órganos garantes
Representantes de los institutos de transparencia de la región centro del país coincidieron en tres ideas, aunque con diferentes matices: la gran desconfianza ciudadana hacia sus autoridades gubernamentales; la insoslayable necesidad de transparentar el ejercicio de los recursos durante la reconstrucción; y la deseable participación ciudadana en la toma de decisiones.
Sin embargo, salvo dos órganos garantes que reaccionaron a la emergencia con programas relacionados con las afectaciones de los fenómenos naturales, la mayoría no realizó y tampoco tiene programadas acciones sobre este tema en el corto plazo. En gran medida, esta inacción de los institutos de transparencia de la región que más resintió los estragos de los sismos, se explica por la falta de recursos suficientes, un tema que ante el incremento de facultades y atribuciones que les heredó la Ley General de Transparencia, los tiene inmovilizados y a punto de la quiebra.
El comisionado del órgano garante en el Estado de México, José Guadalupe Luna Hernández, fue crítico sobre esta tibia reacción: los institutos de transparencia son agentes del Estado que deben asumir una responsabilidad en situaciones como las de septiembre pasado, por lo menos de colaboración con las unidades de protección civil. Como responsables de garantizar el acceso a la información, los institutos “estamos llamados a montar guardia permanente cada vez que un desastre de esta magnitud se presenta para generar eso que hizo la sociedad en ausencia de nosotros: los mapas de siniestros, la focalización de puntos de encuentro para voluntarios, la localización de centros de acopio, la difusión de los requerimientos en tiempo real, las listas de personas desaparecidas y fallecidas…”
Hacer esto, agregó el comisionado mexiquense, les permitiría a los órganos garantes saltar de un estado de confort en que se encuentran actualmente a “darle una mayor utilidad social a nuestra función para reestablecer el vínculo con la sociedad”.
Sin duda, una saludable crítica a los institutos de transparencia estatales frente a la burocratización que ya acusan muchos. Al final del foro no hubo acuerdos específicos que dieran una perspectiva diferente a las actividades de los órganos garantes.
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