Marcos Méndez Lara
Diputados del Congreso del estado de Guerrero solicitaron investigar presuntas irregularidades en la construcción de viviendas de El Nuevo Mirador, un conjunto habitacional localizado en las afueras de la capital del estado, según se lee en la cabeza de un comunicado emitido por el Congreso con fecha 10 de noviembre de 2019. El problema que plantearon los legisladores es la mala calidad de las casas-habitación de ese fraccionamiento y la presunción de anomalías y actos de corrupción en todo el proceso constructivo, ante lo cual solicitaron la intervención de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Función Pública del gobierno federal, para que investiguen los hechos denunciados, a efecto de “coadyuvar con el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad, y que sirva, además, como ‘lección contra los corruptos, que nadie evada la justicia y no haya impunidad”.
Más allá de que no prosperó el exhorto y por lo tanto fue enviado a análisis a la Comisión de Vivienda del órgano legislativo, lo cierto es que en el proceso de “reconstrucción” del estado, que se inició después de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, ocurridas en septiembre de 2013, quedaron muchas dudas por la manera en que las diferentes dependencias, casi todas del gobierno federal, manejaron los recursos.
Las presuntas irregularidades del fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, que hoy se denuncian en el Congreso son sólo un botón de muestra de la gran incertidumbre con que se ejercieron los recursos financieros en Guerrero, sin una clara rendición de cuentas, transparencia a medias, discrecionalidad en las decisiones, y por el cúmulo de denuncias de vecinos y usuarios que todavía hoy se quejan por obras de muy dudosa calidad.
Quejas continuas
En junio de 2018 se inició la demolición de 32 viviendas de El Nuevo Mirador de Chilpancingo, un proyecto habitacional que desde sus inicios se perfilaba con irregularidades; el derribo de las casas en los hechos fue un reconocimiento implícito de las anomalías en la construcción de este fraccionamiento. Sobre este hecho, el entonces diputado federal Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social, dijo que “fueron demolidas 32 viviendas de las 582 que componen el complejo habitacional denominado el Nuevo Mirador, a las afueras de Chilpancingo, porque estaban mal construidas, ya que en el subsuelo de las casas hay una falla geológica que provocó que los hogares de la manzana 2-B se inclinaran y registraran grietas en techos y paredes”, según una nota del Canal del Congreso del 18 de julio de 2018.
También explicó el ex legislador que desde el inicio de la construcción, el área de protección civil del estado advirtió sobre la composición del suelo arcilloso que se vuelve inestable con la humedad, lo que propiciaría deslizamientos en el fraccionamiento ocasionando que las viviendas se cuartearan. Por estas fallas, según Cruz Hernández, la Sedatu había iniciado denuncias penales contra las empresas que participaron en la construcción como Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial; sin embargo, estas empresas se declararon en quiebra por no tener la obligación de continuar dando el mantenimiento y corrigiendo las fallas que presentaron las viviendas.
Hace una semana, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez también denunció en la tribuna del Congreso del estado que desde el comienzo “se dieron a conocer irregularidades, como que los terrenos eran inestables, irregulares y no aptos para la construcción, además de que se pagaron a un costo superior al de su valor real”, según un boletín de ese órgano legislativo. La legisladora guerrerense comentó que apenas se habían entregado las casas, “los daños ya eran notoriamente visibles –cuarteaduras–, dado que la mayoría fueron construidas con estructuras prefabricadas y montadas unas sobre otras”.
Los vecinos también se han inconformado en diversas ocasiones, incluso cerrando la autopista a la altura del Parador del Marqués. Además de denunciar la mala calidad de las obras, se han pronunciado por la introducción de servicios y por mejores accesos al fraccionamiento.
Plan Nuevo Guerrero
El proyecto habitacional Nuevo Mirador es parte de un ambicioso programa del gobierno federal llamado Plan Nuevo Guerrero, creado para hacer frente a las afectaciones por las torrenciales lluvias de septiembre de 2013. De acuerdo con el portal Transparencia Presupuestaria, durante poco más de tres años se destinaron 45 mil 238.5 millones de pesos para la reconstrucción del estado, equivalentes a lo que se gastaba en un año fiscal en todo el estado. El gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que estos recursos se ejercerían con rigurosa transparencia, incluso el día que anunció la creación del Plan, el 7 de noviembre de 2013, expresó que “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”. También el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, dijo que el Plan Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”. Pero no fue así. De esos más de 43 mil millones de pesos nunca hubo información abierta, veraz, confiable y comprobable.
