El ayuntamiento de Chilpancingo concluye su gobierno en la opacidad

El Sur de Acapulco

Marcos Méndez Lara

El ayuntamiento que gobierna al segundo municipio más importante del estado, Chilpancingo, mantuvo durante tres años y medio un perfil de opacidad en sus finanzas y en el ejercicio de los recursos públicos.

La  manera oscura en que manejan las licitaciones para la compra de fertilizante, los resultados de la revisión a la cuenta pública del ayuntamiento capitalino emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y las calificaciones obtenidas por este gobierno en el ejercicio que realiza el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes, son ejemplos de la manera poco transparente en que se ha conducido el gobierno de Chilpancingo.
Esto contrasta con los mensajes de su portal electrónico, en donde el ayuntamiento presume que “en materia de transparencia, Chilpancingo se destaca como el primer Municipio en firmar el convenio institucional de colaboración entre El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG)”.
Igualmente, se jacta de haber recibido en febrero pasado un reconocimiento por parte de los comisionados del ITAIG “por apoyar el fortalecimiento de la cultura de la transparencia informativa”. Pero los hechos, dicen lo contrario.

La licitación de fertilizante

El 7 de marzo de 2012 presentamos ante el ayuntamiento de Chilpancingo, una solicitud de información para que entregara, entre otros documentos, las actas del comité de adquisiciones referentes a la licitación del fertilizante que ese gobierno municipal distribuye entre los campesinos. La información que se requirió fue de los ejercicios de 2009 a 2012.
El ayuntamiento respondió hasta el 4 de mayo (fuera del tiempo que establece la ley) con la entrega de varios documentos, que efectivamente sí se solicitaron, pero no entregó ninguna información sobre la licitación del fertilizante.
Al respecto, la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento argumentó que “lo que solicita está clasificado como información confidencial debido a que contiene información de hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico y administrativo de las personas físicas y morales que participan en dicho proceso de licitación, por lo que estos datos requieren del consentimiento de dichas personas que intervienen en el proceso indicado y no se cuenta con la autorización correspondiente de lo antes mencionado”.
Una licitación es un hecho público y quienes en ella intervienen (personas físicas y morales) también adquieren ese carácter público en este acto, porque concursan y en su caso reciben recursos provenientes de los impuestos de todos los mexicanos.
Por tal motivo, el 7 de mayo se presentó una queja ante el ITAIG señalando la improcedencia de lo dicho por el ayuntamiento. Un mes después, el 4 de junio, el ITAIG emitió una resolución en donde ordenó al ayuntamiento capitalino entregar la información solicitada dándole un plazo de 10 días.
Asimismo, en la resolución se lee que el ayuntamiento de Chilpancingo no rindió el informe para responder a la queja, por lo que recibió un apercibimiento “para que en los subsecuentes requerimientos cumpla en los términos correspondientes”.

Los documentos entregados

Aunque se solicitaron únicamente las actas del comité de adquisiciones sobre la licitación del programa de fertilizante, el ayuntamiento de Chilpancingo presentó una carpeta de más de 250 páginas y advirtió que las copias serían pagadas por el solicitante. Era ésta una forma de desalentar la entrega. Sin embargo, aceptamos pagar las copias, pues la ley previene que los solicitantes de información cubrirán el costo de los documentos que le sean entregados.
En los papeles encontramos que el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del municipio de Chilpancingo lo integran el alcalde y síndico, así como los secretarios de obras públicas, de finanzas municipales y desarrollo social y humano. Pero también forma parte del comité, el regidor del Partido Acción Nacional, Fortunato Guerrero Gómez, quien con su firma avala todas las actas de dicho comité.
Uno de los puntos que develan la intención de los funcionarios del ayuntamiento de ocultar información clave es que en el acta de fallo para la compra de fertilizante del ejercicio 2011, inexplicablemente no aparece una hoja, precisamente donde se da a conocer el nombre de la empresa a la que se le adjudica el contrato por alrededor de 17.3 millones de pesos.
Asimismo, en el ejercicio 2010, también de manera poco creíble, siete hojas aparecen ilegibles por una impresión defectuosa –sólo siete, de 250-, cuatro de las cuales corresponden precisamente al fallo de licitación del fertilizante de ese año y en las que buscaron ocultar el nombre de la empresa adjudicada.
Hubo pues, un intento deliberado por ocultar el nombre de la empresa adjudicada. Sin embargo, por información localizada en otras fuentes, se sabe que en las cuatro licitaciones del actual ayuntamiento municipal de Chilpancingo, la empresa adjudicada es “C. Miguel Ángel Moreno Montaño y/o Fertilizantes del Centro”.
El monto que se “concursó” durante estos tres años y medio, sólo por la compra de fertilizante es del orden de 65 millones de pesos.
La pregunta es ¿si todos los procesos de licitación se realizaron legal y legítimamente, por qué ocultar tan burdamente la información?

