Marcos Méndez Lara
Hace un par de semanas, unos 150 presidentes municipales de diferentes
entidades del país protagonizaron una protesta en las afueras de Palacio
Nacional. Su propósito era solicitar una audiencia con el presidente
Andrés Manuel López Obrador para tratar el asunto de los presupuestos
destinados a los municipios, pero al no conseguirla, intentaron ingresar
al inmueble por la fuerza, y en respuesta fueron rociados con gas
lacrimógeno.
Sin duda, la manera en que el gobierno federal procesó esta demanda fue inapropiada, especialmente porque en la narrativa del presidente se hace referencia a la no violencia y al diálogo como mecanismos de resolución de los conflictos. Pero no me referiré a ese tema, sino a algo más importante: la incongruencia de los alcaldes al solicitar más recursos –lo cual es muy legítimo–, pero que, por otro lado, presentan una gran resistencia a ejercerlos con transparencia, eficacia y eficiencia.
En esencia, la protesta de los presidentes municipales fue por la disminución o desaparición de programas o fondos destinados a municipios. Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, Estado de México, y quien encabeza el Movimiento Nacional Municipalista, explicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, los estados y municipios recibían 31 mil 352 millones de pesos del Ramo 23 para obras de desarrollo regional; pero en el PEF de 2020 esa cantidad se redujo a 5 mil millones, es decir, una disminución de 83.5 por ciento.
Asimismo, solicitan que se incremente en 3 mil millones de pesos el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, y proponen que el Programa de Pueblos Mágicos vuelva a recibir recursos y así incentivar el desarrollo turístico de las diferentes regiones del país. Demandan también restituir los recursos “rasurados” en el presupuesto de 2020 y etiquetarlos a los municipios para los programas Pueblos Indígenas, Fondo Regional, Migrantes, Mineros, Fonden y Fonhapo.
Por cierto, varios alcaldes de Guerrero estuvieron presentes en la protesta del 22 de octubre. De acuerdo con información de El Sur, fueron nueve los presidentes municipales de la entidad que participaron: Erika Alcaraz Sosa, alcaldesa de Tixtla, Antonio Gaspar Beltrán (Chilpancingo), Jenny González (Mártir de Cuilapan), Natividad López González (Eduardo Neri), Esteban Cárdenas Santana (Petatlán), Mario García Flores (Huamuxtitlán), Crisóforo Castro Castro (Quechultenango), Gloria Casarrubias Nava (Ahuacuotzingo) y Julián Castro (Copalillo).
Reacciones
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la protesta de los alcaldes fue “una provocación de los presidentes municipales del PAN”. Les recomendó que si quieren más presupuesto, lo que deben hacer es bajar los sueldos a los funcionarios públicos, no comprar vehículos de lujo, no viajar constantemente al extranjero y evitar la corrupción.
La manifestación de los alcaldes también provocó reacciones en el estado. Una fue la del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Antonio Helguera Jiménez, quien afirmó que los alcaldes guerrerenses deben acudir al gobernador del estado si quieren aumentar sus recursos para el ejercicio fiscal 2020, y no ante el presidente de la República. Lo cierto es que la mayor parte del presupuesto de los ayuntamientos, excepto los ingresos propios, se define en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no a nivel local; es decir, el gobierno del estado es intermediario, transfiere a los municipios los recursos que la Federación autoriza provenientes de los Ramos 33 y 28, y en menor medida invierte recursos propios para contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población.
Al siguiente día de la protesta de los alcaldes, en el Congreso del estado se escenificó una discusión llena de adjetivos. Los legisladores del PRI, PAN y PRD se manifestaron en contra de la respuesta que sufrieron los presidentes municipales que acudieron a Palacio Nacional, ya que, como dijo el diputado priista Jorge Salgado Parra, los alcaldes solo fueron a exigir su derecho a ser escuchados, por lo que el debate no era de pesos y centavos, sino por el menosprecio que mostró el gobierno federal por el federalismo.
Mientras que los de Morena arremetieron en contra de los alcaldes argumentando que no hacen buen uso del presupuesto, pues son “ratas que todo el tiempo han jugado con las clientelas, y autocomplacencias porque tiene el poder, pero les recordamos, ya no tienen el poder, y les volvemos a decir moralmente, éticamente, están derrotados”, como dijo la diputada Mariana García Guillén.
