2013: avances insignificantes en transparencia

El Sur de Acapulco

2013 fue un año de avances desiguales en los ámbitos local y nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas. Mientras en el plano nacional destacó la aprobación de las reformas a la constitución federal que se prevé fortalecerán los mecanismos de transparencia y acceso a la información, en Guerrero los avances se limitaron a un mínimo e insuficiente avance en el cumplimiento de la información de oficio de algunas dependencias, especialmente de una decena de ayuntamientos ubicados en regiones marginadas.

En el ámbito local también destacaron una inusitada actividad del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero, -a unos meses de que sean relevados los actuales consejeros y a ocho años de que fueron electos, tiempo en el que observaron una pasmosa inactividad-; una tibia respuesta del gobierno del estado a las exigencias de transparencia del gobierno federal, luego de la tormenta tropical Manuel y la llegada de recursos; y la eterna opacidad del Congreso del estado, que en 2013 siguió destacando como una de las entidades públicas más opacas del estado, sin que en el corto plazo se vislumbre una mínima perspectiva de cambio.
Cloroscuros en los municipios
En el nivel municipal, 2013 fue un año de contrastes, ya que mientras unos cuantos  ayuntamientos realizaron esfuerzos por cumplir con sus obligaciones de transparencia, la mayoría se mantuvo en los umbrales de la opacidad.
En el año anterior, llamó la atención el trabajo que realizaron 10 ayuntamientos localizados en las regiones más pobres del estado para incrementar sus niveles de transparencia. Auspiciados por un programa de la Auditoría General del Estado, estos municipios recibieron capacitación y asesoría para elevar sus niveles de transparencia y los colocó entre lo más destacable en el estado de Guerrero en la materia.
Fue la primera vez, desde que se aprobó la ley de transparencia en el estado de Guerrero, hace ocho  años, que un grupo de municipios sobresalía no por su opacidad, sino por difundir información que le exige la ley. 
De acuerdo con la evaluación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), en el segundo semestre de 2013, los dos municipios más pobres del estado encabezaron el ranking de la transparencia. Cochoapa el Grande fue el mejor posicionado, ya que en relación con la evaluación de 2012, avanzó 44 puntos porcentuales. Le siguieron el municipio de Metlatónoc con 43 por ciento, y el de Copalillo, que registró un incremento de 30 puntos.
Sin embargo, de manera global, los ayuntamientos guerrerenses se ubicaron en el umbral de la opacidad, pues aunque algunos observaron avances que no se habían registrado en los últimos cuatro años, ningún gobierno municipal de Guerrero alcanzó siquiera 50 puntos porcentuales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, y la mayoría obtuvo pésimas calificaciones de menos de diez puntos.
Otro dato desalentador de 2013 es que cuatro ayuntamientos guerrerenses (Chilpancingo, Acapulco, Atoyac e Iguala) firmaron el Acuerdo por la Transparencia Municipal, que no era otra cosa que asumir el compromiso de cumplir con la ley de transparencia. No obstante la suscripción pública de este acuerdo, -excepto el ayuntamiento de Acapulco, que avanzó parcialmente- los otros tres municipios nada hicieron por mejorar los niveles de transparencia de sus demarcaciones, y lo que se observó fue más bien lo contrario, decrementos en sus niveles de transparencia durante 2013.
Otros sujetos obligados
El monitoreo realizado a mediados de 2013 por la organización Comunicación para el Desarrollo Comunitario AC corroboró que los ayuntamientos no eran las únicas dependencias opacas en Guerrero, sino que sujetos obligados como el Congreso del estado y los tribunales Superior de Justicia y Electoral del estado y muchas dependencias del Ejecutivo local presentaron muy bajos niveles de transparencia.
En 2013, ninguna de las dependencias públicas que tienen la obligación de difundir información, cumplió cabalmente con lo que ordena el marco jurídico. Desde 2006 han pasado dos gobiernos estatales, tres legislaturas en el Congreso, tres administraciones municipales y numerosos funcionarios, pero hasta hoy ninguna dependencia puede jactarse de cumplir cabalmente con el artículo 13 de la ley de transparencia.
Durante el primer trimestre de 2013, se revisaron los portales electrónicos de una muestra de 30 dependencias públicas, de las 150 que se registran en el estado, para certificar que cumplieran con el catálogo de 22 temas de información que están obligadas a difundir. Los resultados mostraron que no sólo los ayuntamientos se encuentran a la vanguardia de la opacidad, sino que la mayoría de las dependencias públicas del estado presentaron altos niveles de opacidad.
Los resultados indicaron que sólo siete de las 30 dependencias de la muestra registraron más de 50 por ciento de cumplimiento, pero ninguna alcanzó 70 por ciento. Otras 10 instituciones se ubicaron entre 20 y 50 por ciento, y 13 no alcanzaron ni siquiera 20 por ciento de cumplimiento al artículo 13 de la ley de transparencia.
Entre las peores calificaciones generales, destacaron las que obtuvieron el Congreso del estado que sólo alcanzó 9.6 por ciento, el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, con apenas 6.5 por ciento de cumplimiento, y el Tribunal Electoral del estado, con sólo tres por ciento. Es decir, porcentaje más bajos que algunos ayuntamientos guerrerenses.
Cabe resaltar que el organismo que tiene la función de garantizar que se cumplan la ley de transparencia, el ITAIG, en ese periodo no cumplió ni siquiera con la mitad (48 por ciento) de sus obligaciones de información pública de oficio.
En el caso de las dependencias del Ejecutivo estatal, hacia finales de año comenzaron a subir información a sus portales electrónicos, en buena medida por la presión del gobierno federal que canalizó recursos financieros y en especie hacia el estado de Guerrero, luego de los desastres provocados por la tormenta tropical Manuel.
