Urgente la armonización de la Ley de Transparencia

El Sur de Acapulco

Guerrero se perfila a convertirse de nueva cuenta en uno de los estados que legisla de última hora su ley de transparencia. Ya en procesos legislativos anteriores, el Congreso del estado dio muestra de su desinterés y apatía, desacatando incluso un mandato constitucional (la reforma al sexto constitucional de julio de 2007) para contar en tiempo y forma con una ley que realmente facilite el acceso a la información, mejore los niveles de transparencia y siente las bases para el escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas.

La reforma al sexto constitucional de febrero de 2014, así como la aprobación de la Ley General de Transparencia en mayo de 2015, abrieron un nuevo capítulo en esta materia, que debe ser respaldado y ratificado por las legislaturas de las entidades federativas, con la modificación de sus actuales leyes locales de transparencia o la creación de otras nuevas, para estar acordes a los principios y las bases que exige la nueva ley general.

Como lo establece el artículo quinto transitorio de esta ley general –aplicable en todo el país-, las entidades federativas y la federación tienen hasta un año a partir de la entrada en vigor para homologar sus leyes, es decir, el tiempo límite es a mayo de 2016.

La pelota está pues en la cancha de las legislaturas estatales.

Armonización en los estados

Al 4 de diciembre, sólo cuatro entidades federativas habían armonizado sus leyes de transparencia con la ley general en la materia: Coahuila, Jalisco, Querétaro y Tabasco. A escasos cuatro meses de que venza el plazo legal en mayo de 2016, aún 27 estados y el Distrito Federal no cuentan con leyes adecuadas. “Es evidente que los congresos locales dejan para el final temas fundamentales que deben tratarse con la mayor apertura y discusión pública”, advirtió Guillermo Noriega Esparza, coordinador del Colectivo por la Transparencia, que aglutina a 16 organizaciones especializadas en la materia. 

Noriega Esparza comentó que “si bien entre estos 28 estados, existen 8 estados que cuentan con al menos una iniciativa formal dentro de los registros de los Congresos locales, en 20 entidades no se ha documentado ni siquiera la existencia de un proyecto de iniciativa”.

Más preocupante aún –insistió Noriega-, “solamente dos estados: Baja California y Quintana Roo han implementado procesos de participación ciudadana amplios y formales para que la sociedad civil pueda acompañar, vigilar y opinar sobre estos procesos legislativos”.

En efecto, en Baja California se ha organizado varios foros de consulta. Y en Quintana Roo se ha elaborado un proyecto de ley con la participación de amplios sectores de la sociedad civil. Sin embargo, “en general, los estados obstaculizan la apertura de los procesos legislativos. Por ejemplo, el gobierno poblano se sigue oponiendo a la participación de los ciudadanos a pesar de las reiteradas demandas de organizaciones”, concluyó.

El primer caso conflictivo

Un editorial de la Red por la Rendición de Cuentas destacó que la ley de transparencia y acceso a la información más recientemente aprobada, la de Tabasco, “limita seriamente la garantía ciudadana de acceso a la información pública”. El texto explica que la iniciativa de ley se presentó sin mucha discusión y contó con el voto favorable de 31 de los 35 diputados que integran la legislatura tabasqueña.

La ley contiene avances importantes en lo referente a los plazos de respuesta, las obligaciones de transparencia, el reconocimiento de la prueba de daño y los procedimientos sancionadores; sin embargo, en la norma se estableció que las resoluciones del órgano de transparencia local serían vinculantes, definitivas en inatacables, salvo si a juicio del coordinador general de asuntos jurídicos del poder ejecutivo del Estado se pone en riesgo la seguridad estatal.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuenta con la facultad de atracción sobre asuntos estatales, y con esto, el coordinador general de asuntos jurídicos estatal puede interponer recursos de revisión en materia de seguridad estatal directamente ante el órgano garante nacional “cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad del Estado”.

A juicio del Colectivo por la Transparencia, este recurso de revisión en materia de seguridad estatal es violatorio al derecho de acceso a la información y va en contra del espíritu de la reforma constitucional de transparencia, así como de la propia Ley General de Transparencia.

Continúa el Colectivo que si bien la ley general contempla el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, esta facultad fue criticada por los defensores del derecho a saber como una práctica regresiva. Y agrega que ésta es una facultad constitucional de uso exclusivo del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, por lo que no puede ser replicada en las leyes estatales para facultar a los poderes ejecutivos a recurrir las sentencias cuando se trate de posible información que ponga en riesgo la seguridad estatal.

Guerrero, siempre retrasado
La historia de Guerrero en materia de legislación en transparencia no es muy afortunada. Mientras en el estado la LVII Legislatura del Congreso local aprobaba, en septiembre de 2005, la primera ley de transparencia que estuvo vigente en el estado, en 25 entidades del país ya habían aprobado sus respectivas leyes. El retraso respecto de otros estados fue indicativo del poco interés que exhibió el Legislativo guerrerense por estos temas, ya que por otra parte había desde 2003 en el Congreso del estado una propuesta de ley y hasta entonces no se había tomado en cuenta.

La aprobación de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, la segunda en el estado, se concretó el 11 de mayo de 2010, es decir 22 meses después del plazo perentorio que mandató el artículo segundo transitorio del sexto constitucional reformado. Otra vez, el desinterés de los legisladores retrasó también la oportunidad de contar con mecanismos más ágiles para el acceso a la información y mayores exigencias de transparencia gubernamental.

Nada indica que en esta tercera ocasión donde está en puerta el requisito de homologar la ley local, se vaya a realizar en el tiempo que exige la Constitución.

Cómo están las leyes actuales

Los resultados 2015 del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), elaborado por la organización Fundar, centro de análisis e investigación, ratifican la necesidad de que todas las leyes de los estados tengan un piso mínimo del cual partir.

El estudio de Fundar concluyó que persisten los grandes rezagos en el marco legal de las entidades federativas. De acuerdo con los resultados de su estudio, “la mitad de las leyes estatales siguen reprobadas. Más preocupante aún es que entre estas 17 leyes reprobadas, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha y no lograron mejorar las condiciones de la transparencia”.

Abundó la organización, que según el IDAIM 2015, a la fecha sólo nueve leyes locales cumplen con la reforma constitucional en materia de transparencia del 2007. Esta tendencia de los congresos locales en no cumplir con los plazos y los estándares es un obstáculo a la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país.

De acuerdo con la puntuación del IDAIM 2015, la legislación del estado de Guerrero se ubica entre las “regulares” del país, con una calificación de 6.870, apenas arriba del promedio nacional que es de 6.038. Con esa puntuación, Guerrero ocupa el quinto lugar entre las leyes del país, sólo por debajo de las legislaciones de Coahuila y el Distrito Federal, que se consideran “buenas” por su calificación de entre ocho y diez puntos; y de Colima y Puebla, que también se calificaron como “regulares” por haber obtenido un puntaje de entre 6 y 7.9.

Las peores calificaciones del país fueron para las leyes de los estados de Hidalgo (4.594 puntos), Baja California Sur (4.741), Yucatán (4.929), Querétaro (4.951) y Campeche (4.976).

Aun cuando la actual ley de Guerrero se ubica entre las denominadas “regulares” por su diseño normativo e institucional y sus procesos de acceso a la información y obligaciones de transparencia, lo cierto es que en la aplicación de esta ley, el estado reprueba rotundamente, ya que hay un marcado desinterés e impunidad de los sujetos obligados, como lo muestran los monitoreos realizados en el estado.

Recomendaciones a la ley

El Colectivo por la Transparencia, que lanzó la campaña #Armonizatuley, emitió una serie de recomendaciones a cada uno de los estados que no han homogeneizado su norma a la Ley General de Transparencia.

En el caso de Guerrero, ese grupo de organizaciones sugiere que “La ley debe hacer un reconocimiento expreso del acceso a la información como derecho humano que comprende solicitar, difundir, buscar y recibir información”.

Asimismo, propone que se incorporen como sujetos obligados para cumplir con la ley, a los partidos políticos de manera directa (actualmente los partidos lo deberían hacer a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado), los sindicatos cuando reciban recursos públicos, y toda persona que por mandato de ley ejerza actos de autoridad, realice funciones públicas o de interés público. También se sugiere que la nueva ley de Guerrero establezca la obligación de participar en el Sistema Nacional de Transparencia.