La revisión de la ASF

Como resultado de la más reciente revisión al ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2010 al ayuntamiento de Chilpancingo,  la Auditoría Superior de la Federación emitió un dictamen negativo para este municipio.
En su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, la ASF consideró que el gobierno municipal capitalino “en términos generales y respecto de la muestra auditada (…) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, respecto de las operaciones examinadas” y destacó que el ayuntamiento aplicó recursos financieros en obras y acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema y en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal.
En materia de transparencia, el órgano fiscalizador federal se refirió a varias omisiones del ayuntamiento de Chilpancingo. Por ejemplo, no informó a sus “habitantes el monto de los recursos recibidos mediante el FISM, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios; ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados, sólo publicó de manera parcial la inversión a ejercer de diversas obras”.
Tampoco remitió ningún informe a la Sedesol federal sobre la utilización de los recursos del fondo.
Asimismo, la SF comprobó que los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo no fueron publicados por el municipio en el órgano local oficial de difusión, ni se pusieron a disposición del público en general a través de su página electrónica de Internet o de otros medios locales de difusión.
Respecto de la participación social, la ASF encontró que el ayuntamiento capitalino construyó obras que no fueron solicitadas por la ciudadanía y en ninguna obra halló evidencia de que la gente participara en la programación, destino, aplicación, vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación de sus obras, como lo establece la ley.
El órgano fiscalizador también señala que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en 2010 no realizó ninguna sesión; tampoco se priorizan las obras y acciones realizadas; no se cuenta con la autorización detallada de las obras por el cabildo y no se evalúan, ni se da seguimiento a las obras y acciones del fondo.
Igualmente se encontraron irregularidades en ocho obras, que no se realizaron por contrato, y que las mismas exceden el monto máximo para adjudicación directa.

Evaluación CIMTRA

Aunque Chilpancingo se encuentra entre los municipios “mejor” calificados del estado de Guerrero en materia de transparencia, según la evaluación que realizan ciudadanos y organizaciones del capítulo en Guerrero de Cimtra, lo cierto es que si se dimensiona esta calificación no hay motivo para vanagloriarse.
La escala que establece la metodología Cimtra es de 0 a 100, y las cuatro evaluaciones realizadas a la fecha colocan al ayuntamiento de Chilpancingo en un promedio de 21 puntos, muy lejos del gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que tiene 83 puntos; Tlajomulco y Zapopan, ambos de Jalisco, que tienen 76; o del ayuntamiento de Puebla, que suma 71 puntos.
En la última evaluación, el mayor puntaje que obtuvo un municipio guerrerense (Acapulco) fue de 20, siguiéndole Chilpancingo con 18 puntos, Taxco con 13, San Marcos 12, Chilapa 11 y Huamuxtitlán con 10.
De ahí en fuera, los 24 municipios restantes evaluados tuvieron calificaciones debajo de los 10 puntos destacando entre ellos Juan R. Escudero y Atlamajalcingo del Monte, que obtuvieron cero puntos, y Florencio Villarreal, San Luis Acatlán, Tlacochistlahuaca, Xochistlahuaca, Alcozauca, Malinaltepec, Alpoyeca y Benito Juárez, que solo tuvieron un punto de cien posibles. 
No es pues ningún orgullo estar entre los mejor evaluados de Guerrero.

