ITAIG, ocho años de opacidad en Guerrero

El Congreso del estado de Guerrero recientemente emitió la convocatoria para relevar a los actuales comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIG), que dejarán el organismo en febrero de 2014, luego de ocupar el cargo durante ocho años y en dos periodos consecutivos.
La elección de los comisionados no es un asunto banal si se considera que Guerrero es un estado con muy bajos niveles de participación ciudadana en los asuntos públicos, y también de amplia discrecionalidad en la toma de decisiones gubernamentales, corrupción y pobreza en los resultados de la acción gubernamental.
La transparencia y la efectiva rendición de cuentas son aspectos que generan y potencian un contrapeso ciudadano al poder del gobierno. Pero eso requiere de la promoción, la reflexión permanente, hablar públicamente sobre estos asuntos y también hacer consciente entre la ciudadanía su derecho a exigirlas en tanto que son obligaciones gubernamentales.
Pero la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, que luego devino en ITAIG, no contribuyó en ocho años a mejorar la transparencia y el acceso a la información en el estado, no obstante que era el organismo clave y obligado para hacerlo, de acuerdo con la normatividad.
Hay muchos testimonios y pruebas documentales del pobre desempeño de este organismo, además de que los indicadores principales de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información de las  dependencias púbicas también son muy bajos, en gran parte por la poca eficacia de la acción del ITAIG, encargado de promoverlos.
La elección de los consejeros del ITAIG será un proceso fundamental para lo que sucederá en los próximos años en materia de rendición de cuentas gubernamental. Si el Congreso del estado decide una elección donde se privilegie a consejeros sin el perfil profesional apropiado y sin compromiso con la ciudadanía, Guerrero continuará ocupando un lugar importante entre los estados más opacos.   

Ocho años perdidos 

En la sesión del 9 de febrero de 2006, el Congreso del estado, a propuesta de la Comisión de Gobierno, eligió por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes a Ernesto Araujo Carranza, Marcos Ignacio Cueva González y María Antonia Cárcamo Cortés como comisionados de la Comisión para el Acceso a la Información Pública por un periodo de cuatro años.
A punto de concluir su encargo, a principios de 2010, nadie apostaba a la reelección de los comisionados, su pobre desempeño auguraba que serían relevados y habría nuevas personas para ocupar esos cargos durante el periodo del 9 de febrero de 2010 al 8 de febrero de 2014.   
Pero no fue así, los integrantes de la Comisión de Gobierno, especialmente los ex diputados locales Héctor Vicario Castrejón y Celestino Cesáreo Guzmán, maniobraron para la ratificación de los comisionados, sin importar los resultados del trabajo que habían realizado.
De acuerdo con el diario de debates del Congreso del estado correspondiente a la sesión de la ratificación, el ex diputado Sebastián de la Rosa Peláez denunció que no obstante que el procedimiento se presentaba como el voto libre e individual de cada diputado, “está claro que los acuerdos que se han procesado por esta legislatura es el de la ratificación de quienes hoy conforman la Caipegro”. 
Y aunque no cuestionó el procedimiento, De la Rosa Peláez sí reclamó el pobre desempeño de los integrantes de la ex Caipegro. “Sin pretender asumir una posición acusatoria y mucho menos de menoscabo al trabajo realizado por los actuales integrantes de la Caipegro, también estoy convencido que el trabajo que realizaron no es satisfactorio para el pueblo de Guerrero como para merecer la ratificación en ese encargo, y de hacerse así, habrá cuatro años más de estancamiento en esta materia”, reclamó. 
Al consumarse la ratificación, el ex diputado perredista comentó que “los ciudadanos guerrerenses deberán esperar otros cuatro años para contar con una verdadera institución que le sirva para conocer cómo  funciona los poderes públicos del Estado, cómo se administran  las finanzas de los tres poderes del Estado, con qué personal se cuenta en los organismos públicos, entre otros temas; pues la transparencia y el acceso a la información es un aspecto fundamental para la transición democrática en Guerrero”. 
Y concluía: “hoy es un mal día para la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, es un mal día para la sociedad guerrerense que mira asombrada cómo los grupos de poder se siguen resistiendo a perder privilegios”.
La fracción priista en el Congreso local, en voz de la ex diputada Guadalupe Gómez Maganda, aseguró que “en el ánimo de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, si está el de ratificar a quienes han estado a cargo de la Caipegro, en función de que reconocemos su trabajo y que una vez que tengamos ya aprobada por este Congreso la ley correspondiente seguramente podrá rendir mejores frutos”. 
Finalmente, el ex diputado Victoriano Wences Real mencionó que “en la resolución para proponer a los integrantes de la Caipegro, procuramos que lejos de atender a intereses políticos o particulares, se privilegiara el profesionalismo, responsabilidad, conocimiento, ética y preparación de las ciudadanas y ciudadanos que aspiraron a ocupar tan alta responsabilidad.
Por eso los que hoy serán electos comisionados, esperemos que cumplan con las expectativas del pueblo de Guerrero”. 