En su momento, hicimos algunos ejercicios de acceso a la información para tratar de conocer más sobre el Plan y encontramos sólo datos generales y dispersos en el portal Transparencia Presupuestaria, insuficientes para dar un seguimiento puntual de los recursos; también se solicitó a varias dependencias federales (Sedatu, Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Comisión Nacional del Agua) información diferente y con mayor detalle de la que se publicaba en ese portal electrónico, relacionada con la reconstrucción, y éstas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos la clasificaron como confidencial.
Una de las dependencias más reacias a entregar información fue la Sedatu, precisamente la dependencia que tuvo la responsabilidad de construir viviendas para quienes las perdieron en septiembre de 2013, como fue el caso de los damnificados de Chilpancingo con el proyecto de El Nuevo Mirador.
Opacidad en la construcción de viviendas
La falta de transparencia de la Sedatu en el ejercicio de los recursos públicos federales para la reconstrucción de viviendas abre la puerta a la especulación y a presuponer que hubo irregularidades y quizás actos de corrupción. La experiencia de revisar los sitios oficiales, presentar solicitudes de información y dar seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante el INAI, permite documentar esta opacidad en la dependencia, que contrastaba notablemente con lo dicho por Peña Nieto (ver ediciones de Monitor de Guerrero del 31 de marzo, y 14 y 28 de abril de 2015).
De manera específica en la construcción de viviendas en Guerrero, la dependencia federal mantuvo un gran desorden y parcialidad en sus datos, de tal manera que no coincidían la información que difundían sus funcionarios en declaraciones a la prensa, ni los que publicaba el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ni los que entrega como resultado de solicitudes de información.
Dijimos en aquella oportunidad que “esta anarquía en la información no permite hacer un balance certero del ejercicio de los recursos del publicitado Plan Nuevo Guerrero, pues no hay información básica congruente, y lo que encontramos deja entrever o una total ineficiencia para establecer controles efectivos al dinero público en la construcción de viviendas o una gran negligencia y un claro propósito de ocultar información con fines no declarados”.
Como muestra, en septiembre de 2014, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que la dependencia a su cargo tenía 10 mil 776 acciones, de las cuales 5 mil 672 correspondían a la construcción de viviendas, y de éstas, ya se habían entregado 2 mil 654.
Sin embargo, a diferencia de estos datos y como respuesta a una solicitud de información, la Sedatu comunicó que al mes de septiembre de ese año, se habían construido 6 mil 281 viviendas con una erogación de 753.7 millones de pesos en beneficio de 24 mil 495 habitantes. Es decir, una gran diferencia en el número de viviendas construidas reportadas por el ex secretario y lo que respondió la dependencia ante una solicitud de información de 3 mil 627 viviendas.
Este fue el tenor del manejo de la información por parte de las dependencias involucradas en el Plan Nuevo Guerrero. Ni siquiera los datos básicos cuadraban, mucho menos la información sobre licitaciones, empresas que participaron en la construcción, habitantes beneficiados… Es un tema pendiente que a estas alturas difícilmente será investigado.
Nuevo integrante del CPC
Está en proceso la designación de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, que sustituirá a uno de los actuales miembros. La Comisión de Selección, designada por el Congreso del estado en agosto de 2018, realiza los procedimientos correspondientes para nombrar al nuevo integrante, lo cual no debe pasar del 30 de noviembre. La opinión sobre la nueva designación que aquí emito es a título personal, no lo hago como presidente del CPC, sino como ciudadano, pero con la experiencia de haber presidido este órgano ciudadano, lo que me permite expresar algunas consideraciones con conocimiento de lo que digo.
Primero. La naturaleza del trabajo del CPC requiere que sus integrantes tengan perfiles de diferentes disciplinas. Actualmente hay tres miembros con formación profesional de contaduría, lo cual ha contribuido a resolver algunos asuntos, pero indudablemente es más necesaria la multidisciplinariedad dentro del grupo porque así se mejorará el desarrollo de las actividades del CPC. Hay tela de donde cortar entre los actuales candidatos.