Las deudas que nos dejan los ayuntamientos
Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

A unos meses de que sean relevados, al menos 35 gobiernos municipales guerrerenses dejarán como herencia a los ayuntamientos entrantes y a la población de su municipio una deuda global por 668.8 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto sin contar los adeudos que no se informan de manera pública como pago de la energía eléctrica, teléfono, agua y los adeudos con otros proveedores, ya que de acuerdo con el Consejo de Estabilización del Sistema Financiero, en algunas entidades federativas la diferencia llega a ser hasta tres veces superior al monto de la deuda registrada en la SHCP, debido a que los estados y municipios sólo están obligados a registrar los financiamientos vinculados con sus participaciones federales.

Las deudas, según la SHCP

Hasta el 31 de marzo de 2012, la Secretaría de Hacienda reportó que 35 municipios de Guerrero tenían una deuda por 668.8 millones de pesos; esto significa que el estado se ubica en el lugar 15 a nivel nacional entre las entidades con mayor endeudamiento de sus municipios.
De este total, 480.8 millones corresponde a la deuda del ayuntamiento de Acapulco, que significan 71 por ciento de la deuda total de los municipios guerrerenses. De hecho, este municipio se ubica entre los 20 más endeudados del país, que globalmente suman 1,010 ayuntamientos que tienen deuda registrada hasta el 31 de marzo.   
Por el tamaño de su deuda, después de Acapulco le siguen los municipios de Ahuacuotzingo, con 47.3 millones, Apaxtla de Castrejón con 14.1 millones, Chilpancingo 12.9 millones, Atenango con 9.5, Atlixtac nueve millones, Atoyac con 8.3 y Ayutla con 7.2 millones de pesos.
Entre los que tienen menor deuda están Zihuatanejo y Zapotitlán con 200 mil pesos cada uno, Xalpatláhuac y la Unión, con 300 mil pesos, Tlapa 400 mil, Tlalchapa y Tlacochistlahuaca con medio millón de pesos, Tepecoacuilco con 600 mil y Teloloapan, Tecpan y Tecoanapa con 800 mil pesos de deuda registrada.
Cabe recordar que al 31 de diciembre de 2008, la Secretaría de Hacienda no reportaba ningún adeudo entre los municipios de Guerrero, por lo que los montos que se informan corresponden totalmente a deudas contraídas por los ayuntamientos que están por salir.
Los primeros registros de la dependencia federal corresponden a diciembre de 2009, es decir, un año después de que asumieron el cargo las autoridades de los ayuntamientos actuales. A esa fecha ya eran 20 los gobiernos municipales con deuda por un monto de 556.8 millones de pesos.

Anticipos de participaciones federales
En 2011, una buena parte de los ayuntamientos de Guerrero solicitaron al gobierno del estado recursos financieros para pagar compromisos de ese año (sueldos, aguinaldos, gasto corriente) con cargo a las participaciones de 2012; es decir, en 2011 se gastaron recursos federales que estaban destinados a cubrir la operación de los ayuntamientos en 2012.
Lo anterior significa que las administraciones municipales entrantes en septiembre llegarán con presupuestos recortados y no tendrán para cubrir los costos por la administración del ayuntamiento y seguramente recurrirán a la fórmula de pedir más dinero prestado.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, 47 municipios guerrerenses (58% del total) solicitaron y recibieron anticipos en 2011 a cuenta de de sus participaciones de 2012, es decir, recursos provenientes de la federación y destinados a los estados y municipios para cubrir salarios, gratificaciones de fin de año, gasto corriente, entre otros conceptos.
El monto global entregado de manera anticipada fue por 264.8 millones de pesos, de los cuales 170 millones (64%) correspondieron al ayuntamiento de Acapulco, y 10 millones a cada uno de los gobiernos municipales de Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo; en conjunto estos cuatro ayuntamientos se llevaron 75 por ciento de total de los anticipos.
No hay un partido que se haya distinguido por este tipo de prácticas, ya que 25 son de origen priista, 20 del PRD, uno del entonces partido Convergencia y uno del Partido Verde Ecologista de México.

