El Sur de Acapulco
Las experiencias de contraloría ciudadana en el municipio de Acapulco evidenciaron los desvíos e irregularidades que practican las dependencias públicas en el ejercicio de los recursos y en la prestación de servicios. No son prácticas exclusivas del ayuntamiento de Acapulco, sino también del gobierno del estado y del gobierno federal, de éste, especialmente de su Plan Nuevo Guerrero, que ha destacado no sólo por el monto de los recursos invertidos, 40 mil millones de pesos, sino porque es uno de los programas más opacos de la actualidad.
Las y los ciudadanos de 24 comunidades rurales y colonias populares de Acapulco, con base en el aprendizaje de su derecho de acceso a la información, pusieron en práctica diferentes actividades para la vigilancia de las obras y prestación de servicios públicos de los que son beneficiarios, y así sacaron a flote una serie de anomalías en instituciones de los tres órdenes de gobierno, que no siempre se atendieron.
No obstante que actualmente hay suficientes normas que promueven y permiten la organización de las y los ciudadanos en contralorías sociales, las dependencias encargadas de hacerlo simplemente omiten o simulan que lo hacen. Entre la normatividad específica para este fin está la Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, y la Ley de Coordinación Fiscal, entre muchas otras.
Las principales irregularidades encontradas por la vigilancia ciudadana fueron el recorte e incumplimiento de las metas establecidas en los contratos, incertidumbre y desinformación de los habitantes de una comunidad por la obra que se les construirá; uso de materiales no apropiados y retraso en la ejecución de las obras, en donde las empresas constructoras siempre argumentan “que ya no tienen dinero”.
Pero la más frecuente fue el ocultamiento de información para evitar que las y los ciudadanos tuvieran referentes y datos oficiales sobre las obras y servicios públicos, y así obstaculizar la vigilancia ciudadana. Esta opacidad se ha convertido ya en una práctica sistemática, en la que, especialmente el gobierno federal, ha desarrollado recursos y estrategias discursivas, operativas y legales cada vez más sofisticadas para empantanar y ocultar la información. En menor medida, también son prácticas constantes en el gobierno del estado y en los ayuntamientos, que igualmente ponen en práctica recursos muy novedosos para negar la información.
Las y los ciudadanos de 24 comunidades rurales y colonias populares de Acapulco, con base en el aprendizaje de su derecho de acceso a la información, pusieron en práctica diferentes actividades para la vigilancia de las obras y prestación de servicios públicos de los que son beneficiarios, y así sacaron a flote una serie de anomalías en instituciones de los tres órdenes de gobierno, que no siempre se atendieron.
No obstante que actualmente hay suficientes normas que promueven y permiten la organización de las y los ciudadanos en contralorías sociales, las dependencias encargadas de hacerlo simplemente omiten o simulan que lo hacen. Entre la normatividad específica para este fin está la Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, y la Ley de Coordinación Fiscal, entre muchas otras.
Las principales irregularidades encontradas por la vigilancia ciudadana fueron el recorte e incumplimiento de las metas establecidas en los contratos, incertidumbre y desinformación de los habitantes de una comunidad por la obra que se les construirá; uso de materiales no apropiados y retraso en la ejecución de las obras, en donde las empresas constructoras siempre argumentan “que ya no tienen dinero”.
Pero la más frecuente fue el ocultamiento de información para evitar que las y los ciudadanos tuvieran referentes y datos oficiales sobre las obras y servicios públicos, y así obstaculizar la vigilancia ciudadana. Esta opacidad se ha convertido ya en una práctica sistemática, en la que, especialmente el gobierno federal, ha desarrollado recursos y estrategias discursivas, operativas y legales cada vez más sofisticadas para empantanar y ocultar la información. En menor medida, también son prácticas constantes en el gobierno del estado y en los ayuntamientos, que igualmente ponen en práctica recursos muy novedosos para negar la información.
La opacidad del Plan Nuevo Guerrero
Los habitantes de las localidades de Salsipuedes, Campanario y Apalani resintieron de manera directa la falta de transparencia del Plan Nuevo Guerrero. Son comunidades afectadas por las tormentas tropicales de septiembre de 2013, Ingrid y Manuel, y por ello elegibles para la restitución de servicios públicos destruidos.