Segundo. Es preciso recalcar a los aspirantes que la función en el CPC es de tiempo completo; en las convocatorias de algunas entidades federativas se subraya esta condición, que por otra parte, está señalada claramente en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción: “Los integrantes del CPC no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza (…), ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán”. Como en la convocatoria de Guerrero no se señala, no está de más que la Comisión de Selección les reitere a los aspirantes el cumplimiento de este compromiso.
Tercero. Es importante que el nuevo integrante del CPC tenga la camiseta de ciudadano bien puesta. Uno de los retos que enfrentará el sistema en los próximos años es conservar la independencia de sus acciones y decisiones, pues la captura de los diferentes órganos que lo componen será un riesgo permanente. El complejo entramado institucional del sistema, que exige a los integrantes del CPC una interacción permanente con actores gubernamentales y de organismos autónomos, no debe desdibujar su obligada vinculación con diferentes sectores de la ciudadanía y generar los mecanismos que permitan que su voz está dentro del SEAGro.
Cuarto. La propia naturaleza de un Sistema Anticorrupción, obliga a que el procedimiento de elección del nuevo integrante del CPC sea lo más transparente posible y por lo tanto a tener buenas prácticas en este sentido, como publicar los resúmenes curriculares o versiones públicas de los currículos de los candidatos, difundir ampliamente los lugares y días de entrevistas y de las reuniones con organizaciones, justificar y motivar la decisión final, en fin, toda la información que permita a la ciudadanía conocer los perfiles y estar al tanto del proceso. A la fecha no se ha hecho y no hay mecanismos de comunicación efectivos para conocer esta información.
Quinto. El año pasado, la organización Nosotrxs difundió un texto en donde denunció un posible conflicto de interés entre algunos de los candidatos con respecto a los órganos o instituciones de los que formaban parte algunos miembros de la Comisión de Selección. En el proceso actual, los integrantes de la Comisión seguramente pondrán todo el cuidado necesario para evitar caer en cualquier posible conflicto de interés.
Por último, comento que mi función como comisionado presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero concluye el 30 de noviembre; después de ese día, me reintegro a las actividades de la asociación civil que presido.
Diputados del Congreso del estado de Guerrero solicitaron investigar presuntas irregularidades en la construcción de viviendas de El Nuevo Mirador, un conjunto habitacional localizado en las afueras de la capital del estado, según se lee en la cabeza de un comunicado emitido por el Congreso con fecha 10 de noviembre de 2019. El problema que plantearon los legisladores es la mala calidad de las casas-habitación de ese fraccionamiento y la presunción de anomalías y actos de corrupción en todo el proceso constructivo, ante lo cual solicitaron la intervención de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Función Pública del gobierno federal, para que investiguen los hechos denunciados, a efecto de “coadyuvar con el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad, y que sirva, además, como ‘lección contra los corruptos, que nadie evada la justicia y no haya impunidad”.
Más allá de que no prosperó el exhorto y por lo tanto fue enviado a análisis a la Comisión de Vivienda del órgano legislativo, lo cierto es que en el proceso de “reconstrucción” del estado, que se inició después de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, ocurridas en septiembre de 2013, quedaron muchas dudas por la manera en que las diferentes dependencias, casi todas del gobierno federal, manejaron los recursos.
Las presuntas irregularidades del fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, que hoy se denuncian en el Congreso son sólo un botón de muestra de la gran incertidumbre con que se ejercieron los recursos financieros en Guerrero, sin una clara rendición de cuentas, transparencia a medias, discrecionalidad en las decisiones, y por el cúmulo de denuncias de vecinos y usuarios que todavía hoy se quejan por obras de muy dudosa calidad.
Quejas continuas
En junio de 2018 se inició la demolición de 32 viviendas de El Nuevo Mirador de Chilpancingo, un proyecto habitacional que desde sus inicios se perfilaba con irregularidades; el derribo de las casas en los hechos fue un reconocimiento implícito de las anomalías en la construcción de este fraccionamiento. Sobre este hecho, el entonces diputado federal Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social, dijo que “fueron demolidas 32 viviendas de las 582 que componen el complejo habitacional denominado el Nuevo Mirador, a las afueras de Chilpancingo, porque estaban mal construidas, ya que en el subsuelo de las casas hay una falla geológica que provocó que los hogares de la manzana 2-B se inclinaran y registraran grietas en techos y paredes”, según una nota del Canal del Congreso del 18 de julio de 2018.
