Guerrero, reprobado en transparencia presupuestaria

El Sur de Acapulco

El gobierno del estado anunció que la propuesta de presupuesto de egresos para el año 2016, que someterá a la consideración del Congreso del estado, es por 48,409 millones de pesos, es decir, casi 10 por ciento más que en 2015. Sin embargo, para la mayoría de los guerrerenses éstas son cifras a las que nunca tienen acceso porque los políticos y funcionarios tienen vetado este tipo de información a los ciudadanos, y la manejan como si fuera de su patrimonio.

El presupuesto de egresos es uno de los instrumentos más importantes de política pública de un gobierno, ya que ahí se establecen las acciones, programas y proyectos que se realizan durante un ejercicio fiscal. No obstante, el ciudadano común desconoce totalmente cómo se realiza la formulación, discusión, ejecución, fiscalización y evaluación de esos recursos.

Particularmente, el presupuesto y el ejercicio de los recursos siempre han representado un espacio de amplia opacidad, en el cual los servidores públicos han efectuado un uso discrecional del erario.

El ejercicio del presupuesto del año entrante no parece que será diferente de como lo hicieron las administraciones anteriores, por lo menos, nadie ha anunciado medidas ni establecido condiciones para hacerlo transparente y rendir cuentas sobre su ejercicio.

Aun cuando hay una amplia normatividad para que todo el sector público que administra y gasta recursos del erario lo haga de manera transparente y rinda cuentas de ellos, lo cierto es que persiste una gran opacidad sobre su ejercicio y un gran escepticismo ciudadano por el tipo de informes y declaraciones que emiten los funcionarios y políticos simulando una rendición de cuentas.

En el plano local, en los decretos de presupuesto de egresos del estado de cada año, claramente se establece que “la aplicación del presupuesto deberá realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y con enfoque de género”.

Asimismo, menciona que los poderes legislativo y judicial, los órganos autónomos, así como las dependencias y entidades de la administración pública estatal, deberán cumplir las obligaciones de transparencia en materia presupuestaria establecidas en los artículos 3, 7, 13 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

Los decretos de cada año también incluyen la obligación del gobierno del estado y otras instituciones de publicar en su página web información financiera que le exige la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Pero de esta información poco se sabe. Los interesados que ingresan a las páginas electrónicas de las dependencias encuentran información parcial, aislada, desactualizada o que no corresponde con lo que deben publicar. Sólo cuando brota algún escándalo de corrupción –como resultado de algún ajuste de cuentas político y no tanto porque funcionen los sistemas de control y fiscalización institucionales-, las y los guerrerenses se enteran de algunos datos. Pero es la excepción, no la regla.

Evaluaciones a la información presupuestal

Más allá de la percepción que tienen los guerrerenses sobre su gobierno en esta materia, se han realizado evaluaciones a los estados para cuantificar su transparencia presupuestaria. Una de las revisiones a la información presupuestal más conocidas es la que realiza cada año, desde 2008, el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco).

Para realizarla considera indicadores como el acceso a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, la disponibilidad de datos abiertos y estructura de las leyes de ingresos, el uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el desglose de recursos destinados a las dependencias y oficinas de gobierno, información sobre recursos que las entidades federativas transfieren a los municipios, el desglose de recursos destinados al pago de plazas y sueldos de funcionarios públicos.

El Imco también incluye entre sus indicadores la información sobre las condiciones de contratación de la deuda pública, los recursos transferidos de la federación a las entidades federativas, el presupuesto destinado a fideicomisos, subsidios y programas, y el tipo de reglas utilizadas por los gobiernos para realizar ajustes y reasignaciones del dinero público.

De acuerdo con la evaluación realizada en 2015, Guerrero se ubicó en el lugar 28 a nivel nacional, con 60 por ciento de puntuación, sólo arriba del Distrito Federal y Zacatecas, que obtuvieron 56 por ciento, y Michoacán y Quintana Roo, que obtuvieron 52 y 50 puntos, respectivamente.

El organismo ubicó entre los primeros lugares a los estados de Puebla, Jalisco y Coahuila, que alcanzaron 100 por ciento en la calidad de su información presupuestaria, mientras que los siguientes lugares fueron para Chiapas (97 por ciento), Guanajuato (95) y Tlaxcala y Tabasco (93 por ciento).

En el caso específico de Guerrero, los resultados históricos muestran una tendencia irregular. En el primer año que se aplicó esta evaluación, en 2008, el estado obtuvo la calificación de 69.7 por ciento, y al siguiente año se desplomó hasta 47.7 por ciento. En el 2010, el índice de transparencia presupuestaria fue de 56.8 por ciento y en los siguientes años alcanzó 70.8 por ciento (2011), 67.8 (2012), 60.9 (2013), 62 (2014) y 60 por ciento en 2015.

Como se observa, no hay un patrón uniforme de comportamiento en la información, sino que los bajos niveles son constantes, independientemente del partido o de la persona que gobierne, lo que echa por tierra aquellos frecuentes discursos auto complacientes de que son más transparentes que los otros.

Como dato adicional, que es registrado por el Imco, se observan puntos especialmente opacos de parte del gobierno del estado, como es la simulación en la difusión del presupuesto de egresos, que no es publicado por el periódico oficial del estado (aparece el vínculo, pero no un archivo que lo contenga). Este engaño es particularmente grave porque el gobierno del estado no ha tenido la intención de que se conozca el principal instrumento presupuestal del estado, el decreto de presupuesto de egresos de cada año.