Como se ha descrito en otras entregas de Monitor de Guerrero, el programa del gobierno federal anunciado pomposamente para la reconstrucción del estado de Guerrero, ha sido muy deficiente en la rendición de cuentas. Por este motivo, la corrupción y la desviación de recursos no se descartan y eso repercute directamente en la calidad de las obras y servicios de un programa aparentemente “noble”.
En Salsipuedes, comunidad localizada en la zona de influencia del Comité de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), autoridades y pobladores tuvieron la intención de vigilar dos obras consideradas dentro del Plan Nuevo Guerrero: las reubicaciones del jardín de niños Francisco Larroyo y de la escuela primaria Lázaro Cárdenas.
La primera acción de la autoridad local fue solicitar los expedientes técnicos de los dos planteles escolares; sin embargo, el procedimiento que se siguió son el mejor ejemplo del empantanamiento e intención de ocultar la información que hace el gobierno federal, en este caso, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Los expedientes se solicitaron el 11 de marzo de 2015, y la dependencia respondió, no con la entrega de los documentos, sino con la petición de que se le precisara la información que la comunidad requería sobre los expedientes técnicos. Esta respuesta fue novedosa, porque el Inafed es una dependencia con capacidad normativa, de consultoría y de certificación de la calidad de infraestructura física educativa, y parece imposible que no conociera en qué consiste un expediente técnico. Aún así, se le describieron los documentos que se requerían.
Finalmente, el Inafed entregó información distinta a la solicitada, por lo que al no proporcionar los expedientes técnicos, se presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que desnudó la intención de opacidad del Inafed, ya que después de estudiar el caso, en su resolución RDA 1959/15 explicó que la dependencia cuenta con un departamento de construcción de obra y proyectos especiales, que precisamente están facultados “para integrar el expediente técnico de obra y servicios relacionados con las mismas”.
El INAI emitió esta resolución el 20 de mayo de 2015 para que el Inafed realizara una nueva búsqueda de los expedientes técnicos de los dos planteles escolares de la comunidad de Salsipuedes, y le dio 10 días hábiles para cumplir la resolución.
El 29 de junio, personal del Inafed se puso en contacto con los solicitantes para aparentemente entregar la información; se le respondió en que modalidad se prefería asegurando que se cubriría el costo. Después, el Inafed no respondió nada, hasta el 6 de agosto, preguntando nuevamente por la modalidad de entrega.
Como lo informa la resolución, hicimos uso de los mecanismos de vigilancia del INAI –correos electrónicos y por vía telefónica, entre ellos, para denunciar que el Inafed no había entregado los expedientes técnicos. El órgano garante federal nunca respondió, incluso se hizo contacto con dos consejeros nacionales para explicarles el incumplimiento de la dependencia federal, pero tampoco hubo respuesta.
La comunidad de Salispuedes se quedó esperando los expedientes técnicos; la obra ya concluyó, la constructora ya se fue, y hoy comienzan a surgir los primeros desperfectos de la obra. Ante estos resultados ¿a quién se le reclama?, ¿cómo decirle a los pobladores que crean en las instituciones?
Otros casos de obras incluidas en el Plan Nuevo Guerrero son los sistemas de agua potable de las localidades de Campanario y Apalani, que también formaron parte del proyecto de contraloría social. Según las autoridades y los pobladores, la Comisión Nacional del Agua, responsable de estas obras, no proporcionó nunca información relevante sobre los proyectos de agua, ni el monto que se invertiría ni el calendario de ejecución de las obras.
Para conocer toda esta información se solicitaron entonces los expedientes técnicos de las dos obras, pero la Conagua entregó un enorme legajo de información técnica, inservible para la vigilancia ciudadana.
Sobre este punto, en asamblea la comunidad de Apalani dijo que los documentos que entregó la Conagua son información “chatarra”, ya que, salvo los planos del proyecto, todo lo demás no les servía de nada. Subrayaron que ni siquiera el presupuesto o costo total de la obra venía en el documento, tampoco el nombre de la constructora a cargo del proyecto. Se les dijo que no se presentaría recurso de revisión, sino que se buscaría que proporcionaran esa información por otra vía.
