La discrecionalidad del Congreso de Guerrero

El Sur de Acapulco

La LX Legislatura del Congreso del estado de Guerrero cerrará su periodo el próximo 13 de septiembre, no con broche de oro, sino con un gran descrédito público. Dos hechos en la última semana desnudaron por enésima vez acciones irregulares o francamente fraudulentas de los legisladores guerrerenses, que no fueron durante estos tres años un factor para la gobernabilidad en el estado.
El primer caso es la enmienda que les hizo el tribunal colegiado del vigésimo primer circuito por la designación irregular de uno de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado (Itaig); y el segundo se refiere al “derecho” que se adjudican para exigir recursos públicos al gobierno del estado bajo el manto de la “gestoría social”.

Tribunal cuestiona designación

El 7 de febrero de 2014, la actual Legislatura del Congreso designó a Crescencio Almazán Tolentino, Roberto Saldaña Rodríguez y Joaquín Morales Sánchez como consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para el periodo 2014-2018. En esos meses, un grupo de ciudadanos y organizaciones que dieron seguimiento al proceso de selección señalaron la inelegibilidad de los aspirantes Almazán Tolentino y Saldaña Rodríguez, porque no cumplían con el requisito de la ley respecto a que no debieron ser funcionarios por lo menos dos años antes de la designación. Aun así, el Congreso del estado decidió y avaló que éstos fuesen consejeros, violando flagrantemente la Ley de Transparencia.
La imposición que operaron sin ningún rubor las cúpulas del Congreso tuvo repercusiones importantes en las actividades que deberían realizar los consejeros del Itaig. En año y medio que llevan desempeñándose como tales, los diarios capitalinos se han regodeado con los pleitos internos entre los consejeros, muchos de los cuales tienen su origen en una pugna por el ingreso de sus recomendados para trabajar en el organismo. Hoy se sabe que precisamente bajo la presidencia de uno de los inelegibles, Crescencio Almazán Tolentino, se abultó la nómina del Itaig, especialmente por nuevas contrataciones de personal, y sin embargo, esto no se ha traducido en el mejoramiento de la operación del organismo.
El resultado es una gestión pobrísima del Itaig, ya que a la fecha no ha habido una sola propuesta para elevar los niveles de transparencia en el estado ni tampoco para mejorar los mecanismos de acceso a la información.
En este empantanamiento de la transparencia y de la rendición de cuentas, el Congreso tiene una gran responsabilidad, especialmente las cúpulas encabezadas por Bernardo Ortega Jiménez, Héctor Apreza Patrón y otros que hayan participado en estos acuerdos; no pueden evadir su responsabilidad, pues la elección de los consejeros mediante un pernicioso sistema de cuotas partidistas tiene sus saldos negativos en el estado que hoy guarda el Itaig.

