Opacidad en los gastos de gestoría del Congreso del estado

El Sur de Acapulco


Cada uno de los diputados del Congreso del Estado de Guerrero recibe recursos públicos para sufragar gastos supuestamente de “gestoría social”, pero ese dinero es utilizado totalmente de manera discrecional, sin un plan o programa institucionalizado que permita observar las metas, objetivos e impactos de su ejercicio.

Pero tampoco existe ninguna normatividad que obligue a los diputados a comprobar esos recursos, como debe hacerse con todo el dinero público;  tampoco hay ningún mecanismo de transparencia ni de rendición de cuentas que los controle, por lo que los legisladores locales guerrerenses pueden emplearlos sin ninguna restricción para su posicionamiento personal, tejer relaciones tendientes a obtener futuras candidaturas a puestos de elección popular o incluso para beneficiarse personalmente de ellos.

La inauguración de obras, la entrega de despensas, láminas, herramientas de trabajo, útiles escolares, computadoras, granos básicos y otros insumos, que mucho se anuncian en la prensa estatal, como inserciones pagadas, no son apoyos que provengan de los bolsillos de los legisladores, sino de las arcas públicas y que son ejercidos en la más completa opacidad.

Un mal nacional

Esta práctica de usar los recursos del erario público para llevar “beneficios sociales” a la población y que cada año se autoasignan los legisladores, no es exclusiva del estado de Guerrero. En el ámbito federal, el periódico Reforma denunció que el Senado de la República repartió entre legisladores de la cámara alta una bolsa discrecional de más de 3 mil millones de pesos entre enero de 2006 y julio de 2013.

Según ese diario y con datos de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, los recursos públicos entregados por concepto de subvenciones a los grupos parlamentarios en este lapso se incrementaron en 40 por ciento, al pasar de 335 millones a más de 468 millones de pesos anuales. En la información se detalla que de 2006 a 2007, los legisladores pasaron de 335 millones a 400 millones de pesos, mientras que de 2012 a 2013 las subvenciones aumentaron de 430 millones a más de 468 millones de pesos.

También en la cámara de diputados federal existen bolsas de recursos financieros que se reparten entre los diferentes partidos y se gastan de manera discrecional, sin dar facturas y menos rendir cuentas a la Auditoria Superior de la Federación ni a otra autoridad.De acuerdo con un reporte de la consultoría Integralia, publicado en Milenio a mediados de año, en los últimos cuatro años se han destinado 3,243.5  millones de pesos a las bancadas de todos los partidos en la cámara de diputados, sin que hayan dado una sola explicación de qué hicieron o en qué gastaron ese dinero cada uno de los siete partidos con representación en San Lázaro.

De enero a abril de 2013, agregó la consultoría, el PRI que encabeza Manlio Fabio Beltrones en la cámara de diputados, recibió  tan solo en esos  cuatro meses, 151.4 millones de pesos, mientras que el PAN que lidera Luis Alberto Villarreal, 84.4 millones de pesos, y el PRD que coordina, Silvano Aureoles, 61.1 millones de pesos en el mismo periodo.
El PVEM, 22.9 millones de pesos, el PT, 14 millones de pesos, el Panal 10.5 millones de pesos y Movimiento Ciudadano, 21.6 millones de pesos.

“Las subvenciones a los grupos parlamentarios son apoyos económicos para actividades legislativas y de gestoría, pero sólo reportan cifras agregadas sin comprobación ni facturas. Esos gastos no son revisados por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que se desconoce el destino y uso de esos montos millonarios”, acusa el análisis.

Apoyo de gestión social en Guerrero

En Guerrero, no existe ninguna norma que regule la distribución, control y comprobación de los recursos que los diputados del Congreso del estado usan de manera discrecional. Tampoco se encuentran documentos donde quede constancia de su ejercicio y de los impactos que se lograron.

Los informes de cuenta pública del Congreso –por cierto, elaborados por la Auditoría General del Estado, pero aprobados por los integrantes del propio Congreso, que de esta manera los convierte en juez y parte- son documentos de rendición de cuentas que deberían contener información sobre esta partida financiera. Pero no es así.

Por ejemplo, el decreto por el que se aprueba la cuenta de la hacienda pública del poder legislativo correspondiente al ejercicio fiscal 2010 señala que en ese año se ejercieron 337.9 millones de pesos.

Pero en ninguno de los rubros generales que se publican ni en ningún lugar del documento se informa sobre los recursos que se distribuyen entre los legisladores locales.

El decreto por el que se aprueba la cuenta de la hacienda pública del poder Legislativo del ejercicio 2011( http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/02/PERIODICO-12.pdf), describe de manera un poco más específica el ejercicio de los recursos.

Así, por ejemplo, durante ese ejercicio 2011 se ejercieron un total de 438.4 millones de pesos en el Congreso local, y se destinaron al rubro de servicios generales recursos por 219.6 millones de pesos; dentro de este renglón, se detalla que a servicios oficiales se destinaron 201.7 millones de pesos.

Según ese documento, dentro de servicios oficiales se describe un apartado denominado “Apoyo gestión social” al que se le asignaron 157.4 millones de pesos, y ante la falta de información, se presume que de ahí se obtienen los recursos de uso discrecional destinados a los legisladores.

Si esto es cierto, a cada uno de los 46 diputados les corresponderían 3.4 millones de pesos para uso exclusivo y sin comprobación.

