Impunidad en la nómina magisterial: México Evalúa

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El gasto en el sector educación siempre ha estado en el centro de las controversias; la descentralización hacia los estados en la década de los noventa al parecer no fue muy exitosa, pues los gobiernos estatales no lograron los resultados esperados y sí muchos problemas relacionados con la eficiencia del gasto y la transparencia en el ejercicio de los recursos. Hoy, a unos pocos años de que se centralizó el sector nuevamente en el gobierno federal –al menos el control de la nómina educativa con la creación del Fone– no terminan las áreas opacas y los escollos dentro del sistema educativo.
Para dimensionar la magnitud del gasto en el sector, con este fondo se financian en todo el país los salarios de siete de cada 10 trabajadores (docentes, personal administrativo y operativo) de educación básica y normal.
Guerrero gasta 22 mil 259 millones de pesos en promedio al año para financiar a su sector educativo, lo que equivale a 9 por ciento del Producto Interno Bruto estatal. Del total de recursos, 82 por ciento provienen de la federación, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone); y el restante 18 por ciento es aportado por el estado. Con estos recursos se paga a 38 mil 387 profesores “más personal administrativo y operativo” para atender a 721 mil 958 alumnos de 8 mil 686 escuelas de educación básica del sistema educativo federal.
Las anteriores cifras fueron obtenidas del reciente estudio de la organización México Evalúa, denominado La impunidad en la nómina magisterial, entre cuyos hallazgos está que al menos 2 mil 529 millones de pesos destinados a la educación presentan irregularidades año con año en México, pese a los avances en el manejo de la nómina educativa.
Otro de los hallazgos es que en el periodo de 2015 a 2018 se destinaron más de mil 66 millones de pesos para el pago de 9 mil comisionados sindicales en todas las entidades, pero las irregularidades más graves se observaron en Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila, donde se destinaron más de 100 millones de pesos en pagos indebidos a comisionados sindicales.
El estudio de México Evalúa destaca también que con la centralización de la nómina en el gobierno federal a través del Fone, las responsabilidades administrativas de las autoridades federal y estatal se han diluido, además de que la asignación de los recursos de este fondo es inercial y no se guía por criterios que incentiven la inversión de las entidades federativas.
Un aspecto relevante de la investigación es el hallazgo de que no hay mecanismos efectivos para sancionar a los responsables del uso irregular de los recursos públicos educativos. Pero lo más grave es que la autoridad educativa federal (SEP) no ha cumplido con la formulación de reportes sobre las irregularidades observadas en el ejercicio del Fone para ser entregados a la SHCP, la Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Diputados. Pero tampoco ninguna de estas autoridades actuó legalmente como consecuencia de la omisión, es decir, no se han fincado responsabilidades administrativas y legales.
En materia de transparencia, el estudio La impunidad en la nómina magisterial (https://www.mexicoevalua.org/2019/05/14/la-impunidad-en-la-nomina-magisterial/) sostiene que en el Fone hay un endeble derecho a la información pública, precaria rendición de cuentas y omisiones de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades y asumir sus facultades legales, y esto abre la puerta a la impunidad. También comenta que a la transparencia parcial de la nómina federalizada se suma el problema de la opacidad en la nómina de educación básica y normal financiada con recursos de los estados, lo que equivale a aproximadamente el 30 por ciento del total de maestros y trabajadores en estos niveles educativos. De no abrirse esta información, no se podrá comprobar si el dispendio educativo en la nómina de educación se ha resuelto, concluye México Evalúa.
Revisión de la ASF
Los resultados de las revisiones a la cuenta pública que emite la ASF es una de las formas de rendición de cuentas del Fone. En febrero de este año, el órgano fiscalizador federal publicó su revisión más reciente denominada Auditoría al Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño del Fone en Guerrero (2017-A-12000-16-0938-2018). Esta auditoría incluyó la revisión del ejercicio de los recursos aportados por la Federación durante 2017 a ese fondo y que sumaron un total de 16 mil 710 millones de pesos. De esta cantidad, 15 mil 557 millones se destinaron a pagar la nómina educativa.
De acuerdo con la auditoría, la cuenta bancaria de la Secretaría de Educación Guerrero, del concepto Gastos de Operación, generó rendimientos financieros por 1.1 millones de pesos, de los cuales se aplicaron en los fines y objetivos del fondo 929 mil pesos, pero quedaron pendientes por ejercer, al 31 de marzo de 2018, recursos por 212 mil pesos que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación, por lo que la ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por esa cantidad.
El órgano fiscalizador también detectó que en el estado no se dispone de un Plan Anual de Evaluación y tampoco se realizó la evaluación del desempeño del Fondo, por una instancia técnica independiente con base en indicadores estratégicos establecida por la normativa, por lo que recomendó que el gobierno del estado se coordine con la SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el estado guarden congruencia y generen una sinergia que incremente los resultados obtenidos.
Por otra parte, la ASF determinó que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental no realizó la supervisión del proceso de integración y pago de la nómina del personal federal educativo realizado con los recursos del Fone durante 2017, por lo que esta dependencia inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que omitieron esa actividad.
Otro de los resultados de la ASF es que se realizaron 86 mil 746 pagos a mil 549 trabajadores, por un importe bruto anual de 450.3 millones de pesos, adscritos en 13 “centros de trabajo bolsa” o “personal por reubicar”, donde se desconoce las actividades que realizaron durante el año 2017; de éstos, se detectaron 621 pagos con tipo de plaza “administrativo” por un importe bruto anual de 3.4 millones de pesos y 86 mil 125 pagos con tipo de plaza “directivo, docente y supervisor”, por un importe bruto anual de 446.9 millones; pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de la Secretaría de Educación de Guerrero.
