El Sur de Acapulco
La Gira por la Transparencia, recientemente celebrada en Chilpancingo, puso sobre la mesa las diferentes visiones que se manejan sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el estado. Por un lado, el punto de vista de las entidades gubernamentales (Ejecutivo y Congreso del estado, principalmente), que sin mucha autocrítica manejan un discurso que presume logros en esta materia que no existen; y por el otro, la opinión de periodistas y organismos de la sociedad civil, que desnudaron la pobreza de acciones, la impunidad y la corrupción que hunde al estado, sin que nadie remedie nada.
El seminario de armonización legislativa de la entidades federativas en materia de transparencia y acceso a la información, realizado como parte de la Gira por la Transparencia, no fue un acto a modo, como los que montan y a los están acostumbrados funcionarios y autoridades gubernamentales, sino una actividad en la que se emitieron fuertes críticas que incomodaron a los pocos funcionarios del gobierno del estado y diputados del Congreso que estuvieron presentes.
La Gira por la Transparencia es una actividad convocada de manera coordinada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Senado de la República, los institutos de transparencia de los estados y los órganos legislativos locales, se realizará en las 31 entidades federativas con el objetivo de promover la armonización de las leyes locales de transparencia con la reforma constitucional y la Ley General de Transparencia.
Este tipo de foros se plantean “como un espacio de diálogo, de intercambio de ideas o reflexiones para avanzar en la adecuación y atención de la Ley General, se trata de una acción itinerante por la promoción de las adecuaciones legislativas por parte de las Legislaturas de las entidades federativas”.
La gira correspondiente a Guerrero se realizó los días 20 y 21 de agosto, y en ella estuvieron presentes el consejero nacional Oscar Mauricio Guerra Ford, el senador Enrique Burgos García, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Laura Arizmendi Campos, así como el diputado local y presidente de la Comisión para la Atención de la Información Pública del Congreso, Olaguer Hernández Flores.
Estuvieron presentes también Mucio Israel Hernández Guerrero, consejero presidente del Infodf; Jesús Homero Flores Mier, consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI); Mireya Arteaga Dirzo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y Federico Guzmán Tamayo, coordinador del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.
Todos estos personajes, además de una disminuida concurrencia, conocieron una versión diferente de la oficial respecto del estado que guarda la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.
El seminario de armonización legislativa de la entidades federativas en materia de transparencia y acceso a la información, realizado como parte de la Gira por la Transparencia, no fue un acto a modo, como los que montan y a los están acostumbrados funcionarios y autoridades gubernamentales, sino una actividad en la que se emitieron fuertes críticas que incomodaron a los pocos funcionarios del gobierno del estado y diputados del Congreso que estuvieron presentes.
La Gira por la Transparencia es una actividad convocada de manera coordinada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Senado de la República, los institutos de transparencia de los estados y los órganos legislativos locales, se realizará en las 31 entidades federativas con el objetivo de promover la armonización de las leyes locales de transparencia con la reforma constitucional y la Ley General de Transparencia.
Este tipo de foros se plantean “como un espacio de diálogo, de intercambio de ideas o reflexiones para avanzar en la adecuación y atención de la Ley General, se trata de una acción itinerante por la promoción de las adecuaciones legislativas por parte de las Legislaturas de las entidades federativas”.
La gira correspondiente a Guerrero se realizó los días 20 y 21 de agosto, y en ella estuvieron presentes el consejero nacional Oscar Mauricio Guerra Ford, el senador Enrique Burgos García, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Laura Arizmendi Campos, así como el diputado local y presidente de la Comisión para la Atención de la Información Pública del Congreso, Olaguer Hernández Flores.
Estuvieron presentes también Mucio Israel Hernández Guerrero, consejero presidente del Infodf; Jesús Homero Flores Mier, consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI); Mireya Arteaga Dirzo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y Federico Guzmán Tamayo, coordinador del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.
Todos estos personajes, además de una disminuida concurrencia, conocieron una versión diferente de la oficial respecto del estado que guarda la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.
El gobierno del estado
Ya forma parte del discurso del gobernador Rogelio Ortega Martínez decir que el gobierno del estado de Guerrero es transparente. Sin embargo, los escándalos que se han descubierto, las promesas incumplidas, un déficit financiero que no termina y los monitoreos realizados a partir de indicadores objetivos para medir la transparencia de su administración, contradicen fehacientemente sus dichos.
Pero además de su escalada hacia la opacidad, es alarmante que amenace con demandar a quienes desmienten su discurso de una supuesta transparencia que no existe, en vez de cumplir las numerosas promesas que va haciendo por todo el estado, entre ellas, que hará transparente la nómina de su círculo cercano de colaboradores, donde se presumen enlistados amigos y familiares.
