El Sur de Acapulco
Aunque durante los últimos años de la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo se denunciaron graves irregularidades en las finanzas y la operación del programa Seguro Popular, en el primero de Ángel Aguirre Rivero nada se corrigió y continuaron los manejos poco claros en este programa tan importante para los guerrerenses.
Lo anterior se desprende de la más reciente revisión financiera y de cumplimiento que realizaron la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como programa Seguro Popular, en el ejercicio 2011.
De acuerdo con el informe de resultados emitido por el órgano fiscalizador de la federación, en el primer año de la administración de Aguirre Rivero se encontró un subejercicio de 42 por ciento del presupuesto federal transferido al gobierno del estado para el Seguro Popular. (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0767_a.pdf)
Según la misma fuente, los recursos federales enviados al estado durante 2011, por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para este programa, fueron del orden de 1,903.7 millones de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2011, se devengaron 1,104.3 millones, lo que representó el 58 por ciento de los recursos transferidos.
La ASF señaló que este subejercicio en el Seguro Popular no es nuevo y se trata de una “reincidencia”, ya que también fue observado en la cuenta pública del 2010; es decir, mientras el presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2011 fue de 58 por ciento, un año atrás, en 2010, apenas fue de 55.5 por ciento.
De los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2011, se gastaron 51.8 por ciento en remuneraciones al personal, 30.2 por ciento en medicamentos, materiales de curación y otros insumos, 7.7 por ciento en pagos a terceros por servicios de salud; y 6.6 por ciento en gasto operativo en unidades médicas.
En su primer informe de gobierno correspondiente a 2011, el gobernador Aguirre Rivero no mencionó ni una palabra de este subejercicio, simplemente destinó dos párrafos al programa para mencionar que “el Seguro Popular tuvo un financiamiento en gasto corriente de 1,769 millones 281 mil pesos y en inversión 128 millones 775 mil pesos, con el fin de fortalecer la red de prestadores de servicios”.
Y destacó en aquella ocasión que “el Seguro Popular, a través de la campaña intensiva de afiliación, favoreció a 305,560 nuevas personas, con lo cual se alcanzó la meta máxima de 2,279,358 guerrerenses, cantidad que superó las metas requeridas para la declaratoria de la cobertura universal por parte del Gobierno Federal”.
Pero la pregunta es de qué manera atendió a esos 2.2 millones de personas que presumió en su informe de gobierno, si al concluir 2011 había gastado apenas poco más de la mitad del presupuesto que le envió la federación.
El Seguro Popular en Guerrero, sin controles
Una de las observaciones más relevantes de la ASF al programa es que en Guerrero no se cuenta con mecanismos que aseguren la aplicación de la normatividad en la gestión y aplicación de los recursos federales del Seguro Popular, ni tampoco se tiene un código de ética que regule el actuar de los empleados a cargo de la operación.
Otro de los problemas graves es que no se subsanado la falta de controles -que persiste desde el gobierno anterior- para evitar tanto la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia como la compra de medicinas no consideradas en el catálogo universal de servicios de salud; de hecho, es en este punto donde se observa mayor discrecionalidad para el desvío de recursos.
El órgano fiscalizador federal también señaló que en Guerrero no se tienen implementados controles para asegurar que los médicos especialistas cuenten con la documentación que avale la especialidad correspondiente ni tampoco se han instrumentado acciones que aseguren que se proporcione información sobre la adquisición de medicamentos en forma completa y oportuna y sobre los avances en el ejercicio de los recursos transferidos se envíen de manera oportuna a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
De esta manera, la ASF concluyó que el control interno para la gestión de los recursos federales del Seguro Popular en Guerrero es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación.
Destino de los recursos
No obstante las observaciones a la operación del Seguro Popular en el gobierno de Zeferino Torreblanca, en 2011 continuaron ejerciéndose recursos para pagar conceptos no autorizados por este programa. Así, por ejemplo, se destinaron recursos por 34.9 millones de pesos para el pago de facturas que amparan gastos que no correspondía pagar con recursos del Seguro Popular 2011.
También sobre el destino de los recursos, la auditoría de la ASF observó que el gobierno del estado ejerció 24.8 millones de pesos en conceptos no pactados para su pago con recursos del programa como son: bono de fin de año para el personal regularizado (21.9 millones), bono del trabajador (1.8 millones); bono día del trabajador de salud a personal eventual (584 mil pesos); bono día del trabajador del personal del gasto de operativo y del apoyo administrativo (243 mil pesos); ayuda para lentes y tesis (138 mil); bono día de las madres (97 mil pesos); día de reyes (54 mil pesos).
Junto con esta irregularidad, la revisión a la operación del Seguro Popular encontró que 38 empleados de la oficina central Chilpancingo no estaban directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados al programa, por lo que se realizaron pagos indebidos por 4.3 millones de pesos.