Una de las aportaciones de la Ley General del Transparencia, consideradas por el Colectivo por la Transparencia entre sus recomendaciones al legislativo del estado, es la constitución de un consejo consultivo del ITAIG, cuyos encargos deberán ser honoríficos y se sugiere que no rebasen los siete años en el cargo. Asimismo, la legislación contemplará el procedimiento de designación y renovación de consejeros del Consejo Consultivo y establecerá entre sus facultades, la de opinar sobre el programa anual de trabajo del organismo garante, así como su cumplimiento, además sobre el proyecto de presupuesto del organismo garante.

Para garantizar que se cumpla con la Ley General de Transparencia, los legisladores guerrerenses deberán incluir en la ley local la obligación de que el estado se incorpore a la plataforma nacional de transparencia. Lo anterior será posible siempre que se establezca la obligación del ITAIG de desarrollar, administrar, implementar y poner en funcionamiento la plataforma electrónica, crear un sistema de solicitudes de acceso a la información, crear un sistema de gestión de medios de impugnación, crear un sistema de obligaciones de transparencia, y promover la generación de información en formatos abiertos.

En cuanto a medidas de apremio, el Colectivo por la Transparencia sugiere que la ley local considere la amonestación como medida de apremio, así como multas de 50 hasta mil quinientas veces el salario mínimo, a efecto de que sean aplicados por el organismo garante en el ámbito de su competencia.

En materia de sanciones, la propuesta del Colectivo es que en la ley de Guerrero se establezcan las causas de las sanciones, las cuales no podrán ser menores a las establecidas en la ley general de transparencia, y éstas deberán ser aplicadas por el ITAIG, pero en el caso de las multas a los partidos políticos, ésta facultad deberá tenerla el IEPC. Otro asunto muy importante es que la ley deberá incluir un procedimiento sancionador, ya que la actual ley no lo tiene y hasta hoy, no se ha cobrado una sola multa en el estado por irregularidades en la ley de transparencia estatal. También, la ley otorgará al ITAIG la facultad para denunciar la presunta comisión delitos ante la autoridad competente.

Los retos para Guerrero

Está pendiente la armonización de la ley local a la Ley General de Transparencia que corresponde a la LXI Legislatura del Congreso del estado. Será un proceso cuesta arriba porque al iniciar enero de 2016 restarán sólo cuatro meses de los 12 que ordenó la Constitución, y aún no se conoce alguna iniciativa que se esté trabajando y mucho menos que se esté consultando con la ciudadanía.

Pero tan importante como la armonización de la ley es que el Ejecutivo del estado, el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, los ayuntamientos y organismos autónomos comiencen a diseñar estrategias que les permita organizar y difundir la información pública, pues la Ley General de Transparencia es mucho más rigurosa y exigirá una especie de “estandarización” de los procedimientos tanto para el acceso a la información como de las obligaciones de transparencia en todo el país, por medio de un sistema nacional.

Si no hay una reacción pronta, se evidenciará por enésima ocasión a las dependencias públicas del estado por sus opacidad, negligencia o reticencia.

Regresamos con Monitor de Guerrero el 19 de enero.

Guerrero, reprobado en transparencia presupuestaria

El Sur de Acapulco

El gobierno del estado anunció que la propuesta de presupuesto de egresos para el año 2016, que someterá a la consideración del Congreso del estado, es por 48,409 millones de pesos, es decir, casi 10 por ciento más que en 2015. Sin embargo, para la mayoría de los guerrerenses éstas son cifras a las que nunca tienen acceso porque los políticos y funcionarios tienen vetado este tipo de información a los ciudadanos, y la manejan como si fuera de su patrimonio.

El presupuesto de egresos es uno de los instrumentos más importantes de política pública de un gobierno, ya que ahí se establecen las acciones, programas y proyectos que se realizan durante un ejercicio fiscal. No obstante, el ciudadano común desconoce totalmente cómo se realiza la formulación, discusión, ejecución, fiscalización y evaluación de esos recursos.

Particularmente, el presupuesto y el ejercicio de los recursos siempre han representado un espacio de amplia opacidad, en el cual los servidores públicos han efectuado un uso discrecional del erario.

El ejercicio del presupuesto del año entrante no parece que será diferente de como lo hicieron las administraciones anteriores, por lo menos, nadie ha anunciado medidas ni establecido condiciones para hacerlo transparente y rendir cuentas sobre su ejercicio.

Aun cuando hay una amplia normatividad para que todo el sector público que administra y gasta recursos del erario lo haga de manera transparente y rinda cuentas de ellos, lo cierto es que persiste una gran opacidad sobre su ejercicio y un gran escepticismo ciudadano por el tipo de informes y declaraciones que emiten los funcionarios y políticos simulando una rendición de cuentas.

En el plano local, en los decretos de presupuesto de egresos del estado de cada año, claramente se establece que “la aplicación del presupuesto deberá realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y con enfoque de género”.

Asimismo, menciona que los poderes legislativo y judicial, los órganos autónomos, así como las dependencias y entidades de la administración pública estatal, deberán cumplir las obligaciones de transparencia en materia presupuestaria establecidas en los artículos 3, 7, 13 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

Los decretos de cada año también incluyen la obligación del gobierno del estado y otras instituciones de publicar en su página web información financiera que le exige la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Pero de esta información poco se sabe. Los interesados que ingresan a las páginas electrónicas de las dependencias encuentran información parcial, aislada, desactualizada o que no corresponde con lo que deben publicar. Sólo cuando brota algún escándalo de corrupción –como resultado de algún ajuste de cuentas político y no tanto porque funcionen los sistemas de control y fiscalización institucionales-, las y los guerrerenses se enteran de algunos datos. Pero es la excepción, no la regla.

Evaluaciones a la información presupuestal

Más allá de la percepción que tienen los guerrerenses sobre su gobierno en esta materia, se han realizado evaluaciones a los estados para cuantificar su transparencia presupuestaria. Una de las revisiones a la información presupuestal más conocidas es la que realiza cada año, desde 2008, el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco).

Para realizarla considera indicadores como el acceso a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, la disponibilidad de datos abiertos y estructura de las leyes de ingresos, el uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el desglose de recursos destinados a las dependencias y oficinas de gobierno, información sobre recursos que las entidades federativas transfieren a los municipios, el desglose de recursos destinados al pago de plazas y sueldos de funcionarios públicos.

El Imco también incluye entre sus indicadores la información sobre las condiciones de contratación de la deuda pública, los recursos transferidos de la federación a las entidades federativas, el presupuesto destinado a fideicomisos, subsidios y programas, y el tipo de reglas utilizadas por los gobiernos para realizar ajustes y reasignaciones del dinero público.

De acuerdo con la evaluación realizada en 2015, Guerrero se ubicó en el lugar 28 a nivel nacional, con 60 por ciento de puntuación, sólo arriba del Distrito Federal y Zacatecas, que obtuvieron 56 por ciento, y Michoacán y Quintana Roo, que obtuvieron 52 y 50 puntos, respectivamente.

El organismo ubicó entre los primeros lugares a los estados de Puebla, Jalisco y Coahuila, que alcanzaron 100 por ciento en la calidad de su información presupuestaria, mientras que los siguientes lugares fueron para Chiapas (97 por ciento), Guanajuato (95) y Tlaxcala y Tabasco (93 por ciento).

En el caso específico de Guerrero, los resultados históricos muestran una tendencia irregular. En el primer año que se aplicó esta evaluación, en 2008, el estado obtuvo la calificación de 69.7 por ciento, y al siguiente año se desplomó hasta 47.7 por ciento. En el 2010, el índice de transparencia presupuestaria fue de 56.8 por ciento y en los siguientes años alcanzó 70.8 por ciento (2011), 67.8 (2012), 60.9 (2013), 62 (2014) y 60 por ciento en 2015.

Como se observa, no hay un patrón uniforme de comportamiento en la información, sino que los bajos niveles son constantes, independientemente del partido o de la persona que gobierne, lo que echa por tierra aquellos frecuentes discursos auto complacientes de que son más transparentes que los otros.

Como dato adicional, que es registrado por el Imco, se observan puntos especialmente opacos de parte del gobierno del estado, como es la simulación en la difusión del presupuesto de egresos, que no es publicado por el periódico oficial del estado (aparece el vínculo, pero no un archivo que lo contenga). Este engaño es particularmente grave porque el gobierno del estado no ha tenido la intención de que se conozca el principal instrumento presupuestal del estado, el decreto de presupuesto de egresos de cada año.

Se espera que el gobierno de Héctor Astudillo Flores dé buenas señales, y su administración sí dé a conocer profusamente este importante documento junto con todos los anexos que de él se derivan.