Estos gastos de “apoyo gestión social” representan el 78 por ciento del rubro de servicios oficiales, y si se les compara con el total de los recursos ejercidos por el Congreso del estado en 2011, esta partida discrecional alcanza el 35.9 por ciento.

Intento de ocultar información

Ante la insuficiente información publicada en los acuerdos por los que se aprueba la cuenta de la hacienda pública del poder legislativo respecto a esta partida de gestión social y otros rubros específicos, formalmente se solicitó al Congreso información complementaria sobre el gasto del legislativo.

La unidad de transparencia del Congreso no respondió a la solicitud informativa en el plazo previsto por la ley, por lo que se presentó un recurso de revisión o queja ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado,  en cuya resolución dictaminó la obligación de que el Congreso entregara la información solicitada.

Entre los datos entregados por el órgano legislativo, se conoció que al rubro de “servicios oficiales”, de los que se obtiene el “apoyo gestión social”, se le asignaron diferentes montos: 173.5 millones de pesos en 2009; 17.7 millones en 2010; 201.7 millones en 2011, y 199.1 millones de pesos para el ejercicio 2012.

Sin embargo, el Congreso también informó que el “monto destinado al rubro de “apoyo a gestión social” no aplica, toda vez que el H. Congreso del Estado no aplica ningún tipo de apoyos para este rubro”.

Esta información contradice de manera evidente el informe de cuenta pública –por lo menos el de 2011- elaborado por la AGE y aprobado por los legisladores, en el que se describe claramente una partida de “apoyo gestión social” como parte de Servicios Oficiales. Pero la respuesta del órgano legislativo a este requerimiento fue que no existe dicho concepto de gasto.  

Asimismo, la Unidad de Transparencia, a través del director de administración del Congreso del Estado, dio a conocer que “respecto de los mecanismos de control y vigilancia cada diputado ejerce su propio mecanismo de control y vigilancia de acuerdo a su propia gestoría. Asimismo, este H. Congreso remite un informe semestral a la Auditoría General del Estado”.

Así, pues, se corrobora que no existe ningún tipo de control y evaluación para estos recursos que reciben los legisladores, dejando a su propio albedrío los mecanismos de control y vigilancia que consideren pertinentes, no obstante que son recursos del erario público.

Otros datos

Der acuerdo con la información proporcionada por el Congreso del estado, en 2009 la remuneración que recibía un legislador era de 26 mil 856 pesos. Al año siguiente se incrementó a 34 mil 376 y para 2011 su honorarios alcanzaron 51 mil 400 pesos; ese misma cantidad recibieron en 2012.

En el concepto de “ayudas, subsidios y transferencias”, en 2009 el Congreso del estado gastó 454 mil 904 pesos; en 2010 el monto fue de 293 mil 258, pero en el ejercicio 2010 se incrementó sustancialmente a 971 mil 677 pesos, y en 2012 alcanzó poco más de dos millones de pesos.

En el caso de 2011, destaca que como parte de los recursos destinados a ayudas, subsidios y transferencias, se asignaron 931 mil477 pesos al concepto de “ayudas culturales y sociales”, sin que se especifique con detalle cuáles fueron los gastos reales en ese rubro. 

Quitan recursos a diputados

Hace unos días, un diario capitalino informó que “el gobierno del estado decidió retirar al Congreso local el recurso destinado para gestión de cada diputado que es de dos millones de pesos por cabeza, con el fin de que sea el propio Ejecutivo quien administre y ejecute las obras que se harán en los municipios devastados por la tormenta tropical Manuel”. (Pueblo, 25 de septiembre).

Según la nota, los recursos son ejercidos por el propio gobierno, que además ejecuta las obras, y los diputados se encargan de hacer la gestión, pero no utilizan o administran el dinero invertido. Para ellos es el reconocimiento de la ciudadanía beneficiada, al ser el vínculo para lograr que el gobierno estatal voltee los ojos a sus respectivas zonas.

Sin embargo, por disposición del poder Ejecutivo, se “decidió que ese recurso que en suma es de 92 millones por los 46 diputados, será ejecutado en obras para los municipios más devastados, pero él mismo será quien decida qué tipo de obras y a qué ciudades o comunidades irá destinado”.

 ¿Fin de la discrecionalidad?

Los legisladores federales y de los estados donde existen estas partidas para su uso personal violan flagrantemente del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que “los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Y también se añade en este artículo que “los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior”.

Sin embargo, el dinero que se distribuye entre diputados federales y locales y senadores no se somete a estos requisitos mínimos que ordena la Constitución.

Hace un par de meses, ante el escándalo de los senadores del Partido Acción Nacional por el reparto de estos recursos, el legislador Ernesto Cordero presentó ante el pleno de la Comisión Permanente dos iniciativas en materia de transparencia, para que se dé a conocer, de manera pública, la entrega y uso de los recursos que se entregan a cada grupo parlamentario de la cámara alta.
El senador panista dijo que la intención es informar sobre los recursos otorgados a las bancadas a través de la gaceta parlamentaria y del reglamento del Senado.
Y agregó que el artículo 6 de la Constitución mexicana establece las bases para regular el derecho a la información pública gubernamental bajo el principio de máxima publicidad y que bajo ese principio toda autoridad tiene la obligación de dar información, permitir el acceso a ella y transparentar el uso y destino de recursos públicos informando y rindiendo cuentas a tiempo y debidamente a los administrados y a los gobernados.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.