Discrecionalidad en la publicación de salarios

Publicado en El Sur de Acapulco

La renuncia de la consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, se comenzó a fraguar desde que dio a conocer que recibía la remuneración formal más cuantiosa del estado de Guerrero. Más allá de que se le reconozca una aceptable gestión dentro de la institución que hoy todavía preside, Marisela Reyes tal vez no calculó que un salario de la magnitud como el que ganaba sería percibido como una “grosería” en un contexto en el que la mayoría de la población obtiene ingresos miserables, y además sería utilizado en su contra por quienes se sentían incómodos por su forma de administrar el IEPC.

Puede decirse que pagó un precio muy alto por transparentar sus emolumentos, por eso muchos servidores públicos del estado prefieren no dar a conocer cuánto ganan en la nómina ni mucho menos los beneficios que obtienen de manera informal, pues correrían la misma suerte que la consejera presidente, o por lo menos serían estigmatizados por la opinión pública.

Hasta hace unos años, saber el monto de las remuneraciones de los funcionarios públicos era un misterio, y sólo muy recientemente –luego de que las leyes de transparencia hicieron obligatoria la publicación de los salarios– algunas dependencias comenzaron a abrir sus nóminas. Quienes mantienen en la opacidad sus salarios en estos tiempos argumentan que lo hacen por la inseguridad que se vive en el estado, como si no fuera un riesgo generalizado de la población abierta. Pero en el fondo de estos pretextos subyace la idea de que la población automáticamente pensará que hay una incongruencia si se comparan los altos salarios de funcionarios y los pobres o nulos resultados que se observan en la gestión pública.

Y precisamente para esconder este tipo de información, se han inventado varias fórmulas como descomponer el salario en varias denominaciones como sueldo base, prestaciones, compensaciones ordinarias y extraordinarias, gratificaciones, etc.; o la de dar a conocer sólo los “tabuladores”, donde no se dice con precisión cuánto gana un funcionario, pero sí el rango en el que se ubica; o definitivamente clasificarla como información reservada o confidencial.

Las leyes de transparencia

Con la primera oleada de leyes de transparencia de hace15 años, la publicación de salarios se convirtió en uno de los temas regularmente considerados como información pública obligatoria o de oficio. Una de las primeras leyes, la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental estableció en su artículo 7, fracción IV, la obligación de publicar “la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes” de todos los empleados federales.

En el caso de Guerrero, la ley 568 de acceso a la información pública, vigente de junio de 2006 a julio de 2010, no consideraba los salarios de los funcionarios entre los temas de información obligatoria. Información tan simple como ésta, así como muchos otros rubros de información importantes para someterlos al escrutinio público, simplemente no merecieron atención de la LVII Legislatura. No en balde, esa ley fue considerada entre las peores que se legislaron en las entidades federativas en aquellos años.

La ley 374 de transparencia que rigió de agosto de 2010 a abril de 2016, incluyó un punto específico sobre el tema de los salarios. Al respecto el artículo 13 establecía que “Los sujetos obligados, con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, deberán tener disponible en su portal electrónico de manera permanente y actualizada, por lo menos la información siguiente: (…) VI. La remuneración mensual por puesto de los servidores públicos, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes”.

La ley 374 estuvo vigente para los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y parte del de Héctor Astudillo. De acuerdo con los monitoreos de aquellos años, muy pocas instituciones hicieron caso a esta obligación.

Finalmente, la Ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que actualmente nos rige -aprobada el 5 de mayo de 2016- retoma en el artículo 81 esta misma obligación en el artículo 81: “Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: (…) “VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”.

Precisamente para evitar la elusión de publicar este tipo de datos, la ley incluyó los diferentes componentes de un salario, ya que es casi regla general que se den a conocer sólo los sueldos base, pero no todos los elementos complementarios, que regularmente son mucho más cuantiosos.

Inexplicable opacidad de la Sefina

Si se revisa la fracción VIII del artículo 81 de la Ley 207 de transparencia del estado, relativa a la publicación de los salarios de los servidores públicos, prácticamente todas las dependencias del Ejecutivo estatal remiten al portal de la Secretaría de Finanzas y Administración porque es la oficina que concentra ese tipo de información. Sin embargo, al hacer esta consulta, las remuneraciones de los funcionarios y empleados de la administración pública estatal simplemente no aparecen.

Esta evasión se basa en un acuerdo del comité de transparencia de la Sefina que clasifica como confidencial o reservada una parte importante de la información que ahí se genera. Si se revisa el acuerdo, localizado en el sitio http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/08/ACUERDO-SEFINA-GUERRERO-INFORMACIÓN-RESERVADA.pdf, todos los argumentos que ahí se leen contravienen el discurso de transparencia que el gobernador Héctor Astudillo ha manejado durante todo su gobierno, incluso antes, en campaña. No es sano que la principal información financiera que produce el Ejecutivo del estado se mantenga en la opacidad, por lo que ese acuerdo debe ser revisado de manera urgente por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro).

La no publicación de las remuneraciones de los funcionarios de la administración pública estatal también se incluye dentro de dicho acuerdo, uno de cuyos considerandos dice que “derivado de la situación que se vive en el estado existe un riesgo latente sobre el derecho a la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, el cual se incrementaría si se permite a los particulares tener acceso a esos datos, tomando en cuenta que los servidores públicos de la Secretaría se reconocen antes como persona humana y es obligación de las autoridades garantizar a los mismos la protección más amplia (…)”.

