Tan opacos los ayuntamientos que se fueron como los que llegaron

El Sur de Acapulco

A cinco meses de que asumieron la administración de sus demarcaciones, los ayuntamientos de Guerrero no han cumplido con las expectativas en materia de transparencia que generaron entre los ciudadanos, ya que no han cambiado las prácticas de opacidad que caracterizaron a sus antecesores, no obstante que durante los primeros días después de que asumieron el cargo, muchos alcaldes y funcionarios de los nuevos gobiernos se pronunciaron por ejercer mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas ante el desastre administrativo y financiero y de endeudamiento que dejaron los ayuntamientos del periodo 2008-2012.
Los primeros focos rojos de la opacidad de los ayuntamientos actuales los prendieron los resultados de la evaluación aplicada en enero de 2013 por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) a 32 municipios del estado de Guerrero, en donde la calificación promedio de estas demarcaciones fue de 5.37 –en una escala de 1 a 100–, por debajo de estados como Chihuahua y Jalisco, cuyos municipios evaluados tuvieron una calificación promedio de 78.9 y 59.3 puntos, respectivamente.
Esta calificación no se diferencia de la que registraron los gobiernos pasados en las cinco revisiones anteriores, donde los valores fluctuaron entre 3 y 6 puntos colocando a los municipios guerrerenses entre los más opacos de todo el país.
El municipio de Tlajomulco, Jalisco, que ocupa la primera posición nacional obtuvo 94 puntos en su más reciente evaluación, mientras que el segundo y tercer sitio correspondieron a Zapopan (Jalisco) y Ciudad Juárez (Chihuahua) con 89 puntos cada uno. En contraste, el municipio guerrerense con mejor posición nacional fue Iguala, que apenas obtuvo 24 puntos.
En el registro general, de los 25 municipios más opacos –de 78 evaluados a nivel nacional– 24 son guerrerenses y no rebasan los dos puntos. Asimismo, 10 de los 32 municipios evaluados en Guerrero, no alcanzan ni siquiera un punto de calificación (Alcozauca, Alpoyeca, Atlamajalcingo, Benito Juárez, Cochoapa el Grande, Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal, Igualapa, Metlatónoc y San Luis Acatlán).
Esta información de municipios reprobados en transparencia no es extraña en Guerrero, pero la experiencia de los gobiernos locales anteriores indica que donde prevalece la opacidad es muy probable que haya un ejercicio desaseado de los recursos públicos, como sucedió en los ayuntamientos que concluyeron su periodo en septiembre de 2012.
Sin avances, el acuerdo por la transparencia
Ante la expectativa que generó el relevo de los gobiernos municipales, Cimtra convocó en septiembre de 2012 a los 81 ayuntamientos del estado a firmar el Acuerdo por la Transparencia Municipal, un documento en el que los alcaldes se comprometían a “actuar de manera ética y orientar sus esfuerzos al cumplimiento de las obligaciones legales vigentes en materia de transparencia y al logro de una comunicación efectiva con los habitantes de sus municipios”, así como a “promover en sus gestiones el manejo transparente de los recursos públicos” y a “fomentar la participación de la ciudadanía como vigilante de la labor gubernamental”. Asimismo, su compromiso fue el de “asumir una actitud de apertura y disposición para la publicación de información”.
Sin embargo, a la cita sólo acudieron los presidentes municipales electos de Chilpancingo, Acapulco y Atoyac, Mario Moreno, Luis Walton y Edilberto Tabares Cisneros, y uno de los síndicos del ayuntamiento de Iguala, Justino Carvajal Salgado; ningún otro representante municipal hizo caso a la convocatoria.
No obstante que firmaron el documento, y a cinco meses de haber tomado posesión, los cuatro ayuntamientos que asumieron públicamente compromisos, muy poco o nada han hecho en favor de la transparencia.
Iguala, por ejemplo, aunque en la evaluación de Cimtra incrementó en 16 puntos su calificación respecto del gobierno anterior, los 24.1 puntos que obtuvo en enero pasado –y que le dan el primer sitio estatal– evidentemente son insuficientes para caracterizar a este ayuntamiento como transparente, pues está muy lejos de los 94 puntos que logró el ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco.
Chilpancingo es otro de los ayuntamientos que firmaron el Acuerdo por la Transparencia Municipal. Sin embargo, el gobierno de Mario Moreno no obtuvo mejores calificaciones que sus antecesores, ya que la revisión más reciente de Cimtra le dio 22.5 puntos. Hay que recordar que durante el periodo 2008-2012, en ese municipio se obtuvieron valores que van de los 10 a los 30 puntos en cinco revisiones. Es decir, la actual administración no ha alcanzado ni siquiera la calificación máxima que obtuvo el gobierno anterior.
Tampoco el ayuntamiento de Acapulco se ha caracterizado por sus prácticas de transparencia, no obstante sus constantes reclamos al gobierno anterior precisamente por su opacidad y nula rendición de cuentas. En esta materia, el gobierno municipal de Luis Walton no ha hecho ninguna diferencia con el de Manuel Añorve y sus relevos.
En la más reciente evaluación de Cimtra, el ayuntamiento de Acapulco obtuvo apenas 19.7 puntos; es decir, ni siquiera alcanzó la calificación promedio del municipio durante las cinco revisiones al gobierno anterior, que fue de 20.8 puntos.
El ayuntamiento de Atoyac también firmó el compromiso por la transparencia, y aunque, de acuerdo con Cimtra incrementó su calificación respecto del gobierno anterior, este aumento es insignificante, ya que pasó de 1.7 a 4.1 puntos. Si se considera que la escala es de 1 a 100, la conclusión es que el ayuntamiento de Atoyac ha hecho muy poco por la transparencia.
