martes, 18 de agosto de 2015

Gobernador, alcaldes y diputados se van sin transparencia

El Sur de Acapulco
En la recta final de sus administraciones, tanto el gobernador del estado y los presidentes municipales como los diputados de la LX Legislatura del Congreso ratificaron su escasa disposición a cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información y a construir un Estado basado en una efectiva rendición de cuentas.
Lo anterior se concluye del tercer monitoreo a la transparencia de los sujetos obligados del estado de Guerrero, realizado por la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario, durante el periodo del 14 al 27 de julio de 2015.
Entre los resultados de la revisión destacó que ninguna de las dependencias públicas monitoreadas alcanzó el 76 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, y también que 27, de un total de 40 instituciones gubernamentales incluidas en el monitoreo, ni siquiera obtuvieron el 50 por ciento.
Entre los más bajos porcentajes de cumplimiento se encuentran el Congreso del estado, que logró apenas 29.2 por ciento, y el Tribunal Superior de Justicia del estado, que obtuvo 31.7 por ciento. También se observó que 11 ayuntamientos, de 20 revisados, tuvieron puntuaciones menores a 10 por ciento, y de entre ellos, ocho obtuvieron una calificación de cero.
Estos resultados negativos ratifican la vocación de opacidad que caracteriza a las dependencias gubernamentales del estado de Guerrero y también explican por qué la entidad se ubica entre los últimos lugares en esta materia.
La revisión más reciente incluyó a 40 dependencias públicas, que en conjunto obtuvieron el muy bajo promedio de 32.7 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Cabe mencionar que comparado con los monitoreos de 2013 y 2014, el de este año no presenta grandes sorpresas. Por ejemplo, los promedios de esos años son, respectivamente de 29.1 y 42 por ciento, es decir, el nivel promedio de cumplimiento en Guerrero nunca ha rebasado ni siquiera el 50 por ciento. Esto significa que no hay ni siquiera un mediano cumplimiento del catálogo de información de oficio que establece la ley de transparencia.
El Ejecutivo
A diferencia del año anterior, en 2015 una dependencia del Ejecutivo del estado es la que encabeza el listado general de la transparencia; se trata de la Secretaría de Finanzas y Administración, que tuvo 75.7 por ciento de cumplimiento de la ley; en el tercer sitio general se colocó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con 70.4 por ciento, y en cuarto lugar, el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano, con 67.9 por ciento.
La Secretaría de Educación ocupó la séptima posición del ranking, con 59.8 por ciento, y en octavo, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), con 56.4 por ciento de cumplimiento. En el primer monitoreo de 2013, el IGIFE encabezó la lista general del estado con 69 por ciento, y hoy se ubica en el lugar número ocho.
También del Ejecutivo, en el décimo lugar se encuentra la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple, con apenas 51.8 por ciento; en el lugar 12 aparece la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con 50.2 por ciento, y en el 13, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, que obtuvo 46.8 por ciento; detrás de ésta, en el lugar 14, el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, con apenas 45.7 por ciento.
Todas las dependencias anteriores ejercen cuantiosos recursos, y sin embargo, mantienen muy bajos niveles de transparencia. Es el caso de la Secretaría de Educación de Guerrero, que en 2015 cuenta con recursos financieros del orden de 15 mil 434 millones de pesos, y del IGIFE, que en el presupuesto de egresos de este año apareció con un monto de 458.5 millones de pesos. Otras dependencias con altos presupuestos y con muy bajos niveles de transparencia son la Capaseg, con 691.1 millones de pesos en 2015, y la Cicaeg, con 597.8 millones.
Las siguientes dependencias del Ejecutivo en el ranking son el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), que obtuvo el lugar 18, con 37.7 por ciento de cumplimiento; la Secretaría de Desarrollo Social, en la posición 19, con 35.9 por ciento. Más atrás, en el sitio 23 se encuentra la Secretaría de Desarrollo Rural, con 30 puntos porcentuales.
