ITAIG, ocho años de opacidad en Guerrero

El Congreso del estado de Guerrero recientemente emitió la convocatoria para relevar a los actuales comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIG), que dejarán el organismo en febrero de 2014, luego de ocupar el cargo durante ocho años y en dos periodos consecutivos.
La elección de los comisionados no es un asunto banal si se considera que Guerrero es un estado con muy bajos niveles de participación ciudadana en los asuntos públicos, y también de amplia discrecionalidad en la toma de decisiones gubernamentales, corrupción y pobreza en los resultados de la acción gubernamental.
La transparencia y la efectiva rendición de cuentas son aspectos que generan y potencian un contrapeso ciudadano al poder del gobierno. Pero eso requiere de la promoción, la reflexión permanente, hablar públicamente sobre estos asuntos y también hacer consciente entre la ciudadanía su derecho a exigirlas en tanto que son obligaciones gubernamentales.
Pero la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, que luego devino en ITAIG, no contribuyó en ocho años a mejorar la transparencia y el acceso a la información en el estado, no obstante que era el organismo clave y obligado para hacerlo, de acuerdo con la normatividad.
Hay muchos testimonios y pruebas documentales del pobre desempeño de este organismo, además de que los indicadores principales de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información de las  dependencias púbicas también son muy bajos, en gran parte por la poca eficacia de la acción del ITAIG, encargado de promoverlos.
La elección de los consejeros del ITAIG será un proceso fundamental para lo que sucederá en los próximos años en materia de rendición de cuentas gubernamental. Si el Congreso del estado decide una elección donde se privilegie a consejeros sin el perfil profesional apropiado y sin compromiso con la ciudadanía, Guerrero continuará ocupando un lugar importante entre los estados más opacos.   

Ocho años perdidos 

En la sesión del 9 de febrero de 2006, el Congreso del estado, a propuesta de la Comisión de Gobierno, eligió por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes a Ernesto Araujo Carranza, Marcos Ignacio Cueva González y María Antonia Cárcamo Cortés como comisionados de la Comisión para el Acceso a la Información Pública por un periodo de cuatro años.
A punto de concluir su encargo, a principios de 2010, nadie apostaba a la reelección de los comisionados, su pobre desempeño auguraba que serían relevados y habría nuevas personas para ocupar esos cargos durante el periodo del 9 de febrero de 2010 al 8 de febrero de 2014.   
Pero no fue así, los integrantes de la Comisión de Gobierno, especialmente los ex diputados locales Héctor Vicario Castrejón y Celestino Cesáreo Guzmán, maniobraron para la ratificación de los comisionados, sin importar los resultados del trabajo que habían realizado.
De acuerdo con el diario de debates del Congreso del estado correspondiente a la sesión de la ratificación, el ex diputado Sebastián de la Rosa Peláez denunció que no obstante que el procedimiento se presentaba como el voto libre e individual de cada diputado, “está claro que los acuerdos que se han procesado por esta legislatura es el de la ratificación de quienes hoy conforman la Caipegro”. 
Y aunque no cuestionó el procedimiento, De la Rosa Peláez sí reclamó el pobre desempeño de los integrantes de la ex Caipegro. “Sin pretender asumir una posición acusatoria y mucho menos de menoscabo al trabajo realizado por los actuales integrantes de la Caipegro, también estoy convencido que el trabajo que realizaron no es satisfactorio para el pueblo de Guerrero como para merecer la ratificación en ese encargo, y de hacerse así, habrá cuatro años más de estancamiento en esta materia”, reclamó. 
Al consumarse la ratificación, el ex diputado perredista comentó que “los ciudadanos guerrerenses deberán esperar otros cuatro años para contar con una verdadera institución que le sirva para conocer cómo  funciona los poderes públicos del Estado, cómo se administran  las finanzas de los tres poderes del Estado, con qué personal se cuenta en los organismos públicos, entre otros temas; pues la transparencia y el acceso a la información es un aspecto fundamental para la transición democrática en Guerrero”. 
Y concluía: “hoy es un mal día para la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, es un mal día para la sociedad guerrerense que mira asombrada cómo los grupos de poder se siguen resistiendo a perder privilegios”.
La fracción priista en el Congreso local, en voz de la ex diputada Guadalupe Gómez Maganda, aseguró que “en el ánimo de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, si está el de ratificar a quienes han estado a cargo de la Caipegro, en función de que reconocemos su trabajo y que una vez que tengamos ya aprobada por este Congreso la ley correspondiente seguramente podrá rendir mejores frutos”. 
Finalmente, el ex diputado Victoriano Wences Real mencionó que “en la resolución para proponer a los integrantes de la Caipegro, procuramos que lejos de atender a intereses políticos o particulares, se privilegiara el profesionalismo, responsabilidad, conocimiento, ética y preparación de las ciudadanas y ciudadanos que aspiraron a ocupar tan alta responsabilidad.
Por eso los que hoy serán electos comisionados, esperemos que cumplan con las expectativas del pueblo de Guerrero”. 