A revisión, la elección de Almazán Tolentino

La imposición de Crescencio Almazán Tolentino fue la más cuestionada, pues había documentos públicos que comprobaban que no era elegible; el empecinamiento de los diputados tal vez se debió a que Almazán fue propuesto por uno de los grupos perredistas más fuertes y beligerantes en esos meses: el Grupo Guerrero, encabezado por David Jiménez Rumbo.
La aspirante Elizabeth Patrón Osorio se inconformó con la decisión de los legisladores y presentó un recurso en el juzgado federal, en Chilpancingo, que fue turnado al juzgado décimo. El 30 de julio del 2014, dicho juzgado sobreseyó el asunto con el argumento de que no tenía competencia porque el Congreso es un poder autónomo. El 19 de agosto, Patrón Osorio interpuso el recurso de revisión ante el tribunal colegiado, que lo admitió asignándole el número de expediente 251/2014.
Uno de los principales argumentos de Patrón Osorio fue el que señaló oportunamente el Observatorio Ciudadano por la Transparencia en Guerrero, que estuvo vigilante durante el proceso de selección de consejeros: Almazán Tolentino fue funcionario de la administración pública del gobierno del estado, y las pruebas documentales están en el Periódico Oficial del Estado del 24 de febrero de 2012, donde se publica el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa Becas Excelencia para Guerrero, firmadas por Almazán Tolentino como jefe de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedesol estatal.
Estas y otras impugnaciones fueron presentadas por Elizabeth Osorio ante el tribunal colegiado del vigésimo primer circuito, el cual luego de estudiar el caso falló a favor de “conceder a la quejosa, la protección de la justicia federal para efectos de que la autoridad responsable Pleno del Congreso de Guerrero” revise la elegibilidad de Crescencio Almazán Tolentino.
Específicamente, solicita al Pleno del Congreso para que instruya a la Comisión de Gobierno que ejerza “debidamente” la facultad que le confiere la Ley de Transparencia “de verificar si el hoy tercero interesado Crescencio Almazán Tolentino, como aspirante a ocupar el cargo de consejero del instituto relativo, cumple o no con los requisitos requeridos por el artículo 87 de la ley mencionada (…)”.
Agrega la sentencia que en caso de que Almazán Tolentino cumpla con esos requisitos que establece la norma “se someta a consideración del Pleno del Congreso, acorde con el artículo 88 de la ley citada, la designación del consejero faltante para integrar el pleno del instituto, de entre el tercero interesado mencionado y la quejosa Elizabeth Patrón Osorio, quien estima tener mejor perfil e idoneidad para ocupar ese cargo”.
Este procedimiento tendrá que llevarse a cabo dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación que se le haga al Congreso.
El órgano legislativo tiene la oportunidad de enmendar su yerro, pues es diferente el balance de fuerzas políticas en el interior del Congreso y además tienen una deuda muy grande con la transparencia. Ojalá que acierten.

Opacidad en designación de consejeros

No es un mal que aqueje sólo a Guerrero. Renata Terrazas, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de la organización Fundar, Centro de Investigación y Análisis, sostuvo que en el diseño de instituciones “el factor más importante que limita su adecuado funcionamiento es la indebida injerencia del poder ejecutivo o de los partidos. A este fenómeno se le llama ‘captura del poder’ que se identifica, sobre todo, en la manipulación del proceso de designación de los titulares de los órganos reguladores del poder, conocidos comúnmente como órganos públicos autónomos”.
Agregó la investigadora que “ésta es una práctica común en los institutos de transparencia; mediante la construcción de un proceso opaco, cerrado y que no permite la participación ciudadana, se designan personas que no cumplen con el perfil adecuado, ya sea por falta de conocimientos o por ser demasiado cercanos a los intereses de la clase política”.
También se refirió a que los institutos de transparencia tienen como principal objetivo asegurar que la ciudadanía ejerza su derecho de acceso a la información y vigilar que las dependencias públicas sean transparentes. Pero “cuando el proceso de designación de sus titulares está capturado, los institutos de transparencia se convierten en un mero aparato burocrático carente de todo sentido”.
Respecto de la reforma constitucional y la reciente aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Renata Terrazas mencionó que estos cambios quedarán sin efecto, no sólo si el proceso de armonización legal o la homologación de las leyes en los estados no es adecuado, sino también cuando quienes deban garantizar su ejercicio están alineadas a los intereses del poder político.
En un artículo titulado Opacidad total en la designación de titulares de institutos de transparencia, la investigadora propuso que la mejor manera de limitar la captura de los organismos de transparencia estatales es asegurar procesos de designación abiertos y transparentes, que incluyan la participación ciudadana.
Dijo que la convocatoria para la integración de los institutos deberá ser pública y difundida por todos los medios; asimismo, el proceso de designación debe estar en manos del poder legislativo, “órgano deliberativo que procura dar voz a diversas fuerzas políticas”. Al mismo tiempo, se deberán contemplar comparecencias –de las y los candidatos– abiertas al público y que incluyan la participación ciudadana; la forma de participación deberá diseñarse desde el inicio para hacer públicos sus alcances.
Y aunque en Guerrero se cumplieron algunas de estas condiciones en el pasado proceso de febrero de 2014, la investigadora advierte que para reducir al máximo la discrecionalidad en el proceso, es necesario contar con un instrumento técnico de evaluación y posteriormente con un dictamen público del legislativo en donde se justifique la decisión de los nombramientos.
Finalmente, Renata Terrazas recomendó que toda la documentación relacionada con el proceso deberá ser pública durante el mismo; así como los expedientes de los candidatos, y las sesiones en donde se llevaron a cabo las comparecencias y los dictámenes justificados.

