Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero
El Sur, periódico de Guerrero
Los organismos operadores de agua potable municipales son fuente
permanente de inconformidades de la población que utiliza el servicio.
En Guerrero hay dos casos muy notorios que ilustran la complejidad y
dimensión del problema que enfrentan los organismos operadores. Se trata
de las comisiones de agua potable y alcantarillado de Acapulco y
Chilpancingo (CAPAMA y Capach), que “atienden” al mayor número de
personas en el estado y reciben todos los días numerosas expresiones de
inconformidad por las deficiencias en el suministro de agua, quejas que
con mucha frecuencia se trasladan y afectan a terceros cuando se
traducen en cierre de avenidas, toma de instalaciones hidráulicas y
oficinas o la negativa a pagar un servicio que, argumentan, no reciben.
Los ayuntamientos, salvo algunas excepciones en el país, no han logrado ofrecer un servicio de agua potable eficiente, desde que adquirieron esa responsabilidad en 1983, con la modificación del artículo 115 constitucional, que a la letra dice: “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales (…)”, que por cierto, producto de otra modificación a ese artículo en 1999, quedó como sigue: “a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de residuos”.
La intención de prestar el servicio de agua a través de organismos operadores municipales y estatales data de 1989, cuando se implementó una política específica para tratar de resolver los problemas del servicio de agua potable, y la principal estrategia fue la asignación del servicio a estos organismos especializados con autonomía administrativa y autosuficiencia financiera. Dichos organismos podrían ser estatales o municipales, pero tenían una clara orientación empresarial y mercantil.
De acuerdo con la definición del sitio electrónico agua.org.mx, los organismos operadores se encargan de operar, conservar y administrar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el objeto de dotar estos servicios a los habitantes de un municipio o de una entidad federativa. Según el Inegi, el abastecimiento de agua en el país se realiza a través de 2 mil 356 organismos operadores, según; de éstos, mil 567 proporcionan el servicio a poblaciones urbanas, 98 a poblaciones rurales y 691 a poblaciones de los dos tipos antes mencionados. El 95 por ciento de los organismos son de carácter público y el resto están en manos de la iniciativa privada.
La Capach, en quiebra
El problema de la ineficiencia en los organismos de agua potable tiene su cara más visible en los déficits financieros por una operación inadecuada. En Chilpancingo, por ejemplo, el alcalde Antonio Gaspar Beltrán aseguró que el organismo operador de agua potable de la capital enfrenta una situación financiera muy grave. Informó que el costo de la energía eléctrica para que operen las bombas de distribución es de 5 millones de pesos, y adicionalmente se pagan 3 millones de nómina, pero la paramunicipal apenas logra recaudar 4 millones de pesos, debido a que 70 por ciento de los 42 mil usuarios no pagan el servicio. A esto se agrega que hay unas 10 mil tomas clandestinas estimadas (El Universal, 21 de marzo 2019).
La imposibilidad de pagar la nómina y el costo de la energía eléctrica se traduce en paros de labores de los trabajadores y en el corte del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, a finales de febrero de este año los empleados del organismo capitalino pararon labores por un adeudo estimado por ellos en 8 millones de pesos para 202 agremiados, algunos de cuyos conceptos provienen desde 2015 (estímulos económicos, uniformes y calzado; impermeables; vales de despensa; pago para brigadas que salen a hacer cortes, entregar recibos; gastos funerarios; seguros de vida; becas y cuotas sindicales).
La actual directora de la Capach, Irma Lilia Garzón Bernal, declaró recién asumió el encargo, que el organismo presentaba pasivos por 61.4 millones de pesos, que lo colocaban ante una “crisis económica sin precedentes”. En esa ocasión informó que la paramunicipal cuenta con una plantilla de 370 trabajadores, de los cuales 201 son sindicalizados, y la nómina mensual cuesta 3.3 millones de pesos. También se refirió al padrón de usuarios de la capital, que es de 39 mil 63 registros de servicio activo a la ciudadanía, pero muchos de éstos están en mora y sus adeudos alcanzan los 190 millones de pesos de (Objetivo Diario, 30 de octubre 2018).
CAPAMA, números rojos
El penúltimo director del organismo operador de agua de Acapulco, Mario Pintos Soberanis, declaró en octubre de 2018 que la Capama tenía un déficit de mil 500 millones de pesos, que también lo colocaba en una situación de quiebra financiera y técnica y mantenía sin servicio al 70 por ciento de la población. Agregó que el déficit correspondía a deudas con proveedores y falta de pago a trabajadores por una mala administración. (Televisa.News, 29 de octubre, 2019).