Los habitantes de estas localidades tampoco lograron vigilar la obra, sobre todo en Apalani, porque nunca se les proporcionó información de calidad para ejercer esa práctica ciudadana.
Como se ha descrito en otras entregas de Monitor de Guerrero, el programa del gobierno federal anunciado pomposamente para la reconstrucción del estado de Guerrero, ha sido muy deficiente en la rendición de cuentas. Por este motivo, la corrupción y la desviación de recursos no se descartan y eso repercute directamente en la calidad de las obras y servicios de un programa aparentemente “noble”.
En Salsipuedes, comunidad localizada en la zona de influencia del Comité de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), autoridades y pobladores tuvieron la intención de vigilar dos obras consideradas dentro del Plan Nuevo Guerrero: las reubicaciones del jardín de niños Francisco Larroyo y de la escuela primaria Lázaro Cárdenas.
La primera acción de la autoridad local fue solicitar los expedientes técnicos de los dos planteles escolares; sin embargo, el procedimiento que se siguió son el mejor ejemplo del empantanamiento e intención de ocultar la información que hace el gobierno federal, en este caso, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Los expedientes se solicitaron el 11 de marzo de 2015, y la dependencia respondió, no con la entrega de los documentos, sino con la petición de que se le precisara la información que la comunidad requería sobre los expedientes técnicos. Esta respuesta fue novedosa, porque el Inafed es una dependencia con capacidad normativa, de consultoría y de certificación de la calidad de infraestructura física educativa, y parece imposible que no conociera en qué consiste un expediente técnico. Aún así, se le describieron los documentos que se requerían.
Finalmente, el Inafed entregó información distinta a la solicitada, por lo que al no proporcionar los expedientes técnicos, se presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que desnudó la intención de opacidad del Inafed, ya que después de estudiar el caso, en su resolución RDA 1959/15 explicó que la dependencia cuenta con un departamento de construcción de obra y proyectos especiales, que precisamente están facultados “para integrar el expediente técnico de obra y servicios relacionados con las mismas”.
El INAI emitió esta resolución el 20 de mayo de 2015 para que el Inafed realizara una nueva búsqueda de los expedientes técnicos de los dos planteles escolares de la comunidad de Salsipuedes, y le dio 10 días hábiles para cumplir la resolución.
El 29 de junio, personal del Inafed se puso en contacto con los solicitantes para aparentemente entregar la información; se le respondió en que modalidad se prefería asegurando que se cubriría el costo. Después, el Inafed no respondió nada, hasta el 6 de agosto, preguntando nuevamente por la modalidad de entrega.
Como lo informa la resolución, hicimos uso de los mecanismos de vigilancia del INAI –correos electrónicos y por vía telefónica, entre ellos, para denunciar que el Inafed no había entregado los expedientes técnicos. El órgano garante federal nunca respondió, incluso se hizo contacto con dos consejeros nacionales para explicarles el incumplimiento de la dependencia federal, pero tampoco hubo respuesta.
La comunidad de Salispuedes se quedó esperando los expedientes técnicos; la obra ya concluyó, la constructora ya se fue, y hoy comienzan a surgir los primeros desperfectos de la obra. Ante estos resultados ¿a quién se le reclama?, ¿cómo decirle a los pobladores que crean en las instituciones?
Otros casos de obras incluidas en el Plan Nuevo Guerrero son los sistemas de agua potable de las localidades de Campanario y Apalani, que también formaron parte del proyecto de contraloría social. Según las autoridades y los pobladores, la Comisión Nacional del Agua, responsable de estas obras, no proporcionó nunca información relevante sobre los proyectos de agua, ni el monto que se invertiría ni el calendario de ejecución de las obras.
Para conocer toda esta información se solicitaron entonces los expedientes técnicos de las dos obras, pero la Conagua entregó un enorme legajo de información técnica, inservible para la vigilancia ciudadana.
Sobre este punto, en asamblea la comunidad de Apalani dijo que los documentos que entregó la Conagua son información “chatarra”, ya que, salvo los planos del proyecto, todo lo demás no les servía de nada. Subrayaron que ni siquiera el presupuesto o costo total de la obra venía en el documento, tampoco el nombre de la constructora a cargo del proyecto. Se les dijo que no se presentaría recurso de revisión, sino que se buscaría que proporcionaran esa información por otra vía.