Las plazas, de lo más opaco

Entre los rubros que le dan baja calificación al estado de Guerrero, en la revisión del Imco, es el de las plazas laborales. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas cobran en el sector público, ya que éste ha sido usualmente uno de los asuntos de mayor controversia en el estado, y tan lo ha sido, que en varios momentos ha puesto en jaque las finanzas del estado por problemas de “aviadores”, plazas sin techo presupuestal, particularmente en los sectores educativos y de salud, y cada tres años son el dolor de cabeza de presientes municipales electos, quienes son recibidos con una andanada de demandas laborales en el escritorio.

Con dinero público, los sucesivos gobiernos de Guerrero han construido una obesa burocracia en detrimento de otros rubros urgentes para la población marginada del estado como es la inversión en infraestructura básica, servicios de calidad en educación y salud y programas de desarrollo social.

En la evaluación del Imco, la opacidad en la información sobre las plazas llevó al estado a obtener sus peores calificaciones. Por ejemplo, el instituto señala que desde 2008 no se describe en ningún documento público el número de plazas de la administración pública estatal, ni tampoco se publica el tabulador de plazas con desglose de empleados de confianza, base y honorarios.

Tampoco hay una distinción entre las remuneraciones base, de las remuneraciones adicionales y/o especiales, y no hay información sobre el monto destinado al pago de pensiones y de laudos labores. Tampoco hay información sobre las plazas del magisterio, y cuáles de éstas son estatales y federales.

Las instituciones gubernamentales son todavía una agencia de colocación de empleados que se recicla con cada cambio de gobierno. Las nuevas administraciones despiden a cientos de empleados, argumentando que eficientarán la gestión, pero al poco tiempo colocan a los suyos y comienza la misma historia de un gobierno que destina una alto porcentaje de los recursos públicos al pago de una abultada nómina.

Rubros específicos

Otros de los temas que el Imco señala como opacos en Guerrero es la publicación de información específica sobre el financiamiento de partidos políticos. Cabe mencionar que la ley general de transparencia, aprobada en mayo de 2015 y que rige ya a todo el país, incluye como nuevos sujetos obligados para que transparenten sus actividades y recursos a los partidos políticos. De hecho, la ciudadanía ya puede solicitarles información como a cualquier otra entidad gubernamental.

También con base en la evaluación del Imco, el gobierno del estado de Guerrero no publica información tan importante como es la que corresponde al rubro del gasto en comunicación social, ni un desglose sobre las transferencias al Seguro Popular, ni los recursos que destinan a las organizaciones de la sociedad civil.

Tampoco hay información sobre el desglose de los destinatarios que reciben subsidios, ni tampoco acerca del fondo para enfrentar desastres naturales. El organismo también observó que no existen indicadores estratégicos y de gestión de los programas.

Más sobre información financiera

Aunque la Ley de General de Contabilidad Gubernamental obligó a todas las entidades a publicar la información financiera sobre activos, pasivos, ingresos, egresos y deuda a partir de 2008, hoy es casi imposible que los ciudadanos conozcan esta información con claridad debido a que los gobiernos estatales sólo han publicado información de manera parcial y desarticulada.

La anterior es una de las conclusiones de un estudio realizado por el Centro de Análisis e investigación Fundar, el cual también encontró que uno de los rubros más opacos es la deuda que los estados adquieren en el presupuesto anual, ya que ningún gobierno estatal informa de manera detallada en qué lo gastan. 

De acuerdo con esta investigación, sólo 14 entidades reportan el destino de los recursos por concepto de deuda, pero lo hacen de manera general, ya que no explican cuáles son los montos que corresponderían a las supuestas obras o proyectos. Agrega que el resto de las entidades, entre ellas Guerrero, ni siquiera mencionan cuál sería el destino del dinero de la deuda.

Aunque la Ley General de Contabilidad Gubernamental obliga a que los gobiernos presenten la información de manera accesible a los ciudadanos, no hay un estándar entre los documentos de los estados, y más bien hay una tendencia a no hacerlo.

“Muchos estados cumplen con la norma y enlistan los ingresos y egresos, pero no utilizan los documentos para realmente dar más información y explicación a los ciudadanos que no son expertos en los temas presupuestarios. No se presenta glosario de términos, explicación del proceso presupuestario o detalle sobre las prioridades presupuestales”, explicó Liliana Ruiz-Ortega, autora de la investigación.

El espíritu de La Ley General de Contabilidad Gubernamental fue homogenizar la presentación de la información financiera de los tres niveles de gobierno; esto permitiría comparar datos y cifras entre los entes públicos de manera más efectiva.

En 2012, la ley se modificó y se le agregaron nuevas obligaciones a las dependencias públicas en materia de transparencia presupuestaria, con el propósito de dar mayor detalle y más información sobre variables como los ingresos, los gastos y la deuda de los gobiernos federal, estatal y municipal. Uno de los cambios fue la incorporación del título quinto denominado De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera, que describe las nuevas obligaciones de las dependencias en esta materia.

Sin embargo, a la fecha no se ha alcanzado la transparencia ni la armonización en todo el país, según la investigadora de Fundar, quien agrega que no obstante este incumplimiento, ningún funcionario público ha sido sancionado.

La impunidad también se manifiesta en la transparencia y la rendición de cuentas. 

En 2016, bajo presupuesto para Guerrero

El Sur de Acapulco

El gobernador Héctor Astudillo Flores tendrá que esperar mejores tiempos para contar con recursos que permitan financiar sus compromisos y promesas de campaña. Con un magro presupuesto en puerta, la nueva administración estatal tendrá muy poco margen de maniobra en 2016 para ejecutar los proyectos que trae en su agenda, pues el presupuesto de egresos de la federación 2016, de donde provienen la mayor parte de los recursos que se gastan en Guerrero -96.1 por ciento, según el presupuesto de egresos del estado de Guerrero 2015-, se augura que tendrá un incremento marginal respecto al presupuesto del presente año.

A lo anterior hay que sumar un déficit financiero de 13 mil millones de pesos, destapado por el gobierno anterior, pero cuyas responsabilidades provienen desde hace varias administraciones, y del que no se sabe aún cómo será cubierto. También debe sumarse el engrosamiento de la nómina del Ejecutivo estatal con la creación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

No sólo Guerrero será objeto de un estancamiento en el presupuesto, sino todo el país. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se tendrá un gasto total equivalente a 4 billones 763 mil 874 millones de pesos, superior en 16,928.3 millones a lo planteado por el Ejecutivo federal en su propuesta de paquete económico que envió al Congreso el 8 de septiembre pasado.

Comienza pues, el amargo despertar que presenta un cuadro desalentador donde, en el mejor de los casos, todo permanecerá igual, y en el que difícilmente podrán experimentarse mejoras con un presupuesto que apenas alcanza para la operación de la gran burocracia estatal. Esto adicionado con la ausencia de propuestas específicas, viables y efectivas para hacer realidad el lema de orden y paz.

Aportaciones federales

Las aportaciones federales del Ramo 33 son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de metas específicas. Para el estado representan los recursos más cuantiosos provenientes de la Federación, ya que sumados los ocho fondos, alcanzan un monto de 29,738.5 millones de pesos para el ejercicio 2016, y esto representará más de la mitad del presupuesto total del estado en el año siguiente.

El sector que más dinero tiene en Guerrero es el educativo, pues ocupa poco más de la mitad de las aportaciones (Ramo 33) provenientes de la Federación, y cerca de la tercera parte del presupuesto total del estado de Guerrero. Estas inversiones contrastan con los enormes rezagos que aún se observan en el estado en materia de educación.

Desde este ejercicio se inició la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), antes FAEB, recursos que ahora son administrados a nivel central por la Federación es decir, presupuestalmente son cargados al Estado pero ya no serán radicados a la Entidad.

De acuerdo con el presupuesto de egreso del estado, en 2014 la federación envió recursos por 13,197.2 millones de pesos y en 2015 por 13,512.9, para un incremento de 2.4 por ciento.

En el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2016, el FONE se presenta integrado por varias partidas, para servicios personales se destinarán 15,575.5 millones de pesos, a “Otros de Gasto Corriente” 697.6 millones, a gastos de operación 441.8 millones de pesos, y a fondo de compensación no se destina nada, en total 16,714.9 millones de pesos.

Cabe recordar que el sector educativo guerrerense enfrenta un fuerte déficit por el pago de plazas a docentes “sin techo presupuestal”, que según funcionarios del gobierno anterior, eran de por lo menos 12,326 plazas que se fueron creando desde 2001.

