Transparencia y rendición de cuentas

Simulación en las licitaciones del programa de fertilizante
Segunda parte
Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

Las licitaciones para la adquisición del fertilizante subsidiado en los municipios de Guerrero se realizan en la más completa opacidad en detrimento de miles de productores que reciben un agroquímico caro, adulterado y de baja calidad.

Hasta hoy, no obstante las evidencias de irregularidades, no se conocen públicamente observaciones ni sanciones de los órganos de control municipales ni del estado en contra de esta práctica que vienen realizando los ayuntamientos desde 2001, año en que el gobierno del estado decidió la “municipalización” del programa de fertilizante transfiriéndoles casi toda la operación incluyendo la licitación para la compra del producto.
Desde ese año y hasta la fecha, el proceso de licitación es uno de los asuntos que se les cuestiona fuertemente a los ayuntamientos, porque se presume que hay irregularidades en la manera cómo se lleva a cabo el proceso
No se tienen datos concluyentes sobre lo que sucede en los 81 municipios del estado, pero hay  testimonios que indican que los procesos de licitación acusan graves irregularidades, pues los comités de adquisiciones municipales donde se analizan y emiten los fallos sobre el fertilizante son integrados “a modo” para cubrir los intereses del presidente municipal, es decir, no hay presencia ni de regidores ni tampoco los productores beneficiarios dan fe de dichos procesos.
El diputado y dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Sebastián de la Rosa Peláez, comentó que en los municipios se ejecutan licitaciones “indebidas”, ya que los presidentes municipales, desde que son candidatos, se relacionan con los proveedores de fertilizante y obtienen de ellos apoyo financiero para sus campañas electorales, y una vez que son electos, tienen el compromiso de comprar el insumo a estos proveedores.
Así comienza, según describió el dirigente, una serie de complicidades que repercuten en la calidad del producto. “El bulto no trae el peso que se indica, contiene entre tres y cinco kilos menos; tampoco contiene el componente químico que debe traer, porque el presidente municipal hace una licitación indebida, es decir, el presidente se lleva su mochada, pues le quitan tres kilos al bulto y esos tres kilos multiplicados por miles de beneficiarios, se traducen en la ganancia del alcalde” según denuncia del De la Rosa Peláez.
La forma de operar de los ayuntamientos también fue corroborada por el primer director del programa de fertilizante del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Martín Mora Aguirre.
“Aparentemente sí realizan la licitación, es decir, si yo soy el proveedor, le busco y presento tres propuestas de diferentes precios al alcalde para cumplir con la normativa, pero las tres propuestas son del mismo proveedor, y realmente no hay licitación sino una simulación”.
Y agregó que “fue mala decisión descentralizar el programa a los municipios, en un principio se pensó en que de esa manera iba a crecer el programa, porque el municipio aportaba, pero se vició y tocó fondo. El programa, así como está, no funciona, es un negocio de muchos presidentes, y es un negocio también de muchos productores y no se diga de los proveedores”.