Gestoría social

La semana anterior circularon en las redes sociales y en los medios de comunicación audios en donde se escucha a los secretarios de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jesús Hernández Torres, hablar sobre las exigencias, presiones y traspiés de los diputados para que les destinen recursos que emplearán en obra pública en sus distritos, con el muy cuestionable concepto de “gestoría social”.
Héctor Apreza Patrón, coordinador de la bancada del PRI, no negó que exista esta práctica y justificó que todos los diputados, incluso los federales, “tenemos la obligación de realizar gestión social porque nuestros representados acuden con nosotros para gestionar obras”.
El diputado priista también comentó que “esto no es un elemento que ensucie la imagen del Congreso porque son obras acordadas y presupuestadas en diciembre del 2014, cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos para este año”.
Tampoco los perredistas negaron la existencia de la práctica de obtener recursos para gestoría social de parte del gobierno del estado de Guerrero. El diputado Amador Campos Aburto incluso comentó que llegaron a acuerdos con el secretario de Finanzas, Eliseo Moyao Morales, para la construcción de obras en los distritos donde fueron electos.
Sin embargo, por más que quieran presentar como legítimas estas prácticas, no lo son. Más bien parecen un mecanismo más de clientelismo electoral, que de por sí es muy practicado entre los políticos guerrerenses de todos los colores. ¿Por qué los diputados sí se sienten con el derecho de que les construyan las obras que ellos decidan? Con esa discrecionalidad ¿dónde queda la planeación que ellos mismos le aprobaron al gobierno del estado en un documento llamado Plan Estatal de Desarrollo? ¿Quién y cómo se comprueban esos recursos y ante qué dependencias?
Pero la famosa gestoría social no concluye ahí. Lo que no dijeron los diputados en sus declaraciones de la semana pasada es que, adicionalmente a estos acuerdos con el gobierno del estado para la construcción de obra pública, cada uno de ellos recibe anualmente recursos públicos –estos sí directamente del órgano legislativo– también bajo el mismo concepto de “gestoría social”.
Ese dinero lo utilizan totalmente de manera discrecional, sin un plan o programa que permita observar las metas, objetivos e impactos de su ejercicio. Tampoco existe alguna norma que obligue a los diputados a comprobar esos recursos ni mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas que los controle, por lo que los legisladores locales guerrerenses pueden emplearlos sin ninguna restricción para su posicionamiento personal, tejer relaciones tendientes a obtener futuras candidaturas a puestos de elección popular o incluso para beneficiarse personalmente de ellos.
La inauguración de obras, la entrega de despensas, láminas, herramientas de trabajo, útiles escolares, computadoras, granos básicos y otros insumos, que mucho se anuncian en la prensa estatal, mediante inserciones pagadas, no son apoyos que provengan de los bolsillos de los legisladores, sino de las arcas públicas y que son ejercidos en la más completa opacidad.
Así son los legisladores guerrerenses, cuyo principal trabajo es precisamente el diseño y aprobación de leyes, pero que son más conocidos por otro tipo de actividades como la “gestoría social” y sus saltos a otros cargos públicos. Es urgente operar la figura de la iniciativa popular, para ayudarlos a tener mejores leyes en Guerrero.