Total opacidad en el Seguro Popular (1)

El Sur de Acapulco

No obstante que en el estado de Guerrero persisten grandes rezagos en materia de salud, el Seguro Popular, uno de los programas baluarte del gobierno federal y en el que se han invertido miles de millones de pesos en 10 años de funcionamiento, se han encontrado numerosas irregularidades en la operación y en el ejercicio de los recursos, tanto en la anterior administración de Zeferino Torreblanca Galindo, como en la actual de Ángel Aguirre Rivero.
Aunque existe poca información sobre este programa, debido a la casi completa opacidad con que se maneja en el estado, los pocos datos disponibles permiten tener una percepción de la manera en que funciona el Seguro Popular, que nació con el propósito de “brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario”.
La Auditoría Superior de la Federación, en sus revisiones a la cuenta pública de diversos sectores del estado, es prácticamente la única fuente de información para conocer lo que sucede con el ejercicio de los recursos del Seguro Popular, ya que la Secretaría de Salud del gobierno del estado no publica o distorsiona la información que tiene publicada sobre este programa, con el propósito de hacerla inaccesible a los ciudadanos.
10 años de Seguro Popular
Según la Ley General de Salud, el Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, se financia de manera solidaria por la federación, las entidades federativas y los beneficiarios. Los lineamientos indican que la federación transferirá a los estados dos tipos de recursos, uno denominado Cuota Social, que equivale a 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario (en el Distrito Federal) por familia beneficiaria.
El otro recurso es la Aportación Solidaria Federal por familia, y equivale a 1.5 veces el monto de la Cuota Social. La distribución entre las entidades federativas considera componentes de asignación por persona afiliada, necesidades de salud, esfuerzo estatal y desempeño, por lo que la aportación es diferente para cada entidad federativa.
En forma adicional, los gobiernos de los estados tienen la obligación de efectuar aportaciones solidarias por persona beneficiaria, la cual debe ser equivalente a la mitad de la Cuota Social.
Por su parte, los beneficiarios del Seguro Popular participan con cuotas familiares que son anticipadas, anuales, progresivas y que se determinan con base en las condiciones socioeconómicas de cada familia.
De manera general, de 2006 a 2011 el estado de Guerrero recibió recursos por 5 mil 593 millones de pesos, mientras que la aportación del gobierno estatal fue en el mismo periodo por 2 mil 661.1 millones.
Considerando sólo las aportaciones federales, en 2010 se hicieron transferencias al estado por mil 657.2 millones de pesos, en el ejercicio 2011 se recibieron mil 901.1 millones de pesos, mientras que en 2012 la cifra se incrementó a 2 mil 151 millones.
De acuerdo con información estadística del Seguro Popular, en 2011 en Guerrero estaban afiliados 791 mil 554 familias a este programa con un total de 2.2 millones de individuos.
Si se observa por municipio, Acapulco ocupa el primer lugar con 130 mil 555 familias afiliadas, y le siguen Chilpancingo con 50 mil 859 familias, Taxco 29 mil 688, Iguala 28 mil 345 y Zihuatanejo con 24 mil 473 familias.
Para ver los reportes de familias afiliadas al Seguro Popular por municipio y por comunidad: http://sistemas.cnpss.gob.mx:7000/reportespef/fraccion_ii_20112/reportes.html#
Historia de irregularidades
Según la información disponible, durante casi todo el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se observaron irregularidades en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular.
De 2006 a 2008, la ASF denunció un “menor dinamismo” en la incorporación de familias a este programa de salud, ya que mientras la federación enviaba los recursos comprometidos en convenios firmados anualmente por la federación y el Ejecutivo estatal, en el estado no se cumplían las metas de afiliación de beneficiarios.
Asimismo, durante estos años el órgano fiscalizador federal ya destacaba la opacidad del programa, pues el gobierno del estado no entregaba información “suficiente” para evaluar indicadores, como fallecimientos derivados de intervenciones quirúrgicas, mortalidad intrahospitalaria, cirugías ambulatorias y médicos para atender población abierta.
“Las falta de información sobre aspectos básicos del sector afecta el diseño de las políticas y acciones en materia de salud”, denunciaba la ASF.
En la revisión del ejercicio 2009, la Auditoría Superior emitió un dictamen negativo al estado en sus revisiones financieras y de cumplimiento, destacando un subejercicio de los recursos aportados por la federación, lo que impactó de “manera directa no sólo en el cumplimiento de los objetivos básicos de este programa, sino fundamentalmente en la mejora de una cobertura efectiva del servicio de salud en el estado, así como en las condiciones de salud de la población”.
En 2010 también se obtuvo un dictamen negativo de la ASF, porque “el gobierno del estado de Guerrero no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política de estado en materia de salud”, ya que al 31 de diciembre de 2010 no había ejercido 737 millones de pesos del recurso federal “limitando con ello de manera sustancial la atención a la población que no tiene acceso a la seguridad social, al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no fueran con mayor calidad, al no cumplir la meta de afiliación en 94 mil 409 personas programadas a 2010”, concluyó en su informe la ASF.
Medicamentos caros
En un estudio denominado El Seguro Popular y la compra de medicamentos 2008- 2009: Del mal uso de los recursos al desabasto de fármacos, la organización Fundar, Centro de análisis e investigación encontró que en los ejercicios 2008 y 2009, la compra de medicamentos en el ámbito nacional se caracterizó por los altos precios que pagaron la mayoría de las entidades federativas.
