El Sur de Acapulco
Los alcaldes que concluyen su periodo de gobierno a finales de septiembre encabezaron ayuntamientos opacos y sin rendición de cuentas. Ninguna diferencia marcaron con las administraciones de sus homólogos que los precedieron, pues casi todos los presidentes municipales que se van, nunca tuvieron la disposición ni la voluntad de poner en práctica políticas de transparencia y de información hacia la ciudadanía.
El colmo es que hace unos días, varios de ellos amenazaron con bloquear la Autopista del Sol, si no les depositaban los recursos federalizados de septiembre. ¿Con qué argumentos y autoridad moral exigen recursos, si nunca transparentaron su ejercicio, como era su obligación?
En medio de este desprecio por la rendición de cuentas a las y los ciudadanos, lo más sobresaliente del trienio que culmina son algunas acciones del ayuntamiento de Acapulco, que le permitieron incrementar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de información de oficio, el diseño y establecimiento de un sistema electrónico de recepción y respuesta a solicitudes de información, y la puesta en marcha de un proyecto para promover contralorías sociales entre la población del municipio.
Sin duda, estas actividades son pocas para el tamaño y el tipo de políticas que es necesario instrumentar para la rendición de cuentas. De hecho, las acciones promovidas por el ayuntamiento contribuyeron a evidenciar los efectos limitados o nulos en el mejoramiento de la administración municipal cuando sólo se cumplen las obligaciones de transparencia propuestas en la ley estatal en la materia.
Los resultados del proyecto de participación ciudadana para la contraloría social mostraron que dentro del ayuntamiento persisten prácticas de corrupción y de desvío de recursos, especialmente en el ramo de la obra pública. Esto sucede cuando no hay una política de transparencia y rendición de cuentas amplia y vigorosa y que abarque toda la estructura del ayuntamiento.
Por ser una experiencia excepcional entre los ayuntamientos del estado de Guerrero, y tal vez como una propuesta referente para los gobiernos municipales que tomarán posesión el 30 de septiembre, en esta entrega se analiza sólo el caso del proyecto de vigilancia ciudadana que puso en marcha el ayuntamiento de Acapulco en los primeros meses de 2015.
El colmo es que hace unos días, varios de ellos amenazaron con bloquear la Autopista del Sol, si no les depositaban los recursos federalizados de septiembre. ¿Con qué argumentos y autoridad moral exigen recursos, si nunca transparentaron su ejercicio, como era su obligación?
En medio de este desprecio por la rendición de cuentas a las y los ciudadanos, lo más sobresaliente del trienio que culmina son algunas acciones del ayuntamiento de Acapulco, que le permitieron incrementar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de información de oficio, el diseño y establecimiento de un sistema electrónico de recepción y respuesta a solicitudes de información, y la puesta en marcha de un proyecto para promover contralorías sociales entre la población del municipio.
Sin duda, estas actividades son pocas para el tamaño y el tipo de políticas que es necesario instrumentar para la rendición de cuentas. De hecho, las acciones promovidas por el ayuntamiento contribuyeron a evidenciar los efectos limitados o nulos en el mejoramiento de la administración municipal cuando sólo se cumplen las obligaciones de transparencia propuestas en la ley estatal en la materia.
Los resultados del proyecto de participación ciudadana para la contraloría social mostraron que dentro del ayuntamiento persisten prácticas de corrupción y de desvío de recursos, especialmente en el ramo de la obra pública. Esto sucede cuando no hay una política de transparencia y rendición de cuentas amplia y vigorosa y que abarque toda la estructura del ayuntamiento.
Por ser una experiencia excepcional entre los ayuntamientos del estado de Guerrero, y tal vez como una propuesta referente para los gobiernos municipales que tomarán posesión el 30 de septiembre, en esta entrega se analiza sólo el caso del proyecto de vigilancia ciudadana que puso en marcha el ayuntamiento de Acapulco en los primeros meses de 2015.