Según la CAPAMA, todos los días se bombean entre 700 y mil litros de agua por segundo para la red que abastece la zona de la Costera, pero se facturan 450 litros por segundo, lo que significa que alrededor de 50 por ciento del agua potable que consumen los empresarios hoteleros es gratis.
El actual director del organismo, Leonel Galindo González, el 8 marzo declaró que con base en auditorías se logró detectar un desfalco por más de 400 millones de pesos en gastos sin comprobar durante la administración del ex director de la CAPAMA, Javier Chona Gutiérrez y Guillermo Galeana Salas, como administrador directo de las finanzas del organismo.
Al hacer un desglose de esta información, Galindo González explicó que en 2016 no se comprobaron gastos por 64.5 millones de pesos, mientras que en 2017 no se comprobaron 152.2 millones de pesos. Sin embargo, destacó que en 2018, la cifra aumentó a 154.3 millones de pesos; además de 78.5 millones de pesos de facturación ilegal. Concluyó el funcionario que por este faltante por 427.5 millones, hoy no tiene los recursos para el pago de energía eléctrica a la CFE y por ello Acapulco no tiene agua. (Novedades Acapulco).
De acuerdo con el documento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto de Gasto, la CAPAMA tuvo un gasto de 954.7 millones de pesos durante el ejercicio 2018, de los cuales 408.9 millones se destinaron a servicios personales (pago de nómina) y sólo 47.8 millones a inversión pública.
En complemento de esta información, el auditor general del Estado, Alfonso Damián Peralta, informó que desde diciembre del año pasado se inició un procedimiento contra cuatro ex funcionarios de la CAPAMA que deberán resarcir 100 millones de pesos a ese organismo. Recordó que durante una auditoría practicada a esa paramunicipal durante el periodo de gobierno de Evodio Velázquez Aguirre como alcalde porteño, se detectó un faltante de casi 200 millones de pesos, y en el procedimiento la ASE recibió comprobaciones prácticamente por la mitad del monto. (El Sol de Chilpancingo, 10 de enero 2019).
Motivos de la ineficiencia
Muchas son las causas por las que los organismos operadores enfrentan serios problemas, por ejemplo, el factor político, que limita cualquier ejercicio de planeación, pues la dirección de los organismos se modifica cada tres años con la llegada de un nuevo alcalde. Las deudas con la Comisión Nacional del Agua y con la CFE por derechos y tarifas no pagados son también problemas que ponen en jaque a los organismos de agua.
Como se observó en el caso de la Capach, regularmente el costo de operación es mayor que los ingresos, y como parte de estos costos, las abultadas nóminas distraen recursos financieros que deberían emplearse en otros rubros, como en la inversiones, que cuando las hay, son resultado de largas gestiones con las autoridades federal y estatal para conseguir recursos a fondo perdido, dado que la mayoría no son capaces de generar recursos suficientes para este fin.
Según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) –recabados por el portal Inteligencia Pública– del total del agua potable que se produce en el país, sólo 60 por ciento se consume y el restante 40 por ciento se pierde por ineficiencias en la infraestructura, como son fugas y tomas clandestinas. Pero esto no es todo, dice el IMTA, la ineficiencia también incluye fallas en la facturación del servicio, ya que únicamente el 40 por ciento del suministro de agua se factura y de éste, sólo el 73 por ciento se cobra. Lo anterior se traduce en que hay una significativa ineficiencia comercial o recaudatoria, ya que del total del agua potable producida en el país, tan sólo se cobra el 30 por ciento.
Como un indicador de eficiencia de los organismos operadores se considera la utilización de la fuerza laboral; a nivel nacional los organismos cuentan con 5.2 empleados por cada mil tomas de agua. Tabasco, por ejemplo, es la entidad con mayor mano de obra en sus organismos operadores, ya que tiene 10.3 empleados por cada mil tomas; en tanto que Nayarit tiene el menor número, con 3.2 empleados por cada mil tomas.
En el caso de Guerrero, la Capach, con 42 mil tomas y 370 empleados, ocupa 8.8 trabajadores por cada mil tomas. Mientras que la CAPAMA, con un total de mil 900 empleados, según su anterior director Mario Pintos Soberanis, estimó que hay 13 empleados por cada mil tomas. “El ideal sería que se tuvieran alrededor de siete personas por cada mil tomas”.