Simulación y trabajo sin impacto

Durante ocho años, el ITAIG fue un organismo poco eficaz en su tarea de garantizar la transparencia y el acceso a la información en el estado; hubo mucha tibieza en su exigencia para que las dependencias públicas cumplieran con sus obligaciones de transparencia, simulación en el discurso, falseo de datos y una evidente falta de promoción de este derecho ciudadano.
Por ejemplo, de 2006 a la fecha hubo un abierto desacato tanto de los ayuntamientos del trienio anterior como los actuales, y del gobierno de Zeferino Torreblanca como del de Ángel Aguirre Rivero, y de las últimas dos Legislaturas del Congreso, y no obstante, no se observó firmeza en la aplicación de la ley por parte del ITAIG para amonestar o sancionar a servidores públicos que abiertamente negaron, retardaron y manipularon dolosamente la información que están obligados a difundir o entregar a los ciudadanos que la soliciten.
Igualmente, se observaron muy pocas acciones efectivas orientadas a promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas entre la ciudadanía y los sujetos obligados más allá de cursos aislados, firma de convenios o repartición limitada de folletería.
Desde sus primeros años, el organismo de la transparencia en Guerrero presentó cifras “infladas” sobre el número de solicitudes de información que los ciudadanos presentaban ante las dependencias, para aparentar que en Guerrero había una gran participación ciudadana en los asuntos públicos.
En diferentes ocasiones se le cuestionó y demostró a los comisionados que sus datos no correspondían a la realidad, y aún así continuaron publicándolos.
En diversas revisiones se encontró que la mayor parte de las solicitudes registradas por el ITAIG no eran requerimientos de información, sino solicitudes de empleo, de obra pública y otras. Por ejemplo, en 2007 se analizó el caso del ayuntamiento de Acapulco, que según el órgano garante tenía un total de 1,432 solicitudes presentadas, pero al hacer el revisión de los casos se encontró que sólo 53 (3.7 por ciento) correspondían a solicitudes efectivas.
Hubo otros casos extremos, como el del municipio de Zitlala, que según el ITAIG, de junio de 2006 a marzo de 2007 se presentaron 178 solicitudes, lo que equivalía a más del doble de las que tuvo el Ejecutivo en el mismo periodo; o el municipio de Zirándaro, que de marzo de 2007 a marzo de 2008 registró 1,321 solicitudes (de acuerdo con las cifras del ITAIG), es decir, una cuarta parte de todas las presentadas en el estado en ese periodo.
Otros datos atípicos fueron el del municipio de Azoyú, que en un solo año recibió 1,719 solicitudes, el ya comentado de Zirándaro (1,321), Tecoanapa (480 en dos años) e Ilatenco (291 peticiones), que representan respectivamente 16, 12, 4 y 3 por ciento del total de solicitudes presentadas en el estado hasta 2011, es decir, solo en estos cuatro municipios se presentaron más de un tercio de solicitudes de información en Guerrero en seis años.  
Adicionalmente, el ITAIG hizo gala de la suscripción de numerosos convenios de colaboración para promover y garantizar la transparencia. Sin embargo, los convenios fueron más de simulación que de acciones efectivas, pues ninguna de las dependencias públicas que firmaron convenios cumplieron cabalmente con sus obligaciones de transparencia, e incluso en no pocos casos, esas dependencias firmantes estuvieron involucradas en recursos de revisión presentados ante el ITAIG por obstaculizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
Incluso hubo casos en que los comisionados entregaron “reconocimientos” a alcaldes cuyos ayuntamientos se caracterizaron por su opacidad, como el de Manuel Añorve Baños y Héctor Astudillo Flores, ex alcaldes de Acapulco y Chilpancingo, respectivamente, que recibieron los parabienes del ITAIG en febrero de 2012.
Al igual que las demás dependencias gubernamentales, el órgano garante de la transparencia del estado nunca cumplió con su obligación de publicar su información de oficio, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información dice que debe hacer público un catálogo de 22 rubros de información de oficio más nueve adicionales. Al respecto, en un monitoreo realizado en junio de 2013, de una muestra de 30 dependencias que fueron revisadas, el ITAIG ocupó la octava posición con apenas 48 por ciento de sus obligaciones de información de oficio.
El ITAIG tampoco elaboró los lineamientos para presentar toda la información de oficio en formatos sencillos, como lo mandata el artículo 14 de la ley, y que contribuiría en mucho a tener portales electrónicos con información útil, accesible y ordenada, y no información chatarra, con ligas rotas, archivos pesados, como ha sido hasta hoy.
También fue omiso en elaborar, junto con el Consejo Estatal de Archivos, los criterios para la organización, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como para la organización de los archivos públicos.
De última hora, a dos meses de que dejen el cargo, los comisionados han iniciado algunas actividades que no hicieron en ocho años. Por ejemplo, en un boletín del 7 de noviembre amagan con sancionar a las dependencias que no cumplan con su información de oficio, cuando este incumplimiento ha sido permanente.
“Luego de que en la evaluación a los portales de internet a los denominados sujetos obligados realizada por el ITAIG se detectó un preocupante incumplimiento de las obligaciones de transparencia de parte de éstos, el órgano garante acordó otorgarles un plazo de 15 días hábiles para que actualice se información pública de oficio de lo contrario será acreedor a las medidas de apremio contempladas en la ley”, amenaza el ITAIG.
Son muchos los pendientes que deja el ITAIG y muchas las actividades que le ordena la ley y que nunca inició, por ejemplo, apoyar a los ayuntamientos con medidas eficaces para que cumplan plenamente con la ley e implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permitan a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados.

Necesario, un observatorio

Los pésimos resultados de las decisiones de los legisladores en la elección de los comisionados están a la vista. Es necesario vigilar que los actuales diputados no cometan los mismos errores, y se elijan los mejores profesionales para ocupar esos cargos.
La creación de un observatorio ciudadano que vigile no sólo el proceso de selección, sino el desempeño de los comisionados, es una tarea que debe organizarse de inmediato para garantizar que el proceso se realizará con legalidad, transparencia y de cara a la ciudadanía. Invitamos a la ciudadanía en general a que se sume a esta iniciativa.

  

 

Luego de las lluvias torrenciales, sequía de información

El Sur de Acapulco


El presidente Enrique Peña Nieto anunció en días pasados recursos por 30 mil millones de pesos, que serán canalizados a través del Plan Nuevo Guerrero a la reconstrucción de la infraestructura del estado y para mitigar los efectos que dejaron entre las familias los fenómenos metereológicos de septiembre pasado. La cantidad es inusitada y representa poco más de dos terceras partes del presupuesto anual del estado de Guerrero.

De acuerdo con la información de la presidencia de la república, el plan anunciado es resultado de un “gran acuerdo político nacional de amplio beneficio social para la entidad, diseñado para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente en un marco de transparencia y participación ciudadana”. Lo dicho por el mandatario no es banal, pues si no se ensayan esquemas efectivos de transparencia y participación ciudadana, es muy alta la probabilidad de que los cuantiosos recursos que se anunciaron sean desviados o por lo menos ejercidos sin tener impactos importantes.

Más allá de este discurso, repetido desde el 13 de septiembre por el propio mandatario y por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, no habido sin embargo claridad en las acciones gubernamentales del gobierno federal, ni del gobierno de Ángel Aguirre y mucho menos de los municipales. La falta de información ha sido la constante antes, durante y después del desastre provocado por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

La escaramuza entre los gobiernos estatal y federal respecto de las responsabilidades de prevenir a la población con oportunidad sobre la gravedad de la tormenta tropical y lo que se venía, fue solo un ejemplo de esa falta de oficio y coordinación entre ambos órdenes de gobierno para proporcionar información suficiente, oportuna y por los canales apropiados a efecto de disminuir los riesgos entre la población.

Pero también se ha observado la falta de información detallada de las acciones gubernamentales y sobre todo con respecto de la ayuda que proviene de fuera del estado, ya que no hay claridad sobre los recursos que han llegado y sí muchas promesas de que se harán transparentes.

Pero la transparencia no son declaraciones ni el anuncio de números gruesos; es sobre todo la voluntad de mostrar a la ciudadanía el detalle del ejercicio de los recursos para que ésta juzgue si se están gastando bien.

A pesar del anuncio presidencial, hoy prevalecen muchas dudas: ¿de dónde saldrá los recursos del Plan Nuevo Guerrero? ¿Qué participación tendrán en su ejercicio cada uno de los tres órdenes de gobierno? ¿Quiénes vigilarán esos recursos? ¿De qué manera se informará a la ciudadanía? ¿Dónde se puede consultar la información sobre los apoyos entregados por los gobiernos y la sociedad civil?

Antes de la desgracia, escasa información

Ninguna entidad gubernamental quiso responsabilizarse de la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno ni de la criminal ausencia de información a la ciudadanía, antes de que comenzaran las torrenciales lluvias en Guerrero.

Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, hizo el primer disparo y reveló que “mucho antes” de la contingencia climática alertó personalmente a los gobernadores de Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. “Pregúntenle ustedes a los propios gobernadores si no personalmente les estuve hablando mucho antes de que esto sucediera. Con todos esos gobernadores estuve hablando antes”, indicó el funcionario.

El subsecretario de Protección Civil del gobierno del estado, Constantino González Vargas, quiso defender al gobierno local diciendo que sí se alertó a la población y que se hicieron labores de prevención; por eso se evitó un desastre de mayores magnitudes, se ufanó.

Según reseñaron los diarios locales, la alerta de la que habló el funcionario de protección civil se limitó a una declaración radiofónica y a la emisión, el día 12 de septiembre, de un boletín, pero aseguró que la Subsecretaría que encabeza estuvo preparada para atender la alerta porque tenía un plan operativo diseñado para el puente de las fiestas patrias.

Por su parte, el director de protección civil del ayuntamiento de Acapulco, Efrén Valdés Ramírez, también declaró que “como Ayuntamiento se hicieron las alertas, se hizo aviso de lluvias severas, y manejamos en tiempo y forma, tan es así que el viernes y sábado por la noche, acompañado de funcionarios, anduvimos trabajando”.

También el gobernador Ángel Aguirre Rivero le entró a la escaramuza y afirmó que su gobierno atendió los protocolos de advertencia de la tormenta Manuel en tiempo y forma, que en su momento se deslindarían responsabilidades y que desde la contingencia asignó tareas a su personal para atender todas las regiones sin ninguna distinción.

Pero más allá de estos deslindes, lo cierto es que la falta de información hacia la ciudadanía sin duda acrecentó el riesgo y los daños personales y materiales de miles de guerrerenses, sin que a la fecha haya responsables por estas omisiones.

Desconfianza ganada a pulso

Diferentes voces se han pronunciado por que los recursos financieros y materiales que llegan al estado se ejerzan y distribuyan con transparencia y con una efectiva rendición de cuentas, ya que hay una legítima desconfianza por la forma en que las entidades gubernamentales hacen uso de estos recursos luego de desastres como el de septiembre.

El Foro Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero –integrado por 40 agrupaciones- publicó el 3 de octubre un desplegado que tituló “A cuenta gotas y sin transparencia el apoyo gubernamental a zonas rurales afectadas por la tormenta tropical Manuel”, donde expresó varias propuestas para atender las secuelas del meteoro en territorio guerrerense.

En un lugar muy destacado, la agrupación propuso “Que los recursos extraordinarios que lleguen al estado (no solo los del fondo nacional de desastres) se manejen con absoluta transparencia, sin burocratismo y sin intermediarios; los actores políticos con propósitos electoreros y las organizaciones creadas coyunturalmente con fines aviesos, deben abstenerse de usar esta causa social para sus propósitos particulares”.

Así también, Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), manifestó la necesidad de crear un comité de vigilancia de los recursos destinados a la reconstrucción de Guerrero tras el paso de la tormenta Manuel, pues consideró que se corre el riesgo de que “se los chinguen”.

Las asociaciones de profesionales también externaron su preocupación por la vigilancia de las acciones gubernamentales, pues representantes de colegios de ingenieros, arquitectos y académicos de instituciones de nivel superior plantearon que la reconstrucción de Chilpancingo se realice con orden. Afirmaron que su preocupación es vigilar la reconstrucción de la capital del estado, “que enfrenta la mayor contingencia de su historia en cuanto a la destrucción de infraestructura urbana”.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) también se refirió la transparencia en la distribución de los apoyos; su dirigente, Nicolás Chávez Adame, aseguró que no realizarían marchas y se concentrarían en vigilar la entrega de víveres que según su información, seguían almacenados en bodegas.

Agregó que a algunos pueblos de la Montaña y la Sierra no les ha llegado el apoyo alimentario, porque “los víveres los están almacenando para las futuras campañas, tanto del gobernador como de diputados y presidentes municipales”.

Pero la falta de información también se extendió a otros campos como el de las labores de rescate. Por ejemplo, damnificados de La Pintada, del municipio de Atoyac, que estaban refugiados en Acapulco reprocharon la lentitud de las autoridades para el rescate de los cuerpos de sus familiares sepultados por el alud de tierra y especialmente que no hubiera información sobre los trabajos que se realizaban.

Y en otra protesta, habitantes de cinco colonias ubicadas en los alrededores de la presa Cerrito Rico, en Chilpancingo, se inconformaron en las oficinas de la Comisión Nacional de Agua para exigir información sobre los niveles del agua de dicha presa, ya que muchos han escuchado cada vez con más frecuencia ruidos debajo de sus casas. Incluso, el representante de los colonos destacó que luego de hablar con autoridades, se llegó a un acuerdo de formar un Comité de Vigilancia y Protección que se encargará de informar oportunamente de cualquier incidencia o anormalidad de la presa Cerrito Rico, en coordinación con las autoridades.

Luego del desastre

La secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles se ha referido con insistencia a la transparencia del ejercicio de los recursos destinados a apoyar a los damnificados y a los trabajos de reconstrucción. Con los reflectores puestos en Guerrero, sin duda el presidente de la república envió un mensaje al gobierno estatal y a la opinión pública nacional e internacional para no repetir las experiencias de desastres anteriores donde se denunciaron desvíos en los recursos.

La titular de la Sedesol aseguró el 4 de octubre que se trabajaba en el diseño de “el Consejo para la Reconstrucción de Guerrero, en el que participarán el gobierno federal, estatal y municipal y donde la sociedad civil tendrá la contraloría de los recursos que van a llegar del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la reconstrucción”.

Y dos días después, Robles Berlanga informó que la organización “Transparencia Mexicana vigilará el proceso de reconstrucción en el estado de Guerrero, donde se considera la pronta aplicación de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres para la reconstrucción de vivienda, así como los componentes de Atención a Desastres en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena), para la reactivación del campo, entre otros programas del gobierno federal”.

Precisamente en el periodo posterior a las tormentas se acuñó la frase de que la ayuda se entregaría “casa por casa”, aludiendo supuestamente a la entrega directa de los beneficios a los afectados, sin intermediarios.

Y como parte de esta intención, la Sedesol comenzó a publicar los avances en la entrega de apoyos por concepto del Programa de Empleo Temporal Inmediato, en el que se tienen programados en todo el país recursos por 188.7 millones de pesos, de los cuales a Guerrero corresponden 66.1 millones.

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/PET/Cifras_Control_Guerrero_3_10_2013.pdf

Sin embargo, su portal electrónico no publica los padrones de los beneficiarios ni ninguna otra información relacionada con el apoyo a los afectados, a no ser los boletines de prensa de la dependencia que sólo manejan números totales, no desglosados.

La presidencia de la república también abrió recientemente el micrositio Transparencia Reconstrucción Mx (http://www.presidencia.gob.mx/fonden/) donde publica información relacionada con los recursos del Fondo de Desastres Naturales, pero igualmente sólo proporciona datos generales, no suficientes para un seguimiento puntual de la acción gubernamental.

