Irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud, según la ASF

El Sur de Acapulco

La Auditoría Superior de la Federación puso al descubierto diversas irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, según su informe de resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio 2011.
La mayoría de las observaciones que encontró la ASF fueron el desvío de recursos hacia conceptos no autorizados a pagarse con dinero de este fondo federal, la falta de transparencia y pagos realizados de manera irregular a empleados de la dependencia.
De acuerdo con la ASF, el ejercicio de 2011, el primero del gobierno de Ángel Aguirre Rivero que es fiscalizado por la dependencia federal, calificó de “regulares” los controles internos instrumentados por el gobierno del estado para la gestión del FASSA, a diferencia de la revisión de 2010, todavía en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, donde estos controles fueron “deficientes”, de acuerdo con el órgano fiscalizador federal.
Sin embargo, en la actual administración estatal se encontraron todavía muchas de las deficiencias e inercias que se habían observado al gobierno anterior.
El FASSA es el principal recurso financiero federal que se emplea para la operación y funcionamiento de los servicios de salud en el estado. Dentro de los recursos del ramo 33 que recibe el gobierno del estado, es el segundo más cuantioso, después del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que en 2011 fue de 11 mil 863 millones de pesos.
Para el sector salud, el presupuesto de egresos 2011 del estado reportó un monto de 2 mil 796 millones de pesos; sin embargo, la ASF detalló en su informe que la Secretaría de Salud recibió en ese año recursos por 2 mil 852.2 millones de pesos, que aproximadamente representan 13 por ciento del total de las aportaciones federales que llegaron al estado en ese ejercicio fiscal.
De este total, la mayor parte de los recursos destinaron al pago de salarios, ya que 2 mil 439.7 millones de pesos (85.6 por ciento) tuvieron ese fin. Le siguieron los gastos de operación, a los que se asignaron 360.3 millones (12.6 por ciento) y materiales y suministros, que tuvieron 218.5 millones de pesos (7.6 por ciento). A la compra de medicamentos, durante 2011 sólo se dio un presupuesto de 65.1 millones de pesos, que representan apenas 2.3 por ciento del total.
Principales irregularidades
Entre las observaciones que encontró la ASF, destacan que la Secretaría de Salud ejerció recursos por 10.9 millones de pesos en conceptos que no pueden ser cubiertos con dinero de este Fondo, entre ellos el pago de medicamentos al Seguro Popular por 3.7 millones de pesos, donativos a instituciones por 1.5 millones, pago de uniformes al sindicato por 1.5 millones, y servicios de capacitación y subcontratación por un millón de pesos, entre otros.
Asimismo, el órgano fiscalizador federal encontró que se pagaron conceptos no autorizados dentro del FASSA como el pago de facturas de ejercicios anteriores por 907 mil pesos; pago de pólizas de seguro de automóviles del Seguro Popular y Caravanas por 737 mil pesos, consumo de alimentos por 674 mil pesos, pago de impresiones de las Condiciones Generales de Trabajo al Sindicato por 371 mil, así como una posada de fin de año que costó 344 mil pesos.
Otros conceptos que se cubrieron con recursos del FASSA sin estar autorizados fueron los 29.7 millones de pesos para el pago del “Bono del gobernador a servidores públicos”, recursos por 5.2 millones para el pago de laudos de 13 ex empleados, y el pago de 891 mil pesos para vales de despensa al personal de mandos medios y superiores.
Por otra parte, la ASF descubrió que la Secretaría de Salud siguió pagando a 116 servidores públicos la cantidad total de 3.6 millones de pesos, aun cuando éstos ya habían sido dados de baja. También encontró que se pagó de manera irregular a 36 empleados que pidieron licencia por comisión sindical con goce de sueldo, ya que la ASF verificó que la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud federal emitió las autorizaciones correspondientes en forma posterior al inicio de las mismas. A estos empleados se les pagaron 3.3 millones de pesos.