Esto propició que la ASF emitiera una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la SCTG realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión destinaron recursos del Fone 2017, al pago de personal adscrito a centros de trabajo bolsa o personal por reubicar, donde se desconoce si el personal realizó actividades directamente vinculadas con la educación básica o la formación de docentes.
También respecto del rubro de pagos, la SEP realizó mil 863 pagos indebidos al gobierno del estado de Guerrero por cuenta y orden de la SEG por un importe bruto anual 5.3 millones de pesos a 679 trabajadores posteriores a su fecha de baja de la dependencia, los cuales contaron con 986 plazas adscritos en 603 centros de trabajo, por lo que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por haber realizado pagos con recursos del Fone.
Finalmente, entre las irregularidades visibles, la ASF realizó verificaciones físicas a 177 centros de trabajo y no fueron localizados 162 empleados que estuvieron adscritos durante el ejercicio fiscal 2017 y tampoco fueron identificados por los responsables de los centros de trabajo, a los cuales se les realizaron pagos por 32.5 millones de pesos, por lo que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por esa cantidad.
Personal
Hay diferentes cifras respecto del número de plazas y trabajadores en el estado que son pagados con recursos del Fone. De acuerdo con datos de la organización México Evalúa, con este fondo se cubren los salarios de 38 mil 387 profesores “más personal administrativo y operativo”.
Otra fuente consultada es el portal de la ASF, en donde, según la auditoría del ejercicio 2017, el estado de Guerrero contaba con 86 mil 618 plazas autorizadas y conciliadas por la SHCP y por la SEP destinadas a 56 mil 978 trabajadores.
Revisamos también la plataforma nacional de transparencia de la SEG, específicamente el concepto de Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza del cuarto trimestre de 2018. Los datos que emite la dependencia estatal por este mecanismo es que se tienen 86 mil 185 plazas, de las cuales mil 72 estaban vacantes en esa fecha de corte. También reporta que se tienen 72 plazas con personal de confianza ocupadas. Adicionalmente, se encontraron mil 402 registros de contratos por honorarios.
También revisamos la información que publica la SEP sobre las entidades federativas. En su Reporte 5. Plazas Docentes, Administrativas y Directivas, esa dependencia informa sobre 83 mil 339 plazas, en el caso de Guerrero del primer trimestre de 2019 (https://www.sep.gob.mx/es/sep1/Plazas_Docentes_Administrativas_y_Directivas_1t_2019_gro)
De ese total, las plazas denominadas “docente educación básica” son la mayoría con 76 mil 551 registros. Cabe mencionar que al clasificarlas por tipo de plaza, 38 mil 829 son por “hora” y las restantes 37 mil 722 tipo “plaza”.
En el caso de “docente educación superior” se localizaron 464 registros; mientras que los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional suman 278 registros, y 48 administrativos de la misma institución.
También hay 30 plazas denominadas “mandos”, 229 de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (superior) y 5 mil 739 (básica).
Transparencia
Hace unas semanas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la puesta en marcha del portal “Nómina transparente”, en donde se publican los sueldos de los servidores públicos federales, incluyendo a los que reciben un salario del Fone. Al respecto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) consideró “injustas” las medidas para hacer públicos los sueldos que perciben los maestros, pues esto coloca a los profesores en situación de riesgo, de acuerdo con el portal de noticias Eje Central.
“El sindicato expresó su preocupación por medidas que, sin ser ilegales, son injustas, pues vulneran la seguridad de miles de trabajadores (…) El reclamo no es por motivos de transparencia, sino de seguridad”, señaló el SNTE, encabezado por Alfonso Cepeda Salas, a través de un comunicado. Añadió que existen evidencias de que en algunas localidades del país “tener una percepción económica fija, como es el caso de los maestros, los convierte en un blanco de extorsiones, robos, secuestros y hasta asesinatos”.
Puso como ejemplo a los maestros del estado de Guerrero, y mencionó que existen evidencias de que en algunas localidades el tener una percepción económica fija, como es el caso de los maestros, los convierte en un blanco de extorsiones, robos, secuestros y hasta asesinatos. “Uno de los casos más conocidos, por citar solo un ejemplo, es en la Montaña y la Sierra de Guerrero, donde en varias escuelas fue necesario adelantar el receso de clases en diciembre pasado, ante las amenazas por el cobro de aguinaldo. Situaciones similares se presentan en Tamaulipas, Veracruz y Puebla, entre otros estados”, puntualizó.
Publicar o no publicar
El SNTE presenta un dilema importante sobre la transparencia de la nómina magisterial. Durante varios lustros, los salarios de los maestros eran casi secretos, incluso en años en que todavía no nos alcanzaba la inseguridad generalizada. Sin embargo, la transparencia es un paso necesario para el escrutinio público de lo que pasa en el sector educativo, y un ejemplo son los datos que encontró el Instituto Mexicano de la Competitividad en la nómina magisterial de Hidalgo en 2015, donde hallaron salarios de maestros superiores al del presidente de la República y mil 440 profesores activos en esa entidad federativa con la misma fecha de nacimiento.
Al final, son dos demandas, la transparencia de los asuntos públicos y la seguridad de los ciudadanos, que no son excluyentes; ojalá no sea pretexto para ocultar las irregularidades que todavía hay en la nómina magisterial.