Con inusual prisa legislan diputados de Guerrero

Publicado en El Sur, Periódico de Guerrero

Entre los efectos que dejó la pasada elección del primero de julio –donde un partido obtuvo una aplastante mayoría– se cuentan una serie de movimientos inusitados, realizados por varias legislaturas locales y gobernadores en funciones, aparentemente para restar facultades a los entrantes Congresos de mayoría opositora o para reducir las posibilidades de una fiscalización efectiva en contra de mandatarios. Y es que ante un escenario en el que los nuevos Congresos se conviertan realmente en contrapesos de los Ejecutivos, varios gobernadores y legislaturas estatales, solos o en conjunto, comenzaron a moverse para tratar de contrarrestar la influencia que tendrán los nuevos órganos legislativos en la vida política de sus entidades federativas, mediante la aprobación y modificación de leyes o por medio de la designación de comisiones o personas que consideran no serán adversas a sus mandatos.

Los ejemplos son varios; en Sonora, por ejemplo, se pretendió aprobar una ley para dar facultades a la gobernadora para vetar iniciativas impulsadas por la oposición; o en Veracruz, donde su consumó la designación de un fiscal anticorrupción “carnal”; o en Morelos, donde el gobierno de Graco Ramírez emitió un acuerdo para hacer la entrega recepción sin documentos a la siguiente administración estatal. En todos los casos, se observó una acelerada actividad legislativa que no se veía en otros momentos, sin duda, como reacción a la nueva composición política en los estados.

El caso Guerrero

Guerrero es uno de los estados donde se legislaron leyes de último momento. Hay temas muy polémicos, como el de la reforma al artículo 14 de la Constitución local, que rige a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena. Pero también hay otros que por el momento en que se presentan y por los temas que abordan –fiscalización, anticorrupción– tienen el sello de buscar disminuir el contrapeso que puede ejercer la nueva composición del Congreso en la gestión del Ejecutivo estatal; estos últimos se refieren al marco jurídico de la Auditoría Superior del Estado y a la designación de la Comisión de Selección que se encargará de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

En el primer caso, la LXI legislatura del Congreso del estado aprobó el 27 de julio pasado cambios a varios artículos de la Constitución de la entidad, a efecto de que el titular de la Auditoría Superior del Estado pueda repetir en el cargo un periodo y además le da facultades para nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo. Las modificaciones aprobadas también exoneran a los auditores especiales de ser juzgados por responsabilidad política y en consecuencia el poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Antes de ser aprobadas estas modificaciones, el gobernador Héctor Astudillo aseguró que no pretende restar facultades al Congreso local con el proyecto de reforma que envió al Congreso del estado. “No hay nada de eso (quitar facultades) porque son temas que están relacionados con el combate a la corrupción y que son pendientes que se tienen que atender”, según una nota de Karina Contreras publicada en El Sur del 25 de julio.

También el diputado Héctor Vicario Castrejón defendió las modificaciones a la ASE, pues aseguró que tienen el propósito de darle “mayor autonomía” al órgano fiscalizador y de esta manera fortalecerlo. “Lo que buscamos con esta adecuación es que el auditor tenga mayor autonomía, que el nombramiento de los cuatro auditores especiales no se convierta en un reparto de cuotas entre las fracciones de partido; que no digan este auditor va a ser del PRI, este del PRD, este de Morena”, según el sitio digital Interacción.

Hace poco más de un año, el Legislativo tuvo en sus manos el proceso de crear y reformar leyes, incluidas modificaciones a la Constitución, para construir el sistema estatal anticorrupción. Aprobaron muchos cambios, pero nunca consideraron los diputados ni el gobernador en sus iniciativas incluir entre las modificaciones una “mayor autonomía” para la ASE, seguramente porque nunca imaginaron lo que pasaría el 1 de julio.

El sistema estatal anticorrupción

Otro de los asuntos que el Congreso del estado no había abordado es el de la designación de la comisión que seleccionará al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema estatal anticorrupción. Como se sabe, el sistema anticorrupción está conformado por varias dependencias públicas y dirigido por un comité coordinador, el cual será presidido nada menos que por un miembro del CPC; ahí radica la importancia del perfil de quienes integrarán este órgano ciudadano, y desde luego, la relevancia de las personas que se encargarán de seleccionar a este CPC.

La ley 464 del sistema estatal anticorrupción, aprobada el 18 de julio de 2017 por la actual Legislatura, establecía en un artículo transitorio que los diputados debían emitir la convocatoria para nombrar a la Comisión de Selección del CPC durante los primeros 90 días de 2018. No lo hicieron en el plazo que los propios legisladores se impusieron, y apenas el 27 de julio publicaron la convocatoria, a escasos días de que concluyan su periodo.

