El Sur de Acapulco
Es lamentable lo que sucede en el estado. Con el pretexto del cambio de administraciones en los municipios, cada tres años hay un saqueo impresionante de bienes públicos en los ayuntamientos, y nadie pone un freno. Las noticias de las últimas semanas dan cuenta de salarios no pagados, deudas millonarias con proveedores y con bancos, aguinaldos no cubiertos, obras no realizadas, oficinas saqueadas, compromisos institucionales no cumplidos… Es una práctica, totalmente ilegal, que ya se hizo costumbre, con graves afectaciones al erario, y esto sucede a los ojos de todos, en un estado donde los niveles de pobreza de la población son muy altos.
Aunque en tiempos electorales se autopresentan como candidatos diferentes, en el ejercicio de gobierno y sobre todo en la parte final de su gestión, casi todos los alcaldes y alcaldesas terminan saqueando los recursos públicos; es un rasgo que al final, en los últimos años, los hace iguales.
Hace tres años, en este mismo espacio, nos referimos a esta práctica casi en idénticos términos: “A unos días de concluir su encargo, las administraciones de la mayoría de los ayuntamientos de Guerrero dejaron como saldo un desastre financiero que se manifiesta en escasa obra pública, servicios de pésima calidad, entrega de fertilizante adulterado y de manera parcial, deuda pública y nulo combate a la pobreza. Esta herencia que dejan los gobiernos municipales actuales reducirá el espacio de maniobra a los ayuntamientos entrantes, pues las arcas públicas estarán vacías o con insuficientes recursos para la operación regular de los ayuntamientos”.
Pero nada cambió, ni el Congreso del estado ni los órganos de control y fiscalización estatales, ni el gobierno del estado, tampoco desde la federación se preocuparon por controlar y castigar el robo de recursos públicos en los ayuntamientos. Por esta omisión e inacción, hoy continúa la depredación.
Los procesos de entrega–recepción de las administraciones se presentan como un mecanismo de control que disminuye o evita el saqueo, pero realmente son sólo actos de simulación. Hay diferentes normas que regulan estos procesos, como la Ley de entrega-recepción de las administraciones públicas del estado y municipios de Guerrero, la Ley orgánica del municipio libre del estado, la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios, y la Ley de fiscalización superior del estado.
También hay dependencias específicas que vigilan los procesos de entrega-recepción, entre ellas, las contralorías internas, la Auditoría General del Estado y la Contraloría General del gobierno del estado. Pero ni las leyes ni la vigilancia institucional han impedido que los alcaldes dejen las arcas vacías.
Hemos visto en las últimas semanas una película repetida: gobernantes salientes firmando acuerdos de entrega-recepción con los electos y tomándose fotos, sonrientes, saludándose y hasta abrazados. Son imágenes que ellos mismos o los órganos de fiscalización o control se encargan de reproducir.
Pero apenas se dan la vuelta, los electos despotrican por las condiciones en que sus antecesores dejaron la administración, los acusan de todo, que se llevaron hasta las macetas, pero nunca presentan una denuncia ni solicitan castigo para los depredadores ante ninguna instancia.
Un ejemplo es el del ayuntamiento de Acapulco, donde el presidente municipal electo, Evodio Velázquez Aguirre, firmó el acta de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, y hasta reconoció la disposición y atención que mostró el alcalde saliente, Luis Uruñuela Fey y su equipo de trabajo, para que concluyera con éxito el proceso de entrega–recepción iniciado desde agosto de 2015. Incluso atiborró el lugar del acto con personajes de la política local y nacional, como testigos de la transición.
Sin embargo, días después, el propio alcalde se quejó de que “no tenemos los recursos para el aguinaldo en este momento; tenemos que estar trabajando a marchas forzadas para ello. Ya se hizo el análisis, no hay recursos suficientes, en este momento tenemos que trabajar con mucha responsabilidad”.
También el secretario de Administración y Finanzas del nuevo gobierno de Acapulco, Merced Baldovino Diego, salió a denunciar irregularidades en el ayuntamiento, poco después de la firma de entrega–recepción con las autoridades salientes. Por cierto, el secretario Baldovino que hoy denuncia, hace dos trienios fue presidente municipal de Coyuca de Benítez, y al concluir su periodo fue acusado por Ramiro Ávila Morales, presidente electo para el periodo 2012-2015, precisamente por saquear ese Ayuntamiento, pues dejó una situación financiera preocupante, y ejemplificó en aquella ocasión que había una deuda con la Comisión Federal de Electricidad de dos millones de pesos, que afectó severamente los servicios de agua potable y alumbrado públicos. Es una historia que se repite, en donde los acusadores de hoy serán acusados al concluir el trienio.
