¿Transparencia en los recursos para desastres?

Publicado en El Sur de Acapulco

A Chuchita sí la han bolseado, y mucho. En días pasados el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo coloquialmente que los apoyos destinados a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre y del huracán Max se entregarían ante la presencia de un notario público, para que “al rato no andemos diciendo que a chuchita la bolsearon”. Pero hace falta mucho más que el aval de un notario para hacer transparentes los recursos, ya que la transparencia requiere de mecanismos que involucren la participación ciudadana y especialmente que todas las acciones, apoyos, recursos y hasta los nombres de los beneficiarios, se publiquen abiertamente y con detalle por todos los medios posibles. Esto no ha sucedido.

Las declaraciones del mandatario estatal sobre la transparencia de los recursos no son fortuitas, se dieron en un marco en el que la ciudadanía de todo el país está preocupada en la manera en que se entrega y distribuye la ayuda urgente, en cómo se operará la reconstrucción, y especialmente en la transparencia de estos procesos, es decir, en cómo se ejercerán los recursos públicos y las aportaciones no gubernamentales.

No es infundada la desconfianza de la sociedad. Históricamente el ejercicio de recursos para hacer frente a los desastres naturales ha sido un tema oscuro porque nunca se han entregado cuentas claras; especialmente a la ayuda que proviene de la sociedad civil y de organismos nacionales e internacionales nadie le sigue la pista y ni siquiera hay cuantificaciones formales porque no son recursos públicos y no aparecen en las cuentas públicas, contabilidades gubernamentales ni registros oficiales; hay un amplio margen para hacer un manejo discrecional del ellos.

De acuerdo con una nota de prensa (El Sur, 4 de octubre), durante una gira por el municipio de Huitzuco, Astudillo Flores manifestó que el gobierno del estado ha recibido ‘“una gran cantidad de apoyo de personas solidarias’ y que publicaría una lista de todos los que han enviado apoyos”.

Pero a esta fecha no hay información sobre cuántos recursos provienen del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), cuánto del apoyo externo o si ha habido ajustes a los programas sociales estatales; los datos vertidos no son suficientes y el gobierno no tiene ningún sitio que permita corroborar de dónde proviene la ayuda, su cuantificación precisa, los criterios para seleccionar a los beneficiarios y los nombres de quién recibe los apoyos. Es evidente que el acompañamiento de un notario no es muy útil a la transparencia.

Amargas experiencias en Guerrero

Hay dos casos vergonzosos de opacidad en la información sobre desastres en Guerrero. El primero se relaciona con los recursos que supuestamente se invirtieron en el denominado Plan Nuevo Guerrero; el segundo, con la retención de despensas en el DIF estatal por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Honestamente quienes nos dedicamos a rastrear la ruta del dinero público no tuvimos la capacidad de dar seguimiento a los 40 mil millones que dice el gobierno federal invirtió en el estado como parte del Plan Nuevo Guerrero en 2014 y 2015. Pero el gobierno tampoco hizo el mínimo esfuerzo por transparentarlo, como fue el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto cuando anunció la puesta en marcha del Plan.

En efecto, el 7 de noviembre de 2013, el presidente de la república anunció que ante la magnitud del desastre provocado por los huracanes Ingrid y Manuel, la Cámara de Diputados respaldaría a Guerrero con recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) por 7 mil millones de pesos, pero que adicionalmente el gobierno de la república, a través de diferentes mecanismos financieros, ampliaría el monto de inversión y éste llegaría a 30 mil millones en 2014.

En esa ocasión, dijo el presidente: “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”. También el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, afirmó que el Plan Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”.

El gobierno federal inició el Plan teniendo el control total de los recursos (ante el descontento de empresarios locales y el gobierno estatal). Sin que le faltara razón, la administración de Peña Nieto desconfiaba del gobierno del estado, que seguramente hubiera depredado los recursos destinados a la reconstrucción del estado. Pero la federación, con su falta de transparencia, no dio señales de hacer las cosas de manera diferente.

Aunque es posible encontrar información sobre el Plan Nuevo Guerrero en el portal Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, no son datos estratégicos que permitan dar un seguimiento puntual a las obras y acciones.

En el cumplimiento del derecho de acceso a la información no fue mejor. En ese entonces presentamos un paquete de solicitudes en varias dependencias federales (Sedatu, Inifed, SCT, Secretaría de Economía) para solicitar expedientes técnicos, nombres de beneficiarios, empresas constructoras, entre otros, pero dichas entidades públicas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos las declararon parcialmente confidenciales.

Los damnificados de Ingrid y Manuel fueron los grandes perdedores porque no hubo forma de dar seguimiento a cerca de 40 mil millones de pesos, que según el gobierno federal se invirtieron en este plan, pues los mecanismos de transparencia del programa fueron muy limitados o inexistentes, no obstante el compromiso presidencial.

El segundo caso se refiere al hallazgo de varias toneladas de despensas no entregadas a los damnificados por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, en bodegas del gobierno del estado en febrero de 2014, es decir, estando Ángel Aguirre Rivero como mandatario del estado. Los productos almacenados se localizaron en una de las sedes del DIF estatal, muchos de ellos ya inservibles y caducos, de acuerdo con las crónicas de los reporteros que visitaron el lugar.

La reportera Flor Miranda escribió que “En el lugar hay comida enlatada, granos como arroz, frijol, garbanzo, lenteja, haba, entre otros, así como leche (en su mayoría ya caduca), jugos, agua embotellada, ropa para adultos pero más para niños, cobertores, cobijas, juguetes. También se observaron latas de leche infantil y para bebés, pañales y muchas otras cosas más (…) En el almacén que trabajadores de la dependencia trataron de cubrir con lonas, es posible apreciar una cantidad impresionante de apoyo que la ciudadanía donó y el gobierno no entregó. Ahí las ratas son las afortunadas pues poco a poco han ido comiendo lo que iría dirigido a los damnificados”. (Los Ángeles Press, 13 de febrero de 2014).