Las consecuencias del fenómeno metereológico fueron tan impactantes, que los reflectores estuvieron puestos en Guerrero, por lo que el presidente de la república buscó que el gobierno estatal no repitiera las experiencias de desastres anteriores donde se denunciaron desvíos en los recursos.
Incluso en el marco de la presentación del Plan Nuevo Guerrero, mediante el que se canalizarían recursos por 30 mil millones de pesos al estado, Enrique Peña Nieto anunció la creación de un Consejo Estatal de Restauración de Guerrero como un mecanismo de participación y vigilancia ciudadana que permitiría a la ciudadanía verificar el costo y avance de las obras.
La composición del consejo estatal dejó mucho que desear, pues predominan personajes ligados a la empresa privada, amén de que las reuniones que realizaron en 2013, fueron prácticamente herméticas y sin información a la ciudadanía.
Otro dato relevante de 2013 fue que las solicitudes de información presentadas ante dependencias del Ejecutivo estatal disminuyeron sensiblemente de 1,612 registradas en 2012 a 1,251 en el año anterior, para una caída de 22.3 por ciento. Sin duda es un dato desalentador y grave para el estado.  
Órgano garante
Durante ocho años, fue evidente la pasividad del ITAIG en tareas sustanciales como la de promover la transparencia y el acceso a la información y ser un verdadero órgano garante de la ley. Pero a unos meses de que los actuales consejeros concluyan su encargo –en febrero de 2014-, la institución comenzó a realizar algunas de las actividades que no se hicieron durante ocho años.
Por ejemplo, si se revisa el portal electrónico del ITAIG, se observará que es el más completo en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en todo el estado; también, que en los últimos meses de 2013, el órgano garante inició la revisión de la información de oficio de las dependencias y hasta las emplazó a cumplir o de los contrario serían sancionadas.
Esto no sería criticable si los consejeros hubieran realizado éstas y otras muchas actividades a lo largo de ocho años que estuvieron en el cargo, y no a tres meses de que ya se van.
El Congreso, el eterno opaco
Las vicisitudes de un ciudadano ejemplifican claramente la cara opaca que ha mostrado el Congreso del estado a lo largo de muchos años. En julio de 2013 solicitó al órgano legislativo publicar en su portal de internet y recibir en su correo “la información pública de oficio establecida en el artículo 13 de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública  del Estado de Guerrero”, es decir, la solicitud era un exhorto a los legisladores para que cumplieran una ley vigente.
El Congreso respondió a este requerimiento que “la información de oficio que señala el artículo 13 de la ley (…), se encuentra disponible en la página de este H. Congreso del Estado de Guerrero, en el portal de transparencia".
Evidentemente, dicha información no está publicada en el portal del Congreso, incluso hoy, cualquier persona que revise la página electrónica observará una falta importante de información, sin que haya un mecanismo que obligue al Congreso a publicarla.
En agosto de 2013, el ciudadano presentó un recurso de revisión ante el ITAIG, y éste resolvió en su favor el 12 de noviembre: “se ordena al H. Congreso del Estado de Guerrero, que publique en su portal electrónico oficial, la información pública de oficio faltante (…) del artículo 13 de la Ley”.
Agregó el ITAIG que para cumplir con la resolución “se le confiere un plazo de diez días hábiles (…) debiendo comunicar a este instituto de transparencia, por escrito, una vez que haya cumplido con dicha obligación, apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a las sanciones subsecuentes establecidas en la Ley respectiva”.
Transcurrieron los 10 días hábiles y el portal electrónico del Congreso permanece inalterable, sin información. Desconocemos si hay una sanción de por medio, pero es muy probable que en este caso también haya impunidad (incluida la inacción del ITAIG) y que los ciudadanos tengamos la certeza de que el órgano legislativo del que emanan las leyes, sea el más reacio a cumplir con la ley de transparencia.
Ámbito nacional
Entre los acontecimientos relevantes en el plano nacional, se tiene la reforma a la Constitución federal mediante la que se homogenizan algunos requisitos mínimos entre los estados en materia de transparencia.
Asimismo, se fortalece a los órganos garantes federal y de los estados, a los cuales se les deberá dar autonomía constitucional (en Guerrero, le ley de transparencia le otorga autonomía al ITAIG, pero se requiere que se incorpore en la constitución local).
En el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información (ITAIG), la reforma le permite que tenga plena autonomía, aun cuando por ejemplo, la Consejería Jurídica de la Presidencia puede impugnar las resoluciones del IFAI por cuestiones de seguridad nacional).
Igualmente, el IFAI podrá atraer casos en los que ciudadanos sientan que en sus estados no les respondieron adecuadamente.
Otro reforma importante es que el IFAI será la autoridad en materia de transparencia para los entidades y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y especialmente para los órganos autónomos. Y además los partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos serán sujetos obligados directos de la Ley de Transparencia.
La nota mala es que estas reformas constitucionales, para entrar en vigor, deben ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas estatales.
A diferencia de la reforma energética, que también requería el aval de los congresos locales y que en un santiamén fue aprobada, las reformas a la ley de transparencia cerraron el 2013 con la aprobación de sólo ocho legislaturas de los estados.