El gobierno de estado por su parte comenzó a publicar información relacionada con los recursos destinados a atender las consecuencias de la tormenta Manuel hasta que no se anunció el Plan Nuevo Guerrero.

El activismo y las visitas constantes de Peña Nieto al estado y su discurso respecto de la transparencia, parece que despertaron en el gobierno estatal su vocación proveedora de información y hoy se publican de manera permanente alertas por la temporada de lluvias, una actualizada sección de transparencia financiera y hasta un reporte diario del clima y sismos. Pero de los recursos financieros locales destinados al desastre, aún nada.

El Consejo ciudadano

En el marco de la presentación del Plan Nuevo Guerrero, Enrique Peña Nieto anunció la creación de un Consejo Estatal de Restauración de Guerrero en un acto en el que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, destacó que “en el ejercicio de los recursos federales de este Plan [Nuevo Guerrero] se introducirán nuevas formas de participación y vigilancia ciudadana como es un sistema de obra pública abierta que permitirá a la ciudadanía verificar, en tiempo real, el costo y avance de las obras”.

Habrá que observar el funcionamiento de este Consejo para saber si se concretará el compromiso presidencial por la transparencia.

Ayuntamientos de Guerrero, en el umbral de la opacidad



En la última evaluación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), Cochoapa el Grande y Metlatónoc destacaron por ser los ayuntamientos con más transparencia en el estado de Guerrero. Incluso estos municipios, junto con el de Acapulco, se ubicaron entre los 15 mejor evaluados, de los 76 que se revisaron en varios estados de la república durante el otoño de 2013.

Sin embargo, de manera global, los ayuntamientos guerrerenses aún se encuentran en el umbral de la opacidad, pues aunque se observan avances que no se habían registrado en los últimos cuatro años, ninguno gobierno municipal de Guerrero alcanza siquiera 50 puntos porcentuales, y la mayoría obtuvo pésimas calificaciones de menos de diez puntos.

De hecho, los ayuntamientos guerrerenses destacan porque ocupan los 25 últimos lugares del índice nacional.

Entre los peores calificados se encuentran Atlamajalcingo del Monte y Zapotitlán Tablas, que obtuvieron cero de puntuación; le siguieron Malinaltepec, Igualapa y Marquelia, que apenas obtuvieron 0.9 de calificación, en la escala propuesta por Cimtra que es de uno a cien.

Otros ayuntamientos opacos y que no obtuvieron ni tres puntos porcentuales en la revisión son San Luis Acatlán, Alpoyeca, Florencio Villareal, Xalpatláhuac, Benito Juárez, Xochihuehuetlán, Coyuca de Benítez, Petatlán, Iguala y Olinalá.

Entre cuatro y diez puntos se ubicaron los municipios de Copala, Juan R. Escudero, San Marcos, Tixtla, José Joaquín Herrera, Taxco, Juchitán, Técpan, Chilapa, Atlixtac y Zihuatanejo.

En contraste, los mejores calificados de todo el país fueron los municipios de Tlajomulco, Jal., con 100 puntos; Zapopan, Jal., con 96 por ciento; Ciudad Juárez, Chih., con 90 puntos, Guadalajara, con 84, Tlaquepaque, Jal., con 73, Mérida, Yuc., con 72, Puebla, con 71, y Chihuahua, con 68.

Detrás de éstos, aparecen los municipios guerrerenses mejor colocados como Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Acapulco, con valores de 44.6, 43.9 y 40.2 por ciento, respectivamente.

No deja de llamar la atención que en el caso de los dos municipios de la Montaña, el Consejo Nacional de Población los ubique como los más pobres del estado, y hoy destaquen como los más transparentes, de acuerdo con la medición de Cimtra.

Avances y retrocesos

En agosto y septiembre, Cimtra evaluó por séptima ocasión el nivel de transparencia a los municipios del estado; cabe mencionar que esta vez fueron 37 ayuntamientos visitados en las diferentes regiones, casi todos, antes de que comenzaran las torrenciales lluvias cuyos resultados son de todos conocidos.

Si se observa el desempeño de los ayuntamientos respecto de la sexta evaluación, aplicada en el otoño de 2012, se tiene que Cochoapa el Grande es el mejor posicionado en este rubro, ya que en ese periodo avanzó 44 puntos porcentuales, y le siguió el municipio de Metlatónoc con 43 por ciento. El municipio de Copalillo también registró un incremento importante de 30 puntos.

Hay un grupo de municipios que también registraron avances en sus resultados en relación con el año de 2012, entre ellos, Acapulco, que pasó de 19.7 a 40.2 por ciento, para un incremento de 20 puntos.

También sobresalen los municipios de Tlacoachistlahuaca (que aumentó 20 puntos en su calificación), Alcozauca (con 18 puntos de incremento),  Ometepec (13.6 por ciento de aumento), Huamuxtitlán (11 por ciento), Atlixtac (7.3 por ciento de incremento).

Pero también se observaron municipios que tuvieron decrementos en sus porcentajes. El más dramático fue el de Iguala, que en su revisión de 2012 había destacado entre los primeros lugares con 24 puntos, pero que en 2013 disminuyó drásticamente a 2.6 por ciento.

Tixtla también se ubicó entre los municipios que bajaron sus porcentajes, pues de 19.4 por ciento que logró en 2012, bajó a 4.4 puntos en el presente año. Otros ayuntamientos que disminuyeron su calificación fueron Taxco (con 10.2 puntos menos que en 2012), así como Juan R. Escudero, Zapotitlán Tablas, Atlamajalcingo y Marquelia, en porcentajes de dos puntos.

Acaldes que no cumplieron compromisos

Hace poco más de un año, en septiembre de 2012, Cimtra exhortó a los ayuntamientos de Guerrero a firmar el Acuerdo por la Transparencia Municipal. En ese tiempo, los alcaldes electos estaban por asumir sus correspondientes gobiernos municipales.

En ese acuerdo, los firmantes se comprometían a “actuar de manera ética y orientar sus esfuerzos al cumplimiento de las obligaciones legales vigentes en materia de transparencia y al logro de una comunicación efectiva con los habitantes de sus municipios”, así como a “promover en sus gestiones el manejo transparente de los recursos públicos” y a “fomentar la participación de la ciudadanía como vigilante de la labor gubernamental”.

Asimismo, su compromiso fue el de “asumir una actitud de apertura y disposición para la publicación de información”.

Sin embargo, aunque se invitó a los 81 municipios, sólo acudieron a firmar los presidentes municipales electos de Chilpancingo, Acapulco y Atoyac, Mario Moreno, Luis Walton y Edilberto Tabares Cisneros, respectivamente, así como un representante del ayuntamiento de Iguala.

Ha pasado un año de la suscripción del Acuerdo por la Transparencia Municipal, y excepto el ayuntamiento de Acapulco, los otros tres poco o nada han hecho por mejorar los niveles de transparencia de sus demarcaciones, y lo que se observa es lo contrario, decrementos en sus niveles de transparencia.

