El Sur de Acapulco
La Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero concluyeron en sus revisiones a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 2011 que ni el gobierno del estado ni los municipios auditados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, y su contribución para beneficiar a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema fue sumamente parcial e insuficiente.
Esto coloca a Guerrero en una situación delicada, ya que el FAIS es uno de los ocho fondos del Ramo 33 destinado a la construcción de obra pública, estatal y municipal, para contribuir directamente a superar rezagos sociales en las localidades más pobres del estado, y eso no sucedió, ya que en el ejercicio de los recursos federales para que el Ejecutivo del estado y los 81 municipios guerrerenses construyeran obras de infraestructura, los órganos fiscalizadores encontraron graves irregularidades que disminuyeron sensiblemente el cumplimiento de los objetivos de esta política social.
Para dar una idea de la cantidad de recursos que llegan provenientes de este fondo, en 2011 se transfirieron a Guerrero 3,583.5 millones de pesos del FAIS, de los cuales 3,149.2 millones correspondieron a los municipios y 434.3 millones al gobierno del estado. Es decir, casi 10 por ciento de los ingresos totales que recibió el estado provinieron del FAIS, según el presupuesto de egresos de la entidad del año 2011.
Grosero subejercicio
Las deficiencias en el gasto del FAIS no son exclusivas de los ayuntamientos; en Guerrero, el gobierno del estado también mostró sus carencias y muchas irregularidades en el ejercicio de los 434.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para la construcción de obra pública.
No obstante las enormes carencias en infraestructura social que existen en el estado, la AGE encontró que al 31 de diciembre de 2011, el gobierno del estado sólo ejerció 251.8 millones de pesos, es decir apenas 58 por ciento del total. Incluso, al 31 de mayo de 2012, sólo había ejercido 62.8 por ciento, lo que ocasionó que no se concluyeran oportunamente las obras y acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de infraestructura carretera.
De acuerdo con la AGE, “la causa del rezago registrado en el ejercicio del gasto es principalmente la falta de una planeación y programación adecuada de los recursos, hecho que origina un vacío en las directrices y políticas sobre la utilización de este fondo”.
Aunado a este subejercicio, la AGE revisó una muestra de las obras y halló que 58 por ciento estaban terminadas y el resto en proceso, y de las obras concluidas, solo 78 por ciento operaba adecuadamente, por lo que la AGE concluyó que los recursos de este fondo “no se ejercieron con eficiencia”.
Al revisar el trabajo de dos organismos que recibieron recursos del FAIS, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado (Cicaeg) y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Capaseg), el órgano fiscalizador del estado encontró que en el ejercicio 2011, la Cicaeg obtuvo un ahorro presupuestal de 6.9 millones de pesos, sin embargo reportó que se desconoce su aplicación y destino. En esa misma dependencia se detectó que una obra, por 14 millones de pesos se construyó mediante administración directa, cuando debió adjudicarse por licitación pública.
Asimismo, la Cicaeg, en cuatro obras de la muestra de auditoría, no presentó la documentación de los contratos debidamente formalizados, garantías de anticipo, garantías de cumplimiento de contratos y de vicios ocultos y notas de bitácora de obra. Y en seis obras no presentó la evidencia documental de los números generadores, las tarjetas de análisis de precios unitarios y de precios extraordinarios, ni de los oficios de solicitud y autorización de volúmenes excedentes y autorización de conceptos extraordinarios.
En el caso de la Capaseg, en seis obras de la muestra, por un monto de 28.3 millones de pesos, la dependencia no cumplió con la modalidad de ejecución que establece la norma, ya que debieron de adjudicarse por licitación pública. Asimismo, en 11 obras se modificó el proyecto original en los trazos de la línea de distribución de la red de alcantarillado sanitario, sin que existan las aclaraciones en las notas de bitácora, ni las autorizaciones para su ejecución, y una obra del municipio de José Joaquín de Herrera no se concluyó.
Los ayuntamientos, también irregulares
La Auditoría Superior de la Federación aplicó auditorías a los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio 2011, específicamente a los municipios de Florencio Villarreal, San Marcos, Tecoanapa y Tlalchapa, mientras que la Auditoría General del Estado revisó los municipios de Iguala y Taxco.
En general, los resultados de las revisiones tienen en común irregularidades como la aplicación de recursos del FISM a obras no autorizadas por la Ley de Coordinación Fiscal y en beneficio de sectores de población que no viven en condiciones de alto y muy alto rezago social. También se encontraron facturas “presumiblemente” apócrifas y la asignación de obras que por su monto no fueron licitadas.
En Florencio Villarreal, por ejemplo, se identificaron dos obras por 316 mil pesos y dos acciones por 640 mil pesos fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Adicionalmente, el municipio destinó 70 mil pesos para el pago de viáticos, concepto no establecido por la normativa en el rubro de gastos indirectos.
Esto sucedió también en San Marcos, en donde se pagó una obra y tres acciones que no eran elegibles, y cuyo costo global fue de más de un millones 500 mil pesos.
En Tecoanapa, el ex presidente municipal Juvenal Poblete gastó 554 mil pesos en una iglesia y poco más de un millón de pesos en la construcción del arco principal en la salida Tecoanapa-Ayutla, los cuales no se consideran obras prioritarias para superar rezagos sociales.
Además, en 2011 pagó la adquisición de fertilizante por 23.9 millones de pesos que representó 46 por ciento del total de transferencias del FISM al municipio.