También explicó el ex legislador que desde el inicio de la construcción, el área de protección civil del estado advirtió sobre la composición del suelo arcilloso que se vuelve inestable con la humedad, lo que propiciaría deslizamientos en el fraccionamiento ocasionando que las viviendas se cuartearan. Por estas fallas, según Cruz Hernández, la Sedatu había iniciado denuncias penales contra las empresas que participaron en la construcción como Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial; sin embargo, estas empresas se declararon en quiebra por no tener la obligación de continuar dando el mantenimiento y corrigiendo las fallas que presentaron las viviendas.
Hace una semana, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez también denunció en la tribuna del Congreso del estado que desde el comienzo “se dieron a conocer irregularidades, como que los terrenos eran inestables, irregulares y no aptos para la construcción, además de que se pagaron a un costo superior al de su valor real”, según un boletín de ese órgano legislativo. La legisladora guerrerense comentó que apenas se habían entregado las casas, “los daños ya eran notoriamente visibles –cuarteaduras–, dado que la mayoría fueron construidas con estructuras prefabricadas y montadas unas sobre otras”.
Los vecinos también se han inconformado en diversas ocasiones, incluso cerrando la autopista a la altura del Parador del Marqués. Además de denunciar la mala calidad de las obras, se han pronunciado por la introducción de servicios y por mejores accesos al fraccionamiento.
Plan Nuevo Guerrero
El proyecto habitacional Nuevo Mirador es parte de un ambicioso programa del gobierno federal llamado Plan Nuevo Guerrero, creado para hacer frente a las afectaciones por las torrenciales lluvias de septiembre de 2013. De acuerdo con el portal Transparencia Presupuestaria, durante poco más de tres años se destinaron 45 mil 238.5 millones de pesos para la reconstrucción del estado, equivalentes a lo que se gastaba en un año fiscal en todo el estado. El gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que estos recursos se ejercerían con rigurosa transparencia, incluso el día que anunció la creación del Plan, el 7 de noviembre de 2013, expresó que “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”. También el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, dijo que el Plan Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”. Pero no fue así. De esos más de 43 mil millones de pesos nunca hubo información abierta, veraz, confiable y comprobable.
En su momento, hicimos algunos ejercicios de acceso a la información para tratar de conocer más sobre el Plan y encontramos sólo datos generales y dispersos en el portal Transparencia Presupuestaria, insuficientes para dar un seguimiento puntual de los recursos; también se solicitó a varias dependencias federales (Sedatu, Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Comisión Nacional del Agua) información diferente y con mayor detalle de la que se publicaba en ese portal electrónico, relacionada con la reconstrucción, y éstas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos la clasificaron como confidencial.
Una de las dependencias más reacias a entregar información fue la Sedatu, precisamente la dependencia que tuvo la responsabilidad de construir viviendas para quienes las perdieron en septiembre de 2013, como fue el caso de los damnificados de Chilpancingo con el proyecto de El Nuevo Mirador.
Opacidad en la construcción de viviendas
La falta de transparencia de la Sedatu en el ejercicio de los recursos públicos federales para la reconstrucción de viviendas abre la puerta a la especulación y a presuponer que hubo irregularidades y quizás actos de corrupción. La experiencia de revisar los sitios oficiales, presentar solicitudes de información y dar seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante el INAI, permite documentar esta opacidad en la dependencia, que contrastaba notablemente con lo dicho por Peña Nieto (ver ediciones de Monitor de Guerrero del 31 de marzo, y 14 y 28 de abril de 2015).
De manera específica en la construcción de viviendas en Guerrero, la dependencia federal mantuvo un gran desorden y parcialidad en sus datos, de tal manera que no coincidían la información que difundían sus funcionarios en declaraciones a la prensa, ni los que publicaba el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ni los que entrega como resultado de solicitudes de información.
Dijimos en aquella oportunidad que “esta anarquía en la información no permite hacer un balance certero del ejercicio de los recursos del publicitado Plan Nuevo Guerrero, pues no hay información básica congruente, y lo que encontramos deja entrever o una total ineficiencia para establecer controles efectivos al dinero público en la construcción de viviendas o una gran negligencia y un claro propósito de ocultar información con fines no declarados”.