Asimismo, la Secretaría de Salud gastó 687 mil pesos en el pago de los salarios de cuatro funcionarios comisionados a otras dependencias como la Casa de la Mujer Indígena, el Instituto Estatal de Cancerología, la Coordinación General de Giras del C. Gobernador y la Dirección de Protección Social en Salud, áreas no autorizadas para financiarse con recursos del FASSA.
En la mayoría de los casos, la ASF informó que el gobierno del estado “proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos” que fueron desviados a conceptos no autorizados por el FASSA, “más los intereses generados”.
Y también explicó que la Contraloría General del estado de Guerrero inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, con lo que dio por “solventados” los asuntos.
Opacidad en la cuenta pública
En la página de la Contraloría no se hace ninguna referencia a la revisión efectuada por la ASF a los fondos federales destinados al sector salud ni a sus resultados, aun cuando en todo el informe del órgano fiscalizador federal se establecen compromisos para que la Contraloría General del Estado determine posibles responsabilidades de funcionarios por las irregularidades detectadas.
Sin embargo, a la fecha la Contraloría aún no publica la relación de observaciones donde se compromete su intervención ni tampoco ha hecho públicos los resultados de sus indagaciones a los servidores públicos con posible responsabilidad.
Por su parte, la Secretaría de Salud tampoco informa sobre las revisiones de la ASF, aunque da a conocer en su página electrónica que en el periodo de abril a octubre de 2011, la Contraloría interna de esa dependencia realizó 20 auditorías en diferentes áreas de la secretaría, de las que se derivaron 195 observaciones. Pero a la fecha, no ha informado sobre los resultados de dichas revisiones y sólo se limita a decir que las sanciones o medidas correctivas están en trámite.
La Secretaría de Finanzas y Administración tampoco se refiere a las revisiones de la ASF a las cuentas públicas de las dependencias que reciben recursos financieros federales. La información que presenta en su página electrónica considera globalmente la cuenta pública del gobierno del estado, pero no desglosa los datos de cada una de las secretarías y entidades de la administración pública estatal, por lo que no es posible para la ciudadanía observar con detalle las finanzas de cada una de las entidades.
La ASF se refirió en su informe sobre el FASSA 2011 precisamente a la falta de transparencia, ya que también reportó que la Secretaría de Salud no difundió los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo en el órgano local oficial de difusión del estado, ni en su página de internet o en otros medios locales de difusión; tampoco reportaron de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones del FASSA 2011 y el avance de indicadores, ni realizaron las evaluaciones del fondo.
Todas estas deficiencias de la Contraloría General, Sefina y la Secretaría de Salud repercuten de manera directa en la ciudadanía, que con esa opacidad, no tiene la oportunidad de conocer información acerca de la situación que guarda el sector salud de Guerrero.
En los hechos, se necesita esperar a que la ASF publique los resultados de sus auditorías a las cuentas públicas de las dependencias que ejercen los fondos federales para conocer cómo se gastaron esos recursos a nivel local.
Otras observaciones
La Secretaría de Salud realizó pagos al ISSSTE y Foviiiste fuera de tiempo y utilizó recursos del FASSA 2011 para pagar actualizaciones e intereses moratorios por 1.1 millones de pesos.
Asimismo, en esa dependencia adjudicaron y contrataron la adquisición de bienes y servicios con recursos federales sin ajustarse a la Ley de Administración de Recursos Materiales, ya que indebidamente aplicaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; tampoco elaboraron el programa anual de adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, y adjudicaron indebidamente varios pedidos.
Por otro lado, la Secretaría de Salud aplicó menores porcentajes de penalización a aquellos proveedores que se retrasaron en la entrega de bienes, y asimismo no aplicó penas convencionales por 240 mil pesos a 11 proveedores que entregaron los bienes con 2 y hasta 45 días de atraso respecto de la fecha establecida.