Las dependencias que menos puntaje obtuvieron del Ejecutivo estatal son la Secretaría de Salud, en el lugar 25, con 25.2 por ciento; la Secretaría de la Mujer, con 24.7 por ciento se ubicó en el sitio 26, y finalmente el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, en el último lugar del Ejecutivo con 23.7 por ciento, y 27 del listado general.
La Secretaría de Salud, cuyo presupuesto para 2015 es de 4 mil 883.4 millones de pesos, es una de las dependencias que, según el gobernador Rogelio Ortega, presenta un mayor número de plazas sin techo presupuestal y por lo tanto un gran déficit financiero.
Sin embargo, pese a los cuantiosos recursos que ejerce, la Secretaría de Salud es una de las dependencias más opacas del estado, que no difunde ni siquiera los mínimos que establece la normatividad. Hay pues una incongruencia entre el pedido del gobernador Ortega Martínez para que el gobierno federal envíe más recursos financieros que permitan cubrir el déficit y los bajísimos niveles de transparencia. Si llegan más recursos a Guerrero, ¿quién vigilará que se ejerzan con transparencia y honestidad?
Ayuntamientos
En general, los ayuntamientos se han caracterizado por desafiar y no cumplir la normatividad en materia de transparencia y la rendición de cuentas. Este año no fue la excepción, pues en promedio, los 20 ayuntamientos revisados tuvieron un promedio de cumplimiento de 20.5 por ciento.
Sobresalen ocho ayuntamientos que obtuvieron cero de calificación, ya sea porque no contaron con portal electrónico, o bien, porque aun teniéndolo, no publicaron la información sobre los temas que establece la ley; éstos fueron Coyuca de Benítez, Atenango, Tepecoacuilco, Tlacoapa, Eduardo Neri, Ayutla de los Libres, Zitlala y Alpoyeca, las cuales en el ranking general se colocaron en los últimos lugares, del 30 y 40. En las revisiones de 2013 y 2014, el número de ayuntamientos que tuvieron calificación igual a cero fueron cinco y ocho, respectivamente.
Hay otro bloque de cinco municipios que no alcanzaron ni siquiera 25 por ciento de cumplimiento, como Mochitlán (4 por ciento), Cocula (4.8), Apaxtla de Castrejón (6.3), Taxco (20.9) y Buenavista de Cuéllar, con 22.1 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de información de oficio. Estos municipios se ubicaron en la tabla general en los lugares del 28 al 32.
Tlapa ocupó el sitio 21 del ranking, con 31.9 por ciento, mientras que Malinaltepec obtuvo el lugar 20, con 33.3 por ciento de cumplimiento. Más arriba se encuentran Iguala, en el lugar 17, con 39.4 puntos, y el municipio de Chilpancingo, que apenas obtuvo el lugar 15 con 41.6 por ciento.
Los tres primeros lugares del grupo de ayuntamientos fueron para Acapulco, con 65.4 por ciento de cumplimiento (en 2014 obtuvo 93 por ciento y fue el primero en el estado en lograr ese porcentaje); Zihuatanejo, con 61.3 por ciento, y Chilapa, que obtuvo 50.4 por ciento. Si éstos se observan en la revisión general, ocupan los lugares 5, 6 y 9, respectivamente.
Respecto de los ayuntamientos, hay que recordar que en septiembre de 2012, los alcaldes o sus representantes de Acapulco, Chilpancingo, Atoyac e Iguala firmaron, por convocatoria del grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) el Acuerdo por la Transparencia Municipal, que no era otra cosa que asumir el compromiso de cumplir con la ley de transparencia. Por los resultados globales de los tres años, sólo el ayuntamiento de Acapulco cumplió parcialmente con el compromiso, pero no así los municipios de Chilpancingo, Atoyac e Iguala.
Desde que entró en vigor la primera ley de transparencia del estado, todavía no hay nadie que meta al orden a los ayuntamientos guerrerenses respecto de su obligación de rendir cuentas a los ciudadanos.
Congreso y otros sujetos
Por tercera ocasión consecutiva, el Congreso del estado obtuvo una muy baja calificación en su cumplimiento de la información de oficio. En la revisión de 2015, apenas obtuvo 29.2 por ciento, colocándose en el 24 lugar, mientras que en 2014, con 46 puntos, obtuvo el sitio 24, y un año antes, con apenas nueve puntos, estuvo en el lugar 18.