La prisa por nombrar a dicha comisión es por lo menos sospechosa: no quieren que la próxima Legislatura, donde habrá mayoría de diputados de un partido que no es el del gobernador, se encargue de designar a la Comisión de Selección del CPC, pues es una pieza clave para el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción.

Más allá de señalar la premura, la convocatoria contiene varias especificaciones que ponen en entredicho los procedimientos para la designación de la Comisión de Selección, pues son ambiguos y poco transparentes, al contrario de lo que se esperaría en la construcción de un sistema anticorrupción.

Algunos trámites de la convocatoria son especialmente cuestionables, por ejemplo, las entrevistas que harán los diputados a los aspirantes de la Comisión de Selección no serán públicas, cuando en otras entidades son completamente abiertas y hasta transmitidas por las plataformas electrónicas. Tampoco se harán públicos los documentos que hayan entregado los aspirantes para su inscripción, ni siquiera en versiones públicas, sólo un resumen curricular, y en consecuencia la ciudadanía no podrá saber acerca de su conocimiento técnico, plan de trabajo, experiencia académica, etc. No se hará pública la programación de entrevistas con los aspirantes.

No hay claridad sobre el procedimiento de consulta a la ciudadanía que establece la convocatoria, pues sólo menciona que se publicará la lista de los candidatos que cumplieron con los requisitos y un resumen curricular, y darán cinco días para que “puedan aportar a la Junta de Coordinación Política elementos de juicio”. No dice cuáles son los medios para hacer llegar las aportaciones de los ciudadanos, en qué formato, qué carácter tendrán, tampoco si organizarán reuniones o son aportaciones individuales, lo cual invalida prácticamente la consulta al no contar con reglas y alcances de la participación.

Y aunque la octava base de la convocatoria establece que la propuesta de Comisión de Selección que se llevará al Pleno del Congreso se efectuará “respetando los principios de transparencia, máxima publicidad (…)”, lo cierto es que predomina la opacidad, ya que los organizadores ni siquiera ofrecen que harán públicos los dictámenes sobre cómo llegaron a la propuesta que llevarán al Pleno del Congreso.

Finalmente, hay que decir que la actual Legislatura guerrerense, hoy tan comedida por la transparencia, la autonomía de la ASE y el sistema estatal anticorrupción, se va sin haber resuelto la instalación del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y sin atender el bajísimo presupuesto que recibe ese organismo -empantanando el avance de la transparencia y la rendición de cuentas en el estado-, sin contar que durante tres años no hizo nada para ocuparse de su propia opacidad como órgano legislativo ni la de los diputados en lo individual.

Una cínica iniciativa

Como parte del paquete de cambios de última hora a la legislación en Guerrero está la que presentó el diputado Samuel Reséndiz Peñaloza. Nadie puede estar en desacuerdo con que los legisladores sean evaluados, en especial los diputados guerrerenses de quienes la población tiene una percepción negativa de no representar a quienes votaron por ellos, de sumisión al gobernador en turno, y de que es un órgano donde escasea la transparencia, no hay rendición de cuentas y sí un uso discrecional de recursos públicos.

Lo que parece surrealista no es que el diputado Samuel Reséndiz proponga una adición a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para crear el Sistema de Evaluación de Diputados, a efecto de valorar su desempeño, eso está muy bien, sino que lo haga a un mes de que deje su puesto de legislador.

Los diputados de la actual legislatura no se preocuparon en tres años por vigilar que se implementaran evaluaciones en todas las dependencias públicas de la entidad, como lo exige el artículo 134 de la Constitución federal desde 2007. De hecho, en Guerrero, salvo algunas evaluaciones efectuadas durante la administración de Ángel Aguirre -muy costosas por cierto- no hay evidencia de que este importantísimo y necesario paso para mejorar las políticas públicas se realice en el estado.

Lo único positivo del diputado Reséndiz Peñaloza es que hizo visible una carencia muy vigente en Guerrero. Lo ideal es que los actuales diputados aprueben la iniciativa para evaluar el desempeño de los legisladores entrantes, pero nada impide que se apruebe también la aplicación de una evaluación ex post al trabajo que realizaron los diputados a lo largo de tres años, como un precedente positivo para las siguientes legislaturas.