En qué se gastan los recursos

El artículo 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Guerrero señala claramente que “Todos los empréstitos o créditos que contrate el Estado de Guerrero y los Municipios (…), así como sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal, organismos municipales, fideicomisos públicos o cualquier Entidad Pública, con participación del Estado o de algún Municipio, se destinarán a inversiones públicas productivas”.
Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado establece que “los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes” deberán ser publicadas por los ayuntamientos en sus portales electrónicos.
Sin embargo, hay una total opacidad al respecto. Ninguno de los ayuntamientos hace públicas sus deudas o lo hace de manera aislada y por lo tanto nadie conoce los montos exactos ni en qué se gastaron los recursos obtenidos mediante el endeudamiento.
Se revisaron las páginas electrónicas de los ayuntamientos de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Ahuacuotzingo (el segundo municipio más endeudado, según la SHCP), Apaxtla y Atenango, y no contienen información respecto de sus deudas o la tienen de manera aislada y desactualizada, ya que los datos que presentan son de 2009 o 2010.
Algunos ayuntamientos publican sus informes de gobierno, que  son el único mecanismo de rendición de cuentas de los gobiernos municipales con la ciudadanía, pero tampoco incluye ninguna información sobre el endeudamiento de los ayuntamientos.
El ayuntamiento de Acapulco en su primer informe, en contraste con la falta de información útil de su portal, describió que “Este gobierno parte de la premisa de que una sociedad participativa es una sociedad debidamente informada. La información cumple un papel importante en un gobierno democrático como el que presido, por ello se han implementado programas y acciones que  permiten mantener a la sociedad debidamente informada del quehacer gubernamental”, dijo el entonces alcalde Manuel Añorve Baños, pero no mencionó nada sobre la deuda que ya comenzaba a acumular el gobierno municipal de manera alarmante.

Endeudamiento acelerado en el país

La Auditoría General de la Federación advirtió sobre el crecimiento acelerado del saldo de la deuda pública de las entidades federativas y municipios porque “puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas locales, debido a que las obligaciones financieras se cubren en su gran mayoría con cargo en las participaciones fiscales”.
Cabe mencionar que la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 50 establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se pueden afectar para garantizar obligaciones financieras que se contraigan con la Federación y las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, siempre que cuenten con autorización de la legislatura local y se inscriban en el registro que coordina la SHCP y en su equivalente del ámbito local.
En el documento “Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011” la AGF señala que la deuda municipal en todo el país registró en 2006 un monto de 15,017.5 millones de pesos y en 2010 se incrementó a 36,416.1 millones.
Asimismo, informó que son nueve las entidades federativas cuyos municipios tienen el 71.2% del endeudamiento total municipal que equivale a 25,928.6 millones de pesos: Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora y Morelos.
Y aunque de manera global Guerrero no aparece entre los estados con los municipio más endeudados, si tiene a uno, Acapulco, que se ubica entre los 20 que presentan mayor deuda en el país y cuyo monto de endeudamiento equivale a 71 por ciento de lo que deben los 35 municipios guerrerenses, según la Secretaría de Hacienda.
Finalmente, la AGF destacó entre las causas del endeudamiento y su crecimiento, la elevada dependencia de los recursos de origen federal y debilidad de los ingresos obtenidos de la recaudación propia; las limitadas facultades y capacidades recaudatorias de los gobiernos de las entidades federativas y municipios; la política de gasto local con déficit presupuestario y primario crecientes; la regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública; y la opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante financiamiento, especialmente de los municipios.