Los habitantes de estas localidades tampoco lograron vigilar la obra, sobre todo en Apalani, porque nunca se les proporcionó información de calidad para ejercer esa práctica ciudadana.
Obras de regidores
Al igual que los diputados guerrerenses de la anterior Legislatura, quienes estuvieron en medio del escándalo porque en una grabación los exhibieron exigiendo obras públicas para hacer clientelismo con ellas, en Acapulco se presume que los regidores también realizan este tipo de prácticas. En la colonia Villa Guerrero, por ejemplo, se realizó la pavimentación de la calle La Paz, que es una de las principales del lugar, pero los habitantes desconocen el monto de la construcción y los términos en que se realizó. Sólo saben que uno de los regidores del ayuntamiento gestionó la obra, porque es amigo de personas de la colonia, pero desconocen de dónde se obtuvieron los recursoe. Dicen que sólo llegó a la localidad y pidió que a la brevedad se conformara un comité de obra porque gestionaría la pavimentación.
Se solicitó información sobre esta obra al ayuntamiento y textualmente respondió que “de acuerdo con la información proporcionada por la dirección de obras municipal, esta obra no se encuentra inserta en nuestras propuestas de inversión 2013 y 2014, por lo que se le sugiere solicitar información al gobierno del estado o a la federación”.
Sin embargo, nadie contaba con que en la inauguración colocaron una placa con los nombres del presidente municipal, Luis Uruñuela Fey, y la gestión del regidor Ernesto González Pérez. Era una obra del ayuntamiento de Acapulco, por lo que se solicitó el expediente técnico. Al ayuntamiento, que quiso ocultar la construcción de esta obra, no le quedó más que hacer entrega del documento solicitado, el cual le fue entregado al comisario municipal.
Se solicitó información sobre esta obra al ayuntamiento y textualmente respondió que “de acuerdo con la información proporcionada por la dirección de obras municipal, esta obra no se encuentra inserta en nuestras propuestas de inversión 2013 y 2014, por lo que se le sugiere solicitar información al gobierno del estado o a la federación”.
Sin embargo, nadie contaba con que en la inauguración colocaron una placa con los nombres del presidente municipal, Luis Uruñuela Fey, y la gestión del regidor Ernesto González Pérez. Era una obra del ayuntamiento de Acapulco, por lo que se solicitó el expediente técnico. Al ayuntamiento, que quiso ocultar la construcción de esta obra, no le quedó más que hacer entrega del documento solicitado, el cual le fue entregado al comisario municipal.
Otras anomalías
En Tasajeras, localidad también del Cecop, consiguieron el expediente técnico a través de una solicitud de información, el cual señalaba claramente que la obra de la localidad incluía la construcción de dos aulas en el jardín de niños por un monto de 800 mil pesos. Sin embargo, la constructora les informó que sólo edificaría un aula y un muro de contención –aparentemente innecesario–, pues argumentó que ya no tenía dinero.
Este cambio nunca fue consultado con las autoridades de la localidad, y los representantes de la constructora hasta le recomendaron al comisario que solicitara la segunda aula en el ejercicio fiscal de 2016. Las autoridades entonces presentaron una queja ante la Contraloría Interna del ayuntamiento de Acapulco para que se aclarara este asunto.
El comisario municipal narró que a Tasajeras se presentó personal de la Contraloría Interna, al principio con una actitud prepotente, pero cuando les dijo que eran asesorados para vigilar la obra pública, los funcionarios entonces se comportaron “más razonables”.
La constructora, al verse acorralada, ofreció la construcción de un techado en el patio del jardín de niños, escaleras para acceder de la calle principal al centro escolar, y el derribo de la vieja escuela.
Estos compromisos fueron aceptados por el comisario municipal y los integrantes del comité de obra, y después se hicieron del conocimiento de la gente en una asamblea. El comisario consideró que fue positivo lograr que la constructora se encargara de las obras adicionales, porque ya tenían previsto sólo concluir una sola aula.
Otro caso de incumplimiento de metas se dio en la comunidad de Las Marías, en donde los habitantes tomaron en sus manos el cuidado de una obra de rehabilitación de dos aulas de la escuela primaria Valentín Gómez Farías.