¿A quién le tocará denunciar por saqueo a Evodio Velázquez Aguirre y al resto de los actuales alcaldes guerrerenses?
Aunque en tiempos electorales se autopresentan como candidatos diferentes, en el ejercicio de gobierno y sobre todo en la parte final de su gestión, casi todos los alcaldes y alcaldesas terminan saqueando los recursos públicos; es un rasgo que al final, en los últimos años, los hace iguales.
Hace tres años, en este mismo espacio, nos referimos a esta práctica casi en idénticos términos: “A unos días de concluir su encargo, las administraciones de la mayoría de los ayuntamientos de Guerrero dejaron como saldo un desastre financiero que se manifiesta en escasa obra pública, servicios de pésima calidad, entrega de fertilizante adulterado y de manera parcial, deuda pública y nulo combate a la pobreza. Esta herencia que dejan los gobiernos municipales actuales reducirá el espacio de maniobra a los ayuntamientos entrantes, pues las arcas públicas estarán vacías o con insuficientes recursos para la operación regular de los ayuntamientos”.
Pero nada cambió, ni el Congreso del estado ni los órganos de control y fiscalización estatales, ni el gobierno del estado, tampoco desde la federación se preocuparon por controlar y castigar el robo de recursos públicos en los ayuntamientos. Por esta omisión e inacción, hoy continúa la depredación.
Los procesos de entrega–recepción de las administraciones se presentan como un mecanismo de control que disminuye o evita el saqueo, pero realmente son sólo actos de simulación. Hay diferentes normas que regulan estos procesos, como la Ley de entrega-recepción de las administraciones públicas del estado y municipios de Guerrero, la Ley orgánica del municipio libre del estado, la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios, y la Ley de fiscalización superior del estado.
También hay dependencias específicas que vigilan los procesos de entrega-recepción, entre ellas, las contralorías internas, la Auditoría General del Estado y la Contraloría General del gobierno del estado. Pero ni las leyes ni la vigilancia institucional han impedido que los alcaldes dejen las arcas vacías.
Hemos visto en las últimas semanas una película repetida: gobernantes salientes firmando acuerdos de entrega-recepción con los electos y tomándose fotos, sonrientes, saludándose y hasta abrazados. Son imágenes que ellos mismos o los órganos de fiscalización o control se encargan de reproducir.
Pero apenas se dan la vuelta, los electos despotrican por las condiciones en que sus antecesores dejaron la administración, los acusan de todo, que se llevaron hasta las macetas, pero nunca presentan una denuncia ni solicitan castigo para los depredadores ante ninguna instancia.
Un ejemplo es el del ayuntamiento de Acapulco, donde el presidente municipal electo, Evodio Velázquez Aguirre, firmó el acta de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, y hasta reconoció la disposición y atención que mostró el alcalde saliente, Luis Uruñuela Fey y su equipo de trabajo, para que concluyera con éxito el proceso de entrega–recepción iniciado desde agosto de 2015. Incluso atiborró el lugar del acto con personajes de la política local y nacional, como testigos de la transición.
Sin embargo, días después, el propio alcalde se quejó de que “no tenemos los recursos para el aguinaldo en este momento; tenemos que estar trabajando a marchas forzadas para ello. Ya se hizo el análisis, no hay recursos suficientes, en este momento tenemos que trabajar con mucha responsabilidad”.
También el secretario de Administración y Finanzas del nuevo gobierno de Acapulco, Merced Baldovino Diego, salió a denunciar irregularidades en el ayuntamiento, poco después de la firma de entrega–recepción con las autoridades salientes. Por cierto, el secretario Baldovino que hoy denuncia, hace dos trienios fue presidente municipal de Coyuca de Benítez, y al concluir su periodo fue acusado por Ramiro Ávila Morales, presidente electo para el periodo 2012-2015, precisamente por saquear ese Ayuntamiento, pues dejó una situación financiera preocupante, y ejemplificó en aquella ocasión que había una deuda con la Comisión Federal de Electricidad de dos millones de pesos, que afectó severamente los servicios de agua potable y alumbrado públicos. Es una historia que se repite, en donde los acusadores de hoy serán acusados al concluir el trienio.
¿A quién le tocará denunciar por saqueo a Evodio Velázquez Aguirre y al resto de los actuales alcaldes guerrerenses?