Simulación en las licitaciones del programa de fertilizante
Segunda parte
Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

Las licitaciones para la adquisición del fertilizante subsidiado en los municipios de Guerrero se realizan en la más completa opacidad en detrimento de miles de productores que reciben un agroquímico caro, adulterado y de baja calidad.

Hasta hoy, no obstante las evidencias de irregularidades, no se conocen públicamente observaciones ni sanciones de los órganos de control municipales ni del estado en contra de esta práctica que vienen realizando los ayuntamientos desde 2001, año en que el gobierno del estado decidió la “municipalización” del programa de fertilizante transfiriéndoles casi toda la operación incluyendo la licitación para la compra del producto.
Desde ese año y hasta la fecha, el proceso de licitación es uno de los asuntos que se les cuestiona fuertemente a los ayuntamientos, porque se presume que hay irregularidades en la manera cómo se lleva a cabo el proceso
No se tienen datos concluyentes sobre lo que sucede en los 81 municipios del estado, pero hay  testimonios que indican que los procesos de licitación acusan graves irregularidades, pues los comités de adquisiciones municipales donde se analizan y emiten los fallos sobre el fertilizante son integrados “a modo” para cubrir los intereses del presidente municipal, es decir, no hay presencia ni de regidores ni tampoco los productores beneficiarios dan fe de dichos procesos.
El diputado y dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Sebastián de la Rosa Peláez, comentó que en los municipios se ejecutan licitaciones “indebidas”, ya que los presidentes municipales, desde que son candidatos, se relacionan con los proveedores de fertilizante y obtienen de ellos apoyo financiero para sus campañas electorales, y una vez que son electos, tienen el compromiso de comprar el insumo a estos proveedores.
Así comienza, según describió el dirigente, una serie de complicidades que repercuten en la calidad del producto. “El bulto no trae el peso que se indica, contiene entre tres y cinco kilos menos; tampoco contiene el componente químico que debe traer, porque el presidente municipal hace una licitación indebida, es decir, el presidente se lleva su mochada, pues le quitan tres kilos al bulto y esos tres kilos multiplicados por miles de beneficiarios, se traducen en la ganancia del alcalde” según denuncia del De la Rosa Peláez.
La forma de operar de los ayuntamientos también fue corroborada por el primer director del programa de fertilizante del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Martín Mora Aguirre.
“Aparentemente sí realizan la licitación, es decir, si yo soy el proveedor, le busco y presento tres propuestas de diferentes precios al alcalde para cumplir con la normativa, pero las tres propuestas son del mismo proveedor, y realmente no hay licitación sino una simulación”.
Y agregó que “fue mala decisión descentralizar el programa a los municipios, en un principio se pensó en que de esa manera iba a crecer el programa, porque el municipio aportaba, pero se vició y tocó fondo. El programa, así como está, no funciona, es un negocio de muchos presidentes, y es un negocio también de muchos productores y no se diga de los proveedores”.