Simulación y trabajo sin impacto

Durante ocho años, el ITAIG fue un organismo poco eficaz en su tarea de garantizar la transparencia y el acceso a la información en el estado; hubo mucha tibieza en su exigencia para que las dependencias públicas cumplieran con sus obligaciones de transparencia, simulación en el discurso, falseo de datos y una evidente falta de promoción de este derecho ciudadano.
Por ejemplo, de 2006 a la fecha hubo un abierto desacato tanto de los ayuntamientos del trienio anterior como los actuales, y del gobierno de Zeferino Torreblanca como del de Ángel Aguirre Rivero, y de las últimas dos Legislaturas del Congreso, y no obstante, no se observó firmeza en la aplicación de la ley por parte del ITAIG para amonestar o sancionar a servidores públicos que abiertamente negaron, retardaron y manipularon dolosamente la información que están obligados a difundir o entregar a los ciudadanos que la soliciten.
Igualmente, se observaron muy pocas acciones efectivas orientadas a promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas entre la ciudadanía y los sujetos obligados más allá de cursos aislados, firma de convenios o repartición limitada de folletería.
Desde sus primeros años, el organismo de la transparencia en Guerrero presentó cifras “infladas” sobre el número de solicitudes de información que los ciudadanos presentaban ante las dependencias, para aparentar que en Guerrero había una gran participación ciudadana en los asuntos públicos.
En diferentes ocasiones se le cuestionó y demostró a los comisionados que sus datos no correspondían a la realidad, y aún así continuaron publicándolos.
En diversas revisiones se encontró que la mayor parte de las solicitudes registradas por el ITAIG no eran requerimientos de información, sino solicitudes de empleo, de obra pública y otras. Por ejemplo, en 2007 se analizó el caso del ayuntamiento de Acapulco, que según el órgano garante tenía un total de 1,432 solicitudes presentadas, pero al hacer el revisión de los casos se encontró que sólo 53 (3.7 por ciento) correspondían a solicitudes efectivas.
Hubo otros casos extremos, como el del municipio de Zitlala, que según el ITAIG, de junio de 2006 a marzo de 2007 se presentaron 178 solicitudes, lo que equivalía a más del doble de las que tuvo el Ejecutivo en el mismo periodo; o el municipio de Zirándaro, que de marzo de 2007 a marzo de 2008 registró 1,321 solicitudes (de acuerdo con las cifras del ITAIG), es decir, una cuarta parte de todas las presentadas en el estado en ese periodo.
Otros datos atípicos fueron el del municipio de Azoyú, que en un solo año recibió 1,719 solicitudes, el ya comentado de Zirándaro (1,321), Tecoanapa (480 en dos años) e Ilatenco (291 peticiones), que representan respectivamente 16, 12, 4 y 3 por ciento del total de solicitudes presentadas en el estado hasta 2011, es decir, solo en estos cuatro municipios se presentaron más de un tercio de solicitudes de información en Guerrero en seis años.  
Adicionalmente, el ITAIG hizo gala de la suscripción de numerosos convenios de colaboración para promover y garantizar la transparencia. Sin embargo, los convenios fueron más de simulación que de acciones efectivas, pues ninguna de las dependencias públicas que firmaron convenios cumplieron cabalmente con sus obligaciones de transparencia, e incluso en no pocos casos, esas dependencias firmantes estuvieron involucradas en recursos de revisión presentados ante el ITAIG por obstaculizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
Incluso hubo casos en que los comisionados entregaron “reconocimientos” a alcaldes cuyos ayuntamientos se caracterizaron por su opacidad, como el de Manuel Añorve Baños y Héctor Astudillo Flores, ex alcaldes de Acapulco y Chilpancingo, respectivamente, que recibieron los parabienes del ITAIG en febrero de 2012.
Al igual que las demás dependencias gubernamentales, el órgano garante de la transparencia del estado nunca cumplió con su obligación de publicar su información de oficio, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información dice que debe hacer público un catálogo de 22 rubros de información de oficio más nueve adicionales. Al respecto, en un monitoreo realizado en junio de 2013, de una muestra de 30 dependencias que fueron revisadas, el ITAIG ocupó la octava posición con apenas 48 por ciento de sus obligaciones de información de oficio.
El ITAIG tampoco elaboró los lineamientos para presentar toda la información de oficio en formatos sencillos, como lo mandata el artículo 14 de la ley, y que contribuiría en mucho a tener portales electrónicos con información útil, accesible y ordenada, y no información chatarra, con ligas rotas, archivos pesados, como ha sido hasta hoy.
También fue omiso en elaborar, junto con el Consejo Estatal de Archivos, los criterios para la organización, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como para la organización de los archivos públicos.
De última hora, a dos meses de que dejen el cargo, los comisionados han iniciado algunas actividades que no hicieron en ocho años. Por ejemplo, en un boletín del 7 de noviembre amagan con sancionar a las dependencias que no cumplan con su información de oficio, cuando este incumplimiento ha sido permanente.
“Luego de que en la evaluación a los portales de internet a los denominados sujetos obligados realizada por el ITAIG se detectó un preocupante incumplimiento de las obligaciones de transparencia de parte de éstos, el órgano garante acordó otorgarles un plazo de 15 días hábiles para que actualice se información pública de oficio de lo contrario será acreedor a las medidas de apremio contempladas en la ley”, amenaza el ITAIG.
Son muchos los pendientes que deja el ITAIG y muchas las actividades que le ordena la ley y que nunca inició, por ejemplo, apoyar a los ayuntamientos con medidas eficaces para que cumplan plenamente con la ley e implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permitan a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados.

Necesario, un observatorio

Los pésimos resultados de las decisiones de los legisladores en la elección de los comisionados están a la vista. Es necesario vigilar que los actuales diputados no cometan los mismos errores, y se elijan los mejores profesionales para ocupar esos cargos.
La creación de un observatorio ciudadano que vigile no sólo el proceso de selección, sino el desempeño de los comisionados, es una tarea que debe organizarse de inmediato para garantizar que el proceso se realizará con legalidad, transparencia y de cara a la ciudadanía. Invitamos a la ciudadanía en general a que se sume a esta iniciativa.