Se espera que el gobierno de Héctor Astudillo Flores dé buenas señales, y su administración sí dé a conocer profusamente este importante documento junto con todos los anexos que de él se derivan.

Las plazas, de lo más opaco

Entre los rubros que le dan baja calificación al estado de Guerrero, en la revisión del Imco, es el de las plazas laborales. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas cobran en el sector público, ya que éste ha sido usualmente uno de los asuntos de mayor controversia en el estado, y tan lo ha sido, que en varios momentos ha puesto en jaque las finanzas del estado por problemas de “aviadores”, plazas sin techo presupuestal, particularmente en los sectores educativos y de salud, y cada tres años son el dolor de cabeza de presientes municipales electos, quienes son recibidos con una andanada de demandas laborales en el escritorio.

Con dinero público, los sucesivos gobiernos de Guerrero han construido una obesa burocracia en detrimento de otros rubros urgentes para la población marginada del estado como es la inversión en infraestructura básica, servicios de calidad en educación y salud y programas de desarrollo social.

En la evaluación del Imco, la opacidad en la información sobre las plazas llevó al estado a obtener sus peores calificaciones. Por ejemplo, el instituto señala que desde 2008 no se describe en ningún documento público el número de plazas de la administración pública estatal, ni tampoco se publica el tabulador de plazas con desglose de empleados de confianza, base y honorarios.

Tampoco hay una distinción entre las remuneraciones base, de las remuneraciones adicionales y/o especiales, y no hay información sobre el monto destinado al pago de pensiones y de laudos labores. Tampoco hay información sobre las plazas del magisterio, y cuáles de éstas son estatales y federales.

Las instituciones gubernamentales son todavía una agencia de colocación de empleados que se recicla con cada cambio de gobierno. Las nuevas administraciones despiden a cientos de empleados, argumentando que eficientarán la gestión, pero al poco tiempo colocan a los suyos y comienza la misma historia de un gobierno que destina una alto porcentaje de los recursos públicos al pago de una abultada nómina.

Rubros específicos

Otros de los temas que el Imco señala como opacos en Guerrero es la publicación de información específica sobre el financiamiento de partidos políticos. Cabe mencionar que la ley general de transparencia, aprobada en mayo de 2015 y que rige ya a todo el país, incluye como nuevos sujetos obligados para que transparenten sus actividades y recursos a los partidos políticos. De hecho, la ciudadanía ya puede solicitarles información como a cualquier otra entidad gubernamental.

También con base en la evaluación del Imco, el gobierno del estado de Guerrero no publica información tan importante como es la que corresponde al rubro del gasto en comunicación social, ni un desglose sobre las transferencias al Seguro Popular, ni los recursos que destinan a las organizaciones de la sociedad civil.

Tampoco hay información sobre el desglose de los destinatarios que reciben subsidios, ni tampoco acerca del fondo para enfrentar desastres naturales. El organismo también observó que no existen indicadores estratégicos y de gestión de los programas.

Más sobre información financiera

Aunque la Ley de General de Contabilidad Gubernamental obligó a todas las entidades a publicar la información financiera sobre activos, pasivos, ingresos, egresos y deuda a partir de 2008, hoy es casi imposible que los ciudadanos conozcan esta información con claridad debido a que los gobiernos estatales sólo han publicado información de manera parcial y desarticulada.

La anterior es una de las conclusiones de un estudio realizado por el Centro de Análisis e investigación Fundar, el cual también encontró que uno de los rubros más opacos es la deuda que los estados adquieren en el presupuesto anual, ya que ningún gobierno estatal informa de manera detallada en qué lo gastan. 

De acuerdo con esta investigación, sólo 14 entidades reportan el destino de los recursos por concepto de deuda, pero lo hacen de manera general, ya que no explican cuáles son los montos que corresponderían a las supuestas obras o proyectos. Agrega que el resto de las entidades, entre ellas Guerrero, ni siquiera mencionan cuál sería el destino del dinero de la deuda.

Aunque la Ley General de Contabilidad Gubernamental obliga a que los gobiernos presenten la información de manera accesible a los ciudadanos, no hay un estándar entre los documentos de los estados, y más bien hay una tendencia a no hacerlo.

“Muchos estados cumplen con la norma y enlistan los ingresos y egresos, pero no utilizan los documentos para realmente dar más información y explicación a los ciudadanos que no son expertos en los temas presupuestarios. No se presenta glosario de términos, explicación del proceso presupuestario o detalle sobre las prioridades presupuestales”, explicó Liliana Ruiz-Ortega, autora de la investigación.

El espíritu de La Ley General de Contabilidad Gubernamental fue homogenizar la presentación de la información financiera de los tres niveles de gobierno; esto permitiría comparar datos y cifras entre los entes públicos de manera más efectiva.

En 2012, la ley se modificó y se le agregaron nuevas obligaciones a las dependencias públicas en materia de transparencia presupuestaria, con el propósito de dar mayor detalle y más información sobre variables como los ingresos, los gastos y la deuda de los gobiernos federal, estatal y municipal. Uno de los cambios fue la incorporación del título quinto denominado De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera, que describe las nuevas obligaciones de las dependencias en esta materia.

Sin embargo, a la fecha no se ha alcanzado la transparencia ni la armonización en todo el país, según la investigadora de Fundar, quien agrega que no obstante este incumplimiento, ningún funcionario público ha sido sancionado.

La impunidad también se manifiesta en la transparencia y la rendición de cuentas.