Comités de adquisiciones a modo

El ayuntamiento de Tixtla es sólo un ejemplo de la manera como los gobiernos municipales licitan la compra de fertilizante, en este caso, a cargo de un comité de adquisiciones integrado sólo por cuatro personas, todas ellas cercanas al presidente municipal.
En un documento oficial de ese ayuntamiento, fechado el 23 de marzo de 2010, se emite el fallo y adjudicación de contrato relativo a la compra de fertilizante con el argumento siguiente: “Por mayoría, el comité considera pertinente informar a los presentes que derivado del procedimiento desarrollado hasta estas etapas, la única empresa que presentó su propuesta técnica y económica y que además cumplió con todos los requisitos legales, técnicos y económicos fue la empresa Distribuidora Guerrerense de Productos Agropecuarios SA de CV”.
El monto del contrato fue por la cantidad de 15.3 millones de pesos, y el acta se firmó por los integrantes del comité de adquisiciones, es decir, el presidente municipal, el síndico, el secretario general y el tesorero del ayuntamiento. No hay intervención de regidores, ni de productores o sus organizaciones ni presencia de los órganos de control estatal o municipales.
En este mismo municipio, el 10 de septiembre de 2010, el “finiquito de adquisición de fertilizante 2010” se firmó únicamente por el presidente municipal y el tesorero.
Otro caso es el ayuntamiento de Chilpancingo, en una entrevista a principios de año, el secretario de desarrollo rural de Chilpancingo, Lenin Carbajal Cabrera, explicó que “utilizamos la modalidad de licitación pública por invitación. Ha ganado un proveedor por los precios, por la cercanía, y eso nos beneficia porque el ayuntamiento no tiene bodegas ni vehículos, y que el proveedor esté en Chilpancingo nos facilita las cosas, pues la mayoría están en Monterrey, Guadalajara y Veracruz”.
Y mencionó la integración del comité de adquisiciones y arrendamientos del municipio “en donde están el presidente, el síndico y un regidor y algunos funcionarios de la administración pública. Se les hace del conocimiento a los comités de todas las comunidades, pero no están dentro de la figura del comité de adquisiciones”.
Sin embargo, semanas después se solicitaron al gobierno municipal de Chilpancingo las actas de fallo y adjudicación de contratos para la compra de fertilizante de los ejercicios 2009 al 2012, y el ayuntamiento negó esos documentos con el argumento de que son confidenciales.
La documentación “que solicita está clasificada como información confidencial debido a que contiene información de hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico y administrativo de las personas físicas y morales que participan en dicho proceso de licitación, por lo que estos datos requieren del consentimiento de dichas personas que intervienen en el proceso indicado y no se cuenta con la autorización correspondiente”, respondió la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento de Chilpancingo.
Las actas del comité de adquisiciones y los contratos con las empresas de fertilizante son documentos públicos, por lo que actualmente está en proceso un recurso de revisión en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para que el ayuntamiento capitalino entregue dichos documentos y conocer quiénes integran el comité de adquisiciones, las empresas que proveen el fertilizante y los costos del insumo.

Órganos de control

De acuerdo con las reglas de operación del programa de fertilizante, la Contraloría General y la Auditoría General del Estado tienen facultades para revisar, entre otros asuntos, la documentación comprobatoria y el expediente operativo integrado por los ayuntamientos, entre cuyos documentos se encuentran “el proceso de licitación del fertilizante” y “facturas de la compra de fertilizante”.
Al respecto, según información de la Subcontraloría de Auditoría, cada año se realizan auditorías a los ayuntamientos que incluyen la licitación del fertilizante revisándose los montos y el cumplimiento de la publicación, presentación de propuestas, que el adjudicado realmente haya presentado la propuesta de precio más baja y que el producto sea de buena calidad.
Sin embargo, no se conocen públicamente los resultados ni las observaciones o sanciones aplicados a los ayuntamientos del estado, no obstante que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece que todas las dependencias públicas deberán difundir cada cuatro meses el número y el tipo de auditorías y el órgano que las realizó, el total de observaciones y las sanciones o medidas correctivas impuestas y el seguimiento de los resultados de las auditorías.

“Desmunicipalizar” el programa
En varios de sus discursos de este año, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que enviaría una iniciativa de ley al Congreso del Estado, para transparentar las adquisiciones de fertilizantes. Lo que se busca, dijo, es que “las adquisiciones se hagan de manera consolidada, es decir que no compre un ayuntamiento por su lado y el otro en un lugar distinto con un precio diferente, porque tenemos que decirlo, eso ha generado mucha corrupción”, manifestó el mandatario estatal.
Lo anterior significa que el proceso de licitación se le quitaría a los ayuntamientos para regresarlo al gobierno del estado, como era antes de 2001. Sin embargo, Aguirre Rivero advirtió que las compras consolidadas deberán realizarse con la participación de un organismo ciudadano que vigile la transparencia y aplicación de los recursos.
Es éste el punto clave para que esa propuesta realmente beneficie a los productores del estado, según expresó la asociación civil Incidencia Social. “Un consejo ciudadano con funciones de contraloría social debe nacer con ciertas características mínimas como autonomía, es decir, capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de vigilancia en las adquisiciones gubernamentales, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social”.
Y añadió que el organismo ciudadano para el programa de fertilizante también debe tener facultades para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en caso de encontrar irregularidades, es decir, “dotar de ‘dientes’ a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco”.