Estos son los tradicionales problemas financieros que provocan los gobernadores, secretarios de estado, diputados y los propios sindicatos de maestros, por sus pésimas administraciones; el déficit en el sector educativo comenzó cuando, para atender a sus “clientelas” o apoyadores electorales, los colocaron en la Secretaría de Educación, sin que hubiera dinero autorizado por la Federación –casi todo el presupuesto de la SEG proviene de los recursos federales- para pagar sus salarios.

Hoy se paga esa irresponsabilidad y nadie se atreve a tocar con denuncias a René Juárez Cisneros, a Zeferino Torreblanca Galindo y a Ángel Aguirre Rivero y a sus secretarios de educación, así como a las diferentes expresiones gremiales de los maestros, que tuvieron una responsabilidad directa en este déficit.

Con el nuevo esquema presupuestario del FONE, los estados ya no ejercerán el recurso para la nómina del sector educación, sino esta operación se realizará desde la Federación. La creación de nuevas plazas sin techo presupuestal ya no será posible, por lo menos en el estado.

Sector salud

El segundo fondo más importante que recibe el estado es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud o Fassa. De este fondo del ramo 33, se recibieron del orden de 3,344.7 millones de pesos en 2014, y en el año siguiente fueron 3,675.4 millones, para un incremento de 9.9 por ciento.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos para 2016, los recursos destinados a los servicios de salud se integrarán como sigue: Protección Social en Salud, 3,093.6 millones de pesos; prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, 758 millones; y rectoría del sistema de salud, 218.6 millones de pesos. En total, el estado de Guerrero recibiría 4,070.2 millones para este rubro.

En el sector salud también hay un déficit financiero de operación de alrededor de 800 millones de pesos anuales, correspondientes al pago de cerca de 5 mil trabajadores contratados desde 2004 “para eficientar el programa de Seguro Popular”, según informó el ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez.

Por su parte, el ex secretario de Salud del gobierno del estado, Edmundo Escobar Habeica, dijo, respecto a las responsabilidades, que “estamos hablando de la administración anterior y de la anterior a la anterior, esto no lo hemos detectado al detalle, pero empezó con el Seguro Popular en 2004. Empieza a haber una inyección financiera con el Seguro Popular y empieza a haber una mayor demanda de servicios y esto es una mayor demanda de inversión”.

Más recientemente, el 17 de noviembre, la secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud (SNTSA) y diputada federal, Beatriz Vélez Núñez, aseguró que el déficit en la Secretaría de Salud Guerrero es de casi 5 mil millones, y eso ha dificultado cumplir puntualmente las obligaciones.

“Cada día encuentran que hace falta más dinero en la Secretaría de Salud, o que está sin comprobar ese recurso, y eso está deteniendo la operatividad de los servicios”, indicó.

Obra pública estatal

Respecto al fondo de infraestructura social estatal (Fise), destinado a la obra pública estatal, en 2014 el gobierno del estado recibió 608.5 millones de pesos, mientras que en 2015, el monto por este concepto fue de 604 millones de pesos. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, en 2016 se enviarán a Guerrero 630.5 millones de pesos, lo que representa un incremento marginal respecto de los años previos.

Cabe mencionar que alrededor de este fondo también se conocen escándalos financieros. Por ejemplo, en la más reciente revisión a la cuenta pública de este fondo (2013) por la Auditoría Superior de la Federación, se encontró un probable daño o perjuicio por un monto de 23.5 millones de pesos “por no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a un traspaso de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2013, a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero”.

El órgano fiscalizador de la federación aseguró que al estado le fueron entregados 565.1 millones, que sumados con los intereses dieron un total de 570.6 millones. Agregó la ASF que al 31 de diciembre de 2013, el estado gastó 368.6 millones, para un subejercicio de 35.4 por ciento, y al 31 de mayo de 2014 se habían gastado 506.8 millones teniéndose un subejercicio de 11.2 por ciento.

Por otro lado, la ASF también denunció que la Secretaría de Desarrollo Rural ejerció 4.7 millones de pesos en la ejecución de 10 obras y 2 acciones que no tienen un beneficio regional o intermunicipal, lo que refleja debilidades en la orientación de los recursos del fondo.

Los ejemplos anteriores ilustran la discrecionalidad con la que son ejercidos los recursos públicos, pues en un estado con tantas carencias parece difícil concebir que se presenten subejercicios y que además el dinero se invierta en obras que no tienen el mayor impacto.

Recursos a los municipios

Hay dos fondos del Ramo 33 que se destinan a los municipios, el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Del FISM en 2014, la federación envió 4,409.5 millones de pesos, y al año siguiente fueron 4,454 millones. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos 2016, esa cantidad se incrementará a 4,571.2 millones destinados a obras y acciones de infraestructura social en los municipios para un incremento de solo 117.2 millones de pesos que representan 2.6 por ciento.

Respecto al Fortamun, éstos son recursos que se destinan a la satisfacción de diversos requerimientos de los ayuntamientos, pero sobre todo al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

En 2014 los municipios guerrerenses recibieron globalmente 1,730.2 millones de pesos del Fortamun, en tanto que en 2015 la cantidad fue de 1,736.9 millones. El proyecto de PEF 2016 considera enviar 1,819.2 millones, es decir, una diferencia de 82.3 millones de pesos, que equivalen a 4.7 por ciento de incremento.

Especialmente del FISM hay mucho que decir, y entre las irregularidades más sobresalientes que cometen los ayuntamientos destacan el uso de altos porcentajes de recursos para la compra de fertilizante, y no para obra pública; la inversión en obras que no se consideran de impacto para superar rezagos sociales, y la poca o nula información de los ayuntamientos hacia la ciudadanía y hacia las dependencias normativas y fiscalizadoras.

Otros fondos del Ramo 33

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la población en desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior.

Según el proyecto de PEF 2016, se tiene previsto un monto por 458.4 millones de pesos para la vertiente de asistencia social, y no se tiene contemplado ningún monto para infraestructura de educación. El PEF considera 6,840.1 millones para educación básica, y de 3,847.5 millones de pesos para educación media superior y superior, pero bajo la denominación de “no distribuible geográficamente”.

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) son aportaciones federales y se consideran recursos propios que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y del DF. Estos recursos buscan fortalecer los presupuestos de los estados y del Distrito Federal y las regiones que conforman, así como su saneamiento financiero. Para el ejercicio 2016, se tiene programado un monto de 1,261.1 millones de pesos, que es mayor a los 1,192.5 que se establecieron en 2015.

Finalmente, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) tiene el propósito de que los estados presten los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos a través de los CONALEP y los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos, para abatir el rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo, así como proporcionar educación tecnológica.

En el proyecto de PEF 2016, para la vertiente de educación tecnológica el FAETA presupuestó un total de 124 millones de pesos, en tanto que para educación de adultos contará con 88.5 millones de pesos.

Son pocos los recursos que tendrá el estado para miles de carencias. El gobierno del estado se observa gris, de bajo perfil, sin iniciativa. Ojalá no sea la tónica de todo el sexenio.

Histórico triunfo de los usos y costumbres

El Sur de Acapulco

Sin ocupar las primeras planas de los diarios, hace unos días ocurrió un acontecimiento histórico en el municipio de Ayutla de los Libres. Las comunidades rurales y urbanas decidieron mayoritariamente que la elección de su gobierno municipal no será más por el sistema de partidos, sino por usos y costumbres.

La trascendencia de este hecho es por partida doble: la población de esa demarcación tendrá la oportunidad de elegir a sus autoridades municipales mediante mecanismos que pueden garantizar una mejor representación de sus intereses –lo que ya no sucede con el sistema de partidos-. La otra, es la puesta en práctica de un ejercicio ciudadano por excelencia: la consulta –equiparable a un referéndum o plebiscito- mediante el que se le dio poder a la gente para que tomara una decisión de gran importancia. Eso, ni en Guerrero ni en México sucede todos los días.

Sin embargo, hay una oposición férrea contra el sistema de elección de gobiernos por usos y costumbres. En la reciente consulta celebrada hace unos días en el municipio de Ayutla, para recoger la opinión de los habitantes sobre este asunto, se observaron de manera muy clara estrategias de todo tipo, puestas en marcha, ahora sí, coincidentemente, casi todos los partidos, unidos o cada uno por su lado, para que no fructificara la iniciativa de consulta a la ciudadanía.