Iguala, por ejemplo, en la revisión del otoño de 2012, precisamente cuando se firmó el acuerdo, tenía una calificación de 24.1 por ciento. Un año después, su calificación decreció a 2.6 por ciento, lo que evidencia el incumplimiento del compromiso público que hizo el ayuntamiento por la transparencia.

Chilpancingo es otro de los ayuntamientos que firmaron el Acuerdo por la Transparencia Municipal, pero el gobierno de Mario Moreno tampoco mejoró su calificación, pues en la fecha en que firmó el acuerdo tenía una puntuación de 22.5 por ciento. A un año de esa revisión, la calificación del ayuntamiento de Chilpancingo bajó en 0.6 por ciento, por lo que tampoco ha hecho ningún esfuerzo por mejorar su transparencia. Delante del gobierno capitalino están municipios de muy alta marginación como Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Copalillo.

Atoyac es otro de los ayuntamientos que firmaron el compromiso por la transparencia; en la revisión más reciente, Cimtra no incluyó a este municipio, pero es poco probable q1ue haya incrementado los 4.1 puntos porcentuales que obtuvo en el otoño de 2012.

Acapulco fue el único ayuntamiento que mejoró sus niveles de transparencia. En la revisión del año anterior, el gobierno municipal de Acapulco obtuvo apenas 19.7 puntos; en 2013, ese porcentaje se incrementó a 40.2 por ciento, que lo ubica en el tercer lugar en la lista estatal de Guerrero y en lugar 12 de los 76 evaluados a nivel nacional.

Independientemente de este acuerdo por la transparencia municipal, lo cierto es que ni los cuatro municipios que lo suscribieron, ni las 77 demarcaciones restantes, han cumplido con sus obligaciones de transparencia que les señala la normatividad en la materia ni sus compromisos de campaña y de gobierno, lo que significa que son incipientes los avances y esfuerzos a nivel municipal y muchas las omisiones y los obstáculos que existen.

Omisos, también en rendición de cuentas

No sólo en transparencia están reprobados los ayuntamientos de Guerrero, también en rendición de cuentas, específicamente en la entrega de sus informes de cuenta pública a la Auditoría General del Estado, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del estado.

En días pasados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado informó que no aprobó el ejercicio del gasto de 36 municipios correspondiente a 2011, debido a las “presuntas irregularidades” que se detectaron en el manejo del dinero por parte de los alcaldes. Esta decisión la tomaron a partir del “cúmulo de observaciones que hizo la Auditoria General del Estado”.

El Congreso del estado dio a conocer que los municipios a los que no les aprobaron sus cuentas públicas son Ahuacuotzingo, Ajuchitlán, Apaxtla, Arcelia, Atenango, Atoyac, Buenavista de Cuéllar, Coahuayutla, Copanatoyac, Coyuca de Benítez, Cualác, Cuautepec.

También están en este grupo  Eduardo Neri, Huitzuco, Huamuxtitlán, Florencio Villarreal, Iguala, Igualapa, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, La Unión, Malinaltepec, Pedro Ascencio Alquisiras.

Así como Pilcaya, Pungarabato, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan, Tecpan, Teloloapan, Tepecoacuilco, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlalchapa, Tlalixtaquilla, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zirándaro y Zitlala.   

Por otra parte, y referente a los gobiernos municipales del actual trienio, en el portal electrónico de la Auditoría General del Estado se reportan, con corte al 18 de octubre, los municipios que no han entregado su cuenta pública correspondiente al primer semestre del ejercicio 2013: (Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán, Cualac, Cuautepec, General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Metlatónoc, Pungarabato, Xochistlahuaca y Zitlala).

Pero también publican los nombres de los 20 municipios que entregaron fuera de tiempo su informe de cuenta pública del primer semestre de 2013, así como los ayuntamientos que tienen rezagos de ejercicios fiscales pasados y que no se han regularizado a la fecha. http://www.auditoriaguerrero.gob.mx/PDFs/transp/fraccs/10/situacion_actual_ayuntamientos.pdf.

Así pues, no obstante que algunos municipios de la Costa-Montaña observaron avances en materia de transparencia, en otros rubros esos mismos ayuntamientos presentan irregularidades en la entrega de sus informes de cuenta púbica (Metlatónoc, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca).

La visión general del problema indica que los ayuntamientos guerrerenses todavía presentan graves inconsistencias que tres administraciones municipales, desde que entró en vigor la ley de transparencia del estado en 2006, no han podido solventar.    

Corrupción y opacidad luego de desastres

El estado de Guerrero sufre dos lastres históricos: es altamente vulnerable a los desastres naturales –acrecentada esta vulnerabilidad por los errores gubernamentales- como se observa en las últimas décadas con las consecuencias que dejaron diferentes fenómenos como huracanes, sismos, incendios, etc.

Pero también sufre, durante y luego de cada desastre, la depredación de los recursos provenientes de fuentes externas al estado y que deberían destinarse a apoyar a la población afectada.

Hace poco más de un año, en agosto de 2012, comentamos en este mismo espacio que los recursos financieros anunciados por los gobiernos estatal y federal para apoyar a los miles de damnificados que sufrieron daños parciales o totales en sus viviendas por el sismo del 20 de marzo de 2012, no se observaba ninguna claridad sobre los diferentes apoyos que se brindaron ni el número de beneficiarios  ni cómo se aplicaron estos recursos.

Publicamos que “las dependencias federales y del gobierno del estado han hecho un manejo disperso y confuso de la información, de tal manera que no hay ninguna certeza de que los recursos se hayan canalizado a quienes realmente lo necesitan o que se hayan evitado los criterios partidistas.
También nos referimos a “los comités comunitarios de transparencia, únicos actores no gubernamentales para vigilar la entrega de apoyos, [pero] no hay evidencia de que estén funcionando y en todo caso son insuficientes para vigilar la gran cantidad de recursos financieros que se ejercen en la región”.

Hace unos días, en el municipio de Ometepec salió a relucir este asunto y se identificó el incumplimiento de varias empresas responsables de construir viviendas para los damnificados. El presidente Peña Nieto y la secretaría de desarrollo social, se comprometieron a investigar a fondo, pues se presume que hay participación de funcionarios.

Para apoyar la recuperación del estado de Guerrero, luego de los fenómenos hidrometerológicos de mediados de septiembre, se han anunciado millones de pesos, y a la fecha no se han concretado mecanismos de transparencia, a no ser de un tal comité de reconstrucción, que aún no tiene forma y no se ha integrado.

No hay ningún indicio que indique que no se desviarán los recursos también en esta ocasión.

El Programa 3x1 para Migrantes, en la mira de los ayuntamientos



Presidentes municipales de Guerrero condicionan su aportación financiera al Programa 3x1 para Migrantes a que el ayuntamiento sea el ejecutor de las obras del programa, pues de esta manera se encargan de la administración de los recursos con un amplio margen para ejercerlos de manera discrecional.

Esta decisión afecta negativamente la operación de este programa destinado a los migrantes que desde hace varios años es el único programa gubernamental en Guerrero en el que los beneficiarios intervienen en la toma de decisiones tanto para seleccionar qué obras se construirán en cada ejercicio fiscal  como en la ejecución de las mismas y en la administración de los recursos.