Distribuyen ayuntamientos fertilizante adulterado

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco
Primera parte

Cuarenta por ciento del fertilizante que reciben los campesinos guerrerenses está adulterado y no cumple con la composición que establecen las reglas de operación del programa de fertilizante subsidiado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural  (SDR) obtenidos a partir de 32 muestras aplicadas por la Contraloría General del Estado en 16 municipios del estado.

Lo más grave es que en 18 por ciento del total muestreado se descubrió que el producto analizado no es fertilizante, mientras que en 24 por ciento, lo que distribuyen los ayuntamientos es algo que se asemeja al insumo.
Desde que nació en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, el programa de fertilizante ha sido manipulado y objeto de varias formas de corrupción que se expresan en los procesos de licitación para la adquisición del insumo donde no se cumple con la norma, padrones de productores y superficie cultivable inflados, exclusión de beneficiarios de nuevo ingreso, la reventa del insumo en Guerrero y otros estados y la distribución de fertilizante de dudosa calidad.
En 18 años de operación, ningún gobierno estatal ni municipal ni el Congreso del Estado han aplicado medidas para corregir estas irregularidades, por lo que buena parte de los casi 800 millones de pesos que se invierten cada año se aplican o desvían a objetivos diferentes del apoyo de los productores de granos básicos de menores recursos.

Fertilizante que no es

Desde hace varios años, los campesinos han denunciado la adulteración de la composición del fertilizante que recomiendan las reglas de operación y también el menor peso que contiene cada saco.
Sobre este asunto, el ex Secretario de Desarrollo Rural, Sofío Ramírez reconoció ante la prensa “que se está engañando a los campesinos con el programa de fertilizante, pues el químico que se entrega en algunos municipios no cuenta con la fórmula correcta”. Sin embargo, cuando fue titular de la dependencia no aplicó ninguna medida correctiva.
Gerardo León Hurtado, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-Roja) opinó que el fertilizante que distribuyen los ayuntamientos, es pobre, y esto porque “hay acuerdos que hacen con las fábricas procesadoras, es tierra lo que están dando, y nadie cuida nada, simplemente porque hay grandes complicidades. Los presidentes municipales, de todos los colores, ahí encuentran su cajita de ahorro”.
Por su parte, Celerino Tlacotempa Zapoteco, coordinador estatal de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, destacó que “tenemos conocimiento de que el fertilizante que están entregando los ayuntamientos está adulterado; se han realizado estudios, y donde mejor les va, les dan tierrita, y donde peor les va, le agregan alguna sustancia química que tiene colorante”.
Al respecto, la SDR presentó los datos de un análisis realizado a las muestras recolectadas en el 2010 por la Contraloría General del Estado a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos. Se analizaron 32 muestras en 16 municipios de seis regiones del estado. Esta información fue publicada  durante unas semanas en el portal de la dependencia, pero luego desapareció y hoy se encuentran en la opacidad.
Los resultados analizados por región indican que de las cuatro muestras tomadas en dos municipios de la zona Centro, una no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y las otras dos sí son el producto. En la Costa Chica se obtuvieron seis muestras en tres municipios, de las cuales tres muestras se asemejan al producto, una muestra no es fertilizante y las dos restantes si corresponden al producto.
En dos municipios de la Costa Grande se obtuvieron cuatro muestras con los siguientes resultados: una muestra no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y dos sí son fertilizante. En el caso de la Montaña, cuatro municipios fueron elegidos para ocho muestras; de éstas, tres no son fertilizante, una se asemeja al producto y las cuatro restantes si son fertilizante.
En las regiones Norte y Tierra Caliente se obtuvieron los resultados menos irregulares. En el primer caso, se tomaron cuatro muestras en dos municipios obteniéndose que una muestra se asemejaba al producto y las otras tres restantes sí correspondían al producto. En Tierra Caliente, de las seis muestras en tres municipios se obtuvo que una muestra se asemejó al producto y las otras cinco sí eran fertilizante.