También como un gasto no considerado en la Ley de Coordinación Fiscal, el ayuntamiento de Tlalchapa destinó 5.9 millones de pesos para la compra de fertilizante, y en este caso representó 48 por ciento de la inversión asignada al municipio.
Obras irregularmente adjudicadas
De acuerdo con los órganos fiscalizadores federal y del estado, las irregularidades en los procesos de adjudicación de las adquisiciones y de obra pública propician que no haya garantía para una adecuada calidad en el ejercicio del gasto público, como fue el caso de los seis municipios revisados en el ejercicio 2011.
Según la ASF, el ayuntamiento de Florencio Villarreal adjudicó en 2011 dos obras por administración directa y una por adjudicación directa de manera irregular, pues éstas debieron ser licitadas.
En el municipio de San Marcos se asignaron 15 obras mediante la modalidad de adjudicación directa sin contar con el dictamen de excepción a la licitación, y 14 de las 15 obras se adjudicaron a empresas o personas físicas que no estaban inscritas en el padrón de contratistas.
En este mismo municipio, se realizaron adquisiciones directas por 4.1 millones de pesos en los conceptos de manejo de residuos sólidos, asesoría y asistencia técnica, equipo de cómputo y oficina, promoción y difusión, mantenimiento de equipo de cómputo, papelería, combustible, mantenimiento de equipo de transporte, y asesoría administrativa, sin la justificación suficiente para no ser licitadas.
Por su parte, en Tecoanapa, la construcción de las comisarias en San Juan las Palmas y Mecatepec, con importes de 786 mil y un millón de pesos, respectivamente, debieron de licitarse y contratarse, y no ejecutarse por administración directa.
El ayuntamiento de Tlalchapa adjudicó una obra (con mezcla de recursos) por un monto de 2.5 millones de pesos mediante invitación a cuando menos tres personas, cuando debió ser por licitación pública.
Lo mismo sucedió con la administración municipal de Taxco, que ejecutó dos obras bajo el procedimiento de invitación y 17 por adjudicación directa cuando por su monto debieron contratarse por el procedimiento de licitación pública.
Finalmente en el municipio de Iguala se ejecutaron obras por 8.9 millones de pesos mediante el procedimiento de adjudicación por invitación, sin embargo, debieron ejecutarse a través de licitación pública nacional.
Retrasos y obras pagadas pero no realizadas
En San Marcos se registraron 11 obras con retrasos en el inicio y conclusión de los trabajos, y no se presentó ninguna reprogramación, ni aplicaron las penas convencionales, por el retraso o en su caso la rescisión del contrato.
El ayuntamiento de este municipio también pagó 424 mil pesos por asesoría e integración de la cuenta pública, así como por integración de expedientes técnicos, pero no existe evidencia de las actividades realizadas.
En el caso de Tecoanapa, en la construcción de la comisaría de Mecatepec se registraron 353 mil pesos de conceptos pagados que no fueron localizados en la inspección física a la obra. La ASF también informó que durante la inspección física de los bienes adquiridos por el municipio, muchos de ellos, con un valor de 26 mil pesos, no fueron localizados.
Asimismo, el ayuntamiento de Iguala no concluyó cinco obras de la muestra que equivalen a casi 4.7 millones de pesos, las cuales operan deficientemente, y además el expediente carece de la documentación que acredite la aplicación de penas convencionales por su incumplimiento.
Por su parte, en Taxco la AGE encontró 785 mil pesos de erogaciones que no tienen documentación comprobatoria y justificativa en conceptos como viáticos, asesorías para la integración de expedientes unitarios, pago de listas de raya; y por pagos indebidos por concepto de comisiones bancarias por sobregiro.
Este municipio de la zona Norte también ejerció de manera irregular 1.2 millones de pesos, en 16 obras, por conceptos de trabajo no ejecutados. Y además el ayuntamiento de Taxco ejerció de manera irregular 180 mil pesos por el pago de “fletes de materiales”, que debieron incluirse en el costo unitario de los insumos.
Facturas apócrifas
En el municipio de Tlalchapa se localizaron 46 facturas por 600 mil pesos emitidas por la compra de materiales y combustibles con recursos del FISM 2011, pero al hacer la verificación en el Servicio de Administración Tributaria, éstas resultaron “presumiblemente” apócrifas.
En este mismo municipio, en la obra “Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Villa Madero”, que costó 2.6 millones de pesos, la ASF encontró diversas irregularidades como deficiencias en el contenido de los documentos que componen la licitación, el contrato está fundamentado en artículos que no corresponden al proceso de acuerdo con la normativa y que el contratista ganador fue un servidor público adscrito a la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento.
Por su parte, el ayuntamiento de Iguala también incluyó en su comprobación documentos apócrifos por un valor de 1.2 millones de pesos que fueron pagados con financiamiento del FISM.
Transparencia
En todos los casos, los municipios no reportaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo a la SHCP, ni entregaron los formatos sobre aplicaciones de recursos ni el avance de indicadores del FISM.
Tampoco dieron a conocer a los habitantes de sus respectivas demarcaciones la información de los montos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; ni al termino del ejercicio, los resultados alcanzados.
De acuerdo con los órganos fiscalizadores, el incumplimiento de los ayuntamientos “refleja debilidades en la transparencia y rendición de cuentas del municipio hacia su población y resta calidad en el ejercicio del gasto público”.
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