Igualmente, se pagó poco más de un millón de pesos en remuneraciones de nueve servidores públicos adscritos al Servicio Médico Forense de Chilpancingo y de Taxco, es decir, a áreas no autorizadas para financiarse con recursos del Seguro Popular.
En el caso de impuestos que debieron ser enterados a la federación, se encontró que el gobierno del estado retuvo a los trabajadores del Seguro Popular 16.9 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero la ASF no encontró evidencia de que se hayan enterado.
Adicionalmente, durante la revisión se verificó que no se enteraron al Servicio de Administración Tributaria 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios.
También se observó que el gobierno estatal ejerció 35.7 millones de pesos para el pago de aportaciones patronales al Issste, Fovissste, sistema de ahorro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro solidario y seguro colectivo, es decir, conceptos no autorizados dentro del Seguro Popular.
Incluso, una de las “promociones” de la ASF fue dirigida al Sistema de Administración Tributaria para que instruyera a “quien corresponda con el propósito de que audite al Gobierno del estado de Guerrero (…) a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales” debido a que el estado no había enterado al SAT 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios pagados y no había identificado haber enterado casi 17 millones de pesos.
Adquisiciones irregulares
Respecto a la adquisición de medicamentos, también se encontraron irregularidades. Por ejemplo, el gobierno del estado pagó 984 mil pesos en la compra de medicamentos no considerados en el programa, y además erogó 4.1 millones para la adquisición de medicamentos con un precio superior al de referencia. Esta observación es señalada por la ASF como una reincidencia, ya que es una práctica que el gobierno del estado no ha desterrado desde el gobierno del Zeferino Torreblanca.
Hay que recordar que en el ejercicio 2009, la organización Fundar, centro de investigación y análisis, descubrió que el gobierno del estado adquirió el medicamento Enalapril (30 tabletas 10mg), de 2.55 pesos, que era su precio de referencia, a 129.89 pesos.
En casi todas las observaciones, la ASF informa que en el transcurso de la auditoría, el gobierno del estado “proporcionó información y documentación con la que aclaró y justificó” el dinero gastado de manera irregular y además “acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del programa”, sin explicar de dónde obtuvo el gobierno del estado los recursos para resarcir la irregularidad detectada.
También en prácticamente todos los casos, la ASF advierte que “la Contraloría General del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”. Sin embargo, nadie sabe nada sobre los procedimientos ni mucho menos de sus resultados, por lo que no hay claridad sobre las consecuencias de la intervención del órgano fiscalizador federal.
Adquisiciones sin licitación
El gobierno del estado adjudicó de manera directa la adquisición de bienes por 230 millones de pesos, cuando por el monto del contrato debió adjudicarse por licitación pública; además, en el expediente no se localizó, ni el gobierno del estado presentó evidencia de que el proveedor contratado se encontraba inscrito en el padrón de proveedores de la administración pública estatal.
Tampoco se presentó el expediente técnico que ampare los procesos de licitación, adjudicación y contratación de la empresa a la que se le realizaron pagos por 176.2 millones de pesos por compra de medicamentos y material de curación, lo cual limitó la fiscalización para emitir una opinión sobre la razonabilidad de las operaciones realizadas.
En el informe de revisión, el gobierno del estado argumenta que este expediente técnico que contiene documentos sobre la contratación de la empresa se extravió, por lo que presentó un acta ministerial emitida el 3 de agosto de 2011, mediante la cual denunciaron el extravío del expediente técnico que contiene documentos oficiales correspondientes a la contratación con la empresa.
Poca transparencia
Finalmente, de acuerdo con la ASF, el gobierno del estado no cumplió con las obligaciones señaladas en la normatividad federal de enviar los informes trimestrales de la compra de servicios a prestadores privados, ni los semestrales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; y los mensuales del avance del ejercicio de los recursos transferidos y el correspondiente al listado nominal de las plazas pagadas no se enviaron de manera oportuna.
Toda esta información tampoco se publicó en las páginas de internet de los Servicios de Salud ni del gobierno del estado en el apartado correspondiente al Seguro Popular.
Esta ha sido una práctica que viene desde el gobierno estatal anterior, ya que el órgano fiscalizador federal subrayó que esta anomalía observada en 2011 también fue encontrada en la revisión de la cuenta pública 2010.
A propósito del segundo informe
“Con los programas Guerrero Cumple Uniformando y Útiles Escolares, se atendió en su totalidad a la población estudiantil de 4,634 escuelas públicas de primaria, entregando 507,018 paquetes escolares, con un presupuesto de 101 millones 876 mil pesos”.
Es decir, que cada paquete costó 201 pesos. Habría que preguntar qué recibieron y qué piensan los padres de familia de este costo.
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