Ninguna sanción
Para conocer la versión de la Contraloría General del Estado sobre este fraude a los campesinos guerrerenses y al erario público por la adulteración del fertilizante, se presentó una solicitud de información acerca de los resultados de los análisis realizados a las muestras recolectadas en 2010 y 2011 a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos.
Al respecto, la dependencia no quiso dar ninguna información porque los resultados “se encuentran clasificados como reservados, debido a que contienen información que forma parte de un proceso de verificación y su publicación pudiera afectar la adecuada toma de decisiones para las instituciones correspondientes”.
Se solicitó entonces información sobre los casos jurídicamente concluidos, pues el argumento de la Contraloría General para negar la información es que los de 2010 y 2011 estaban en proceso de verificación.
Los datos que se solicitaron a la Contraloría fueron el nombre de las empresas, los ayuntamientos, el motivo y la sanción que han recibido quienes resultaron responsables de fabricar, vender o distribuir fertilizante adulterado de casos concluidos. Asimismo, se solicitaron copias o versiones públicas de los documentos que describen los procedimientos que se siguen a esas empresas o ayuntamientos.
La respuesta de la Contraloría fue escueta: “en los archivos de la Contraloría General no existe documento alguno”.
Es decir, no obstante que es una práctica que tiene varios años, hasta hoy la adulteración del fertilizante que reciben casi 300 mil campesinos en el estado y en el que se gastan casi 800 millones de pesos, sigue impune.

La reventa

Aunque miles de productores encuentran en el fertilizante una opción para producir los alimentos que consumen, muchos otros también tienen esta alternativa para obtener ingresos, pero sin sembrar.
Sobre este problema, según versiones de prensa, el ex titular de la SDR, Sofío Ramírez, afirmó que más de la mitad del fertilizante subsidiado a los productores guerrerenses es revendido a campesinos de otras entidades como Oaxaca y Puebla.
En municipios como Cutzamala, de acuerdo con Martín Mora, ex Director del Programa de Fertilizante, “los que están inscritos en el programa, no son los que siembran, sino los que ya no trabajan el campo y son el papá, la mamá, la hija, y toda la familia adquiere un paquete. Hay familias que tienen hasta 12 paquetes y los pueden vender en 60 mil, y ellos solo pagan 12 mil, entonces dicen, para qué siembro si me voy a ganar 48 mil pesos”.
La SDR hizo un ejercicio de comparación entre las superficies agrícolas cultivables de granos básicos registradas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; Procampo, INEGI, y las que reportan los ayuntamientos dentro del programa de fertilizante.
Según estas cifras del ciclo primavera-verano 2010, la superficie que registra el INEGI en todo el estado es de 468,154 hectáreas, que comparada con las 504,328 hectáreas que reportan los ayuntamientos, hay una diferencia de 36,174 hectáreas, que aparentemente corresponden al fertilizante adicional que se entrega a personas que no siembran. Si este comparativo se hace entre la superficie que tiene registrada el Procampo y lo que reportan los ayuntamientos, la diferencia se amplía considerablemente a 112,675 hectárea adicionales.
Nadie duda pues de que un  gran porcentaje del fertilizante subsidiado con recursos públicos se destina a la reventa, y hoy es día que las autoridades no aplican medidas para evitarlo.