En el primer día de la Gira por la Transparencia, en la inauguración de la jornada de sensibilización en datos personales y la Ley General de Transparencia, quienes representaron al gobernador siguieron puntualmente ese discurso.
El secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado “reiteró que para la administración que encabeza el gobernador Rogelio Ortega Martínez, es de vital importancia transparentar la información para tener una sociedad más participativa”, según un comunicado de prensa del Ejecutivo.
Dijo también que la instrucción del mandatario estatal a los funcionarios es proporcionar a los ciudadanos la información que requieren respecto a la acción pública, con la que podrán ser parte de la toma de decisiones.
En los hechos, muy poco de lo que expuso el secretario general de Gobierno es cierto. El gobierno del estado hasta hoy no ha presentado ningún indicador o estudio sobre los niveles de transparencia en la entidad; sólo ha emitido palabras.
Este mismo discurso fue presentado en el segundo día de la Gira por la Trasparencia por el contralor general del estado, Eduardo Gerardo Loría Casanova, quien manifestó que la transparencia es una prioridad del gobierno que encabeza Rogelio Ortega. Destacó que Guerrero cuenta con un órgano garante para dar respuesta a las peticiones de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, que se encarga de vigilar el cumplimiento de los sujetos obligados de proporcionarla.
En su participación en las mesas de diálogo del seminario, Loría Casanova propuso que los 81 ayuntamientos del estado tengan en sus portales de internet un sitio dedicado a la información pública, con el propósito de que la sociedad pueda acceder de manera sencilla y expedita a la misma.
Nada nuevo dijo el contralor. Su propuesta es, desde 2010, una obligación para los ayuntamientos, que por cierto, casi ninguno cumple.
Pero además de su escalada hacia la opacidad, es alarmante que amenace con demandar a quienes desmienten su discurso de una supuesta transparencia que no existe, en vez de cumplir las numerosas promesas que va haciendo por todo el estado, entre ellas, que hará transparente la nómina de su círculo cercano de colaboradores, donde se presumen enlistados amigos y familiares.
En el primer día de la Gira por la Transparencia, en la inauguración de la jornada de sensibilización en datos personales y la Ley General de Transparencia, quienes representaron al gobernador siguieron puntualmente ese discurso.
El secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado “reiteró que para la administración que encabeza el gobernador Rogelio Ortega Martínez, es de vital importancia transparentar la información para tener una sociedad más participativa”, según un comunicado de prensa del Ejecutivo.
Dijo también que la instrucción del mandatario estatal a los funcionarios es proporcionar a los ciudadanos la información que requieren respecto a la acción pública, con la que podrán ser parte de la toma de decisiones.
En los hechos, muy poco de lo que expuso el secretario general de Gobierno es cierto. El gobierno del estado hasta hoy no ha presentado ningún indicador o estudio sobre los niveles de transparencia en la entidad; sólo ha emitido palabras.
Este mismo discurso fue presentado en el segundo día de la Gira por la Trasparencia por el contralor general del estado, Eduardo Gerardo Loría Casanova, quien manifestó que la transparencia es una prioridad del gobierno que encabeza Rogelio Ortega. Destacó que Guerrero cuenta con un órgano garante para dar respuesta a las peticiones de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, que se encarga de vigilar el cumplimiento de los sujetos obligados de proporcionarla.
En su participación en las mesas de diálogo del seminario, Loría Casanova propuso que los 81 ayuntamientos del estado tengan en sus portales de internet un sitio dedicado a la información pública, con el propósito de que la sociedad pueda acceder de manera sencilla y expedita a la misma.
Nada nuevo dijo el contralor. Su propuesta es, desde 2010, una obligación para los ayuntamientos, que por cierto, casi ninguno cumple.
El Congreso
Los diputados guerrerenses que hicieron uso de la palabra en los dos días de la Gira por la Transparencia abordaron temas que para la realidad de Guerrero no son muy relevantes. Ni la diputada Laura Arizmendi Campos ni el diputado Olaguer Hernández Flores comentaron que el Congreso del estado es uno de los organismos más omisos para cumplir sus obligaciones de información de oficio y de los más reacios a entregar información a través de las solicitudes que presentan los ciudadanos.
La diputada Arizmendi Campos se enfocó a exponer los contenidos que los actuales legisladores incorporaron a la Constitución local relativos a la autonomía, funcionamiento e integración del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
Más adelante, durante su participación en una de las mesas temáticas, la legisladora expuso estadísticas sobre el acceso a la información en el estado. Dijo, por ejemplo que la mayoría de los recursos de revisión que se presentan ante el Itaig corresponden a información pública de oficio que no está a disposición de los ciudadanos. También advirtió que más de la mitad de los ayuntamientos de Guerrero no tienen una página web, y por lo tanto no difunden por este medio su información a la que están obligados.