De hecho, el estado de Guerrero destaca en el ámbito nacional por la manera en que ha operado el Programa 3x1 para Migrantes, ya que funciona con un fuerte componente de participación ciudadana, y esto le da un rasgo excepcional que lo hace diferente de otras experiencias en estados con mayor tradición migratoria como Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato o San Luis Potosí, entre otros.

El 3x1 es un programa concurrente en donde el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social; el Ejecutivo estatal, por medio de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales; los ayuntamientos, y los migrantes guerrerenses radicados en Estados Unidos, aportan recursos financieros para la construcción de obras de infraestructura social básica en las comunidades de origen de los migrantes o donde ellos decidan. Este esquema de trabajo implica que por cada peso que aportan los migrantes, los gobiernos federal, estatal y municipal dan tres pesos.

Es un programa que tiene 11 años en funcionamiento en el país y cuyo origen se ubica precisamente en una práctica que los migrantes guerrerenses comenzaron en los años ochenta, cuando los paisanos enviaban recursos para hacer mejoras en sus comunidades de origen y que reclamaban al gobierno del estado se corresponsabilizara con esta iniciativa ciudadana.

Sin embargo, hoy en día, Guerrero no es de los estados que se caractericen por las mayores inversiones al programa ni tampoco por que desde las instituciones se promuevan y fortalezcan las buenas experiencias que ha tenido su operación.  

Al contrario, en los últimos años, el programa 3x1 para migrantes ha enfrentado embestidas de parte de las instituciones que participan como aportantes, sobre todo de las locales, del gobierno estatal y los ayuntamientos.

El 3x1, en riesgo

Los propósitos políticos y clientelares de algunos funcionarios estatales y presidentes municipales, son parte de los riesgos que están latentes y que afectan al programa negativamente.

Rodolfo García Zamora, en su trabajo “El Programa Tres por Uno de remesas colectivas en México. Lecciones y desafíos”, analiza 11 problemas sobre el funcionamiento del programa, uno de ellos: “Politización del programa. Con frecuencia, gobernadores y partidos políticos (y ocasionalmente también funcionarios federales) intentan influir en la selección de obras y en los montos de financiamiento de los proyectos”.

Fue el caso del primer titular de la Sedesol de Ángel Aguirre, que intencionalmente buscó politizar el programa.

En efecto, fue uno de los más sonados en la prensa y lo protagonizó en los primeros meses de la administración de Ángel Aguirre Rivero, el ex titular de la Sedesol estatal, David Jiménez Rumbo, quien intentó emplear políticamente el programa con la imposición de “sus” proyectos y confrontándose con los dirigentes de las dos federaciones de migrantes guerrerenses, para modificar el esquema de operación que se había construido en los años anteriores.

Jiménez Rumbo descalificó la operación del 3x1 mediante acusaciones de corrupción y desvío de recursos, cuando se ha documentado que es uno de los programas en donde la participación ciudadana ha impedido precisamente el uso irregular de los recursos.

En un pronunciamiento publicado en la prensa en septiembre de 2011,  las organizaciones de migrantes guerrerenses reclamaron al gobernador Aguirre Rivero por estar representado por un funcionario que desconoce las reglas de operación del programa 3x1, “el más exitoso de los programas de México a nivel internacional”

Pero los ayuntamientos también han obstaculizado el programa, pues en varios ejercicios fiscales, algunos alcaldes se han negado a hacer sus aportaciones, no obstante la demanda de obras en las comunidades de su demarcación y la disposición de los clubes de migrantes de participar en el cofinanciamiento. Así sucedió en 2010, cuando dirigentes de migrantes denunciaron que el alcalde de Buenavista de Cuéllar no aportaba recursos al programa.

En 2012, último año de gobierno de los presidentes municipales del trienio anterior, las aportaciones de los ayuntamientos al esquema de concurrencia del 3x1 fue difícil, pues hubo muchas resistencias que pusieron en riesgo muchas de las obras.

Uno de los casos que muestran la discrecionalidad de los ayuntamientos fue el del municipio de Iguala, cuyo presidente municipal, no obstante que firmó un convenio formal con la federación, el gobierno del estado y la representación de los migrantes, no hizo los depósitos correspondientes a todos los proyectos comprometidos.

Lo organización Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, con sede en Chicago, denunció la omisión en su revista digital. “Ejemplos de la irresponsabilidad de los presidentes municipales como el de Iguala de la Independencia, Dr. Raúl Tovar Tavares, que firmó los convenios de concertación de obras para el ejercicio 2011, donde garantizaba su participación el H. Ayuntamiento con el veinticinco por ciento de cuatro obras participantes en el mencionado programa [3x1]. Sin embargo, nunca hizo tal aportación. Lamentamos otra vez en el ejercicio fiscal 2012 que este funcionario demagógico no participa por lo menos en seis obras solicitadas”.

Finalmente, en 2013 algunos presidentes municipales han tomado una posición autoritaria respecto del programa 3x1, y no ocultan su intención de restarle o quitarle su carácter participativo, ya que, por lo menos en los dos últimos dos años, condicionan su aportación económica a que sea el ayuntamiento el que ejecute las obras.

Destacan los casos de los ayuntamientos de Taxco e Iguala, que en las reuniones correspondientes a 2013 del Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam), órgano de deliberación y toma de decisiones del programa 3x1, los presidentes municipales de esas demarcaciones, Salomón Majul González y José Luis Abarca Velázquez, respectivamente, se comprometieron a invertir recursos en todas las obras que se autorizaran en Covam.

Sin embargo, más tarde se desdijeron y argumentaron que si las obras del programa 3x1 no las construye el ayuntamiento, no aportarían recursos.  

Estas decisiones de los presidentes municipales no son menores, pues no sólo están buscando atraerse la administración directa de los recursos, con todo lo que significa su uso discrecional y con escasos controles sociales (como sucede en los hechos con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que también se destina a obra pública), sino que buscan acabar con una práctica de participación social en un programa gubernamental que no tiene parangón en el estado.

Los recursos estatales, a la baja

Otro de los riesgos es la disminución drástica de la inversión estatal durante el gobierno de Ángel Aguirre destinada al programa 3x1, lo que reduce sensiblemente el número de obras y por lo tanto las comunidades beneficiadas.

No se entiende por qué un programa que ha funcionado de manera aceptable y con resultados positivos para los guerrerenses, de improviso, sin ninguna explicación, deja de tener recursos suficientes, incluso sustancialmente menores de los que invertía la administración estatal de Zeferino Torreblanca Galindo.

De acuerdo con datos de la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social federal, en 2009 el Ejecutivo de estado aportó 11.1 millones de pesos al programa, en 2010 se incrementó a 15.9 millones y en 2011 se invirtieron 13.6 millones de pesos.

Sin embargo, en el primer año de Ángel Aguirre, la inversión en el 3x1 disminuyó hasta 6.4 millones de pesos y en 2013 es también por 6.4 millones.  