Esto “revela un ejercicio inadecuado de los recursos públicos destinados a la adquisición de insumos, que son indispensables para la atención médica de la población”, precisó el centro de investigación.
En lo que respecta al primer semestre de 2009, Fundar informó que el reporte de gasto en medicamentos, “muestra gastos excesivos en la compra de claves de medicamentos, que en muchos estados rebasa el precio límite, que es de hasta 20 por cierto por arriba del precio de referencia”.
Ejemplificó con el medicamento denominado Enalapril (30 tabletas 10 miligramos), que se prescribe para el tratamiento de la hipertensión arterial, y que en 2009 tuvo un precio de referencia de 2.55 pesos.
Fundar documentó que 19 estados compraron dicho fármaco a un costo mayor que el estipulado en el precio de referencia, pero destacó de manera especial el gasto que realizó el estado de Guerrero para la compra del Enalapril “a un precio excesivamente alto”, pues lo adquirió a 129.89 pesos, es decir, 4 mil 993 por ciento por arriba del precio de referencia.
La investigación de Fundar agregó: “En el reporte publicado en la página de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no existe explicación alguna sobre el gasto ejercido para la compra de este medicamento”. http://fundar.-org.mx/fundar_1/site/files/Home/Breves/El%20Seguro%20Popular_medicamentos_VFdoc.pdf
Escándalos en la prensa
En diciembre de 2009, y recién asumió el cargo, la ex directora del Seguro Popular, Gloria Sierra López, declaró que encontró “desequilibrios” en la operación del programa, por lo que estaba trabajando para que las unidades médicas contaran con presupuesto, medicamentos, equipamiento necesario y “con todo lo que requieran para brindar atención con calidad y calidez”.
En aquella ocasión precisó que no era suficiente con la afiliación de más familias, sino atenderlas con calidad.
Sin embargo, en febrero de 2010 Gloria Sierra renunció al cargo porque la administración del presupuesto del Seguro Popular ya no estaría bajo su directa administración, sino a cargo de la ex subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, María Angélica Ramos, funcionaria a quién se identificaba como cercana a Zeferino Torreblanca Galindo y al titular de la dependencia en ese año, Rubén Padilla Fierro.
También es muy recordada la noche del 6 de marzo de 2011, a unos días de que concluyera su encargo el ex gobernador Zeferino Torreblanca, porque de manera inverosímil fueron incendiadas las oficinas que albergaban documentos contables referentes al Seguro Popular. El contador de este programa, Daniel Luño, declaró a la prensa que sujetos lo golpearon y rociaron con gasolina muebles y documentos para después prenderles fuego. Los incendiarios se llevaron computadoras portátiles, celulares y procesadores de computadoras de escritorio.
Sobre este suceso, el secretario de Salud del estado, Antonio Salvador Jaimes Herrera, dijo que levantarían un acta ministerial y solicitarían a la Procuraduría General de Justicia del Estado que agilizaran las investigaciones del caso, y agregó que la documentación que sufrió daños, coincidentemente, fue la que se relacionaba con “el cierre contable del Seguro Popular” e información “administrativa de la Secretaría de Salud”.
Finalmente, en agosto de 2011, el actual secretario de salud, Lázaro Mazón denunció que la administración de Zeferino Torreblanca no comprobó mil 900 millones de pesos del programa Seguro Popular, desde 2006 y hasta 2011.
Al respecto, el funcionario aseguró que la irresponsabilidad del gobierno anterior pudo generar graves consecuencias para Guerrero, ya que de la correcta comprobación de los recursos económicos dependía que el gobierno federal continuara destinando el mismo presupuesto a este programa en los próximos ejercicios fiscales.
Lázaro Mazón indicó que la federación estuvo a punto de suspender el presupuesto del Seguro Popular a principios de la administración, y que por un compromiso que adquirió el gobernador Aguirre Rivero con el secretario de salud federal, se logró que continuaran estos recursos a cambio de comprobar hasta el último peso.
Pero como se leerá en la próxima entrega, en la operación del Seguro Popular durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre también se han cometido numerosas irregularidades.
A propósito del estado de derecho. A la Secretaría de Salud le solicitamos información relativa al dengue, como la incidencia de casos por año, los recursos financieros invertidos, el número de personal empleado para su combate, entre otros datos. Pero la dependencia nunca respondió, y presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero. La Secretaría tampoco rindió su informe al Itaig en el plazo estipulado, por lo que el órgano garante emitió una resolución que ordena a la dependencia a entregar la información solicitada. Ya pasaron los 10 días hábiles de plazo que dio el Itaig para que se nos entregara la información, y la Secretaría no ha respondido, en abierto desacato a una resolución.
De manera particular, en el segundo año de la administración de Ángel Aguirre, el acceso a la información ha sido más problemático que otros años. Hay ejemplos como las de la Secretaría de Desarrollo Rural, Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento y la propia Secretaría de Salud, que simplemente no responden a las solicitudes de información o cuando contestan, los hacen con una negativa. Y si se revisa el séptimo informe de labores del Itaig, se observará que la tendencia es generalizada en el Ejecutivo estatal: de 73 quejas presentadas ante el Itaig, 60 corresponden a dependencias del gobierno del estado.