Comités de adquisiciones a modo

El ayuntamiento de Tixtla es sólo un ejemplo de la manera como los gobiernos municipales licitan la compra de fertilizante, en este caso, a cargo de un comité de adquisiciones integrado sólo por cuatro personas, todas ellas cercanas al presidente municipal.
En un documento oficial de ese ayuntamiento, fechado el 23 de marzo de 2010, se emite el fallo y adjudicación de contrato relativo a la compra de fertilizante con el argumento siguiente: “Por mayoría, el comité considera pertinente informar a los presentes que derivado del procedimiento desarrollado hasta estas etapas, la única empresa que presentó su propuesta técnica y económica y que además cumplió con todos los requisitos legales, técnicos y económicos fue la empresa Distribuidora Guerrerense de Productos Agropecuarios SA de CV”.
El monto del contrato fue por la cantidad de 15.3 millones de pesos, y el acta se firmó por los integrantes del comité de adquisiciones, es decir, el presidente municipal, el síndico, el secretario general y el tesorero del ayuntamiento. No hay intervención de regidores, ni de productores o sus organizaciones ni presencia de los órganos de control estatal o municipales.
En este mismo municipio, el 10 de septiembre de 2010, el “finiquito de adquisición de fertilizante 2010” se firmó únicamente por el presidente municipal y el tesorero.
Otro caso es el ayuntamiento de Chilpancingo, en una entrevista a principios de año, el secretario de desarrollo rural de Chilpancingo, Lenin Carbajal Cabrera, explicó que “utilizamos la modalidad de licitación pública por invitación. Ha ganado un proveedor por los precios, por la cercanía, y eso nos beneficia porque el ayuntamiento no tiene bodegas ni vehículos, y que el proveedor esté en Chilpancingo nos facilita las cosas, pues la mayoría están en Monterrey, Guadalajara y Veracruz”.
Y mencionó la integración del comité de adquisiciones y arrendamientos del municipio “en donde están el presidente, el síndico y un regidor y algunos funcionarios de la administración pública. Se les hace del conocimiento a los comités de todas las comunidades, pero no están dentro de la figura del comité de adquisiciones”.
Sin embargo, semanas después se solicitaron al gobierno municipal de Chilpancingo las actas de fallo y adjudicación de contratos para la compra de fertilizante de los ejercicios 2009 al 2012, y el ayuntamiento negó esos documentos con el argumento de que son confidenciales.
La documentación “que solicita está clasificada como información confidencial debido a que contiene información de hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico y administrativo de las personas físicas y morales que participan en dicho proceso de licitación, por lo que estos datos requieren del consentimiento de dichas personas que intervienen en el proceso indicado y no se cuenta con la autorización correspondiente”, respondió la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento de Chilpancingo.
Las actas del comité de adquisiciones y los contratos con las empresas de fertilizante son documentos públicos, por lo que actualmente está en proceso un recurso de revisión en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para que el ayuntamiento capitalino entregue dichos documentos y conocer quiénes integran el comité de adquisiciones, las empresas que proveen el fertilizante y los costos del insumo.

Órganos de control

De acuerdo con las reglas de operación del programa de fertilizante, la Contraloría General y la Auditoría General del Estado tienen facultades para revisar, entre otros asuntos, la documentación comprobatoria y el expediente operativo integrado por los ayuntamientos, entre cuyos documentos se encuentran “el proceso de licitación del fertilizante” y “facturas de la compra de fertilizante”.
Al respecto, según información de la Subcontraloría de Auditoría, cada año se realizan auditorías a los ayuntamientos que incluyen la licitación del fertilizante revisándose los montos y el cumplimiento de la publicación, presentación de propuestas, que el adjudicado realmente haya presentado la propuesta de precio más baja y que el producto sea de buena calidad.
Sin embargo, no se conocen públicamente los resultados ni las observaciones o sanciones aplicados a los ayuntamientos del estado, no obstante que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece que todas las dependencias públicas deberán difundir cada cuatro meses el número y el tipo de auditorías y el órgano que las realizó, el total de observaciones y las sanciones o medidas correctivas impuestas y el seguimiento de los resultados de las auditorías.

“Desmunicipalizar” el programa
En varios de sus discursos de este año, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que enviaría una iniciativa de ley al Congreso del Estado, para transparentar las adquisiciones de fertilizantes. Lo que se busca, dijo, es que “las adquisiciones se hagan de manera consolidada, es decir que no compre un ayuntamiento por su lado y el otro en un lugar distinto con un precio diferente, porque tenemos que decirlo, eso ha generado mucha corrupción”, manifestó el mandatario estatal.
Lo anterior significa que el proceso de licitación se le quitaría a los ayuntamientos para regresarlo al gobierno del estado, como era antes de 2001. Sin embargo, Aguirre Rivero advirtió que las compras consolidadas deberán realizarse con la participación de un organismo ciudadano que vigile la transparencia y aplicación de los recursos.
Es éste el punto clave para que esa propuesta realmente beneficie a los productores del estado, según expresó la asociación civil Incidencia Social. “Un consejo ciudadano con funciones de contraloría social debe nacer con ciertas características mínimas como autonomía, es decir, capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de vigilancia en las adquisiciones gubernamentales, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social”.
Y añadió que el organismo ciudadano para el programa de fertilizante también debe tener facultades para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en caso de encontrar irregularidades, es decir, “dotar de ‘dientes’ a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco”.