Arizmendi Campos indicó que menos del uno por ciento de los habitantes del estado presentó solicitudes de información en 2014, por lo que es necesario emprender campañas de difusión y promoción para incentivar a los ciudadanos a que ejerzan su derecho de acceso a la información.
El diputado Olaguer Hernández, por su parte, se refirió a la importancia del tema de la protección de datos personales, y a la necesidad de implementar acciones que garanticen su protección.
La diputada Arizmendi Campos se enfocó a exponer los contenidos que los actuales legisladores incorporaron a la Constitución local relativos a la autonomía, funcionamiento e integración del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
Más adelante, durante su participación en una de las mesas temáticas, la legisladora expuso estadísticas sobre el acceso a la información en el estado. Dijo, por ejemplo que la mayoría de los recursos de revisión que se presentan ante el Itaig corresponden a información pública de oficio que no está a disposición de los ciudadanos. También advirtió que más de la mitad de los ayuntamientos de Guerrero no tienen una página web, y por lo tanto no difunden por este medio su información a la que están obligados.
Arizmendi Campos indicó que menos del uno por ciento de los habitantes del estado presentó solicitudes de información en 2014, por lo que es necesario emprender campañas de difusión y promoción para incentivar a los ciudadanos a que ejerzan su derecho de acceso a la información.
El diputado Olaguer Hernández, por su parte, se refirió a la importancia del tema de la protección de datos personales, y a la necesidad de implementar acciones que garanticen su protección.
La otra visión
En contraste con las visiones del gobierno del estado y el Congreso local, varios participantes en el seminario abordaron temas con una visión crítica, entre ellos, la designación de consejeros del Itaig por cuotas partidistas, la legislación de leyes sin la participación ciudadana, la corrupción y la impunidad, así como la no aplicación de las leyes.
Durante su participación en la mesa denominada Armonización de la legislación de las Entidades Federativas, el autor de esta columna expuso que Guerrero siempre ha llegado con retraso a la legislación de normas de transparencia y acceso a la información, y que además los legisladores guerrerenses nunca han propiciado una consulta abierta y a la vista de todos; los procesos legislativos de las dos leyes que han regido al estado en esta materia dan cuenta de cómo los diputados no convocaron a foros, no invitaron a expertos ni a organizaciones de la sociedad civil, ni consultaron a nadie.
Mencionamos también que uno de los grandes cuellos de botella en Guerrero es la reticencia de las dependencias públicas a difundir su información de oficio. Los diferentes monitoreos efectuados por organizaciones civiles locales y nacionales dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento en este rubro.
La ley general de transparencia incrementará el número de temas de información de oficio, y además con la ley general se homogenizarán los criterios para publicar estas obligaciones de información, de acuerdo con una metodología que se diseñará en el Sistema Nacional de Transparencia para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de los 48 temas.
Ante este panorama poco optimista, planteamos sin embargo, que hay una coyuntura favorable que puede facilitar y echar a andar un proceso incluyente y abierto para la armonización de la ley local con la Ley General de Transparencia, la cual contribuirá a compensar la asimetría que tiene el estado respecto de las otras entidades en materia de transparencia.
“En unas semanas, un nuevo gobernador asumirá la gestión del estado, también nuevos ayuntamientos comenzarán su periodo, y de los diputados y diputadas recién electos, se espera que traigan nuevas ideas porque a ellos les corresponderá la homologación de la ley estatal de transparencia con la Ley general de transparencia y acceso a la información”, destacamos en la ponencia.
Marlén Castro, periodista y docente en la Universidad Autónoma de Guerrero, expuso su experiencia como solicitante de información en el Congreso del estado y las dificultades para conseguir los datos requeridos, debido a las decisiones en el órgano legislativo que coartan el derecho de acceso a la información de los guerrerenses.
Se refirió también a la designación de consejeros del Itaig, y al respecto comentó que hay una gran desconfianza en los partidos políticos, y son precisamente ellos los que designan a los consejeros. Recordó que periodistas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil integraron a principios de 2014 un observatorio ciudadano para vigilar que la designación de los consejeros se apegara a derecho, pero los partidos políticos impusieron finalmente su decisión. Es necesario revisar los procedimientos de designación de consejeros, concluyó.
Por su parte, el corresponsal de la revista Proceso, Ezequiel Flores, reseñó diferentes hechos de opacidad, corrupción, impunidad y violencia que se viven en el estado. Dijo que el problema en Guerrero no es de leyes ni de su mejoramiento, sino de la falta de cumplimiento a lo establecido por la ausencia de voluntad ética, moral y política de las autoridades.
Se refirió a los audios en donde dos funcionarios del gobierno del estado –el secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jesús Hernández Torres–, conversaban sobre las exigencias de algunos diputados para que les asignaran obras públicas fuera de la norma.