Ayuntamientos, una calamidad
En este momento, los alcaldes entrantes no tienen dinero, muchos ni para pagar a los empleados ni el agua ni la luz. Si quieren operar, deberán solicitar préstamos, créditos, que les permitan costear las necesidades básicas de los próximos tres meses; la otra opción es mantenerse pasivos, es decir, entraron debiendo, con déficit. La población pagará, sin deberla, la paralización o disminución de las funciones de los ayuntamientos, aun cuando en enero de 2015, en los programas operativos de todos ellos, había dinero público programado para gastarse a lo largo de todo el año.
Aun con esta situación, ningún alcalde denunciará penalmente a sus antecesores porque ellos, dentro de tres años, también piensan hacer lo mismo; o porque saben que si denuncian, serían molestados, presionados o boicoteados por un sistema de complicidades que no perdona un desliz de este tipo. En estas circunstancias, la honestidad es castigada.
Pero las transiciones no concluyen con los saqueos. Desde hace muchos años hay una práctica muy común que se repite cada trienio y tiene que ver con el personal de nuevo ingreso y los que todavía permanecen del trienio anterior.
Cada ayuntamiento engrosa, a veces desmesuradamente, la nómina, a efecto de cumplir los compromisos políticos y de campaña. No es extraño que en estos días se negocien puestos de trabajo, y si no existen en la estructura municipal, se crean con tal de dar a acomodo a los amigos del compadre político. Es un proceso natural de las nuevas administraciones, pero deja de serlo cuando el crecimiento del concepto de servicios personales es desproporcionado en detrimento del gasto destinado a inversión y a programas sociales; no es lo que espera la población que votó por ellos.
La otra situación grave es al comenzar cada gestión municipal: los empleados de confianza del alcalde saliente demandan laboralmente al ayuntamiento por “despido injustificado”, ya que los nuevos alcaldes incorporan a las nóminas a nuevas personas, y tienen que prescindir de personal de confianza de los anteriores. Y es ahí donde entra la demanda.
Hay casos surrealistas en los que empleados que demandaron a un Ayuntamiento, luego de tres años son incorporados nuevamente al mismo gobierno municipal, sin que haya concluido el proceso de demanda.
Así sucedió recientemente en Iguala, donde El Sur reseña que el alcalde electo, Esteban Albarrán Mendoza, “integró a su equipo de entrega-recepción a ex funcionarios del gobierno de Raúl Tovar Tavera, que tienen demandado al Ayuntamiento y que tienen laudos condenatorios, como el ex tesorero Jesús Romero Valle, que tiene una sentencia a su favor por más de dos millones 800 mil pesos”. O como Benito García Jiménez que “demandó al Ayuntamiento en el segundo gobierno de Lázaro Mazón Alonso y tiene a su favor un laudo de más de un millón 300 mil pesos”.
De acuerdo con información del portal Digital Guerrero, 80 ayuntamientos guerrerenses enfrentan actualmente demandas laborales, sólo el gobierno municipal de Tlalixtaquilla está exento de este tipo de conflictos de trabajo; los ayuntamientos que más demandas tienen son Acapulco, con al menos mil 600 demandas por un monto de 4,000 millones de pesos; Zihuatanejo, con 370 demandas; Taxco (350); Atoyac de Álvarez (302); Iguala (192); Ometepec (178); Petatlán (161); Coyuca de Benítez (144); Tixtla (133); Chilpancingo (115); Pungarabato (114), y Tecpan de Galeana con 112 demandas laborales.
El abogado José Luis Gallegos Peralta, citado por la publicación, comentó que “es inmoral que sean precisamente los funcionarios municipales de primer nivel quienes encabezan la lista de demandantes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Cada vez que inicia un nuevo Ayuntamiento lo hace de forma equivocada, porque el alcalde expide nombramientos sin definir claramente el tiempo que estará al frente de una dependencia”.
Al abogado agregó que “muchas de esas demandas que hoy en día ya las perdieron los ayuntamientos, hasta parece que lo hicieron a propósito por la forma en que no fueron atendidas por los responsables jurídicos que tienen las comunas”.
Aun con esta situación, ningún alcalde denunciará penalmente a sus antecesores porque ellos, dentro de tres años, también piensan hacer lo mismo; o porque saben que si denuncian, serían molestados, presionados o boicoteados por un sistema de complicidades que no perdona un desliz de este tipo. En estas circunstancias, la honestidad es castigada.
Pero las transiciones no concluyen con los saqueos. Desde hace muchos años hay una práctica muy común que se repite cada trienio y tiene que ver con el personal de nuevo ingreso y los que todavía permanecen del trienio anterior.