Un punto transparente
Es infrecuente que en Guerrero un ayuntamiento promueva acciones de transparencia y de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, pues los antecedentes más bien apuntan a la nula o muy poca disposición de los alcaldes por la transparencia, que se traduce en bajos niveles de cumplimiento de sus obligaciones de información, como en general se ha observado en los últimos años.
Por la promoción de algunas prácticas, el ayuntamiento de Acapulco alcanzó en 2014 una puntuación de 93 por ciento en el cumplimiento de su información de oficio que exige la ley estatal de transparencia, lo que le valió el primer lugar en el ranking del estado. Hasta hoy, ninguna dependencia ha logrado obtener esa puntuación, de acuerdo con el monitoreo que cada año realiza la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario.
Adicionalmente, puso en marcha un sistema electrónico para el procesamiento de solicitudes de información que presenta la ciudadanía –obligatorio para los municipios de más de 70 mil habitantes–, que ninguno de los restantes siete ayuntamientos que tienen esta población (Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez y Tlapa) lo tiene todavía.
Sin embargo, si bien no se tienen indicadores o datos duros, la percepción es que las acciones para la transparencia no se tradujeron en cambios palpables en el interior del ayuntamiento de Acapulco, es decir, no hay un mejoramiento de la gestión pública, tampoco mejores servicios públicos, ni las obras han sido de mejor calidad.
Los resultados de las acciones del ayuntamiento de Acapulco son el mejor ejemplo de las limitaciones de la “transparencia normativa”, porque su diseño e instrumentación obedeció sólo a un lineamiento de cumplir los requisitos de transparencia que exige la ley, pero esto no ha tenido repercusiones importantes en la manera de ejercer los recursos ni en la prestación de los servicios públicos.
Este tipo de acciones requieren, en todo caso, incluir un componente fundamental para que la transparencia gubernamental tenga una utilidad social: la participación ciudadana, es decir, la intervención de ciudadanos y ciudadanas para que usen la información gubernamental buscando entre otros propósitos, inhibir la corrupción, vigilar el uso de los recursos, cuidar que la construcción de obras necesarias y de calidad y presionar por mejores servicios públicos.
Por la promoción de algunas prácticas, el ayuntamiento de Acapulco alcanzó en 2014 una puntuación de 93 por ciento en el cumplimiento de su información de oficio que exige la ley estatal de transparencia, lo que le valió el primer lugar en el ranking del estado. Hasta hoy, ninguna dependencia ha logrado obtener esa puntuación, de acuerdo con el monitoreo que cada año realiza la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario.
Adicionalmente, puso en marcha un sistema electrónico para el procesamiento de solicitudes de información que presenta la ciudadanía –obligatorio para los municipios de más de 70 mil habitantes–, que ninguno de los restantes siete ayuntamientos que tienen esta población (Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez y Tlapa) lo tiene todavía.
Sin embargo, si bien no se tienen indicadores o datos duros, la percepción es que las acciones para la transparencia no se tradujeron en cambios palpables en el interior del ayuntamiento de Acapulco, es decir, no hay un mejoramiento de la gestión pública, tampoco mejores servicios públicos, ni las obras han sido de mejor calidad.
Los resultados de las acciones del ayuntamiento de Acapulco son el mejor ejemplo de las limitaciones de la “transparencia normativa”, porque su diseño e instrumentación obedeció sólo a un lineamiento de cumplir los requisitos de transparencia que exige la ley, pero esto no ha tenido repercusiones importantes en la manera de ejercer los recursos ni en la prestación de los servicios públicos.
Este tipo de acciones requieren, en todo caso, incluir un componente fundamental para que la transparencia gubernamental tenga una utilidad social: la participación ciudadana, es decir, la intervención de ciudadanos y ciudadanas para que usen la información gubernamental buscando entre otros propósitos, inhibir la corrupción, vigilar el uso de los recursos, cuidar que la construcción de obras necesarias y de calidad y presionar por mejores servicios públicos.