Durante su participación en la mesa denominada Armonización de la legislación de las Entidades Federativas, el autor de esta columna expuso que Guerrero siempre ha llegado con retraso a la legislación de normas de transparencia y acceso a la información, y que además los legisladores guerrerenses nunca han propiciado una consulta abierta y a la vista de todos; los procesos legislativos de las dos leyes que han regido al estado en esta materia dan cuenta de cómo los diputados no convocaron a foros, no invitaron a expertos ni a organizaciones de la sociedad civil, ni consultaron a nadie.
Mencionamos también que uno de los grandes cuellos de botella en Guerrero es la reticencia de las dependencias públicas a difundir su información de oficio. Los diferentes monitoreos efectuados por organizaciones civiles locales y nacionales dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento en este rubro.
La ley general de transparencia incrementará el número de temas de información de oficio, y además con la ley general se homogenizarán los criterios para publicar estas obligaciones de información, de acuerdo con una metodología que se diseñará en el Sistema Nacional de Transparencia para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de los 48 temas.
Ante este panorama poco optimista, planteamos sin embargo, que hay una coyuntura favorable que puede facilitar y echar a andar un proceso incluyente y abierto para la armonización de la ley local con la Ley General de Transparencia, la cual contribuirá a compensar la asimetría que tiene el estado respecto de las otras entidades en materia de transparencia.
“En unas semanas, un nuevo gobernador asumirá la gestión del estado, también nuevos ayuntamientos comenzarán su periodo, y de los diputados y diputadas recién electos, se espera que traigan nuevas ideas porque a ellos les corresponderá la homologación de la ley estatal de transparencia con la Ley general de transparencia y acceso a la información”, destacamos en la ponencia.
Marlén Castro, periodista y docente en la Universidad Autónoma de Guerrero, expuso su experiencia como solicitante de información en el Congreso del estado y las dificultades para conseguir los datos requeridos, debido a las decisiones en el órgano legislativo que coartan el derecho de acceso a la información de los guerrerenses.
Se refirió también a la designación de consejeros del Itaig, y al respecto comentó que hay una gran desconfianza en los partidos políticos, y son precisamente ellos los que designan a los consejeros. Recordó que periodistas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil integraron a principios de 2014 un observatorio ciudadano para vigilar que la designación de los consejeros se apegara a derecho, pero los partidos políticos impusieron finalmente su decisión. Es necesario revisar los procedimientos de designación de consejeros, concluyó.
Por su parte, el corresponsal de la revista Proceso, Ezequiel Flores, reseñó diferentes hechos de opacidad, corrupción, impunidad y violencia que se viven en el estado. Dijo que el problema en Guerrero no es de leyes ni de su mejoramiento, sino de la falta de cumplimiento a lo establecido por la ausencia de voluntad ética, moral y política de las autoridades.
Se refirió a los audios en donde dos funcionarios del gobierno del estado –el secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jesús Hernández Torres–, conversaban sobre las exigencias de algunos diputados para que les asignaran obras públicas fuera de la norma.
Participación del Inai
El consejero nacional Oscar Mauricio Guerra Ford en su intervención dijo que la transparencia y el acceso a la información son factores fundamentales para recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades.
Destacó la importancia de acelerar los trabajos para armonizar las leyes locales con la Ley General y estar en posibilidad de garantizar que el ejercicio del derecho de acceso a la información tenga un piso mínimo y que las personas lo puedan ejercer en igualdad de condiciones. “Tenemos que hacer que este derecho, que es constitucional y que cubre a todos los mexicanos, se pueda ejercer de forma similar; que existan los procedimientos, los tiempos y los principios, que permitan poder gozar y disfrutar de este derecho en cualquier parte del país”, dijo durante su participación el consejero nacional.
Oscar Guerra Ford manifestó que garantizar el acceso a la información es importante porque permite el ejercicio de otros derechos. “A través de la información, los mexicanos podemos ejercer, de mejor forma, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a un salario digno o a pertenecer a un programa social”, enfatizó.
Destacó la importancia de acelerar los trabajos para armonizar las leyes locales con la Ley General y estar en posibilidad de garantizar que el ejercicio del derecho de acceso a la información tenga un piso mínimo y que las personas lo puedan ejercer en igualdad de condiciones. “Tenemos que hacer que este derecho, que es constitucional y que cubre a todos los mexicanos, se pueda ejercer de forma similar; que existan los procedimientos, los tiempos y los principios, que permitan poder gozar y disfrutar de este derecho en cualquier parte del país”, dijo durante su participación el consejero nacional.
Oscar Guerra Ford manifestó que garantizar el acceso a la información es importante porque permite el ejercicio de otros derechos. “A través de la información, los mexicanos podemos ejercer, de mejor forma, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a un salario digno o a pertenecer a un programa social”, enfatizó.
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