Una vez que consiguieron el expediente técnico, se dieron cuenta de que muchos conceptos no se instalaron en la construcción, lo que motivó la indignación de autoridades y maestros locales; éstos, a través del programa escuelas de calidad, instalaron el aire acondicionado, uno de los conceptos que la empresa constructora se negaba a concluir.
Otra de las irregularidades de la obra fue la herrería de puertas y ventanas, la cual visiblemente era “reciclada”, es decir, que fue retirada de otra construcción y la instalaron como parte de la rehabilitación, pues el herraje se observaba muy deteriorado. El comisario municipal dijo que no firmaría el acta de entrega recepción, pues consideró que no era justo que la empresa abusara de esa manera.
Otras muchas irregularidades denunciadas por los pobladores de las comunidades rurales de Acapulco fueron el servicio médico –personal insuficiente, mal trato, carencia de medicinas, saturación del servicio–, el programa Prospera –vocales prepotentes y discrecionales, médicos insensibles, familias fuera del programa–; el pago Proagro productivo –el banco les contrató un seguro sin su consentimiento, funcionarios menores que piden dinero para incluirlos en el padrón, productores “rasurados del listado”.
Son acciones u omisiones casi estructurales que mucho contribuyen a mantener hundida en la pobreza a la población del estado. Es urgente continuar desarrollando acciones desde la ciudadanía, pues con los gobiernos que cada trienio o sexenio nos tocan, son pocas las esperanzas.
Este cambio nunca fue consultado con las autoridades de la localidad, y los representantes de la constructora hasta le recomendaron al comisario que solicitara la segunda aula en el ejercicio fiscal de 2016. Las autoridades entonces presentaron una queja ante la Contraloría Interna del ayuntamiento de Acapulco para que se aclarara este asunto.
El comisario municipal narró que a Tasajeras se presentó personal de la Contraloría Interna, al principio con una actitud prepotente, pero cuando les dijo que eran asesorados para vigilar la obra pública, los funcionarios entonces se comportaron “más razonables”.
La constructora, al verse acorralada, ofreció la construcción de un techado en el patio del jardín de niños, escaleras para acceder de la calle principal al centro escolar, y el derribo de la vieja escuela.
Estos compromisos fueron aceptados por el comisario municipal y los integrantes del comité de obra, y después se hicieron del conocimiento de la gente en una asamblea. El comisario consideró que fue positivo lograr que la constructora se encargara de las obras adicionales, porque ya tenían previsto sólo concluir una sola aula.
Otro caso de incumplimiento de metas se dio en la comunidad de Las Marías, en donde los habitantes tomaron en sus manos el cuidado de una obra de rehabilitación de dos aulas de la escuela primaria Valentín Gómez Farías.
Una vez que consiguieron el expediente técnico, se dieron cuenta de que muchos conceptos no se instalaron en la construcción, lo que motivó la indignación de autoridades y maestros locales; éstos, a través del programa escuelas de calidad, instalaron el aire acondicionado, uno de los conceptos que la empresa constructora se negaba a concluir.
Otra de las irregularidades de la obra fue la herrería de puertas y ventanas, la cual visiblemente era “reciclada”, es decir, que fue retirada de otra construcción y la instalaron como parte de la rehabilitación, pues el herraje se observaba muy deteriorado. El comisario municipal dijo que no firmaría el acta de entrega recepción, pues consideró que no era justo que la empresa abusara de esa manera.
Otras muchas irregularidades denunciadas por los pobladores de las comunidades rurales de Acapulco fueron el servicio médico –personal insuficiente, mal trato, carencia de medicinas, saturación del servicio–, el programa Prospera –vocales prepotentes y discrecionales, médicos insensibles, familias fuera del programa–; el pago Proagro productivo –el banco les contrató un seguro sin su consentimiento, funcionarios menores que piden dinero para incluirlos en el padrón, productores “rasurados del listado”.
Son acciones u omisiones casi estructurales que mucho contribuyen a mantener hundida en la pobreza a la población del estado. Es urgente continuar desarrollando acciones desde la ciudadanía, pues con los gobiernos que cada trienio o sexenio nos tocan, son pocas las esperanzas.
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