La incongruencia
Por lo menos en el estado de Guerrero, la demanda de mayor presupuesto para los municipios contrasta con los realizado hasta hoy por los ediles en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en general con un ejercicio ineficaz e ineficiente de los recursos en esas demarcaciones. Hay además una percepción muy negativa de la ciudadanía hacia lo que realizan sus gobiernos locales derivada de poca obra pública municipal construida y de la nula o deficiente provisión de servicios básicos que requiere la población.
Y es que los ayuntamientos guerrerenses no cuentan con los mecanismos de transparencia y control necesarios, o éstos presentan muchas deficiencias, por lo que, sin estos instrumentos, se vuelve poco factible el cabal cumplimiento de los objetivos y metas, en detrimento de la calidad de vida de la población. En los últimos años se ha legislado en torno a tres áreas fundamentales para la transparencia y la rendición de cuentas, a saber: órganos de control interno, unidades y comités de transparencia, y aunque aún tienen otros ocho meses para crearla, áreas especializadas en la sistematización de archivos.
En el primer caso, una modificación a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2018, establece que cada municipio debe instalar su órgano de control interno, lo cual debió realizarse a más tardar a los noventa días naturales a la entrada en vigor, es decir el 29 de diciembre de 2018. A la fecha, la mayoría de los ayuntamientos no ha instalado su órgano de control o lo ha hecho sin seguir los requisitos y criterios de la ley, por lo que hay un gran déficit para que los ayuntamientos establezcan sus propios sistemas de fiscalización, control y evaluación en el manejo de fondos federales, estatales y recursos propios.
En el caso de las unidades y comités de transparencia, si bien los ayuntamientos los han venido instalando, los cierto es que su integración no ha cumplido con la función de facilitar la fluidez de la información, ya que los gobiernos municipales se encuentran entre los sujetos obligados más opacos del estado y los que enfrentan mayor número de recursos de revisión por ocultar o entregar información parcial.
Finalmente, la sistematización de archivos, base para el derecho de acceso a la información y para una apropiada gestión pública, requiere de un área especializada que le dé seguimiento. En breve, los ayuntamientos tendrán esta nueva obligación, y no parece que la vayan a tomar en serio destinándole los recursos materiales, humanos y financieros que requiere.
Guerrero
Los ayuntamientos financian sus actividades fundamentalmente con los recursos federalizados, es decir, con participaciones y aportaciones federales, y sólo en algunos casos, en municipios como Acapulco, Chilpancingo o Iguala, los complementan con recursos propios. Las transferencias de recursos por concepto de Participaciones Federales a municipios se integran por: el Fondo General de Participaciones, el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Especiales sobre Productos y Servicios, Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación ISAN, Fondo de Fiscalización, Fondo Común y Fondo de Fomento Municipal. En cuanto a las aportaciones, se contemplan los Fondos Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios.
De acuerdo con el informe general de cuenta pública del estado de Guerrero del ejercicio 2017, a los ayuntamientos se les aprobó un presupuesto por 10. 454. 4 millones de pesos, pero al final del ejercicio devengaron 12. 55.5 millones, es decir, 15.3 por ciento más del aprobado. No se especifica si la fuente de recursos adicionales es federal o estatal.
De acuerdo con el presupuesto de egresos de 2018, se estableció un monto por 11.663.5 millones de pesos para los municipios, que equivalen al 21 por ciento del total de los recursos para el estado. No sabemos si se devengaron más recursos, pues la información de cuenta pública aún no es pública. De este dinero presupuestado, 4.157.6 millones corresponden a participaciones federales a municipios (Ramo 28), y 7.385.9 millones a aportaciones (Ramo 33).
En el caso del ejercicio 2019, el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del estado establece una cantidad por 13.499.1 millones de pesos para los municipios, que equivale a 22.6 por ciento del total para el estado. Evidentemente aun no hay informe de cuenta pública de este ejercicio, por lo que no se conoce cuáles fueron las variaciones de ese presupuesto. Del total presupuestado, 4.671.6 millones correspondieron a participaciones federales a municipios y el restante 8.420.1 millones a aportaciones o Ramo 33.
Según la propuesta de presupuesto de egresos para 2020, que será discutida y aprobada por el Congreso del estado en las próximas semanas, a los municipios se les asignarán 14.322.9 millones de pesos, es decir, el 23.1 por ciento del presupuesto total para el estado. Corresponden 5.169.8 millones a participaciones federales a municipios y 8.711.4 millones a aportaciones.
Como se observa, no hay disminución de recursos a los ayuntamientos en los últimos tres años, por lo menos en los sucesivos presupuestos aprobados por el Congreso del estado. Sin embargo, lo que preocupa a los presidentes municipales es que ya no contarán con otros ingresos adicionales que eran proveídos tanto por el gobierno del estado, que desde 2019 sufre ya sus propias restricciones presupuestales, como del gobierno federal, que ha desaparecido programas y ramos del presupuesto para reorientarlos a otros rubros.