El proyecto de contraloría social
Durante el primer semestre de 2015, se puso en marcha el proyecto de formación de módulos de participación ciudadana en 24 comunidades rurales y colonias populares de Acapulco, con el propósito de promover y difundir entre los comisarios, delgados municipales y la población en general el derecho de acceso a la información y las obligaciones de transparencia de los gobiernos municipales.
Para alcanzar estos propósitos se realizaron actividades como talleres de información y reflexión, apoyo en la presentación de solicitudes de información, visitas de seguimiento y asesoría para activar los órganos de control del ayuntamiento cuando los participantes encontraran irregularidades en la vigilancia de una obra o servicio.
En los 24 talleres participaron un total de 598 personas, para un promedio de 25 asistentes por taller. La participación de las mujeres fue significativa, ya que las que asistieron representaron casi tres cuartas partes del total de participantes.
Aunque no se cuantificó el nivel de “sensibilización” o de “concientización” de las personas que participaron en los talleres, se percibió que las herramientas de información que se les brindaron a los participantes fueron útiles para diferentes gestiones de sus comunidades, como el conocimiento de programas sociales y de obra pública (reglas de operación, fechas de apertura de ventanillas, perfiles de los beneficiarios elegibles), así como información sobre los servicios de educación y salud, especialmente los beneficios de programas de escuelas de calidad y de tiempo completo; horarios de médicos, número de personal médico de clínicas y hospitales, descripción del cuadro básico de medicinas, entre otros.
A partir de estos talleres, el número de solicitudes de información presentadas por los participantes ante dependencias de los tres órdenes de gobierno se incrementó notablemente, y este procedimiento se convirtió en uno de los más importantes del proyecto, porque las y los ciudadanos comenzaron a obtener información sobre presupuestos, obra pública, servicios de salud, educación, etc.
El tema que despertó mayor interés fue el de la vigilancia de la obra pública, por lo que los requerimientos de información se concentraron también en este rubro mediante la gestión de expedientes técnicos de las obras y del conocimiento de las principales características constructivas de la obra, amén del presupuesto, tiempos de ejecución y empresa constructora.
Para alcanzar estos propósitos se realizaron actividades como talleres de información y reflexión, apoyo en la presentación de solicitudes de información, visitas de seguimiento y asesoría para activar los órganos de control del ayuntamiento cuando los participantes encontraran irregularidades en la vigilancia de una obra o servicio.
En los 24 talleres participaron un total de 598 personas, para un promedio de 25 asistentes por taller. La participación de las mujeres fue significativa, ya que las que asistieron representaron casi tres cuartas partes del total de participantes.
Aunque no se cuantificó el nivel de “sensibilización” o de “concientización” de las personas que participaron en los talleres, se percibió que las herramientas de información que se les brindaron a los participantes fueron útiles para diferentes gestiones de sus comunidades, como el conocimiento de programas sociales y de obra pública (reglas de operación, fechas de apertura de ventanillas, perfiles de los beneficiarios elegibles), así como información sobre los servicios de educación y salud, especialmente los beneficios de programas de escuelas de calidad y de tiempo completo; horarios de médicos, número de personal médico de clínicas y hospitales, descripción del cuadro básico de medicinas, entre otros.
A partir de estos talleres, el número de solicitudes de información presentadas por los participantes ante dependencias de los tres órdenes de gobierno se incrementó notablemente, y este procedimiento se convirtió en uno de los más importantes del proyecto, porque las y los ciudadanos comenzaron a obtener información sobre presupuestos, obra pública, servicios de salud, educación, etc.
El tema que despertó mayor interés fue el de la vigilancia de la obra pública, por lo que los requerimientos de información se concentraron también en este rubro mediante la gestión de expedientes técnicos de las obras y del conocimiento de las principales características constructivas de la obra, amén del presupuesto, tiempos de ejecución y empresa constructora.
Solicitudes de información
El total de solicitudes de información presentadas como parte de este proyecto fue de 85, la mayoría fueron para el ayuntamiento de Acapulco (63), para el gobierno del estado (12) y en menor medida para el gobierno federal (10).