Manuel Quintero Vázquez, asesor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), una de las agrupaciones que promovió esta consulta, dijo hace unos días, según testimonio recogido por El Sur, que los simpatizantes del sistema de partidos echaron a andar su maquinaria y hubo “hasta marchas y perifoneo en las comunidades en las que les decían que votar por usos y costumbres era un retroceso de 500 años”.

También convenientemente dejaron correr el rumor de que si las y los ciudadanos optaban por esta forma de elección, les quitarían el presupuesto a los ayuntamientos y dejarían a la gente sin los programas sociales que usan para su sobrevivencia (Proagro, Prospera, Dif), “cuando eso no es verdad, el presupuesto y los programas van a seguir igual”, dijo.

Aclaró que la elección por usos y costumbres “es una forma diferente de elegir a nuestras autoridades, que es a través de la asamblea comunitaria y un ejemplo más eficaz y transparente”. Y agregó que a quienes no les conviene este modelo es a aquellos que siempre han tenido el poder.

En efecto, la elección por usos y costumbres es una manera de quitar el control de las decisiones importantes y los recursos de los municipios a los tradicionales políticos –que roban, desvían recursos, presionan, engañan, todo excepto invertir honesta y transparentemente en obras y servicios para el pueblo- que están incrustados en todos los partidos políticos.

El camino para que el propósito final de una elección por el sistema de usos y costumbres se cumpla no será fácil. Los partidistas buscarán reventar el proceso para que retorne un sistema basado en la elección por partidos políticos, que de origen no es malo, pero que se ha pervertido de diferentes maneras, como el clientelismo, entre las más extendidas. La desorganización de las comunidades y la incapacidad e inmadurez para llegar a acuerdos, son también factores latentes que pondrían en riesgo este valiosos resultado.

De cómo se resuelva este proceso, dependerá la credibilidad de los ejercicios ciudadanos como éste entre las y los guerrerenses. Es mucha gran responsabilidad la que se echaron a cuestas. 

Un resultado histórico

Posiblemente no se alcance a dimensionar lo que sucedió en Ayutla: los habitantes de 138 de este municipio votaron a favor de que las elecciones municipales sean por usos y costumbres, es decir, sin partidos políticos y bajo las reglas propias de las comunidades rurales e indígenas de la demarcación.

De acuerdo con los resultados publicados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, los ciudadanos y ciudadanas de Ayutla votaron mayoritariamente por la elección por usos y costumbres. http://www.iepcgro.mx/PDFs/PCiudadana/ResultadosConsulta.pdf Esta opción alcanzó 5,987 votos contra 5,521 personas que optaron por el sistema de partidos, que representan respectivamente 49.9 por ciento y 46 por ciento. La votación total alcanzó los 11,984 votos.

Cabe destacar que en 57 localidades y colonias (41.3 por ciento del total) la votación para el sistema de partidos fue de cero, y la gran mayoría fueron comunidades rurales. Esto tiene varias lecturas, la más obvia, es que hay un hartazgo por el actual sistema político y electoral mexicano, que fue repudiado en las zonas rurales del municipio. En contraparte, en 11 localidades, casi todas colonias de la cabecera municipal, no hubo votación para el sistema de usos y costumbres.

En el equilibrio de la votación –sólo 4.9 puntos de diferencia- fue fundamental la participación de las colonias de la cabecera municipal. Hubo colonias como La Villa, que aportaron 578 votos a la elección por el sistema de partidos, o como la colonia San Felipe, que logró 379 votos; otra colonia fue la Vicente Guerrero en donde votaron 236 personas por el sistema partidista. Sólo estas tres colonias aportaron el 10 por ciento de todos los votos emitidos en el municipio en favor del sistema de partidos.

Partidos enseñan el cobre

Los partidos políticos no acaban de digerir que no son bienvenidos en las comunidades. La agencia IRZA reportó su intención, excepto el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de impugnar el resultado de la consulta ciudadana de Ayutla. Esto sucedió durante una de las sesiones del consejo general del IEPC.

De acuerdo con esta fuente, el representante del Partido Nueva Alianza, Gerardo Robles Dávalos, afirmó que el líder de la UPOEG (Bruno Plácido Valerio) está equivocado si piensa que con esos resultados “ya podrá él designar quiénes serán presidentes, síndicos y regidores en 2018” y además “no están dadas las condiciones para que se utilicen los usos y costumbres en Ayutla”, afirmó el representante, y anunció que solicitarán al Congreso la nulidad de ese método de elección.
“La ambición de Bruno Plácido de querer convertirse en señor de horca y cuchillo para disponer de quienes serán las autoridades, está muy lejos, independientemente de que el sistema de partidos no haya logrado triunfar”, sostuvo.
Manuel Saavedra, representante del PRI, por su parte, solicitó copia certificada de las actas de asambleas informativas realizadas en el municipio de Ayutla, la lista de los ciudadanos que acudieron, actas de la jornada de consulta, lista de ciudadanos registrados en la consulta en colonias y comunidades y el acta de la sesión donde se aprobó el dictamen de la consulta.
Solo el representante de Morena, Rubén Cayetano García, respaldó la decisión y precisó que los partidos políticos podrán participar en la elección de diputados, gobernador y presidentes municipales, aun en poblaciones indígenas.

La experiencia fallida de San Luis Acatlán

Entre el 1 y el 12 de febrero de este año, se realizó una consulta similar en el municipio de San Luis Acatlán, en donde las personas que participaron votaron mayoritariamente por la persistencia del sistema de partidos. Esta consulta también fue organizada por el IEPC y promovida por la UPOEG.

Cabe recordar que el anterior consejo electoral –Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG)- y obviamente los representantes de partidos incluidos, habían desechado inicialmente la propuesta, en un intento por no dejar pasar la consulta ciudadana. De acuerdo con la Agencia Quadratín, que retoma un acta aprobada por los miembros del ex IEEG de marzo de 2014, su consejo general determinó la "inexistencia histórica y por lo tanto improcedente (de un sistema) normativo interno que se reconozca como válido y se utilice para regular los actos públicos de organización para la resolución de sus conflictos, así como para elección de sus autoridades municipales" en San Luis Acatlán.

Sin embargo, en un estudio que realizó el Centro de Investigaciones en Antropología Social (CIESAS), auspiciado por el ex IEEG se detectó que en el municipio de San Luis Acatlán sí están vigentes los sistemas normativos y la elección por usos y costumbres de sus autoridades, y aun así el IEEG optó por "no proceder a realizar la consulta a los ciudadanos de dicha comunidad, para determinar si se adopta la elección de sus autoridades conforme a normas, procedimientos, y prácticas tradicionales".

La organización social que encabeza el dirigente Bruno Plácido Valerio, recurrió entonces al tribunal electoral del poder judicial de la federación (Trife) para impugnar la decisión del consejo general del ex IEEG, y con su intervención, se repuso el proceso.

La consulta en San Luis Acatlán se llevó a cabo en febrero de 2015, pero los resultados indicaron que hubo poca participación en la consulta, pues sólo emitieron su opinión 2 mil 430 personas, que representan 9.7 por ciento de los electores del municipio. De este total, mil 556 corresponden a habitantes que votaron a favor del sistema electoral vía partidos políticos, 784 a favor de usos y costumbres y 90 abstenciones.

Sin duda, en los resultados influyeron los muchos interesados en que prevalezca el sistema de partidos, el tipo de información y el tamaño de la difusión que se le haya dado a la consulta, pero sobre todo el arraigo del clientelismo y el asistencialismo en las comunidades -a cuya población le han cortado sus iniciativas y propuestas a fuerza de playeras, tortas, gorras, láminas de cartón o promesas-, y sobre todo la descomposición del tejido social propiciado por los motivos anteriores y otros también contundentes como la presencia del  crimen organizado y los liderazgos comunitarios torcidos.

Fue muy lamentable, porque los pueblos de San Luis Acatlán, con una larga historia de lucha (ahí se asienta una de las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria), no tendrán elección de sus autoridades municipales por usos y costumbres y deberán continuar con el sistema de partidos, tan lejanos de las necesidades de la gente.

Usos y costumbres en Oaxaca

Oaxaca es el referente nacional para las elecciones de usos y costumbres. Hace 20 años, no sin librar importantes luchas por los pueblos originarios oaxaqueños, se reconocieron los “usos y costumbres” en la organización política de los municipios, y en 1998 se promulgó la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Hoy 418 de los 570 municipios del estado se rigen por la forma tradicional de organización política de usos y costumbres.

En la sierra Norte de Oaxaca se localiza el municipio de Capulalpam de Méndez; ahí los pobladores mantienen un sistema de elección de sus autoridades municipales por usos y costumbres.