La ASF también concluyó que no existen en la institución estatal de salud los mecanismos de control que aseguren un manejo adecuado y transparente de los medicamentos e insumos médicos, ya que no cuenta con controles de existencias de medicamentos que permitan su fiscalización.
En su visita al almacén central, la ASF detectó 308 medicamentos de lento o nulo movimiento y próximos a caducar tasados en 19 mil 500 pesos, pero también encontró 8 mil 249 medicamentos caducados con un costo de casi 500 mil pesos. Al respecto, la dependencia no proporcionó evidencia de que hubiera mecanismos de control para evitar que se ubicaran en estado de caducidad.
Asimismo, también de la visita a diferentes almacenes y de la revisión de la calendarización de entrega de medicamentos y de una muestra seleccionada de 578 mil 661 medicamentos que corresponden a 37 claves, se descubrió que el almacén central no surtió 214 mil 286 medicamentos solicitados por las unidades médicas para estar en posibilidades de atender a la población objetivo del fondo.
Revisiones de la AGE
Como parte del programa de auditorías de la ASF al gasto federalizado, la Auditoría General del Estado de Guerrero también realizó una revisión a la cuenta pública del sector salud.
En el caso de estas auditorías, destacan las observaciones que hizo el órgano fiscalizador local en el rubro de servicios personales, ya que por ejemplo, la AGE encontró que la Secretaría de Salud pagó 1.3 millones de pesos a cuatro servidores públicos de quienes no se pudo comprobar que disponen de la cédula profesional o título correspondiente. En este mismo rubro, la Secretaría pagó un total de 2.6 millones de pesos a 12 médicos especialistas que no disponen del título profesional y cédula de especialista.
La AGE también encontró irregularidades en el pago de nómina a 91 médicos que no disponen de la constancia de no inhabilitación, y además se detectaron los casos de dos trabajadores que fueron dados de baja por defunción, pero cuyos pagos continuaron emitiéndose por 131 mil 500 pesos en fechas posteriores a las de su baja.
El órgano fiscalizador del estado también realizó una inspección física de los medicamentos, insumos médicos y material de curación, en donde detectó productos en deterioro, caducados y próximos a caducar, además de que no se cuenta con un adecuado control y manejo de éstos para abastecer en forma puntual a la población.
También se refirió a que 70 por ciento de los avales ciudadanos (figura de participación ciudadana para la vigilancia y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud) no participa en el seguimiento y evaluación de la calidad en forma adecuada y de conformidad con los lineamientos establecidos, por lo que no se logra e impulsa la mejora continua de los servicios de salud y no se garantiza la seguridad de los pacientes.
En general, la Auditoría General del Estado de Guerrero concluyó que el gobierno del Estado “no cumplió de forma adecuada las metas y objetivos que en materia de salud atiende el FASSA, ya que la atención de la población que no tiene acceso a ningún tipo de seguridad social no fue de la calidad suficiente”.
Los alcances de las auditorías financieras y de cumplimiento realizadas por la ASF y de manera complementaria por la Auditoría General del Estado de Guerrero, si bien son útiles para entender el ejercicio de los recursos del principal fondo federal de recursos destinado al sector salud, no son suficientes para conocer la calidad y la cobertura reales que tienen los servicios de salud en el amplio territorio guerrerense.
No se reflejan en estas revisiones de los órganos fiscalizadores el ausentismo de personal médico, sobre todo en las comunidades rurales –por la inseguridad, pero también por el burocratismo–, ni la mala atención que reciben los ciudadanos ni las cuotas que deben pagar para el funcionamiento de los centros de salud ni el desabasto de medicamentos, del que tanto se quejan los ciudadanos.
Los resultados de estas revisiones son, pues, solo parte de la realidad que se vive en el sector salud en donde es evidente que el derecho a la salud todavía es incompleto para miles de guerrerenses. Para consultar el informe completo de la ASF:  http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0704_a.pdf