De las del gobierno estatal, cuatro fueron para la Secretaría de Salud, cuatro para la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dos para la de Educación de Guerrero, una para el Fideicomiso para el Desarrollo de Acapulco y una para la Secretaría de Desarrollo Rural.
En el caso del gobierno federal, cuatro se presentaron ante la Comisión Nacional del Agua, dos ante la Secretaría de Desarrollo Social, dos para la Secretaría de la Función Pública, una para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una para el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inafed).
Cabe mencionar que en el gobierno del estado de Guerrero se observó una tendencia a no contestar solicitudes de información, ya que de las 12 que fueron presentadas, cinco tienen recurso de revisión (queja) ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado por no responder o hacerlo de manera parcial. En el gobierno federal también se presentaron recursos en contra del Inafed y de la Sedesol, los dos ya resueltas favorablemente por el INAI. Para el ayuntamiento de Acapulco no se presentaron recursos de revisión.
El 50 por ciento de las comunidades rurales o colonias participantes presentaron tres o más solicitudes de información ante las dependencias de los tres órdenes de gobierno. La localidad de la Concepción tuvo nueve solicitudes, seguida por Apalani con siete; más atrás están Tasajeras, Órganos de San Agustín El Quemado, Campanario y San Andrés Playa Encantada, con seis solicitudes cada una.
Si se observan por temas, dos fueron los rubros que acapararon los mayores porcentajes de solicitudes de información: la obra pública municipal, especialmente los expedientes técnicos; y el sector salud, en donde destacaron preguntas sobre los horarios de médicos, cuadro básico de medicinas, requisitos para establecimiento de casas de salud o clínicas.
Al hacer un balance de la participación, en las comunidades rurales se trabajó de manera más permanente y en colectivo que en las colonias populares, y esto se registró no sólo por los niveles de asistencia, sino por el número de solicitudes que presentaron.
De las del gobierno estatal, cuatro fueron para la Secretaría de Salud, cuatro para la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dos para la de Educación de Guerrero, una para el Fideicomiso para el Desarrollo de Acapulco y una para la Secretaría de Desarrollo Rural.
En el caso del gobierno federal, cuatro se presentaron ante la Comisión Nacional del Agua, dos ante la Secretaría de Desarrollo Social, dos para la Secretaría de la Función Pública, una para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una para el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inafed).
Cabe mencionar que en el gobierno del estado de Guerrero se observó una tendencia a no contestar solicitudes de información, ya que de las 12 que fueron presentadas, cinco tienen recurso de revisión (queja) ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado por no responder o hacerlo de manera parcial. En el gobierno federal también se presentaron recursos en contra del Inafed y de la Sedesol, los dos ya resueltas favorablemente por el INAI. Para el ayuntamiento de Acapulco no se presentaron recursos de revisión.
El 50 por ciento de las comunidades rurales o colonias participantes presentaron tres o más solicitudes de información ante las dependencias de los tres órdenes de gobierno. La localidad de la Concepción tuvo nueve solicitudes, seguida por Apalani con siete; más atrás están Tasajeras, Órganos de San Agustín El Quemado, Campanario y San Andrés Playa Encantada, con seis solicitudes cada una.
Si se observan por temas, dos fueron los rubros que acapararon los mayores porcentajes de solicitudes de información: la obra pública municipal, especialmente los expedientes técnicos; y el sector salud, en donde destacaron preguntas sobre los horarios de médicos, cuadro básico de medicinas, requisitos para establecimiento de casas de salud o clínicas.
Al hacer un balance de la participación, en las comunidades rurales se trabajó de manera más permanente y en colectivo que en las colonias populares, y esto se registró no sólo por los niveles de asistencia, sino por el número de solicitudes que presentaron.
Los escollos para el acceso
El acceso a la información basado en el uso de tecnologías está vedado o hace difícil su ejercicio entre la población comunidades rurales, por la falta de conectividad y porque frecuentemente no hay computadoras disponibles en las localidades. Esto coloca en desventaja a los habitantes de esas zonas, amén de que se requieren ciertas competencias para el uso de la tecnología y también para el acceso a la información.