A diferencia de lo que sucede en Guerrero, en donde los alcaldes se convierten en reyecitos de tres años, en Capulalpam y en muchos otros municipios de Oaxaca, la gente elige a sus gobernantes mediante asambleas. Pero no hay divorcio entre gobernantes y gobernados, quienes son electos siguen puntualmente los mandatos de la población, es más, usualmente existe un Consejo de Ciudadanos que está por encima del alcalde y demás autoridades y les dictan las acciones y políticas que deben seguir, en representación del conjunto de la población. De hecho, las autoridades municipales forman parte del sistema de cargos de la comunidad; los electos no reciben salario, aunque la población los apoya para la manutención de ellos y sus familias, mientras están en el cargo.

Los resultados de este sistema, conjuntamente con otras condiciones, están a la vista: calles limpias (no por la eficiencia del servicio de limpia, sino por la concientización de la gente), obras públicas pertinentes y construidas con transparencia, una trazo urbano bastante racional y estético, asambleísmo constante, participación activa de la población en la resolución de sus problemas. Con un tejido social bien fortalecido como el de los municipios de esta región de la Sierra –territorio similar al de la sierra de Guerrero, pero sin el problema de la siembra de enervantes-, el crimen organizado no ha logrado penetrar y se palpa en la vida cotidiana de la gente, que se siente segura en sus comunidades.

Este tipo de gobiernos del pueblo son más factibles en las comunidades indígenas. Su nivel de organización y el esquema de gobernanza les ha permitido también avanzar en el uso, conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales, principalmente el bosque. Mediante diversos proyectos económicos, han logrado obtener recursos financieros para la comunidad, además de empleos para muchos de los pobladores.

Así pues, las y los habitantes de Ayutla pueden convertirse en un referente en el estado sobre cómo gobernar un municipio, sin duda, una gran responsabilidad, pero que es factible con mucha organización.

El saqueo en los tiempos de entrega-recepción

El Sur de Acapulco

Es lamentable lo que sucede en el estado. Con el pretexto del cambio de administraciones en los municipios, cada tres años hay un saqueo impresionante de bienes públicos en los ayuntamientos, y nadie pone un freno. Las noticias de las últimas semanas dan cuenta de salarios no pagados, deudas millonarias con proveedores y con bancos, aguinaldos no cubiertos, obras no realizadas, oficinas saqueadas, compromisos institucionales no cumplidos… Es una práctica, totalmente ilegal, que ya se hizo costumbre, con graves afectaciones al erario, y esto sucede a los ojos de todos, en un estado donde los niveles de pobreza de la población son muy altos.
Aunque en tiempos electorales se autopresentan como candidatos diferentes, en el ejercicio de gobierno y sobre todo en la parte final de su gestión, casi todos los alcaldes y alcaldesas terminan saqueando los recursos públicos; es un rasgo que al final, en los últimos años, los hace iguales.
Hace tres años, en este mismo espacio, nos referimos a esta práctica casi en idénticos términos: “A unos días de concluir su encargo, las administraciones de la mayoría de los ayuntamientos de Guerrero dejaron como saldo un desastre financiero que se manifiesta en escasa obra pública, servicios de pésima calidad, entrega de fertilizante adulterado y de manera parcial, deuda pública y nulo combate a la pobreza. Esta herencia que dejan los gobiernos municipales actuales reducirá el espacio de maniobra a los ayuntamientos entrantes, pues las arcas públicas estarán vacías o con insuficientes recursos para la operación regular de los ayuntamientos”.
Pero nada cambió, ni el Congreso del estado ni los órganos de control y fiscalización estatales, ni el gobierno del estado, tampoco desde la federación se preocuparon por controlar y castigar el robo de recursos públicos en los ayuntamientos. Por esta omisión e inacción, hoy continúa la depredación.
Los procesos de entrega–recepción de las administraciones se presentan como un mecanismo de control que disminuye o evita el saqueo, pero realmente son sólo actos de simulación. Hay diferentes normas que regulan estos procesos, como la Ley de entrega-recepción de las administraciones públicas del estado y municipios de Guerrero, la Ley orgánica del municipio libre del estado, la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios, y la Ley de fiscalización superior del estado.
También hay dependencias específicas que vigilan los procesos de entrega-recepción, entre ellas, las contralorías internas, la Auditoría General del Estado y la Contraloría General del gobierno del estado. Pero ni las leyes ni la vigilancia institucional han impedido que los alcaldes dejen las arcas vacías.
Hemos visto en las últimas semanas una película repetida: gobernantes salientes firmando acuerdos de entrega-recepción con los electos y tomándose fotos, sonrientes, saludándose y hasta abrazados. Son imágenes que ellos mismos o los órganos de fiscalización o control se encargan de reproducir.
Pero apenas se dan la vuelta, los electos despotrican por las condiciones en que sus antecesores dejaron la administración, los acusan de todo, que se llevaron hasta las macetas, pero nunca presentan una denuncia ni solicitan castigo para los depredadores ante ninguna instancia.
Un ejemplo es el del ayuntamiento de Acapulco, donde el presidente municipal electo, Evodio Velázquez Aguirre, firmó el acta de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, y hasta reconoció la disposición y atención que mostró el alcalde saliente, Luis Uruñuela Fey y su equipo de trabajo, para que concluyera con éxito el proceso de entrega–recepción iniciado desde agosto de 2015. Incluso atiborró el lugar del acto con personajes de la política local y nacional, como testigos de la transición.
Sin embargo, días después, el propio alcalde se quejó de que “no tenemos los recursos para el aguinaldo en este momento; tenemos que estar trabajando a marchas forzadas para ello. Ya se hizo el análisis, no hay recursos suficientes, en este momento tenemos que trabajar con mucha responsabilidad”.
También el secretario de Administración y Finanzas del nuevo gobierno de Acapulco, Merced Baldovino Diego, salió a denunciar irregularidades en el ayuntamiento, poco después de la firma de entrega–recepción con las autoridades salientes. Por cierto, el secretario Baldovino que hoy denuncia, hace dos trienios fue presidente municipal de Coyuca de Benítez, y al concluir su periodo fue acusado por Ramiro Ávila Morales, presidente electo para el periodo 2012-2015, precisamente por saquear ese Ayuntamiento, pues dejó una situación financiera preocupante, y ejemplificó en aquella ocasión que había una deuda con la Comisión Federal de Electricidad de dos millones de pesos, que afectó severamente los servicios de agua potable y alumbrado públicos. Es una historia que se repite, en donde los acusadores de hoy serán acusados al concluir el trienio.
¿A quién le tocará denunciar por saqueo a Evodio Velázquez Aguirre y al resto de los actuales alcaldes guerrerenses?