Según un boletín de prensa del gobierno del estado, del 23 de junio de 2013, el gobernador del estado, en una gira por la ciudad de Chicago y ante representantes de los migrantes guerrerenses, se comprometió a incrementar el monto de la aportación estatal en ciento por ciento, aunque no aclaró si ese aumento se aplicaría en el presente año o en el siguiente ejercicio fiscal.

De concretarse este compromiso, la inversión del gobierno del estado apenas alcanzaría los 13 millones de pesos, es decir, solo igualaría el monto aportado durante el último año de la administración de Torreblanca Galindo.

Una experiencia exitosa

Aun con altibajos en las diferentes administraciones estatales y municipales, el programa 3x1 para migrantes en el estado de Guerrero se ha destacado porque una buena parte de las obras son administradas o incluso construidas por los propios beneficiarios.

Esto significa que además del evidente y palpable beneficio que obtiene la población por la construcción de una obra de infraestructura social, en Guerrero se ha ido construyendo al mismo tiempo una participación social activa alrededor del programa.

Este proceso de mayor involucramiento de la gente tiene resultados positivos, sobre todo si se los compara con la modalidad de ejecución que hacen las autoridades gubernamentales, ya que cuando participa la gente, las metas se rebasan (más obra con menos dinero), hay más claridad (transparencia) y honestidad en la operación (disminuye la discrecionalidad con que actúan los funcionarios de todos los niveles) y sobre todo, estos procesos contribuyen a la recomposición del tejido social en el interior de las comunidades guerrerenses, con la formación de estructuras básicas de organización para la gestión, desarrollo y vigilancia de los trabajos.

Muchas experiencias del 3x1 en Guerrero han sido pues sobresalientes y hasta puede afirmarse que ningún programa estatal en Guerrero opera con este esquema tan participativo.

No obstante que es un programa que promueve la corresponsabilidad y en el que participan varios actores con sus aportaciones económicas (gobiernos federal, estatal, municipal, y los clubes de migrantes y en algunas ocasiones, las comunidades de origen) hay que destacar que ha sido un logro obtenido por las organizaciones de migrantes, por la gente de las comunidades. Si bien, el 3x1 cuenta con unas reglas de operación que posibilitan esta participación comunitaria, y esto se conjuga en algunas ocasiones con cierta sensibilidad social hacia las demandas ciudadanas por parte de funcionarios de gobierno, sin duda el mérito de haber construido un programa participativo en Guerrero es atribuible a la iniciativa de la gente que se organiza.

Otros programas similares de construcción de infraestructura básica, como el Fondo de Infraestructura Social Municipal, cuyos recursos se obtienen del Ramo 33, tienen también reglas y una normatividad que establece mecanismos de participación comunitaria en las diferentes etapas de la construcción de una obra. Pero en los hechos, las decisiones importantes las toman de manera unipersonal los presidentes municipales (haciendo caso omiso a los espacios de participación, como los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal), a diferencia del programa 3x1, en donde los clubes de migrantes y sus federaciones han hecho valer su voz y sus posiciones en el órgano de toma de decisiones que es el Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam), y en los espacios de negociación con los gobiernos estatal y municipales.  

Quizás aún no se valora lo suficiente este rasgo peculiar en la forma de operación del 3x1, en donde están involucrados los clubes de migrantes y los comités espejo integrados por personas de las comunidades de origen de los migrantes.

Opacidad en los gastos de gestoría del Congreso del estado

El Sur de Acapulco


Cada uno de los diputados del Congreso del Estado de Guerrero recibe recursos públicos para sufragar gastos supuestamente de “gestoría social”, pero ese dinero es utilizado totalmente de manera discrecional, sin un plan o programa institucionalizado que permita observar las metas, objetivos e impactos de su ejercicio.

Pero tampoco existe ninguna normatividad que obligue a los diputados a comprobar esos recursos, como debe hacerse con todo el dinero público;  tampoco hay ningún mecanismo de transparencia ni de rendición de cuentas que los controle, por lo que los legisladores locales guerrerenses pueden emplearlos sin ninguna restricción para su posicionamiento personal, tejer relaciones tendientes a obtener futuras candidaturas a puestos de elección popular o incluso para beneficiarse personalmente de ellos.

La inauguración de obras, la entrega de despensas, láminas, herramientas de trabajo, útiles escolares, computadoras, granos básicos y otros insumos, que mucho se anuncian en la prensa estatal, como inserciones pagadas, no son apoyos que provengan de los bolsillos de los legisladores, sino de las arcas públicas y que son ejercidos en la más completa opacidad.

Un mal nacional

Esta práctica de usar los recursos del erario público para llevar “beneficios sociales” a la población y que cada año se autoasignan los legisladores, no es exclusiva del estado de Guerrero. En el ámbito federal, el periódico Reforma denunció que el Senado de la República repartió entre legisladores de la cámara alta una bolsa discrecional de más de 3 mil millones de pesos entre enero de 2006 y julio de 2013.

Según ese diario y con datos de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, los recursos públicos entregados por concepto de subvenciones a los grupos parlamentarios en este lapso se incrementaron en 40 por ciento, al pasar de 335 millones a más de 468 millones de pesos anuales. En la información se detalla que de 2006 a 2007, los legisladores pasaron de 335 millones a 400 millones de pesos, mientras que de 2012 a 2013 las subvenciones aumentaron de 430 millones a más de 468 millones de pesos.

También en la cámara de diputados federal existen bolsas de recursos financieros que se reparten entre los diferentes partidos y se gastan de manera discrecional, sin dar facturas y menos rendir cuentas a la Auditoria Superior de la Federación ni a otra autoridad.De acuerdo con un reporte de la consultoría Integralia, publicado en Milenio a mediados de año, en los últimos cuatro años se han destinado 3,243.5  millones de pesos a las bancadas de todos los partidos en la cámara de diputados, sin que hayan dado una sola explicación de qué hicieron o en qué gastaron ese dinero cada uno de los siete partidos con representación en San Lázaro.

De enero a abril de 2013, agregó la consultoría, el PRI que encabeza Manlio Fabio Beltrones en la cámara de diputados, recibió  tan solo en esos  cuatro meses, 151.4 millones de pesos, mientras que el PAN que lidera Luis Alberto Villarreal, 84.4 millones de pesos, y el PRD que coordina, Silvano Aureoles, 61.1 millones de pesos en el mismo periodo.
El PVEM, 22.9 millones de pesos, el PT, 14 millones de pesos, el Panal 10.5 millones de pesos y Movimiento Ciudadano, 21.6 millones de pesos.

“Las subvenciones a los grupos parlamentarios son apoyos económicos para actividades legislativas y de gestoría, pero sólo reportan cifras agregadas sin comprobación ni facturas. Esos gastos no son revisados por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que se desconoce el destino y uso de esos montos millonarios”, acusa el análisis.

Apoyo de gestión social en Guerrero

En Guerrero, no existe ninguna norma que regule la distribución, control y comprobación de los recursos que los diputados del Congreso del estado usan de manera discrecional. Tampoco se encuentran documentos donde quede constancia de su ejercicio y de los impactos que se lograron.

