¿Qué se logra con la transparencia y el acceso a la información?

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El 11 de junio se cumplen 17 años de que se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La fecha es importante porque fue un referente y el punto de arranque para que los congresos locales –excepto en Sinaloa, donde tuvieron poco antes su propia ley– legislaran el derecho de acceso a la información y las obligaciones de transparencia.
¿Qué se ha logrado en la vida cotidiana de los mexicanos y en la democracia del país con la legislación y aplicación de estas leyes? Difíciles respuestas porque no es fácil cuantificar el ejercicio de este derecho como mecanismo de empoderamiento social, ni tampoco su función de contrapeso al poder que puede fortalecer la democracia y el Estado de derecho en el país.
Los datos cuantitativos sobre el acceso a la información sí están asequibles y se pueden conseguir sin dificultad; son un indicador relevante de lo que ha sucedido en estos 17 años de vida de la legislación de transparencia y acceso a la información. El Instituto Nacional de Transparencia (antes IFAI) cada año da a conocer estas cifras, por ejemplo, en el primer año de vigencia de la ley se presentaron 36 mil 744 solicitudes de información –3 mil 150 mensuales en promedio– en el periodo del 12 de junio de 2002 al 15 de mayo de 2003. Diez años después, en el décimo informe de labores del Instituto, la cifra se había incrementado significativamente a 131 mil 154 solicitudes de información.
En el más reciente informe del INAI, correspondiente al periodo de septiembre de 2017 a octubre de 2018, ese organismo reporta que se presentaron 228 mil 133 requerimientos de información en el nivel federal. Es decir, de 2002 a 2018 se han presentado un total de un millón 703 solicitudes de información y 369 mil 177 solicitudes de datos personales.
En Guerrero, aunque no se tienen datos precisos, por la manipulación de que fueron objeto las cifras por el propio órgano garante local antes de 2011, también se observa una mayor disposición de la ciudadanía. De 300 solicitudes anuales que calculamos se presentaban en los primeros años luego de la entrada en vigor de la ley estatal de transparencia en 2006, hoy tenemos registros más fidedignos y las solicitudes se dispararon hasta 7 mil 818 en el ejercicio 2018.
Estos datos duros reflejan el creciente interés por la información pública por parte de los ciudadanos y la saludable práctica de utilizar los mecanismos que establece la ley para tal fin. Sin embargo, no conocemos con precisión qué repercusiones tiene el ejercicio de este derecho en el mejoramiento de la vida cotidiana de las personas, salvo aquellas experiencias exitosas en donde la información ha sido útil para que algunos grupos de población tomen las mejores decisiones ante problemas colectivos.
Tal vez estén mejor documentados aquellos casos en donde la información que sale a la luz pública mediante este tipo de procedimientos propicia la polémica y el análisis de temas de interés general que tienen que ver con las decisiones y acciones de los gobiernos en sus tres órdenes. Este tipo de prácticas sin duda fortalecen la democracia en el país, pero son más difíciles de medir.
Una pista de lo que sucede en este ámbito es el trabajo del gremio periodístico y los resultados que han obtenido al publicar trabajos de análisis y denuncia a partir del ejercicio de este derecho. Hay en existencia muchos reportajes que emplearon como uno de sus componentes fundamentales los datos obtenidos por medio de solicitudes de información. Algunos de los casos recientes con más impacto fueron La Casa Blanca de Peña Nieto y La Estafa Maestra, que cimbraron al gobierno federal e influyeron en las decisiones del expresidente y de su gabinete, y sin duda modificaron la percepción de la ciudadanía hacia ese equipo de gobierno.
Como en estos casos, hay numerosas piezas periodísticas que tuvieron impactos más localizados en algunas dependencias específicas o en estados o municipios, aunque es difícil medir en qué medida cambiaron el curso de las acciones y decisiones públicas gubernamentales.
Casos del INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el órgano garante que tiene más casos documentados sobre experiencias de acceso a la información que tuvieron una repercusión pública importante.
En febrero pasado, por ejemplo, el órgano garante nacional presentó el libro INAI. Resoluciones relevantes y polémicas (12 casos líderes), que analiza y comenta casos en donde el INAI tuvo un papel relevante en la difusión de información de interés público, como es el caso de las desapariciones de la escuela normal de Ayotzinapa, en donde se ordenó la apertura de la información con una averiguación previa en curso, hecho que no se había realizado antes. El órgano garante logró que se abrieran los expedientes de Ayotzinapa, a pesar del argumento de que debían reservarse por existir una averiguación previa. Esto se concretó gracias a la salvedad de que, cuando se trata de investigaciones que vulneran los derechos fundamentales o de delitos de lesa humanidad, estos deben ser públicos.
Otro caso relevante de los que se publican en el libro es el de la matanza de San Fernando, donde el entonces IFAI (2014) determinó que la Procuraduría General de la República debía hacer públicos los documentos relacionados con la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Otro caso con resonancia nacional es el que se relaciona con la operación de la empresa Odebrecht. En octubre de 2018, el INAI ordenó dar a conocer la averiguación previa del caso Odebrecht, por ser de interés público y desde entonces ha emitido resoluciones para hacer pública información sobre este caso, como dar a conocer la lista de quien ha declarado o las actas ministeriales, pero la Fiscalía General se ha negado porque argumenta que se vulneraría el debido proceso. El INAI sostiene que la difusión de la versión pública del expediente no viola el debido proceso, ya que sólo se va a dar información sobre las actuaciones del Ministerio Público. “No hay un ejemplo, a nivel internacional, que un juicio o un proceso seguido en forma de juicio o del Ministerio Público, se haya caído por un asunto de información pública” dijo el comisionado del INAI que llevó el caso, Óscar Guerra Ford.