Problema político
El problema de la ineficiencia de los organismos operadores no sólo es de Guerrero, sino de todo el país. Juan Enrique Anda, especialista en el tema, entrevistado por la revista Siempre en 2017, explica que los organismos operadores se crearon hace poco más de 29 años porque el del agua se convirtió en un problema político. Para los presidentes municipales era un problema suministrar el agua sin tener presiones de los diversos actores políticos, por lo que los organismos operadores se crearon para despolitizar el agua y para que tuvieran autonomía”.
Sin embargo, a lo largo de los años la mayoría de los organismos se hicieron “ineficientes y opacos” y funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes, señala el Consejo Consultivo de Agua, según reseña de la misma revista Siempre.
Ramón Aguirre Díaz, ex titular del organismo de agua de la hoy ciudad de México, opina que el problema de la mala administración de los organismos encargados de abastecer de agua a la población tiene su origen en los intereses políticos que predominan en la gestión, como la contratación de exceso de personal o sin la calificación necesaria para el cargo, o no cobrar las tarifas a los usuarios con lo que se evita tener problemas políticos.
Mencionó que el servicio se puede mejorar con la regulación, que vigile a las paramunicipales, y con la toma de decisiones basadas en criterios técnicos y de buen servicio, y no con criterios políticos. (El Sur, 22 de marzo de 2019).
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad AC en su estudio Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua potable y saneamiento en México concluye que el mal desempeño de la mayoría de los organismos operadores está directamente relacionado con un diseño institucional inadecuado, que no crea los incentivos adecuados ni les permite desarrollar las capacidades necesarias para operar eficazmente. Tampoco les otorga la autonomía necesaria para operar como empresas eficientes –lo cual implicaría, entre otras cosas, crear mecanismos de fijación de precios que reflejaran el costo real del líquido y que no fueran potestad de los gobiernos estatales. Por lo tanto, la solución a los problemas de los organismos operadores pasa por su rediseño institucional.
Sin información
En Guerrero la mayoría de los organismos operadores no difunden la información importante sobre su funcionamiento en sus portales electrónicos –cuando los tienen– o en la plataforma nacional de transparencia. Los datos de esta columna fueron captados de declaraciones de actores involucrados en los organismos operadores y publicadas en la prensa, pues aun cuando son sujetos obligados a cumplir la ley de transparencia, brillan por su opacidad y en sus páginas no cuentan con la información obligatoria. Es así que la ineficiencia se junta con la opacidad y el resultado es desastroso.
Los ayuntamientos, salvo algunas excepciones en el país, no han logrado ofrecer un servicio de agua potable eficiente, desde que adquirieron esa responsabilidad en 1983, con la modificación del artículo 115 constitucional, que a la letra dice: “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales (…)”, que por cierto, producto de otra modificación a ese artículo en 1999, quedó como sigue: “a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de residuos”.
La intención de prestar el servicio de agua a través de organismos operadores municipales y estatales data de 1989, cuando se implementó una política específica para tratar de resolver los problemas del servicio de agua potable, y la principal estrategia fue la asignación del servicio a estos organismos especializados con autonomía administrativa y autosuficiencia financiera. Dichos organismos podrían ser estatales o municipales, pero tenían una clara orientación empresarial y mercantil.
De acuerdo con la definición del sitio electrónico agua.org.mx, los organismos operadores se encargan de operar, conservar y administrar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el objeto de dotar estos servicios a los habitantes de un municipio o de una entidad federativa. Según el Inegi, el abastecimiento de agua en el país se realiza a través de 2 mil 356 organismos operadores, según; de éstos, mil 567 proporcionan el servicio a poblaciones urbanas, 98 a poblaciones rurales y 691 a poblaciones de los dos tipos antes mencionados. El 95 por ciento de los organismos son de carácter público y el resto están en manos de la iniciativa privada.
La Capach, en quiebra
El problema de la ineficiencia en los organismos de agua potable tiene su cara más visible en los déficits financieros por una operación inadecuada. En Chilpancingo, por ejemplo, el alcalde Antonio Gaspar Beltrán aseguró que el organismo operador de agua potable de la capital enfrenta una situación financiera muy grave. Informó que el costo de la energía eléctrica para que operen las bombas de distribución es de 5 millones de pesos, y adicionalmente se pagan 3 millones de nómina, pero la paramunicipal apenas logra recaudar 4 millones de pesos, debido a que 70 por ciento de los 42 mil usuarios no pagan el servicio. A esto se agrega que hay unas 10 mil tomas clandestinas estimadas (El Universal, 21 de marzo 2019).