Lamentablemente, la otra opción para ejercer este derecho es hacerlo de manera presencial en las oficinas del ayuntamiento o del gobierno del estado, pero es una opción que significa dinero y tiempo que las personas generalmente no tienen.
Con este panorama, parece que el ejercicio de acceso a la información es sólo para usuarios urbanos, y ese fue uno de los obstáculos que tienen las comunidades rurales. En este proyecto, el equipo técnico encargado de ejecutarlo presentó las solicitudes, si bien la comunidad definió cuál era la información que requerían, y los términos en que se debería solicitar.
Otros de los escollos que se encontraron fue la información técnica. Como respuesta a las solicitudes de información, algunas dependencias entregaron datos útiles a los habitantes de las comunidades y colonias, pero muchas veces esta información tenía un cierto nivel de especialización, como fue el caso de los expedientes técnicos.
Las personas que conformaron los comités de contraloría social o módulos de participación ciudadana, una vez que tuvieron los expedientes, buscaron interpretarlos para apoyar su trabajo de vigilancia de la obra, pero la interpretación requería una traducción técnica que no siempre se tuvo a la mano.
Lamentablemente, la otra opción para ejercer este derecho es hacerlo de manera presencial en las oficinas del ayuntamiento o del gobierno del estado, pero es una opción que significa dinero y tiempo que las personas generalmente no tienen.
Con este panorama, parece que el ejercicio de acceso a la información es sólo para usuarios urbanos, y ese fue uno de los obstáculos que tienen las comunidades rurales. En este proyecto, el equipo técnico encargado de ejecutarlo presentó las solicitudes, si bien la comunidad definió cuál era la información que requerían, y los términos en que se debería solicitar.
Otros de los escollos que se encontraron fue la información técnica. Como respuesta a las solicitudes de información, algunas dependencias entregaron datos útiles a los habitantes de las comunidades y colonias, pero muchas veces esta información tenía un cierto nivel de especialización, como fue el caso de los expedientes técnicos.
Las personas que conformaron los comités de contraloría social o módulos de participación ciudadana, una vez que tuvieron los expedientes, buscaron interpretarlos para apoyar su trabajo de vigilancia de la obra, pero la interpretación requería una traducción técnica que no siempre se tuvo a la mano.
La activación de denuncias
Aunque los alcances del proyecto se centraron en la promoción del derecho de acceso a la información y en el conocimiento de las obligaciones de la transparencia gubernamental, durante el proyecto se apoyó la activación de los mecanismos de prevención y corrección de la contraloría interna del ayuntamiento de Acapulco. Hubo casos como los de las localidades de Tasajeras, Ilamos, San José, Las Marías, Km 22, Km 34, en donde la contraloría interna del ayuntamiento ordenó corregir las irregularidades que se denunciaron; y en otros casos, la información fue útil para conocer las principales características de las obras que se construían.
En el municipio de Acapulco se conjugaron varios factores para que éste y otros proyectos fueran posibles. Sobresale la llegada de un presidente municipal dispuesto a generar articulaciones con la ciudadanía o que por lo menos no bloqueó las iniciativas de transparencia que se le propusieron. También fue relevante que en la unidad de transparencia del ayuntamiento se colocara a personal ligado en el pasado reciente con organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
En la siguiente entrega se revisarán casos específicos de vigilancia ciudadana promovidos por este proyecto de formación de módulos de participación ciudadana.
En el municipio de Acapulco se conjugaron varios factores para que éste y otros proyectos fueran posibles. Sobresale la llegada de un presidente municipal dispuesto a generar articulaciones con la ciudadanía o que por lo menos no bloqueó las iniciativas de transparencia que se le propusieron. También fue relevante que en la unidad de transparencia del ayuntamiento se colocara a personal ligado en el pasado reciente con organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
En la siguiente entrega se revisarán casos específicos de vigilancia ciudadana promovidos por este proyecto de formación de módulos de participación ciudadana.
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