Urgente la armonización de la Ley de Transparencia

El Sur de Acapulco

Guerrero se perfila a convertirse de nueva cuenta en uno de los estados que legisla de última hora su ley de transparencia. Ya en procesos legislativos anteriores, el Congreso del estado dio muestra de su desinterés y apatía, desacatando incluso un mandato constitucional (la reforma al sexto constitucional de julio de 2007) para contar en tiempo y forma con una ley que realmente facilite el acceso a la información, mejore los niveles de transparencia y siente las bases para el escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas.

La reforma al sexto constitucional de febrero de 2014, así como la aprobación de la Ley General de Transparencia en mayo de 2015, abrieron un nuevo capítulo en esta materia, que debe ser respaldado y ratificado por las legislaturas de las entidades federativas, con la modificación de sus actuales leyes locales de transparencia o la creación de otras nuevas, para estar acordes a los principios y las bases que exige la nueva ley general.

Como lo establece el artículo quinto transitorio de esta ley general –aplicable en todo el país-, las entidades federativas y la federación tienen hasta un año a partir de la entrada en vigor para homologar sus leyes, es decir, el tiempo límite es a mayo de 2016.

La pelota está pues en la cancha de las legislaturas estatales.

Armonización en los estados

Al 4 de diciembre, sólo cuatro entidades federativas habían armonizado sus leyes de transparencia con la ley general en la materia: Coahuila, Jalisco, Querétaro y Tabasco. A escasos cuatro meses de que venza el plazo legal en mayo de 2016, aún 27 estados y el Distrito Federal no cuentan con leyes adecuadas. “Es evidente que los congresos locales dejan para el final temas fundamentales que deben tratarse con la mayor apertura y discusión pública”, advirtió Guillermo Noriega Esparza, coordinador del Colectivo por la Transparencia, que aglutina a 16 organizaciones especializadas en la materia. 

Noriega Esparza comentó que “si bien entre estos 28 estados, existen 8 estados que cuentan con al menos una iniciativa formal dentro de los registros de los Congresos locales, en 20 entidades no se ha documentado ni siquiera la existencia de un proyecto de iniciativa”.

Más preocupante aún –insistió Noriega-, “solamente dos estados: Baja California y Quintana Roo han implementado procesos de participación ciudadana amplios y formales para que la sociedad civil pueda acompañar, vigilar y opinar sobre estos procesos legislativos”.

En efecto, en Baja California se ha organizado varios foros de consulta. Y en Quintana Roo se ha elaborado un proyecto de ley con la participación de amplios sectores de la sociedad civil. Sin embargo, “en general, los estados obstaculizan la apertura de los procesos legislativos. Por ejemplo, el gobierno poblano se sigue oponiendo a la participación de los ciudadanos a pesar de las reiteradas demandas de organizaciones”, concluyó.

El primer caso conflictivo

Un editorial de la Red por la Rendición de Cuentas destacó que la ley de transparencia y acceso a la información más recientemente aprobada, la de Tabasco, “limita seriamente la garantía ciudadana de acceso a la información pública”. El texto explica que la iniciativa de ley se presentó sin mucha discusión y contó con el voto favorable de 31 de los 35 diputados que integran la legislatura tabasqueña.

La ley contiene avances importantes en lo referente a los plazos de respuesta, las obligaciones de transparencia, el reconocimiento de la prueba de daño y los procedimientos sancionadores; sin embargo, en la norma se estableció que las resoluciones del órgano de transparencia local serían vinculantes, definitivas en inatacables, salvo si a juicio del coordinador general de asuntos jurídicos del poder ejecutivo del Estado se pone en riesgo la seguridad estatal.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuenta con la facultad de atracción sobre asuntos estatales, y con esto, el coordinador general de asuntos jurídicos estatal puede interponer recursos de revisión en materia de seguridad estatal directamente ante el órgano garante nacional “cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad del Estado”.

A juicio del Colectivo por la Transparencia, este recurso de revisión en materia de seguridad estatal es violatorio al derecho de acceso a la información y va en contra del espíritu de la reforma constitucional de transparencia, así como de la propia Ley General de Transparencia.

Continúa el Colectivo que si bien la ley general contempla el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, esta facultad fue criticada por los defensores del derecho a saber como una práctica regresiva. Y agrega que ésta es una facultad constitucional de uso exclusivo del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, por lo que no puede ser replicada en las leyes estatales para facultar a los poderes ejecutivos a recurrir las sentencias cuando se trate de posible información que ponga en riesgo la seguridad estatal.

Guerrero, siempre retrasado
La historia de Guerrero en materia de legislación en transparencia no es muy afortunada. Mientras en el estado la LVII Legislatura del Congreso local aprobaba, en septiembre de 2005, la primera ley de transparencia que estuvo vigente en el estado, en 25 entidades del país ya habían aprobado sus respectivas leyes. El retraso respecto de otros estados fue indicativo del poco interés que exhibió el Legislativo guerrerense por estos temas, ya que por otra parte había desde 2003 en el Congreso del estado una propuesta de ley y hasta entonces no se había tomado en cuenta.

La aprobación de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, la segunda en el estado, se concretó el 11 de mayo de 2010, es decir 22 meses después del plazo perentorio que mandató el artículo segundo transitorio del sexto constitucional reformado. Otra vez, el desinterés de los legisladores retrasó también la oportunidad de contar con mecanismos más ágiles para el acceso a la información y mayores exigencias de transparencia gubernamental.

Nada indica que en esta tercera ocasión donde está en puerta el requisito de homologar la ley local, se vaya a realizar en el tiempo que exige la Constitución.

Cómo están las leyes actuales

Los resultados 2015 del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), elaborado por la organización Fundar, centro de análisis e investigación, ratifican la necesidad de que todas las leyes de los estados tengan un piso mínimo del cual partir.