La imposibilidad de pagar la nómina y el costo de la energía eléctrica se traduce en paros de labores de los trabajadores y en el corte del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, a finales de febrero de este año los empleados del organismo capitalino pararon labores por un adeudo estimado por ellos en 8 millones de pesos para 202 agremiados, algunos de cuyos conceptos provienen desde 2015 (estímulos económicos, uniformes y calzado; impermeables; vales de despensa; pago para brigadas que salen a hacer cortes, entregar recibos; gastos funerarios; seguros de vida; becas y cuotas sindicales).
La actual directora de la Capach, Irma Lilia Garzón Bernal, declaró recién asumió el encargo, que el organismo presentaba pasivos por 61.4 millones de pesos, que lo colocaban ante una “crisis económica sin precedentes”. En esa ocasión informó que la paramunicipal cuenta con una plantilla de 370 trabajadores, de los cuales 201 son sindicalizados, y la nómina mensual cuesta 3.3 millones de pesos. También se refirió al padrón de usuarios de la capital, que es de 39 mil 63 registros de servicio activo a la ciudadanía, pero muchos de éstos están en mora y sus adeudos alcanzan los 190 millones de pesos de (Objetivo Diario, 30 de octubre 2018).
CAPAMA, números rojos
El penúltimo director del organismo operador de agua de Acapulco, Mario Pintos Soberanis, declaró en octubre de 2018 que la Capama tenía un déficit de mil 500 millones de pesos, que también lo colocaba en una situación de quiebra financiera y técnica y mantenía sin servicio al 70 por ciento de la población. Agregó que el déficit correspondía a deudas con proveedores y falta de pago a trabajadores por una mala administración. (Televisa.News, 29 de octubre, 2019).
Según la CAPAMA, todos los días se bombean entre 700 y mil litros de agua por segundo para la red que abastece la zona de la Costera, pero se facturan 450 litros por segundo, lo que significa que alrededor de 50 por ciento del agua potable que consumen los empresarios hoteleros es gratis.
El actual director del organismo, Leonel Galindo González, el 8 marzo declaró que con base en auditorías se logró detectar un desfalco por más de 400 millones de pesos en gastos sin comprobar durante la administración del ex director de la CAPAMA, Javier Chona Gutiérrez y Guillermo Galeana Salas, como administrador directo de las finanzas del organismo.
Al hacer un desglose de esta información, Galindo González explicó que en 2016 no se comprobaron gastos por 64.5 millones de pesos, mientras que en 2017 no se comprobaron 152.2 millones de pesos. Sin embargo, destacó que en 2018, la cifra aumentó a 154.3 millones de pesos; además de 78.5 millones de pesos de facturación ilegal. Concluyó el funcionario que por este faltante por 427.5 millones, hoy no tiene los recursos para el pago de energía eléctrica a la CFE y por ello Acapulco no tiene agua. (Novedades Acapulco).
De acuerdo con el documento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto de Gasto, la CAPAMA tuvo un gasto de 954.7 millones de pesos durante el ejercicio 2018, de los cuales 408.9 millones se destinaron a servicios personales (pago de nómina) y sólo 47.8 millones a inversión pública.
En complemento de esta información, el auditor general del Estado, Alfonso Damián Peralta, informó que desde diciembre del año pasado se inició un procedimiento contra cuatro ex funcionarios de la CAPAMA que deberán resarcir 100 millones de pesos a ese organismo. Recordó que durante una auditoría practicada a esa paramunicipal durante el periodo de gobierno de Evodio Velázquez Aguirre como alcalde porteño, se detectó un faltante de casi 200 millones de pesos, y en el procedimiento la ASE recibió comprobaciones prácticamente por la mitad del monto. (El Sol de Chilpancingo, 10 de enero 2019).
Motivos de la ineficiencia
Muchas son las causas por las que los organismos operadores enfrentan serios problemas, por ejemplo, el factor político, que limita cualquier ejercicio de planeación, pues la dirección de los organismos se modifica cada tres años con la llegada de un nuevo alcalde. Las deudas con la Comisión Nacional del Agua y con la CFE por derechos y tarifas no pagados son también problemas que ponen en jaque a los organismos de agua.