Como muestra, en septiembre de 2014, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que la dependencia a su cargo tenía 10 mil 776 acciones, de las cuales 5 mil 672 correspondían a la construcción de viviendas, y de éstas, ya se habían entregado 2 mil 654.
Sin embargo, a diferencia de estos datos y como respuesta a una solicitud de información, la Sedatu comunicó que al mes de septiembre de ese año, se habían construido 6 mil 281 viviendas con una erogación de 753.7 millones de pesos en beneficio de 24 mil 495 habitantes. Es decir, una gran diferencia en el número de viviendas construidas reportadas por el ex secretario y lo que respondió la dependencia ante una solicitud de información de 3 mil 627 viviendas.
Este fue el tenor del manejo de la información por parte de las dependencias involucradas en el Plan Nuevo Guerrero. Ni siquiera los datos básicos cuadraban, mucho menos la información sobre licitaciones, empresas que participaron en la construcción, habitantes beneficiados… Es un tema pendiente que a estas alturas difícilmente será investigado.
Nuevo integrante del CPC
Está en proceso la designación de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, que sustituirá a uno de los actuales miembros. La Comisión de Selección, designada por el Congreso del estado en agosto de 2018, realiza los procedimientos correspondientes para nombrar al nuevo integrante, lo cual no debe pasar del 30 de noviembre. La opinión sobre la nueva designación que aquí emito es a título personal, no lo hago como presidente del CPC, sino como ciudadano, pero con la experiencia de haber presidido este órgano ciudadano, lo que me permite expresar algunas consideraciones con conocimiento de lo que digo.
Primero. La naturaleza del trabajo del CPC requiere que sus integrantes tengan perfiles de diferentes disciplinas. Actualmente hay tres miembros con formación profesional de contaduría, lo cual ha contribuido a resolver algunos asuntos, pero indudablemente es más necesaria la multidisciplinariedad dentro del grupo porque así se mejorará el desarrollo de las actividades del CPC. Hay tela de donde cortar entre los actuales candidatos.
Segundo. Es preciso recalcar a los aspirantes que la función en el CPC es de tiempo completo; en las convocatorias de algunas entidades federativas se subraya esta condición, que por otra parte, está señalada claramente en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción: “Los integrantes del CPC no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza (…), ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán”. Como en la convocatoria de Guerrero no se señala, no está de más que la Comisión de Selección les reitere a los aspirantes el cumplimiento de este compromiso.
Tercero. Es importante que el nuevo integrante del CPC tenga la camiseta de ciudadano bien puesta. Uno de los retos que enfrentará el sistema en los próximos años es conservar la independencia de sus acciones y decisiones, pues la captura de los diferentes órganos que lo componen será un riesgo permanente. El complejo entramado institucional del sistema, que exige a los integrantes del CPC una interacción permanente con actores gubernamentales y de organismos autónomos, no debe desdibujar su obligada vinculación con diferentes sectores de la ciudadanía y generar los mecanismos que permitan que su voz está dentro del SEAGro.
Cuarto. La propia naturaleza de un Sistema Anticorrupción, obliga a que el procedimiento de elección del nuevo integrante del CPC sea lo más transparente posible y por lo tanto a tener buenas prácticas en este sentido, como publicar los resúmenes curriculares o versiones públicas de los currículos de los candidatos, difundir ampliamente los lugares y días de entrevistas y de las reuniones con organizaciones, justificar y motivar la decisión final, en fin, toda la información que permita a la ciudadanía conocer los perfiles y estar al tanto del proceso. A la fecha no se ha hecho y no hay mecanismos de comunicación efectivos para conocer esta información.
Quinto. El año pasado, la organización Nosotrxs difundió un texto en donde denunció un posible conflicto de interés entre algunos de los candidatos con respecto a los órganos o instituciones de los que formaban parte algunos miembros de la Comisión de Selección. En el proceso actual, los integrantes de la Comisión seguramente pondrán todo el cuidado necesario para evitar caer en cualquier posible conflicto de interés.
Por último, comento que mi función como comisionado presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero concluye el 30 de noviembre; después de ese día, me reintegro a las actividades de la asociación civil que presido.
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