Otros gobiernos municipales no firmaron el acuerdo por la transparencia, pero expresaron su disposición de hacerlo, como el ayuntamiento de Zihuatanejo, que en la evaluación que cada semestre aplica Cimtra obtuvo una calificación muy baja, de sólo 6.6 puntos. Incluso es uno de los municipios que registró una disminución en su puntaje con respecto del gobierno anterior.
Impunidad en Acapulco
Además de la opacidad, la impunidad es otro pesado lastre que caracteriza a los gobiernos municipales, pues es vox populi que en aquellos municipios donde hubo saqueo o desvío de recursos del erario público, nada pasará en contra de los responsables. Esto sucede en gran parte porque no existe aún el andamiaje jurídico –ni la disposición política de quienes toman las decisiones– necesarios para sancionar y poner en su lugar a los presidentes municipales y a sus compinches que se enriquecieron con el dinero público o que lo desviaron a conceptos ajenos a los propósitos de un ayuntamiento, como al financiamiento de campañas políticas, por ejemplo.
En el caso más visible, el de Acapulco, de muy poco le servirá al gobierno de Luis Walton que haya presentado ante la Auditoría General del Estado una denuncia por “irregularidades presumiblemente cometidas durante la administración anterior”, ya que el argumento para hacer la denuncia es la falta de documentos (expedientes técnicos de proyectos y programas ejecutados de los años 2009-2012) y por la transferencia indebida de recursos del Ramo 33 (del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que efectivamente están etiquetados para obras y acciones muy específicos) al gasto corriente.
Sin embargo, según experiencias anteriores, los señalamientos presentados por el actual ayuntamiento de Acapulco son insuficientes, y en el mejor de los casos terminarán en una “observación” por parte de la AGE que ordenará a algún ex funcionario municipal su solventación, pero es poco probable que se finquen responsabilidades de tipo penal.
Con esta seguridad, al día siguiente de que se presentó la denuncia ante la AGE, la ex secretaria de Finanzas del gobierno municipal de Acapulco en el periodo de enero a septiembre de 2012, respondió con toda tranquilidad que “la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación constitucional y una exigencia de la sociedad y no está sujeta a veleidades ni estridencias”, porque sabe que la AGE no podrá fincar ninguna responsabilidad penal –una expresión popular dice que se les acusa de pillos, no de tontos–, si acaso una de carácter administrativo que evidentemente podría ser enfrentada sin pisar la prisión. Los resultados de esa denuncia son pues bastante previsibles.
La impunidad que se prevé para el gobierno de Manuel Añorve y que involucra muchos millones de pesos contrasta con la noticia aparecida recientemente en los diarios, donde una joven, madre soltera de dos pequeñas, enfrenta un proceso penal por haber robado comida en una tienda de autoservicio en Zihuatanejo, precisamente para alimentar a sus hijas.
Otros casos de impunidad
No sólo se requiere robustecer el marco jurídico para establecer sanciones severas a cualquier funcionario municipal que incumpla las diferentes normas en el ejercicio y fiscalización de los recursos públicos, también es necesaria la disposición política para la aplicación de las sanciones.
Hace un año, en febrero de 2012 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero los decretos donde el Congreso del estado no admitió y declaró improcedentes las denuncias de juicio político en contra de ocho alcaldes (Apaxtla de Castrejón, Quechultenango, Alpoyeca, Cochoapa el Grande, Cutzamala de Pinzón y Teloloapan) por no haber presentado la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2009, así como sus informes cuatrimestrales de ese año.
La denuncia, presentada por Ignacio Rendón Romero, ex auditor general del estado, argumentó que con la no presentación de estos documentos financieros se vería obstruida la función de la Auditoría General del Estado “ya que al no haber presentado la Cuenta Pública e Informe mencionados, mi representada (la AGE) no pudo cumplir con las obligaciones que la Ley de Fiscalización de nuestro Estado le señala; por lo tanto el que suscribe solicita a ese H. Congreso del Estado, aplique las acciones que estime pertinentes” en contra de los alcaldes señalados.
Sin embargo, los diputados de la LIX Legislatura no encontraron elementos para la procedencia de un juicio político, ya que según ellos, las acciones denunciadas por el ex auditor eran en todo caso “materia de un procedimiento de responsabilidad administrativa”, y al final privilegiaron la forma (la manera en que se presentó la denuncia) sobre el fondo (la irregularidad documentada de los alcaldes).
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado establece que “es procedente el juicio político cuando los actos y omisiones de los servidores públicos (…) redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, y menciona entre ellos, las “violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuesto de la administración pública y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos de la Entidad”.
Pero los legisladores de Guerrero consideraron que la no presentación de la cuenta pública no era motivo de juicio político, sino sólo de responsabilidad administrativa.
Cuenta pública 2012
Por cierto, el 28 de febrero venció el plazo para la presentación de la cuenta pública del ejercicio 2012 y sólo 41 municipios la entregaron en tiempo, según la página electrónica de la AGE.
Este hecho coloca en su real dimensión el interés y la disposición que tuvieron los ayuntamientos del periodo 2008-2012 para rendir cuentas, ya no digamos a los ciudadanos, que tendrían que ser los principales destinatarios de la información del ejercicio de los recursos públicos municipales, sino a la propia AGE, que por ley es la responsable de fiscalizar formalmente esa información.
Sin embargo, desde hace muchos meses la AGE no publica ninguna información en su sección sobre “sanciones aplicadas por la no presentación de la cuenta pública” ni en la de “denuncias penales”, es decir, no hay un mecanismo que evidencie públicamente a los infractores y a la vez inhiba este tipo de prácticas en los ayuntamientos.