Ayuntamientos, una calamidad

En este momento, los alcaldes entrantes no tienen dinero, muchos ni para pagar a los empleados ni el agua ni la luz. Si quieren operar, deberán solicitar préstamos, créditos, que les permitan costear las necesidades básicas de los próximos tres meses; la otra opción es mantenerse pasivos, es decir, entraron debiendo, con déficit. La población pagará, sin deberla, la paralización o disminución de las funciones de los ayuntamientos, aun cuando en enero de 2015, en los programas operativos de todos ellos, había dinero público programado para gastarse a lo largo de todo el año.
Aun con esta situación, ningún alcalde denunciará penalmente a sus antecesores porque ellos, dentro de tres años, también piensan hacer lo mismo; o porque saben que si denuncian, serían molestados, presionados o boicoteados por un sistema de complicidades que no perdona un desliz de este tipo. En estas circunstancias, la honestidad es castigada.
Pero las transiciones no concluyen con los saqueos. Desde hace muchos años hay una práctica muy común que se repite cada trienio y tiene que ver con el personal de nuevo ingreso y los que todavía permanecen del trienio anterior.
Cada ayuntamiento engrosa, a veces desmesuradamente, la nómina, a efecto de cumplir los compromisos políticos y de campaña. No es extraño que en estos días se negocien puestos de trabajo, y si no existen en la estructura municipal, se crean con tal de dar a acomodo a los amigos del compadre político. Es un proceso natural de las nuevas administraciones, pero deja de serlo cuando el crecimiento del concepto de servicios personales es desproporcionado en detrimento del gasto destinado a inversión y a programas sociales; no es lo que espera la población que votó por ellos.
La otra situación grave es al comenzar cada gestión municipal: los empleados de confianza del alcalde saliente demandan laboralmente al ayuntamiento por “despido injustificado”, ya que los nuevos alcaldes incorporan a las nóminas a nuevas personas, y tienen que prescindir de personal de confianza de los anteriores. Y es ahí donde entra la demanda.
Hay casos surrealistas en los que empleados que demandaron a un Ayuntamiento, luego de tres años son incorporados nuevamente al mismo gobierno municipal, sin que haya concluido el proceso de demanda.
Así sucedió recientemente en Iguala, donde El Sur reseña que el alcalde electo, Esteban Albarrán Mendoza, “integró a su equipo de entrega-recepción a ex funcionarios del gobierno de Raúl Tovar Tavera, que tienen demandado al Ayuntamiento y que tienen laudos condenatorios, como el ex tesorero Jesús Romero Valle, que tiene una sentencia a su favor por más de dos millones 800 mil pesos”. O como Benito García Jiménez que “demandó al Ayuntamiento en el segundo gobierno de Lázaro Mazón Alonso y tiene a su favor un laudo de más de un millón 300 mil pesos”.
De acuerdo con información del portal Digital Guerrero, 80 ayuntamientos guerrerenses enfrentan actualmente demandas laborales, sólo el gobierno municipal de Tlalixtaquilla está exento de este tipo de conflictos de trabajo; los ayuntamientos que más demandas tienen son Acapulco, con al menos mil 600 demandas por un monto de 4,000 millones de pesos; Zihuatanejo, con 370 demandas; Taxco (350); Atoyac de Álvarez (302); Iguala (192); Ometepec (178); Petatlán (161); Coyuca de Benítez (144); Tixtla (133); Chilpancingo (115); Pungarabato (114),  y Tecpan de Galeana con 112 demandas laborales.
El abogado José Luis Gallegos Peralta, citado por la publicación, comentó que “es inmoral que sean precisamente los funcionarios municipales de primer nivel quienes encabezan la lista de demandantes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Cada vez que inicia un nuevo Ayuntamiento lo hace de forma equivocada, porque el alcalde expide nombramientos sin definir claramente el tiempo que estará al frente de una dependencia”.
Al abogado agregó que “muchas de esas demandas que hoy en día ya las perdieron los ayuntamientos, hasta parece que lo hicieron a propósito por la forma en que no fueron atendidas por los responsables jurídicos que tienen las comunas”.

Testimonios

La prensa está plagada de ejemplos del saqueo. Por ejemplo, el presidente municipal de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, aseguró que el Ayuntamiento donde fue electo no pagará a los trabajadores que dejaron de cobrar la quincena del 15 al 30 de septiembre de 2015 y la parte proporcional del aguinaldo. Explicó que el dinero “se lo llevó” el ex alcalde Rey Hilario Serrano y no se sabe qué se hizo con él. Se disculpó: “No tengo yo la manera de pagarles, les debió de pagar el presidente, porque ese dinero salió el 24 de septiembre, les debió de pagar el anterior, yo no tengo por qué hacerlo”.
Como respuesta, cerca de 200 ex trabajadores, a los que no les pagaron la segunda quincena de septiembre ni la parte proporcional del aguinaldo, y que no están conformes con su liquidación, amagaron con tomar el edificio del Ayuntamiento.
Por otro lado, en Zihuatanejo el alcalde Gustavo García Bello aseguró que encontró las arcas municipales vacías, “están agotados los recursos que se presupuestan en el año… estamos en ese proceso para etiquetar recursos que nos permitan hacer la obra pública que se tiene que hacer en Zihuatanejo”, de acuerdo con la información de la corresponsal del diario El Sur en ese municipio.
El presidente municipal de Marquelia, Arturo González Gatica, informó que pidió un préstamo destinado a pagar la segunda quincena de septiembre a los policías municipales, de tránsito y protección civil, pero omitió decir el monto de los recursos y ante qué institución solicitó el préstamo. Con este dinero, comentó, se pagarían los salarios de los trabajadores que cerraron el palacio municipal los días 23 al 29 de septiembre de 2015. En la protesta participaron 28 policías municipales, diez agentes de Tránsito y ocho trabajadores de Protección Civil, quienes demandaron garantizar el pago de 2 mil 500 pesos de la segunda quincena de septiembre y el pago del aguinaldo correspondiente a nueve meses.
En la Costa Chica, un grupo de policías municipales tomaron el palacio municipal de Azoyú por tiempo indefinido, para demandar el pago de la segunda quincena de septiembre y la parte proporcional del aguinaldo. La alcaldesa Leticia Bautista Vargas, quien despacha en su casa, dijo que les pagaría “hasta que llegue el dinero”.
En Taxco, la regidora Thalía Rodríguez Rodríguez denunció que recibieron un Ayuntamiento con finanzas municipales “no muy buenas, lo mismo que en deudas y mobiliario de las distintas oficinas, lo que pone a los nuevos servidores públicos en una situación complicada para poder trabajar inmediatamente”. Abundó no obstante que entre “todos vamos a sacar adelante la administración y solventar todos los compromisos, tomando medidas para pagar deudas como las heredadas en Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México”.
Todo esto sucede en los ayuntamientos, no obstante que en sus portales electrónicos, la Auditoría General del Estado, la Contraloría General del gobierno del estado de Guerrero, los gobernadores en funciones y electo del estado y otras dependencias difunden notas y fotos destacando su presencia en los actos de entrega-recepción. Pero ni así se detuvo el saqueo municipal.
Sólo hay que aplicar la ley, no se requieren más normas para evitar la corrupción en los relevos de alcaldes. Pero Guerrero está lleno de impunidad y no se auguran cambios relevantes, sólo cosméticos.

Contraloría ciudadana evidencia anomalías

El Sur de Acapulco

Las experiencias de contraloría ciudadana en el municipio de Acapulco evidenciaron los desvíos e irregularidades que practican las dependencias públicas en el ejercicio de los recursos y en la prestación de servicios. No son prácticas exclusivas del ayuntamiento de Acapulco, sino también del gobierno del estado y del gobierno federal, de éste, especialmente de su Plan Nuevo Guerrero, que ha destacado no sólo por el monto de los recursos invertidos, 40 mil millones de pesos, sino porque es uno de los programas más opacos de la actualidad.
Las y los ciudadanos de 24 comunidades rurales y colonias populares de Acapulco, con base en el aprendizaje de su derecho de acceso a la información, pusieron en práctica diferentes actividades para la vigilancia de las obras y prestación de servicios públicos de los que son beneficiarios, y así sacaron a flote una serie de anomalías en instituciones de los tres órdenes de gobierno, que no siempre se atendieron.
No obstante que actualmente hay suficientes normas que promueven y permiten la organización de las y los ciudadanos en contralorías sociales, las dependencias encargadas de hacerlo simplemente omiten o simulan que lo hacen. Entre la normatividad específica para este fin está la Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, y la Ley de Coordinación Fiscal, entre muchas otras.
Las principales irregularidades encontradas por la vigilancia ciudadana fueron el recorte e incumplimiento de las metas establecidas en los contratos, incertidumbre y desinformación de los habitantes de una comunidad por la obra que se les construirá; uso de materiales no apropiados y retraso en la ejecución de las obras, en donde las empresas constructoras siempre argumentan “que ya no tienen dinero”.
Pero la más frecuente fue el ocultamiento de información para evitar que las y los ciudadanos tuvieran referentes y datos oficiales sobre las obras y servicios públicos, y así obstaculizar la vigilancia ciudadana. Esta opacidad se ha convertido ya en una práctica sistemática, en la que, especialmente el gobierno federal, ha desarrollado recursos y estrategias discursivas, operativas y legales cada vez más sofisticadas para empantanar y ocultar la información. En menor medida, también son prácticas constantes en el gobierno del estado y en los ayuntamientos, que igualmente ponen en práctica recursos muy novedosos para negar la información.

