Presidentes municipales de Guerrero condicionan su aportación financiera al Programa 3x1 para Migrantes a que el ayuntamiento sea el ejecutor de las obras del programa, pues de esta manera se encargan de la administración de los recursos con un amplio margen para ejercerlos de manera discrecional.
Esta decisión afecta negativamente la operación de este programa destinado a los migrantes que desde hace varios años es el único programa gubernamental en Guerrero en el que los beneficiarios intervienen en la toma de decisiones tanto para seleccionar qué obras se construirán en cada ejercicio fiscal como en la ejecución de las mismas y en la administración de los recursos.
De hecho, el estado de Guerrero destaca en el ámbito nacional por la manera en que ha operado el Programa 3x1 para Migrantes, ya que funciona con un fuerte componente de participación ciudadana, y esto le da un rasgo excepcional que lo hace diferente de otras experiencias en estados con mayor tradición migratoria como Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato o San Luis Potosí, entre otros.
El 3x1 es un programa concurrente en donde el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social; el Ejecutivo estatal, por medio de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales; los ayuntamientos, y los migrantes guerrerenses radicados en Estados Unidos, aportan recursos financieros para la construcción de obras de infraestructura social básica en las comunidades de origen de los migrantes o donde ellos decidan. Este esquema de trabajo implica que por cada peso que aportan los migrantes, los gobiernos federal, estatal y municipal dan tres pesos.
Es un programa que tiene 11 años en funcionamiento en el país y cuyo origen se ubica precisamente en una práctica que los migrantes guerrerenses comenzaron en los años ochenta, cuando los paisanos enviaban recursos para hacer mejoras en sus comunidades de origen y que reclamaban al gobierno del estado se corresponsabilizara con esta iniciativa ciudadana.
Sin embargo, hoy en día, Guerrero no es de los estados que se caractericen por las mayores inversiones al programa ni tampoco por que desde las instituciones se promuevan y fortalezcan las buenas experiencias que ha tenido su operación.
Al contrario, en los últimos años, el programa 3x1 para migrantes ha enfrentado embestidas de parte de las instituciones que participan como aportantes, sobre todo de las locales, del gobierno estatal y los ayuntamientos.
El 3x1, en riesgo
Los propósitos políticos y clientelares de algunos funcionarios estatales y presidentes municipales, son parte de los riesgos que están latentes y que afectan al programa negativamente.
Rodolfo García Zamora, en su trabajo “El Programa Tres por Uno de remesas colectivas en México. Lecciones y desafíos”, analiza 11 problemas sobre el funcionamiento del programa, uno de ellos: “Politización del programa. Con frecuencia, gobernadores y partidos políticos (y ocasionalmente también funcionarios federales) intentan influir en la selección de obras y en los montos de financiamiento de los proyectos”.
Fue el caso del primer titular de la Sedesol de Ángel Aguirre, que intencionalmente buscó politizar el programa.
En efecto, fue uno de los más sonados en la prensa y lo protagonizó en los primeros meses de la administración de Ángel Aguirre Rivero, el ex titular de la Sedesol estatal, David Jiménez Rumbo, quien intentó emplear políticamente el programa con la imposición de “sus” proyectos y confrontándose con los dirigentes de las dos federaciones de migrantes guerrerenses, para modificar el esquema de operación que se había construido en los años anteriores.
Jiménez Rumbo descalificó la operación del 3x1 mediante acusaciones de corrupción y desvío de recursos, cuando se ha documentado que es uno de los programas en donde la participación ciudadana ha impedido precisamente el uso irregular de los recursos.
En un pronunciamiento publicado en la prensa en septiembre de 2011, las organizaciones de migrantes guerrerenses reclamaron al gobernador Aguirre Rivero por estar representado por un funcionario que desconoce las reglas de operación del programa 3x1, “el más exitoso de los programas de México a nivel internacional”
Pero los ayuntamientos también han obstaculizado el programa, pues en varios ejercicios fiscales, algunos alcaldes se han negado a hacer sus aportaciones, no obstante la demanda de obras en las comunidades de su demarcación y la disposición de los clubes de migrantes de participar en el cofinanciamiento. Así sucedió en 2010, cuando dirigentes de migrantes denunciaron que el alcalde de Buenavista de Cuéllar no aportaba recursos al programa.
En 2012, último año de gobierno de los presidentes municipales del trienio anterior, las aportaciones de los ayuntamientos al esquema de concurrencia del 3x1 fue difícil, pues hubo muchas resistencias que pusieron en riesgo muchas de las obras.
Uno de los casos que muestran la discrecionalidad de los ayuntamientos fue el del municipio de Iguala, cuyo presidente municipal, no obstante que firmó un convenio formal con la federación, el gobierno del estado y la representación de los migrantes, no hizo los depósitos correspondientes a todos los proyectos comprometidos.
Lo organización Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, con sede en Chicago, denunció la omisión en su revista digital. “Ejemplos de la irresponsabilidad de los presidentes municipales como el de Iguala de la Independencia, Dr. Raúl Tovar Tavares, que firmó los convenios de concertación de obras para el ejercicio 2011, donde garantizaba su participación el H. Ayuntamiento con el veinticinco por ciento de cuatro obras participantes en el mencionado programa [3x1]. Sin embargo, nunca hizo tal aportación. Lamentamos otra vez en el ejercicio fiscal 2012 que este funcionario demagógico no participa por lo menos en seis obras solicitadas”.