Casos actuales
En las semanas recientes se han dado a conocer casos relevantes donde el INAI ordena la entrega de información a los ciudadanos, luego del trámite de un recurso de revisión. Los casos que comentamos más adelante abordan temas que están en boga en la opinión pública. Uno de los más recientes es el de la resolución que emitió el INAI para que la Oficina de la Presidencia de la República entregara a un particular los nombres de las personas físicas y morales de medios de comunicación contratados por concepto de publicidad, entre el 1 de enero de 2012 y el 21 de enero de 2019.
La información se entregó al solicitante y se hizo pública parcialmente a través del diario Reforma provocando un intenso revuelo mediático, ya que era la primera vez que se publicaban los nombres de periodistas y medios que recibían recursos del erario por el pago de publicidad. Amén de las justificaciones de la mayoría de los periodistas y medios que venían en la lista para argumentar que el dinero recibido era legítimo, lo cierto es que se trata de un ejercicio saludable, pues contribuye a presionar hacia una más justa distribución de los recursos de comunicación social, a un ejercicio profesional e imparcial del periodismo y al establecimiento de criterios y políticas para la asignación del gasto destinado a publicidad oficial. También es útil para que la ciudadanía pueda ejercer su escrutinio sobre quienes reciben dinero de comunicación social.
Hay otros casos recientes donde se solicitó información acerca de las decisiones tomadas por el actual gobierno de la república respecto de programas sociales u obras públicas polémicas. Hay que decir que la rendición de cuentas no sólo implica brindar y transparentar información, sino también explicar y justificar por qué se tomaron esas decisiones.
El INAI ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República entregar información sobre los 70 hospitales inconclusos a los que se refirió el presidente de la República en el mensaje de sus primeros cien días de gobierno. La resolución dice que los datos a entregar deberán incluir la ubicación, el monto de la obra y la etapa en que se encuentran. Y es que el particular que presentó la solicitud interpuso un recurso de revisión ante el INAI porque la Oficina de la Presidencia se había declarado incompetente para conocer los documentos y lo “orientó” a presentar su solicitud ante la Secretaría de Salud. Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo del comisionado Joel Salas Suárez, se determinó que sí cuenta con atribuciones para conocer la información solicitada.
Otro caso también polémico es el de la refinería de Dos Bocas. En su resolución, el INAI instruyó a Petróleos Mexicanos para que informara sobre el estudio de impacto ambiental y presupuesto del proyecto para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov explicó que un particular solicitó la información y en respuesta, Pemex informó que la información solicitada no fue localizada porque la Gerencia de Desarrollo de Proyectos no es la responsable del proyecto y de la construcción de la refinería Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. “Desde la perspectiva de un servidor, el proyecto de Dos Bocas es de gran envergadura por el nuevo gobierno y es de suma trascendencia e interés para la ciudadanía”, puntualizó Monterrey Chepov.
El caso de las estancias infantiles también fue abordado por el INAI, luego de recursos de revisión presentados por particulares. Para este programa social tan controvertido en el nuevo gobierno federal, el órgano garante federal instruyó a la Secretaría de Bienestar para que informara sobre las anomalías en las instancias infantiles, copias de las denuncias, la documentación de dichas irregularidades y sanciones a funcionarios.
Le correspondió a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena analizar el caso, y al respecto informó que un particular se inconformó con la respuesta de la Secretaría de Bienestar, pues ésta había indicado que era incompetente para conocer de lo solicitado, toda vez que esa dependencia tenía como propósito fortalecer el desarrollo, inclusión y la cohesión social en el país. En su respuesta, y al aclarar que la dependencia no es la responsable de dicha información, pidió al particular presentar su requerimiento a la Secretaría de la Función Pública.
También hay casos donde la ciudadanía presenta solicitudes para conocer información que afecta a sus comunidades, como en la resolución donde el INAI ordena a la Comisión Nacional del Agua dar a conocer los resultados del estudio microbiológico realizado a la Cuenca del Valle del Jovel, en el acuífero San Cristóbal de las Casas 0712, en el estado de Chiapas. En esa ocasión, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que el acceso adecuado a los servicios de provisión y saneamiento del agua es crucial para la reducción de la mortalidad y morbilidad entre la población, la disminución de enfermedades de transmisión hídrica, como la hepatitis viral, la fiebre tifoidea, cólera, disentería y otras causantes de diarrea, así como de otras afecciones a consecuencia del consumo de componentes químicos.
Otro caso similar es el de la instrucción para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregara una versión pública de la Cédula de Operación Anual 2016 y 2017 de una empresa dedicada al manejo, acopio, tratamiento y transporte de residuos peligrosos. La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó la importancia de generar sinergias y acuerdos entre las organizaciones sociales, las autoridades, los expertos y el sector privado para materializar acciones concretas enfocadas a proteger y prevenir efectos negativos del entorno ambiental que dañen a los individuos y a la colectividad.
“Dar acceso a la información relacionada con el manejo de residuos peligroso o tóxicos, además de ser de interés público, brinda elementos informativos a la sociedad para que pueda conocer más sobre el uso de los recursos naturales que tiene a su alcance, los niveles de contaminación que se generan diariamente y el destino final de estos materiales contaminantes para fomentar así una conciencia ambiental nacional”, indicó la comisionada.
Y aunque no se hayan elaborado indicadores ni metodologías para medir los impactos de la transparencia y el acceso a la información, debemos festejar esta andanza de 17 años de ejercicio sistemático del derecho a saber.