A endeudarse
El presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán inauguró una actividad que será tendencia entre los ayuntamientos de Guerrero hacia finales de año: la contratación de deuda pública. En efecto, el edil capitalino tramita un préstamo de 50 millones de pesos, a efecto de pagar salarios y prestaciones de fin de año, a los que destinará del orden de 25 millones; y abonar a la deuda que mantiene con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), completar el pago de prestaciones a los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) y pagar algunas liquidaciones, que se cubrirán con los otros 25 millones de pesos.
Gaspar Beltrán estuvo presente en la manifestación de alcaldes en la Ciudad de México, incluso fue representante de Guerrero en la comisión de ediles que conversó con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Afirmó en esa ocasión que el ayuntamiento de Chilpancingo se suma al planteamiento general de presidentes municipales del país, para que el gobierno federal y el Congreso federal hagan una revisión de la distribución de la hacienda municipal, “toda vez que la asignación a los municipios de 4 centavos de cada peso que maneja el gobierno federal, no es suficiente para atender a la de la población”.
“Estamos demandando también un incremento a las participaciones del Ramo 28 y 33 de la Federación, y que haya para Guerrero un fondo municipalista que tenga que ver con la infraestructura urbana que hace falta en muchos municipios del estado”, agregó.
Sin embargo, esta demanda de mayores recursos contrasta con la manera en que éstos se ejercen. Sólo hay que observar los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2019, de regional, en donde Chilpancingo ocupa el último lugar (de 60 ayuntamientos en el país) con una calificación de 13.76, en contraste con Puebla, por ejemplo, que tiene 99 puntos. Cabe señalar que este índice se obtiene de la revisión a los portales electrónicos de los municipios en los rubros de marco regulatorio, marco programático-presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales.
Chilpancingo es sólo un ejemplo de lo que sucede entre la mayoría de los ayuntamientos que se rebelaron, por lo que el llamado Movimiento Nacional Municipalista necesita legitimidad. No basta con que los alcaldes digan que están en la primera línea en la “solución” de lo los problemas, o que son la autoridad más cercana a la población, para justificar sus demandas de mayor presupuesto. Deben, así lo exige la sociedad, ejercer los recursos de manera transparente, rendir cuenta de ellos y solucionar realmente problemas de la población.
Sin duda, la manera en que el gobierno federal procesó esta demanda fue inapropiada, especialmente porque en la narrativa del presidente se hace referencia a la no violencia y al diálogo como mecanismos de resolución de los conflictos. Pero no me referiré a ese tema, sino a algo más importante: la incongruencia de los alcaldes al solicitar más recursos –lo cual es muy legítimo–, pero que, por otro lado, presentan una gran resistencia a ejercerlos con transparencia, eficacia y eficiencia.
En esencia, la protesta de los presidentes municipales fue por la disminución o desaparición de programas o fondos destinados a municipios. Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, Estado de México, y quien encabeza el Movimiento Nacional Municipalista, explicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, los estados y municipios recibían 31 mil 352 millones de pesos del Ramo 23 para obras de desarrollo regional; pero en el PEF de 2020 esa cantidad se redujo a 5 mil millones, es decir, una disminución de 83.5 por ciento.
Asimismo, solicitan que se incremente en 3 mil millones de pesos el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, y proponen que el Programa de Pueblos Mágicos vuelva a recibir recursos y así incentivar el desarrollo turístico de las diferentes regiones del país. Demandan también restituir los recursos “rasurados” en el presupuesto de 2020 y etiquetarlos a los municipios para los programas Pueblos Indígenas, Fondo Regional, Migrantes, Mineros, Fonden y Fonhapo.
Por cierto, varios alcaldes de Guerrero estuvieron presentes en la protesta del 22 de octubre. De acuerdo con información de El Sur, fueron nueve los presidentes municipales de la entidad que participaron: Erika Alcaraz Sosa, alcaldesa de Tixtla, Antonio Gaspar Beltrán (Chilpancingo), Jenny González (Mártir de Cuilapan), Natividad López González (Eduardo Neri), Esteban Cárdenas Santana (Petatlán), Mario García Flores (Huamuxtitlán), Crisóforo Castro Castro (Quechultenango), Gloria Casarrubias Nava (Ahuacuotzingo) y Julián Castro (Copalillo).