Cada ayuntamiento engrosa, a veces desmesuradamente, la nómina, a efecto de cumplir los compromisos políticos y de campaña. No es extraño que en estos días se negocien puestos de trabajo, y si no existen en la estructura municipal, se crean con tal de dar a acomodo a los amigos del compadre político. Es un proceso natural de las nuevas administraciones, pero deja de serlo cuando el crecimiento del concepto de servicios personales es desproporcionado en detrimento del gasto destinado a inversión y a programas sociales; no es lo que espera la población que votó por ellos.
La otra situación grave es al comenzar cada gestión municipal: los empleados de confianza del alcalde saliente demandan laboralmente al ayuntamiento por “despido injustificado”, ya que los nuevos alcaldes incorporan a las nóminas a nuevas personas, y tienen que prescindir de personal de confianza de los anteriores. Y es ahí donde entra la demanda.
Hay casos surrealistas en los que empleados que demandaron a un Ayuntamiento, luego de tres años son incorporados nuevamente al mismo gobierno municipal, sin que haya concluido el proceso de demanda.
Así sucedió recientemente en Iguala, donde El Sur reseña que el alcalde electo, Esteban Albarrán Mendoza, “integró a su equipo de entrega-recepción a ex funcionarios del gobierno de Raúl Tovar Tavera, que tienen demandado al Ayuntamiento y que tienen laudos condenatorios, como el ex tesorero Jesús Romero Valle, que tiene una sentencia a su favor por más de dos millones 800 mil pesos”. O como Benito García Jiménez que “demandó al Ayuntamiento en el segundo gobierno de Lázaro Mazón Alonso y tiene a su favor un laudo de más de un millón 300 mil pesos”.
De acuerdo con información del portal Digital Guerrero, 80 ayuntamientos guerrerenses enfrentan actualmente demandas laborales, sólo el gobierno municipal de Tlalixtaquilla está exento de este tipo de conflictos de trabajo; los ayuntamientos que más demandas tienen son Acapulco, con al menos mil 600 demandas por un monto de 4,000 millones de pesos; Zihuatanejo, con 370 demandas; Taxco (350); Atoyac de Álvarez (302); Iguala (192); Ometepec (178); Petatlán (161); Coyuca de Benítez (144); Tixtla (133); Chilpancingo (115); Pungarabato (114), y Tecpan de Galeana con 112 demandas laborales.
El abogado José Luis Gallegos Peralta, citado por la publicación, comentó que “es inmoral que sean precisamente los funcionarios municipales de primer nivel quienes encabezan la lista de demandantes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Cada vez que inicia un nuevo Ayuntamiento lo hace de forma equivocada, porque el alcalde expide nombramientos sin definir claramente el tiempo que estará al frente de una dependencia”.
Al abogado agregó que “muchas de esas demandas que hoy en día ya las perdieron los ayuntamientos, hasta parece que lo hicieron a propósito por la forma en que no fueron atendidas por los responsables jurídicos que tienen las comunas”.
Testimonios
La prensa está plagada de ejemplos del saqueo. Por ejemplo, el presidente municipal de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, aseguró que el Ayuntamiento donde fue electo no pagará a los trabajadores que dejaron de cobrar la quincena del 15 al 30 de septiembre de 2015 y la parte proporcional del aguinaldo. Explicó que el dinero “se lo llevó” el ex alcalde Rey Hilario Serrano y no se sabe qué se hizo con él. Se disculpó: “No tengo yo la manera de pagarles, les debió de pagar el presidente, porque ese dinero salió el 24 de septiembre, les debió de pagar el anterior, yo no tengo por qué hacerlo”.
Como respuesta, cerca de 200 ex trabajadores, a los que no les pagaron la segunda quincena de septiembre ni la parte proporcional del aguinaldo, y que no están conformes con su liquidación, amagaron con tomar el edificio del Ayuntamiento.
Por otro lado, en Zihuatanejo el alcalde Gustavo García Bello aseguró que encontró las arcas municipales vacías, “están agotados los recursos que se presupuestan en el año… estamos en ese proceso para etiquetar recursos que nos permitan hacer la obra pública que se tiene que hacer en Zihuatanejo”, de acuerdo con la información de la corresponsal del diario El Sur en ese municipio.