En efecto, son las autoridades del poder Ejecutivo las que deben garantizar la seguridad no sólo de los funcionarios públicos, sino de toda la población guerrerense porque también son “personas humanas”.

Otro de los considerandos establece que en los “últimos años se han documentado a través de los medios de información una gran cantidad de agresiones que van desde las amenazas, extorsiones, privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio en perjuicio de servidoras y servidores públicos en el estado de Guerrero, cuya responsabilidad pública estaba vinculada al manejo de información financiera, fiscal o de recursos humanos, dando cuenta de la vulnerabilidad de aquellos cuya identidad es reconocida y ubicable por el desempeño propio de sus funciones”.

Y remata: “las cifras arrojadas por los estudios (…) confirman que la inseguridad en el Estado no constituye un supuesto. Esta realidad estadística se robustece con hechos específicos de los cuales se infiere que los servidores públicos, principalmente aquellos vinculados con el manejo de recursos públicos, o quienes se podría presuponer que cuentan con ingresos fijos y consistentes, representan un mayor atractivo para las personas o grupos que se dedican a actividades delictivas”.

Y entre sus conclusiones ordenan clasificar como información confidencial “los contratos de trabajo, los expedientes laborales y médicos, así como las percepciones del personal de la Secretaría”.

Este acuerdo es inaceptable por varias razones. Los servidores públicos no están más expuestos que la población en general, y en todo caso, si las políticas de seguridad no están funcionando, ellos tienen a la mano exigir al gobernador o a quien corresponda que se les brinde mayor seguridad para ellos mismos. La “inferencia” de quienes tramaron este acuerdo no es ninguna evidencia de que son más vulnerables. En todo caso, si hay temor a publicar sus remuneraciones, hay otros empleos en los que sus emolumentos pueden permanecer en el anonimato. El ejercicio de los recursos públicos debe ser transparente.

La publicación de sueldos es necesaria para evitar “aviadores” y situaciones que mucho se dieron en los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, sobre empleados que formalmente en la nómina ganaban una cantidad, pero en realidad recibían sólo la mitad; ¿es uno de los temores de esta administración?

Doble rasero

Hay dos posiciones dentro del Ejecutivo del estado respecto de la publicación de las remuneraciones. Como ya se observó, la Sefina decidió ocultar los salarios de los trabajadores de la administración pública estatal, supuestamente por razones de “seguridad”, pero no es congruente y deja descobijados a otros empleados públicos guerrerenses.

Las secretarías de Salud y Educación dan a conocer los salarios de sus empleados (ver http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ y http://www.seg.gob.mx/unidad_de_transparencia/viii-remuneracion-bruta-y-neta/ . La primera, difunde información de mil de sus trabajadores, mientras que la SEG publica los salarios de todos sus empleados, incluyendo maestros.

Tal vez se argumente que a estos empleados se les paga con recursos que provienen de los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud, y para la Nómina Educativa Gastos de Operación (FASSA y Fone), ambos del Ramo 33, es decir, partidas presupuestales federales. Sin embargo, quienes de ahí son remunerados no dejan de ser guerrerenses por ese hecho y también están expuestos a la inseguridad, como todos los demás. ¿Por qué sus salarios sí se publican y los del gobierno del estado no?

Salarios nominales en Guerrero

De acuerdo con el tabulador de sueldos del poder Ejecutivo del estado, el gobernador gana 102 mil 841 pesos y los secretarios están en un rango de entre 60 mil 841 y 114 mil 394 pesos, esta última cifra por arriba de lo que gana el mandatario estatal. Los empleados de apoyo general tienen sueldos de entre 4 mil 69 y 4 mil 407 pesos mensuales.

Los diputados, por su parte, obtienen un ingreso de 61 mil 399 pesos; los sueldos más bajos del poder Legislativo corresponden a las secretarías, con 7 mil 57 pesos, y a los empleados de seguridad, con 8 mil 939 pesos.

En el poder Judicial, el magistrado presidente gana 103 mil 890 pesos; y el resto de los magistrados y algunos consejeros 97 mil 554 pesos. Los jueces obtienen salarios netos de 46 mil 761 pesos.

En el caso de los ayuntamientos con más población, el presidente municipal de Chilpancingo prefirió omitir los sueldos de él y de todo el ayuntamiento; igualmente el de Taxco no informa sobre los salarios ni tampoco el de Zihuatanejo. El ayuntamiento de Chilapa tampoco publica los sueldos, ni el de Coyuca de Benítez, Tlapa hace caso omiso a esta obligación, y también Ayutla -que no tiene portal electrónico-.

Técpan de Galeana publica información muy escueta, donde el alcalde gana 45 mil pesos y los regidores 22 mil 500 pesos mensuales. Iguala registra 4 mil 828 trabajadores pagados por el ayuntamiento; su presidente municipal aparece con una remuneración de 90 mil pesos mensuales netos y los regidores 50 mil pesos.

Finalmente, el ayuntamiento de Acapulco difunde sólo 136 registros, aparentemente sólo de los mandos medios y superiores. Según esta lista, el presidente municipal gana 53 mil 812 pesos netos, la sindicatura administrativa 60 mil 713 pesos y la sindicatura de gobernación 18 mil 713. Cada uno de los regidores gana desde 51 mil 726 pesos hasta 54 mil 846 pesos. Muy disparejos las remuneraciones.