Reacciones
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la protesta de los alcaldes fue “una provocación de los presidentes municipales del PAN”. Les recomendó que si quieren más presupuesto, lo que deben hacer es bajar los sueldos a los funcionarios públicos, no comprar vehículos de lujo, no viajar constantemente al extranjero y evitar la corrupción.
La manifestación de los alcaldes también provocó reacciones en el estado. Una fue la del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Antonio Helguera Jiménez, quien afirmó que los alcaldes guerrerenses deben acudir al gobernador del estado si quieren aumentar sus recursos para el ejercicio fiscal 2020, y no ante el presidente de la República. Lo cierto es que la mayor parte del presupuesto de los ayuntamientos, excepto los ingresos propios, se define en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no a nivel local; es decir, el gobierno del estado es intermediario, transfiere a los municipios los recursos que la Federación autoriza provenientes de los Ramos 33 y 28, y en menor medida invierte recursos propios para contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población.
Al siguiente día de la protesta de los alcaldes, en el Congreso del estado se escenificó una discusión llena de adjetivos. Los legisladores del PRI, PAN y PRD se manifestaron en contra de la respuesta que sufrieron los presidentes municipales que acudieron a Palacio Nacional, ya que, como dijo el diputado priista Jorge Salgado Parra, los alcaldes solo fueron a exigir su derecho a ser escuchados, por lo que el debate no era de pesos y centavos, sino por el menosprecio que mostró el gobierno federal por el federalismo.
Mientras que los de Morena arremetieron en contra de los alcaldes argumentando que no hacen buen uso del presupuesto, pues son “ratas que todo el tiempo han jugado con las clientelas, y autocomplacencias porque tiene el poder, pero les recordamos, ya no tienen el poder, y les volvemos a decir moralmente, éticamente, están derrotados”, como dijo la diputada Mariana García Guillén.
La incongruencia
Por lo menos en el estado de Guerrero, la demanda de mayor presupuesto para los municipios contrasta con los realizado hasta hoy por los ediles en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en general con un ejercicio ineficaz e ineficiente de los recursos en esas demarcaciones. Hay además una percepción muy negativa de la ciudadanía hacia lo que realizan sus gobiernos locales derivada de poca obra pública municipal construida y de la nula o deficiente provisión de servicios básicos que requiere la población.
Y es que los ayuntamientos guerrerenses no cuentan con los mecanismos de transparencia y control necesarios, o éstos presentan muchas deficiencias, por lo que, sin estos instrumentos, se vuelve poco factible el cabal cumplimiento de los objetivos y metas, en detrimento de la calidad de vida de la población. En los últimos años se ha legislado en torno a tres áreas fundamentales para la transparencia y la rendición de cuentas, a saber: órganos de control interno, unidades y comités de transparencia, y aunque aún tienen otros ocho meses para crearla, áreas especializadas en la sistematización de archivos.
En el primer caso, una modificación a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2018, establece que cada municipio debe instalar su órgano de control interno, lo cual debió realizarse a más tardar a los noventa días naturales a la entrada en vigor, es decir el 29 de diciembre de 2018. A la fecha, la mayoría de los ayuntamientos no ha instalado su órgano de control o lo ha hecho sin seguir los requisitos y criterios de la ley, por lo que hay un gran déficit para que los ayuntamientos establezcan sus propios sistemas de fiscalización, control y evaluación en el manejo de fondos federales, estatales y recursos propios.
En el caso de las unidades y comités de transparencia, si bien los ayuntamientos los han venido instalando, los cierto es que su integración no ha cumplido con la función de facilitar la fluidez de la información, ya que los gobiernos municipales se encuentran entre los sujetos obligados más opacos del estado y los que enfrentan mayor número de recursos de revisión por ocultar o entregar información parcial.
Finalmente, la sistematización de archivos, base para el derecho de acceso a la información y para una apropiada gestión pública, requiere de un área especializada que le dé seguimiento. En breve, los ayuntamientos tendrán esta nueva obligación, y no parece que la vayan a tomar en serio destinándole los recursos materiales, humanos y financieros que requiere.
Guerrero
Los ayuntamientos financian sus actividades fundamentalmente con los recursos federalizados, es decir, con participaciones y aportaciones federales, y sólo en algunos casos, en municipios como Acapulco, Chilpancingo o Iguala, los complementan con recursos propios. Las transferencias de recursos por concepto de Participaciones Federales a municipios se integran por: el Fondo General de Participaciones, el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Especiales sobre Productos y Servicios, Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación ISAN, Fondo de Fiscalización, Fondo Común y Fondo de Fomento Municipal. En cuanto a las aportaciones, se contemplan los Fondos Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios.