Como se observó en el caso de la Capach, regularmente el costo de operación es mayor que los ingresos, y como parte de estos costos, las abultadas nóminas distraen recursos financieros que deberían emplearse en otros rubros, como en la inversiones, que cuando las hay, son resultado de largas gestiones con las autoridades federal y estatal para conseguir recursos a fondo perdido, dado que la mayoría no son capaces de generar recursos suficientes para este fin.
Según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) –recabados por el portal Inteligencia Pública– del total del agua potable que se produce en el país, sólo 60 por ciento se consume y el restante 40 por ciento se pierde por ineficiencias en la infraestructura, como son fugas y tomas clandestinas. Pero esto no es todo, dice el IMTA, la ineficiencia también incluye fallas en la facturación del servicio, ya que únicamente el 40 por ciento del suministro de agua se factura y de éste, sólo el 73 por ciento se cobra. Lo anterior se traduce en que hay una significativa ineficiencia comercial o recaudatoria, ya que del total del agua potable producida en el país, tan sólo se cobra el 30 por ciento.
Como un indicador de eficiencia de los organismos operadores se considera la utilización de la fuerza laboral; a nivel nacional los organismos cuentan con 5.2 empleados por cada mil tomas de agua. Tabasco, por ejemplo, es la entidad con mayor mano de obra en sus organismos operadores, ya que tiene 10.3 empleados por cada mil tomas; en tanto que Nayarit tiene el menor número, con 3.2 empleados por cada mil tomas.
En el caso de Guerrero, la Capach, con 42 mil tomas y 370 empleados, ocupa 8.8 trabajadores por cada mil tomas. Mientras que la CAPAMA, con un total de mil 900 empleados, según su anterior director Mario Pintos Soberanis, estimó que hay 13 empleados por cada mil tomas. “El ideal sería que se tuvieran alrededor de siete personas por cada mil tomas”.
Problema político
El problema de la ineficiencia de los organismos operadores no sólo es de Guerrero, sino de todo el país. Juan Enrique Anda, especialista en el tema, entrevistado por la revista Siempre en 2017, explica que los organismos operadores se crearon hace poco más de 29 años porque el del agua se convirtió en un problema político. Para los presidentes municipales era un problema suministrar el agua sin tener presiones de los diversos actores políticos, por lo que los organismos operadores se crearon para despolitizar el agua y para que tuvieran autonomía”.
Sin embargo, a lo largo de los años la mayoría de los organismos se hicieron “ineficientes y opacos” y funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes, señala el Consejo Consultivo de Agua, según reseña de la misma revista Siempre.
Ramón Aguirre Díaz, ex titular del organismo de agua de la hoy ciudad de México, opina que el problema de la mala administración de los organismos encargados de abastecer de agua a la población tiene su origen en los intereses políticos que predominan en la gestión, como la contratación de exceso de personal o sin la calificación necesaria para el cargo, o no cobrar las tarifas a los usuarios con lo que se evita tener problemas políticos.
Mencionó que el servicio se puede mejorar con la regulación, que vigile a las paramunicipales, y con la toma de decisiones basadas en criterios técnicos y de buen servicio, y no con criterios políticos. (El Sur, 22 de marzo de 2019).
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad AC en su estudio Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua potable y saneamiento en México concluye que el mal desempeño de la mayoría de los organismos operadores está directamente relacionado con un diseño institucional inadecuado, que no crea los incentivos adecuados ni les permite desarrollar las capacidades necesarias para operar eficazmente. Tampoco les otorga la autonomía necesaria para operar como empresas eficientes –lo cual implicaría, entre otras cosas, crear mecanismos de fijación de precios que reflejaran el costo real del líquido y que no fueran potestad de los gobiernos estatales. Por lo tanto, la solución a los problemas de los organismos operadores pasa por su rediseño institucional.
Sin información
En Guerrero la mayoría de los organismos operadores no difunden la información importante sobre su funcionamiento en sus portales electrónicos –cuando los tienen– o en la plataforma nacional de transparencia. Los datos de esta columna fueron captados de declaraciones de actores involucrados en los organismos operadores y publicadas en la prensa, pues aun cuando son sujetos obligados a cumplir la ley de transparencia, brillan por su opacidad y en sus páginas no cuentan con la información obligatoria. Es así que la ineficiencia se junta con la opacidad y el resultado es desastroso.
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