Paradójicamente la respuesta del gobierno del estado fue la presentación de una denuncia penal en contra del líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, quien junto con damnificados dio a conocer públicamente el desperdicio; también, el envío de policías para seguir a los reporteros que cubrían la noticia, así como el rápido desmantelamiento de las instalaciones donde se encontraron los productos.

El escándalo tuvo repercusión nacional y obligó al ex gobernador Ángel Aguirre a declarar que se fincaría responsabilidad y se aplicaría la ley en contra de los responsables por la acumulación de las despensas. Agregó que la ex Contraloría General del Estado investigaba el caso y deslindaría responsabilidades por los hechos. Pero todavía a esta fecha, ninguno de los tres mandatarios que desde entonces han gobernado Guerrero ha dado a conocer el resultado de las investigaciones ni se han fincado responsabilidades. Todo quedará en la impunidad.

No hay dinero

Las personas afectadas por los siniestros de septiembre de 2017 tienen muchas expectativas respecto a los apoyos que pueden recibir de sus gobiernos; es normal, pues es el Estado el que debe garantizar el bienestar de la población. El problema grave es que no hay dinero, pues descontando los recursos del Fonden empleados para atender algunos de los requerimientos urgentes (víveres, colchonetas, material de curación, agua, cobertores), los recursos para la reconstrucción son escasísimos.

Los diferentes desastres tomaron por sorpresa al gobierno y federal y a los estatales afectados. Con los recortes al gasto público que se aplicaron este año -por la baja de los ingresos petroleros, principalmente-, es muy reducido el margen de maniobra que se tiene, especialmente para los gobiernos de estados, que en 2017 también vieron recortado su presupuesto. Por ello, en una de las entidades afectadas, Oaxaca, el gobierno requirió la contratación de un crédito por mil 200 millones de pesos para hacer frente a los compromisos con los damnificados, ante la falta de recursos del ejercicio fiscal regular.

El estado de Guerrero requerirá en el corto y mediano plazo atender, sólo en materia de vivienda, a 14 mil viviendas que resultaron afectadas, 11 mil por el sismo y el resto por el huracán Max; 2 mil 500 de éstas necesitan reconstrucción total. Si bien el gobernador en sus giras por el interior del estado anuncia que el gobierno federal se encargará de la reconstrucción, no se descarta que el gobierno de Guerrero recurra también a un préstamo para atender a los afectados tanto por los sismos como por el huracán Max. Tan sólo en materia de vivienda, considerando los parámetros de ayuda en Oaxaca y Chiapas, se requerirían en Guerrero 300 millones de pesos (para reconstruir 2 mil 500 viviendas) y 172 millones más para reparar viviendas con daños parciales. Esto sin contar escuelas, hospitales, carreteras, monumentos históricos, etc.

Exigencia de transparencia

Raymundo Rivapalacio, en su artículo 19S: el hartazgo (El Sur, 3 de octubre de 2017) afirma que “las nuevas organizaciones sociales que están surgiendo estos días tienen como eje la transparencia. Les preocupa la opacidad y les interesa que todo lo que hagan quede registrado en forma pública para que se realice la rendición de cuentas sin restricción alguna.”

A diferencia del desastre de 1985, la sociedad se está organizando alrededor de actividades que rebasan la solidaridad inmediata y la reconstrucción física de los inmuebles. Hay una exigencia de transparencia y rendición de cuentas que está siendo retomada por organizaciones especializadas en información financiera y en la vigilancia ciudadana del ejercicio de los recursos. Esa es una notable diferencia respecto de lo que sucedió hace 32 años.

El propio gobierno federal tomó la iniciativa y abrió el sitio Fuerza México, una plataforma que busca ser “un ejercicio de rendición de cuentas para dar seguimiento a los recursos destinados a la atención de los daños”. Aunque los alcances son todavía limitados, ya comienza a fluir información importante para el seguimiento.

Pero tal vez el mayor problema del gobierno es la falta de confianza, y al respecto un grupo de 30 organizaciones sociales, empresariales y académicas crearon la plataforma #Epicentro a efecto de dar seguimiento al origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción después de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

De acuerdo con la información de Animal Político (3 de octubre de 2017), #Epicentro tiene tres ejes de acción. El primero se relaciona con el “seguimiento del origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción. Para ello se integrará la información sobre los fondos en una sola plataforma para dar seguimiento al ejercicio de los recursos”.

El segundo eje establece que “la reconstrucción debe ser con perspectiva social y de derechos humanos, género, infancia y juventud. Se deben incorporar las prioridades y necesidades de las distintas comunidades”. Finalmente, la tercera acción es relativa a las “responsabilidades y reparación del daño. A través de esta plataforma se buscará que se identifiquen, investiguen y sancionen los actos de corrupción y se garantice la reparación del daño”.

En Guerrero es urgente generar confianza en estos momentos en que el estado fue severamente golpeado por los fenómenos naturales. La población está dolida no sólo por los desastres, sino porque percibe que hay problemas de desvíos y corrupción en el manejo los apoyos, y un primer paso es informar con detalle de las acciones que realiza su gobierno. Es necesario invertir para ganarse la confianza de los guerrerenses.

2017. Agradezco mucho a los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, con sede en Chicago, Illinois, por la distinción que me hicieron al entregarme la presea Sentimiento Migrante en su edición 2017. Es grato recibir este reconocimiento de una organización propositiva, honesta, que desde Estados Unidos busca contribuir al bienestar de la población de sus comunidades de origen.