Los informes de cuenta pública del Congreso –por cierto, elaborados por la Auditoría General del Estado, pero aprobados por los integrantes del propio Congreso, que de esta manera los convierte en juez y parte- son documentos de rendición de cuentas que deberían contener información sobre esta partida financiera. Pero no es así.

Por ejemplo, el decreto por el que se aprueba la cuenta de la hacienda pública del poder legislativo correspondiente al ejercicio fiscal 2010 señala que en ese año se ejercieron 337.9 millones de pesos.

Pero en ninguno de los rubros generales que se publican ni en ningún lugar del documento se informa sobre los recursos que se distribuyen entre los legisladores locales.

El decreto por el que se aprueba la cuenta de la hacienda pública del poder Legislativo del ejercicio 2011( http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/02/PERIODICO-12.pdf), describe de manera un poco más específica el ejercicio de los recursos.

Así, por ejemplo, durante ese ejercicio 2011 se ejercieron un total de 438.4 millones de pesos en el Congreso local, y se destinaron al rubro de servicios generales recursos por 219.6 millones de pesos; dentro de este renglón, se detalla que a servicios oficiales se destinaron 201.7 millones de pesos.

Según ese documento, dentro de servicios oficiales se describe un apartado denominado “Apoyo gestión social” al que se le asignaron 157.4 millones de pesos, y ante la falta de información, se presume que de ahí se obtienen los recursos de uso discrecional destinados a los legisladores.

Si esto es cierto, a cada uno de los 46 diputados les corresponderían 3.4 millones de pesos para uso exclusivo y sin comprobación.

Estos gastos de “apoyo gestión social” representan el 78 por ciento del rubro de servicios oficiales, y si se les compara con el total de los recursos ejercidos por el Congreso del estado en 2011, esta partida discrecional alcanza el 35.9 por ciento.

Intento de ocultar información

Ante la insuficiente información publicada en los acuerdos por los que se aprueba la cuenta de la hacienda pública del poder legislativo respecto a esta partida de gestión social y otros rubros específicos, formalmente se solicitó al Congreso información complementaria sobre el gasto del legislativo.

La unidad de transparencia del Congreso no respondió a la solicitud informativa en el plazo previsto por la ley, por lo que se presentó un recurso de revisión o queja ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado,  en cuya resolución dictaminó la obligación de que el Congreso entregara la información solicitada.

Entre los datos entregados por el órgano legislativo, se conoció que al rubro de “servicios oficiales”, de los que se obtiene el “apoyo gestión social”, se le asignaron diferentes montos: 173.5 millones de pesos en 2009; 17.7 millones en 2010; 201.7 millones en 2011, y 199.1 millones de pesos para el ejercicio 2012.

Sin embargo, el Congreso también informó que el “monto destinado al rubro de “apoyo a gestión social” no aplica, toda vez que el H. Congreso del Estado no aplica ningún tipo de apoyos para este rubro”.

Esta información contradice de manera evidente el informe de cuenta pública –por lo menos el de 2011- elaborado por la AGE y aprobado por los legisladores, en el que se describe claramente una partida de “apoyo gestión social” como parte de Servicios Oficiales. Pero la respuesta del órgano legislativo a este requerimiento fue que no existe dicho concepto de gasto.  

Asimismo, la Unidad de Transparencia, a través del director de administración del Congreso del Estado, dio a conocer que “respecto de los mecanismos de control y vigilancia cada diputado ejerce su propio mecanismo de control y vigilancia de acuerdo a su propia gestoría. Asimismo, este H. Congreso remite un informe semestral a la Auditoría General del Estado”.

Así, pues, se corrobora que no existe ningún tipo de control y evaluación para estos recursos que reciben los legisladores, dejando a su propio albedrío los mecanismos de control y vigilancia que consideren pertinentes, no obstante que son recursos del erario público.

Otros datos

Der acuerdo con la información proporcionada por el Congreso del estado, en 2009 la remuneración que recibía un legislador era de 26 mil 856 pesos. Al año siguiente se incrementó a 34 mil 376 y para 2011 su honorarios alcanzaron 51 mil 400 pesos; ese misma cantidad recibieron en 2012.

En el concepto de “ayudas, subsidios y transferencias”, en 2009 el Congreso del estado gastó 454 mil 904 pesos; en 2010 el monto fue de 293 mil 258, pero en el ejercicio 2010 se incrementó sustancialmente a 971 mil 677 pesos, y en 2012 alcanzó poco más de dos millones de pesos.

En el caso de 2011, destaca que como parte de los recursos destinados a ayudas, subsidios y transferencias, se asignaron 931 mil477 pesos al concepto de “ayudas culturales y sociales”, sin que se especifique con detalle cuáles fueron los gastos reales en ese rubro. 

Quitan recursos a diputados

Hace unos días, un diario capitalino informó que “el gobierno del estado decidió retirar al Congreso local el recurso destinado para gestión de cada diputado que es de dos millones de pesos por cabeza, con el fin de que sea el propio Ejecutivo quien administre y ejecute las obras que se harán en los municipios devastados por la tormenta tropical Manuel”. (Pueblo, 25 de septiembre).

Según la nota, los recursos son ejercidos por el propio gobierno, que además ejecuta las obras, y los diputados se encargan de hacer la gestión, pero no utilizan o administran el dinero invertido. Para ellos es el reconocimiento de la ciudadanía beneficiada, al ser el vínculo para lograr que el gobierno estatal voltee los ojos a sus respectivas zonas.

Sin embargo, por disposición del poder Ejecutivo, se “decidió que ese recurso que en suma es de 92 millones por los 46 diputados, será ejecutado en obras para los municipios más devastados, pero él mismo será quien decida qué tipo de obras y a qué ciudades o comunidades irá destinado”.

 ¿Fin de la discrecionalidad?

Los legisladores federales y de los estados donde existen estas partidas para su uso personal violan flagrantemente del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que “los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Y también se añade en este artículo que “los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior”.

Sin embargo, el dinero que se distribuye entre diputados federales y locales y senadores no se somete a estos requisitos mínimos que ordena la Constitución.

Hace un par de meses, ante el escándalo de los senadores del Partido Acción Nacional por el reparto de estos recursos, el legislador Ernesto Cordero presentó ante el pleno de la Comisión Permanente dos iniciativas en materia de transparencia, para que se dé a conocer, de manera pública, la entrega y uso de los recursos que se entregan a cada grupo parlamentario de la cámara alta.
El senador panista dijo que la intención es informar sobre los recursos otorgados a las bancadas a través de la gaceta parlamentaria y del reglamento del Senado.
Y agregó que el artículo 6 de la Constitución mexicana establece las bases para regular el derecho a la información pública gubernamental bajo el principio de máxima publicidad y que bajo ese principio toda autoridad tiene la obligación de dar información, permitir el acceso a ella y transparentar el uso y destino de recursos públicos informando y rindiendo cuentas a tiempo y debidamente a los administrados y a los gobernados.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.