De acuerdo con el informe general de cuenta pública del estado de Guerrero del ejercicio 2017, a los ayuntamientos se les aprobó un presupuesto por 10. 454. 4 millones de pesos, pero al final del ejercicio devengaron 12. 55.5 millones, es decir, 15.3 por ciento más del aprobado. No se especifica si la fuente de recursos adicionales es federal o estatal.
De acuerdo con el presupuesto de egresos de 2018, se estableció un monto por 11.663.5 millones de pesos para los municipios, que equivalen al 21 por ciento del total de los recursos para el estado. No sabemos si se devengaron más recursos, pues la información de cuenta pública aún no es pública. De este dinero presupuestado, 4.157.6 millones corresponden a participaciones federales a municipios (Ramo 28), y 7.385.9 millones a aportaciones (Ramo 33).
En el caso del ejercicio 2019, el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del estado establece una cantidad por 13.499.1 millones de pesos para los municipios, que equivale a 22.6 por ciento del total para el estado. Evidentemente aun no hay informe de cuenta pública de este ejercicio, por lo que no se conoce cuáles fueron las variaciones de ese presupuesto. Del total presupuestado, 4.671.6 millones correspondieron a participaciones federales a municipios y el restante 8.420.1 millones a aportaciones o Ramo 33.
Según la propuesta de presupuesto de egresos para 2020, que será discutida y aprobada por el Congreso del estado en las próximas semanas, a los municipios se les asignarán 14.322.9 millones de pesos, es decir, el 23.1 por ciento del presupuesto total para el estado. Corresponden 5.169.8 millones a participaciones federales a municipios y 8.711.4 millones a aportaciones.
Como se observa, no hay disminución de recursos a los ayuntamientos en los últimos tres años, por lo menos en los sucesivos presupuestos aprobados por el Congreso del estado. Sin embargo, lo que preocupa a los presidentes municipales es que ya no contarán con otros ingresos adicionales que eran proveídos tanto por el gobierno del estado, que desde 2019 sufre ya sus propias restricciones presupuestales, como del gobierno federal, que ha desaparecido programas y ramos del presupuesto para reorientarlos a otros rubros.
A endeudarse
El presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán inauguró una actividad que será tendencia entre los ayuntamientos de Guerrero hacia finales de año: la contratación de deuda pública. En efecto, el edil capitalino tramita un préstamo de 50 millones de pesos, a efecto de pagar salarios y prestaciones de fin de año, a los que destinará del orden de 25 millones; y abonar a la deuda que mantiene con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), completar el pago de prestaciones a los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) y pagar algunas liquidaciones, que se cubrirán con los otros 25 millones de pesos.
Gaspar Beltrán estuvo presente en la manifestación de alcaldes en la Ciudad de México, incluso fue representante de Guerrero en la comisión de ediles que conversó con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Afirmó en esa ocasión que el ayuntamiento de Chilpancingo se suma al planteamiento general de presidentes municipales del país, para que el gobierno federal y el Congreso federal hagan una revisión de la distribución de la hacienda municipal, “toda vez que la asignación a los municipios de 4 centavos de cada peso que maneja el gobierno federal, no es suficiente para atender a la de la población”.
“Estamos demandando también un incremento a las participaciones del Ramo 28 y 33 de la Federación, y que haya para Guerrero un fondo municipalista que tenga que ver con la infraestructura urbana que hace falta en muchos municipios del estado”, agregó.
Sin embargo, esta demanda de mayores recursos contrasta con la manera en que éstos se ejercen. Sólo hay que observar los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2019, de regional, en donde Chilpancingo ocupa el último lugar (de 60 ayuntamientos en el país) con una calificación de 13.76, en contraste con Puebla, por ejemplo, que tiene 99 puntos. Cabe señalar que este índice se obtiene de la revisión a los portales electrónicos de los municipios en los rubros de marco regulatorio, marco programático-presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales.
Chilpancingo es sólo un ejemplo de lo que sucede entre la mayoría de los ayuntamientos que se rebelaron, por lo que el llamado Movimiento Nacional Municipalista necesita legitimidad. No basta con que los alcaldes digan que están en la primera línea en la “solución” de lo los problemas, o que son la autoridad más cercana a la población, para justificar sus demandas de mayor presupuesto. Deben, así lo exige la sociedad, ejercer los recursos de manera transparente, rendir cuenta de ellos y solucionar realmente problemas de la población.
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