El presidente municipal de Marquelia, Arturo González Gatica, informó que pidió un préstamo destinado a pagar la segunda quincena de septiembre a los policías municipales, de tránsito y protección civil, pero omitió decir el monto de los recursos y ante qué institución solicitó el préstamo. Con este dinero, comentó, se pagarían los salarios de los trabajadores que cerraron el palacio municipal los días 23 al 29 de septiembre de 2015. En la protesta participaron 28 policías municipales, diez agentes de Tránsito y ocho trabajadores de Protección Civil, quienes demandaron garantizar el pago de 2 mil 500 pesos de la segunda quincena de septiembre y el pago del aguinaldo correspondiente a nueve meses.
En la Costa Chica, un grupo de policías municipales tomaron el palacio municipal de Azoyú por tiempo indefinido, para demandar el pago de la segunda quincena de septiembre y la parte proporcional del aguinaldo. La alcaldesa Leticia Bautista Vargas, quien despacha en su casa, dijo que les pagaría “hasta que llegue el dinero”.
En Taxco, la regidora Thalía Rodríguez Rodríguez denunció que recibieron un Ayuntamiento con finanzas municipales “no muy buenas, lo mismo que en deudas y mobiliario de las distintas oficinas, lo que pone a los nuevos servidores públicos en una situación complicada para poder trabajar inmediatamente”. Abundó no obstante que entre “todos vamos a sacar adelante la administración y solventar todos los compromisos, tomando medidas para pagar deudas como las heredadas en Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México”.
Todo esto sucede en los ayuntamientos, no obstante que en sus portales electrónicos, la Auditoría General del Estado, la Contraloría General del gobierno del estado de Guerrero, los gobernadores en funciones y electo del estado y otras dependencias difunden notas y fotos destacando su presencia en los actos de entrega-recepción. Pero ni así se detuvo el saqueo municipal.
Sólo hay que aplicar la ley, no se requieren más normas para evitar la corrupción en los relevos de alcaldes. Pero Guerrero está lleno de impunidad y no se auguran cambios relevantes, sólo cosméticos.
Como respuesta, cerca de 200 ex trabajadores, a los que no les pagaron la segunda quincena de septiembre ni la parte proporcional del aguinaldo, y que no están conformes con su liquidación, amagaron con tomar el edificio del Ayuntamiento.
Por otro lado, en Zihuatanejo el alcalde Gustavo García Bello aseguró que encontró las arcas municipales vacías, “están agotados los recursos que se presupuestan en el año… estamos en ese proceso para etiquetar recursos que nos permitan hacer la obra pública que se tiene que hacer en Zihuatanejo”, de acuerdo con la información de la corresponsal del diario El Sur en ese municipio.
El presidente municipal de Marquelia, Arturo González Gatica, informó que pidió un préstamo destinado a pagar la segunda quincena de septiembre a los policías municipales, de tránsito y protección civil, pero omitió decir el monto de los recursos y ante qué institución solicitó el préstamo. Con este dinero, comentó, se pagarían los salarios de los trabajadores que cerraron el palacio municipal los días 23 al 29 de septiembre de 2015. En la protesta participaron 28 policías municipales, diez agentes de Tránsito y ocho trabajadores de Protección Civil, quienes demandaron garantizar el pago de 2 mil 500 pesos de la segunda quincena de septiembre y el pago del aguinaldo correspondiente a nueve meses.
En la Costa Chica, un grupo de policías municipales tomaron el palacio municipal de Azoyú por tiempo indefinido, para demandar el pago de la segunda quincena de septiembre y la parte proporcional del aguinaldo. La alcaldesa Leticia Bautista Vargas, quien despacha en su casa, dijo que les pagaría “hasta que llegue el dinero”.
En Taxco, la regidora Thalía Rodríguez Rodríguez denunció que recibieron un Ayuntamiento con finanzas municipales “no muy buenas, lo mismo que en deudas y mobiliario de las distintas oficinas, lo que pone a los nuevos servidores públicos en una situación complicada para poder trabajar inmediatamente”. Abundó no obstante que entre “todos vamos a sacar adelante la administración y solventar todos los compromisos, tomando medidas para pagar deudas como las heredadas en Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México”.
Todo esto sucede en los ayuntamientos, no obstante que en sus portales electrónicos, la Auditoría General del Estado, la Contraloría General del gobierno del estado de Guerrero, los gobernadores en funciones y electo del estado y otras dependencias difunden notas y fotos destacando su presencia en los actos de entrega-recepción. Pero ni así se detuvo el saqueo municipal.
Sólo hay que aplicar la ley, no se requieren más normas para evitar la corrupción en los relevos de alcaldes. Pero Guerrero está lleno de impunidad y no se auguran cambios relevantes, sólo cosméticos.
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