El estudio de Fundar concluyó que persisten los grandes rezagos en el marco legal de las entidades federativas. De acuerdo con los resultados de su estudio, “la mitad de las leyes estatales siguen reprobadas. Más preocupante aún es que entre estas 17 leyes reprobadas, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha y no lograron mejorar las condiciones de la transparencia”.

Abundó la organización, que según el IDAIM 2015, a la fecha sólo nueve leyes locales cumplen con la reforma constitucional en materia de transparencia del 2007. Esta tendencia de los congresos locales en no cumplir con los plazos y los estándares es un obstáculo a la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país.

De acuerdo con la puntuación del IDAIM 2015, la legislación del estado de Guerrero se ubica entre las “regulares” del país, con una calificación de 6.870, apenas arriba del promedio nacional que es de 6.038. Con esa puntuación, Guerrero ocupa el quinto lugar entre las leyes del país, sólo por debajo de las legislaciones de Coahuila y el Distrito Federal, que se consideran “buenas” por su calificación de entre ocho y diez puntos; y de Colima y Puebla, que también se calificaron como “regulares” por haber obtenido un puntaje de entre 6 y 7.9.

Las peores calificaciones del país fueron para las leyes de los estados de Hidalgo (4.594 puntos), Baja California Sur (4.741), Yucatán (4.929), Querétaro (4.951) y Campeche (4.976).

Aun cuando la actual ley de Guerrero se ubica entre las denominadas “regulares” por su diseño normativo e institucional y sus procesos de acceso a la información y obligaciones de transparencia, lo cierto es que en la aplicación de esta ley, el estado reprueba rotundamente, ya que hay un marcado desinterés e impunidad de los sujetos obligados, como lo muestran los monitoreos realizados en el estado.

Recomendaciones a la ley

El Colectivo por la Transparencia, que lanzó la campaña #Armonizatuley, emitió una serie de recomendaciones a cada uno de los estados que no han homogeneizado su norma a la Ley General de Transparencia.

En el caso de Guerrero, ese grupo de organizaciones sugiere que “La ley debe hacer un reconocimiento expreso del acceso a la información como derecho humano que comprende solicitar, difundir, buscar y recibir información”.

Asimismo, propone que se incorporen como sujetos obligados para cumplir con la ley, a los partidos políticos de manera directa (actualmente los partidos lo deberían hacer a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado), los sindicatos cuando reciban recursos públicos, y toda persona que por mandato de ley ejerza actos de autoridad, realice funciones públicas o de interés público. También se sugiere que la nueva ley de Guerrero establezca la obligación de participar en el Sistema Nacional de Transparencia.

Una de las aportaciones de la Ley General del Transparencia, consideradas por el Colectivo por la Transparencia entre sus recomendaciones al legislativo del estado, es la constitución de un consejo consultivo del ITAIG, cuyos encargos deberán ser honoríficos y se sugiere que no rebasen los siete años en el cargo. Asimismo, la legislación contemplará el procedimiento de designación y renovación de consejeros del Consejo Consultivo y establecerá entre sus facultades, la de opinar sobre el programa anual de trabajo del organismo garante, así como su cumplimiento, además sobre el proyecto de presupuesto del organismo garante.

Para garantizar que se cumpla con la Ley General de Transparencia, los legisladores guerrerenses deberán incluir en la ley local la obligación de que el estado se incorpore a la plataforma nacional de transparencia. Lo anterior será posible siempre que se establezca la obligación del ITAIG de desarrollar, administrar, implementar y poner en funcionamiento la plataforma electrónica, crear un sistema de solicitudes de acceso a la información, crear un sistema de gestión de medios de impugnación, crear un sistema de obligaciones de transparencia, y promover la generación de información en formatos abiertos.

En cuanto a medidas de apremio, el Colectivo por la Transparencia sugiere que la ley local considere la amonestación como medida de apremio, así como multas de 50 hasta mil quinientas veces el salario mínimo, a efecto de que sean aplicados por el organismo garante en el ámbito de su competencia.

En materia de sanciones, la propuesta del Colectivo es que en la ley de Guerrero se establezcan las causas de las sanciones, las cuales no podrán ser menores a las establecidas en la ley general de transparencia, y éstas deberán ser aplicadas por el ITAIG, pero en el caso de las multas a los partidos políticos, ésta facultad deberá tenerla el IEPC. Otro asunto muy importante es que la ley deberá incluir un procedimiento sancionador, ya que la actual ley no lo tiene y hasta hoy, no se ha cobrado una sola multa en el estado por irregularidades en la ley de transparencia estatal. También, la ley otorgará al ITAIG la facultad para denunciar la presunta comisión delitos ante la autoridad competente.

Los retos para Guerrero

Está pendiente la armonización de la ley local a la Ley General de Transparencia que corresponde a la LXI Legislatura del Congreso del estado. Será un proceso cuesta arriba porque al iniciar enero de 2016 restarán sólo cuatro meses de los 12 que ordenó la Constitución, y aún no se conoce alguna iniciativa que se esté trabajando y mucho menos que se esté consultando con la ciudadanía.

Pero tan importante como la armonización de la ley es que el Ejecutivo del estado, el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, los ayuntamientos y organismos autónomos comiencen a diseñar estrategias que les permita organizar y difundir la información pública, pues la Ley General de Transparencia es mucho más rigurosa y exigirá una especie de “estandarización” de los procedimientos tanto para el acceso a la información como de las obligaciones de transparencia en todo el país, por medio de un sistema nacional.

Si no hay una reacción pronta, se evidenciará por enésima ocasión a las dependencias públicas del estado por sus opacidad, negligencia o reticencia.

Regresamos con Monitor de Guerrero el 19 de enero.