Ya no es una sorpresa que el organismo que aprueba las leyes en el estado –como la ley de transparencia– y que además está a cargo de la aprobación de las cuentas públicas de todas las dependencias –principal instrumento de la rendición de cuentas– sea una entidad opaca, que ejerce los recursos públicos sin rendir cuentas a nadie.
Tampoco es una sorpresa que el Poder Judicial del estado se ubique entre los organismos con menor transparencia en el estado. En el monitoreo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia apenas obtuvo 31.7 por ciento de cumplimiento de la ley de transparencia, ubicándose en el lugar 22. Hace un año, el Tribunal obtuvo una calificación muy similar, es decir, de 34 por ciento, y en esa ocasión alcanzó el sitio 26 del ranking general. En 2013, la revisión registró sólo un 6 por ciento, obteniendo el lugar 21, de 30 dependencias que se revisaron en ese año.
En 2015, también se evaluó la transparencia de tres organismos autónomos. Por ejemplo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información alcanzó el segundo sitio general con 72.7 por ciento –el año pasado también obtuvo el segundo lugar, pero en esa ocasión con 80 por ciento–.
Otro de los organismos monitoreados fue el Tribunal Electoral del estado, el cual obtuvo 50.7 por ciento de calificación y se colocó en el lugar 11; la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, por su parte, logró un 41 por ciento de cumplimiento y se encuentra en el lugar 16 del listado general. Ambos se consideran con bajos niveles de cumplimiento de la ley de transparencia.
Metodología del monitoreo
El tercer monitoreo 2015 es un trabajo que se basa en la revisión de los contenidos que establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, en donde se describe un catálogo de 22 temas relacionados con el quehacer gubernamental que obligatoriamente las dependencias deben difundir a través de páginas electrónicas, periódicos murales, gacetas o cualquiera otro medio de que dispongan.
Asimismo, hay artículos subsiguientes de la ley que establecen temas específicos que deben publicar las dependencias, y éstos también se consideran para la evaluación.
Se revisaron las páginas electrónicas de un grupo de 40 dependencias gubernamentales seleccionadas del universo que el Itaig tiene registrado en su página electrónica. Quince instituciones son del Ejecutivo del estado (37.5 por ciento), de las cuales se eligieron diez que son relevantes por los recursos que manejan, y cinco se muestrearon.
Asimismo, se revisaron 20 ayuntamientos (50 por ciento del estudio de monitoreo), de los cuales ocho son municipios permanentes, considerando el número de su población, que rebasa los 70 mil habitantes, y 12 se muestrearon.
La revisión del Itaig, el Congreso del estado y el Tribunal Superior de Justicia del estado es permanente (7.5 por ciento), ya que representan respectivamente, al órgano garante de la transparencia en el estado, y a dos de los tres poderes de Guerrero. Finalmente, se muestrean cada año dos organismos autónomos (5 por ciento).
La calificación se asigna luego de revisar cada uno de los temas de información de oficio, según los datos sean completos, actualizados y correspondientes a lo que establece la ley. A la puntuación obtenida se aplica un factor de ponderación, según el tema revisado contenga información muy relevante o sean datos ordinarios. Por ejemplo, se considera que no tiene el mismo valor publicar información sobre presupuestos, desglosada por programas y proyectos y con indicadores de gestión y desempeño, que publicar el domicilio de una dependencia o su organigrama.
Aun cuando una dependencia gubernamental publique ciento por ciento lo que exige la ley, no necesariamente es transparente, pues consideramos que en el catálogo de temas que propone la ley de transparencia hacen falta muchos rubros de información claves e importantes que los ciudadanos deben saber.
Este monitoreo es simplemente un indicador que ofrece un panorama general de la transparencia en el estado. Lo que sí es grave es que hasta hoy ninguna dependencia pública en Guerrero ha cumplido estos requisitos mínimos, y la mayoría se ubique por debajo del 50 por ciento, y un grupo muy nutrido no alcanza ni 20 por ciento de cumplimiento.

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