La opacidad del Plan Nuevo Guerrero

Los habitantes de las localidades de Salsipuedes, Campanario y Apalani resintieron de manera directa la falta de transparencia del Plan Nuevo Guerrero. Son comunidades afectadas por las tormentas tropicales de septiembre de 2013, Ingrid y Manuel, y por ello elegibles para la restitución de servicios públicos destruidos.
Como se ha descrito en otras entregas de Monitor de Guerrero, el programa del gobierno federal anunciado pomposamente para la reconstrucción del estado de Guerrero, ha sido muy deficiente en la rendición de cuentas. Por este motivo, la corrupción y la desviación de recursos no se descartan y eso repercute directamente en la calidad de las obras y servicios de un programa aparentemente “noble”.
En Salsipuedes, comunidad localizada en la zona de influencia del Comité de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), autoridades y pobladores tuvieron la intención de vigilar dos obras consideradas dentro del Plan Nuevo Guerrero: las reubicaciones del jardín de niños Francisco Larroyo y de la escuela primaria Lázaro Cárdenas.
La primera acción de la autoridad local fue solicitar los expedientes técnicos de los dos planteles escolares; sin embargo, el procedimiento que se siguió son el mejor ejemplo del empantanamiento e intención de ocultar la información que hace el gobierno federal, en este caso, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Los expedientes se solicitaron el 11 de marzo de 2015, y la dependencia respondió, no con la entrega de los documentos, sino con la petición de que se le precisara la información que la comunidad requería sobre los expedientes técnicos. Esta respuesta fue novedosa, porque el Inafed es una dependencia con capacidad normativa, de consultoría y de certificación de la calidad de infraestructura física educativa, y parece imposible que no conociera en qué consiste un expediente técnico. Aún así, se le describieron los documentos que se requerían.
Finalmente, el Inafed entregó información distinta a la solicitada, por lo que al no proporcionar los expedientes técnicos, se presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que desnudó la intención de opacidad del Inafed, ya que después de estudiar el caso, en su resolución RDA 1959/15 explicó que la dependencia cuenta con un departamento de construcción de obra y proyectos especiales, que precisamente están facultados “para integrar el expediente técnico de obra y servicios relacionados con las mismas”.
El INAI emitió esta resolución el 20 de mayo de 2015 para que el Inafed realizara una nueva búsqueda de los expedientes técnicos de los dos planteles escolares de la comunidad de Salsipuedes, y le dio 10 días hábiles para cumplir la resolución.
El 29 de junio, personal del Inafed se puso en contacto con los solicitantes para aparentemente entregar la información; se le respondió en que modalidad se prefería asegurando que se cubriría el costo. Después, el Inafed no respondió nada, hasta el 6 de agosto, preguntando nuevamente por la modalidad de entrega.
Como lo informa la resolución, hicimos uso de los mecanismos de vigilancia del INAI –correos electrónicos y por vía telefónica, entre ellos, para denunciar que el Inafed no había entregado los expedientes técnicos. El órgano garante federal nunca respondió, incluso se hizo contacto con dos consejeros nacionales para explicarles el incumplimiento de la dependencia federal, pero tampoco hubo respuesta.
La comunidad de Salispuedes se quedó esperando los expedientes técnicos; la obra ya concluyó, la constructora ya se fue, y hoy comienzan a surgir los primeros desperfectos de la obra. Ante estos resultados ¿a quién se le reclama?, ¿cómo decirle a los pobladores que crean en las instituciones?
Otros casos de obras incluidas en el Plan Nuevo Guerrero son los sistemas de agua potable de las localidades de Campanario y Apalani, que también formaron parte del proyecto de contraloría social. Según las autoridades y los pobladores, la Comisión Nacional del Agua, responsable de estas obras, no proporcionó nunca información relevante sobre los proyectos de agua, ni el monto que se invertiría ni el calendario de ejecución de las obras.
Para conocer toda esta información se solicitaron entonces los expedientes técnicos de las dos obras, pero la Conagua entregó un enorme legajo de información técnica, inservible para la vigilancia ciudadana.
Sobre este punto, en asamblea la comunidad de Apalani dijo que los documentos que entregó la Conagua son información “chatarra”, ya que, salvo los planos del proyecto, todo lo demás no les servía de nada. Subrayaron que ni siquiera el presupuesto o costo total de la obra venía en el documento, tampoco el nombre de la constructora a cargo del proyecto. Se les dijo que no se presentaría recurso de revisión, sino que se buscaría que proporcionaran esa información por otra vía.
Los habitantes de estas localidades tampoco lograron vigilar la obra, sobre todo en Apalani, porque nunca se les proporcionó información de calidad para ejercer esa práctica ciudadana.

Obras de regidores

Al igual que los diputados guerrerenses de la anterior Legislatura, quienes estuvieron en medio del escándalo porque en una grabación los exhibieron exigiendo obras públicas para hacer clientelismo con ellas, en Acapulco se presume que los regidores también realizan este tipo de prácticas. En la colonia Villa Guerrero, por ejemplo, se realizó la pavimentación de la calle La Paz, que es una de las principales del lugar, pero los habitantes desconocen el monto de la construcción y los términos en que se realizó. Sólo saben que uno de los regidores del ayuntamiento gestionó la obra, porque es amigo de personas de la colonia, pero desconocen de dónde se obtuvieron los recursoe. Dicen que sólo llegó a la localidad y pidió que a la brevedad se conformara un comité de obra porque gestionaría la pavimentación.
Se solicitó información sobre esta obra al ayuntamiento y textualmente respondió que “de acuerdo con la información proporcionada por la dirección de obras municipal, esta obra no se encuentra inserta en nuestras propuestas de inversión 2013 y 2014, por lo que se le sugiere solicitar información al gobierno del estado o a la federación”.
Sin embargo, nadie contaba con que en la inauguración colocaron una placa con los nombres del presidente municipal, Luis Uruñuela Fey, y la gestión del regidor Ernesto González Pérez. Era una obra del ayuntamiento de Acapulco, por lo que se solicitó el expediente técnico. Al ayuntamiento, que quiso ocultar la construcción de esta obra, no le quedó más que hacer entrega del documento solicitado, el cual le fue entregado al comisario municipal.

Otras anomalías

En Tasajeras, localidad también del Cecop, consiguieron el expediente técnico a través de una solicitud de información, el cual señalaba claramente que la obra de la localidad incluía la construcción de dos aulas en el jardín de niños por un monto de 800 mil pesos. Sin embargo, la constructora les informó que sólo edificaría un aula y un muro de contención –aparentemente innecesario–, pues argumentó que ya no tenía dinero.
Este cambio nunca fue consultado con las autoridades de la localidad, y los representantes de la constructora hasta le recomendaron al comisario que solicitara la segunda aula en el ejercicio fiscal de 2016. Las autoridades entonces presentaron una queja ante la Contraloría Interna del ayuntamiento de Acapulco para que se aclarara este asunto.
El comisario municipal narró que a Tasajeras se presentó personal de la Contraloría Interna, al principio con una actitud prepotente, pero cuando les dijo que eran asesorados para vigilar la obra pública, los funcionarios entonces se comportaron “más razonables”.
La constructora, al verse acorralada, ofreció la construcción de un techado en el patio del jardín de niños, escaleras para acceder de la calle principal al centro escolar, y el derribo de la vieja escuela.
Estos compromisos fueron aceptados por el comisario municipal y los integrantes del comité de obra, y después se hicieron del conocimiento de la gente en una asamblea. El comisario consideró que fue positivo lograr que la constructora se encargara de las obras adicionales, porque ya tenían previsto sólo concluir una sola aula.
Otro caso de incumplimiento de metas se dio en la comunidad de Las Marías, en donde los habitantes tomaron en sus manos el cuidado de una obra de rehabilitación de dos aulas de la escuela primaria Valentín Gómez Farías.
Una vez que consiguieron el expediente técnico, se dieron cuenta de que muchos conceptos no se instalaron en la construcción, lo que motivó la indignación de autoridades y maestros locales; éstos, a través del programa escuelas de calidad, instalaron el aire acondicionado, uno de los conceptos que la empresa constructora se negaba a concluir.
Otra de las irregularidades de la obra fue la herrería de puertas y ventanas, la cual visiblemente era “reciclada”, es decir, que fue retirada de otra construcción y la instalaron como parte de la rehabilitación, pues el herraje se observaba muy deteriorado. El comisario municipal dijo que no firmaría el acta de entrega recepción, pues consideró que no era justo que la empresa abusara de esa manera.
Otras muchas irregularidades denunciadas por los pobladores de las comunidades rurales de Acapulco fueron el servicio médico –personal insuficiente, mal trato, carencia de medicinas, saturación del servicio–, el programa Prospera –vocales prepotentes y discrecionales, médicos insensibles, familias fuera del programa–; el pago Proagro productivo –el banco les contrató un seguro sin su consentimiento, funcionarios menores que piden dinero para incluirlos en el padrón, productores “rasurados del listado”.
Son acciones u omisiones casi estructurales que mucho contribuyen a mantener hundida en la pobreza a la población del estado. Es urgente continuar desarrollando acciones desde la ciudadanía, pues con los gobiernos que cada trienio o sexenio nos tocan, son pocas las esperanzas.