Finalmente, en 2013 algunos presidentes municipales han tomado una posición autoritaria respecto del programa 3x1, y no ocultan su intención de restarle o quitarle su carácter participativo, ya que, por lo menos en los dos últimos dos años, condicionan su aportación económica a que sea el ayuntamiento el que ejecute las obras.
Destacan los casos de los ayuntamientos de Taxco e Iguala, que en las reuniones correspondientes a 2013 del Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam), órgano de deliberación y toma de decisiones del programa 3x1, los presidentes municipales de esas demarcaciones, Salomón Majul González y José Luis Abarca Velázquez, respectivamente, se comprometieron a invertir recursos en todas las obras que se autorizaran en Covam.
Sin embargo, más tarde se desdijeron y argumentaron que si las obras del programa 3x1 no las construye el ayuntamiento, no aportarían recursos.
Estas decisiones de los presidentes municipales no son menores, pues no sólo están buscando atraerse la administración directa de los recursos, con todo lo que significa su uso discrecional y con escasos controles sociales (como sucede en los hechos con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que también se destina a obra pública), sino que buscan acabar con una práctica de participación social en un programa gubernamental que no tiene parangón en el estado.
Los recursos estatales, a la baja
Otro de los riesgos es la disminución drástica de la inversión estatal durante el gobierno de Ángel Aguirre destinada al programa 3x1, lo que reduce sensiblemente el número de obras y por lo tanto las comunidades beneficiadas.
No se entiende por qué un programa que ha funcionado de manera aceptable y con resultados positivos para los guerrerenses, de improviso, sin ninguna explicación, deja de tener recursos suficientes, incluso sustancialmente menores de los que invertía la administración estatal de Zeferino Torreblanca Galindo.
De acuerdo con datos de la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social federal, en 2009 el Ejecutivo de estado aportó 11.1 millones de pesos al programa, en 2010 se incrementó a 15.9 millones y en 2011 se invirtieron 13.6 millones de pesos.
Sin embargo, en el primer año de Ángel Aguirre, la inversión en el 3x1 disminuyó hasta 6.4 millones de pesos y en 2013 es también por 6.4 millones.
Según un boletín de prensa del gobierno del estado, del 23 de junio de 2013, el gobernador del estado, en una gira por la ciudad de Chicago y ante representantes de los migrantes guerrerenses, se comprometió a incrementar el monto de la aportación estatal en ciento por ciento, aunque no aclaró si ese aumento se aplicaría en el presente año o en el siguiente ejercicio fiscal.
De concretarse este compromiso, la inversión del gobierno del estado apenas alcanzaría los 13 millones de pesos, es decir, solo igualaría el monto aportado durante el último año de la administración de Torreblanca Galindo.
Una experiencia exitosa
Aun con altibajos en las diferentes administraciones estatales y municipales, el programa 3x1 para migrantes en el estado de Guerrero se ha destacado porque una buena parte de las obras son administradas o incluso construidas por los propios beneficiarios.
Esto significa que además del evidente y palpable beneficio que obtiene la población por la construcción de una obra de infraestructura social, en Guerrero se ha ido construyendo al mismo tiempo una participación social activa alrededor del programa.
Este proceso de mayor involucramiento de la gente tiene resultados positivos, sobre todo si se los compara con la modalidad de ejecución que hacen las autoridades gubernamentales, ya que cuando participa la gente, las metas se rebasan (más obra con menos dinero), hay más claridad (transparencia) y honestidad en la operación (disminuye la discrecionalidad con que actúan los funcionarios de todos los niveles) y sobre todo, estos procesos contribuyen a la recomposición del tejido social en el interior de las comunidades guerrerenses, con la formación de estructuras básicas de organización para la gestión, desarrollo y vigilancia de los trabajos.
Muchas experiencias del 3x1 en Guerrero han sido pues sobresalientes y hasta puede afirmarse que ningún programa estatal en Guerrero opera con este esquema tan participativo.
No obstante que es un programa que promueve la corresponsabilidad y en el que participan varios actores con sus aportaciones económicas (gobiernos federal, estatal, municipal, y los clubes de migrantes y en algunas ocasiones, las comunidades de origen) hay que destacar que ha sido un logro obtenido por las organizaciones de migrantes, por la gente de las comunidades. Si bien, el 3x1 cuenta con unas reglas de operación que posibilitan esta participación comunitaria, y esto se conjuga en algunas ocasiones con cierta sensibilidad social hacia las demandas ciudadanas por parte de funcionarios de gobierno, sin duda el mérito de haber construido un programa participativo en Guerrero es atribuible a la iniciativa de la gente que se organiza.
Otros programas similares de construcción de infraestructura básica, como el Fondo de Infraestructura Social Municipal, cuyos recursos se obtienen del Ramo 33, tienen también reglas y una normatividad que establece mecanismos de participación comunitaria en las diferentes etapas de la construcción de una obra. Pero en los hechos, las decisiones importantes las toman de manera unipersonal los presidentes municipales (haciendo caso omiso a los espacios de participación, como los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal), a diferencia del programa 3x1, en donde los clubes de migrantes y sus federaciones han hecho valer su voz y sus posiciones en el órgano de toma de decisiones que es el Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam), y en los espacios de negociación con los gobiernos estatal y municipales.
Quizás aún no se valora lo suficiente este rasgo peculiar en la forma de operación del 3x1, en donde están involucrados los clubes de migrantes y los comités espejo integrados por personas de las comunidades de origen de los migrantes.
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