Es importante que también legislen para establecer parámetros de evaluación a los poderes Ejecutivo, Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos, pues es impreciso lo que dice el legislador Reséndiz Peñaloza cuando afirma que “el gobernador y todos los servidores públicos ya son evaluados y fiscalizados”. El gobierno del estado y los ayuntamientos, aunque elaboraron planes estatal y municipales de desarrollo, éstos no cuentan con indicadores para conocer el estado de los avances. Tampoco se conocen evaluaciones de programas y políticas públicas específicas; de hecho, no hay evaluación de la gestión pública en Guerrero, pues los informes de gobierno y comparecencias de los secretarios no son propiamente evaluaciones.

Por cierto, será muy saludable para la vida pública del estado si en las evaluaciones se incorpora a la participación ciudadana, ya que con ello la legitimidad de nuestras instituciones se incrementará notablemente.

En otros estados

En Sonora, el Congreso buscó aprobar una reforma al artículo 57 de la constitución política de la entidad que facultaba al Ejecutivo oponerse a una ley o decreto que el poder Legislativo le enviara para su promulgación, es decir, abría la posibilidad de que la gobernadora Claudia Pavlovich pudiera vetar iniciativas impulsadas por la oposición que contravinieran los intereses de su administración. Finalmente, el 18 de julio se retiró la intención de la modificación por la presión de organizaciones civiles y militantes del partido Morena.

En Veracruz, el 25 de julio, los diputados panistas, perredistas y dos priistas aprobaron el nombramiento de Marcos Evén Torres Zamudio como fiscal anticorrupción de Veracruz. De acuerdo con una nota de La Jornada, Torres Zamudio fue director jurídico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de los Paracentroamericanos (JCPC) de 2014, en el gobierno de Javier Duarte. La organización de ambas competiciones fue objeto de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por la malversación de 800 millones de pesos. Los diputados de Morena, PRI y Juntos por Veracruz manifestaron su rechazo a la imposición del fiscal y exhortaron a los participantes de la convocatoria para la designación del cargo referido a acudir ante los tribunales.

Finalmente, en Morelos, de acuerdo con información de la agencia Proceso (24 de julio de 2018), el gobierno estatal hizo las modificaciones necesarias en la legislación para que la administración de Graco Ramírez no entregue información documental durante el proceso de entrega-recepción al gobierno entrante de Cuauhtémoc Blanco. En efecto, en el periódico oficial Tierra y Libertad del 13 de julio, se publicó el Decreto en el cual el gobierno de Graco Ramírez realizará el proceso de entrega-recepción “sin que esto implique la entrega de documentación alguna” (ver http://periodico.morelos.gob.mx/ejemplares.php).

Carta al gobernador: persiste la impunidad en transparencia

Publicado en El Sur, Periódico de Guerrero

Ciudadano gobernador: Me dirijo a usted con el respeto que merece el cargo que le confirió la sociedad. En los últimos años la transparencia y el acceso a la información, pilares de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, ha avanzado en el estado de manera intermitente, aletargada y muy dispareja entre quienes tienen obligaciones en esta materia. Las últimas reformas a la legislación que permitieron construir la política nacional de transparencia dieron un jalón significativo al subsistema estatal, pero esto no ha sido suficiente, por diferentes motivos (inercias y vicios burocráticos, resistencias institucionales) que han obstaculizado la instrumentación de esta política pública en la entidad.

La implementación de la nueva ley general de transparencia en el estado se acompañó de los necesarios procesos de sensibilización, información, capacitación, asesorías y muchas facilidades para que todas las dependencias pudieran cumplir sus obligaciones en los tiempos que marcaba la norma, siempre guiados y apoyados por los órganos garantes nacional (INAI) y local (Itaigro) para que todos los sujetos obligados pudieran adoptarla sin contratiempos. Es cierto, ha sido un proceso complejo, pero no imposible de aplicar.

No obstante estas oportunidades y flexibilidad para adoptar la política de transparencia en los tiempos que la propia ley señala, todavía hay numerosos sujetos obligados que se han rezagado y lo peor, que han hecho caso omiso de las nuevas reglas, especialmente los ayuntamientos del estado. Cierto, este orden de gobierno tiene su autonomía, pero como explicaré más adelante también tiene una relación estrecha con la administración que usted encabeza.

El sistema nacional de transparencia es producto del esfuerzo de muchos funcionarios, legisladores y también de la sociedad civil especializada que participó de manera relevante en la confección de la ley general, por medio del parlamento abierto. Hoy tenemos una norma homogénea para todas las dependencias públicas del país, y esa es una de las mayores virtudes del sistema nacional. Incluso, con el impulso de su administración, ciudadano gobernador, en el estado se aprobó la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, homóloga local de la ley general.

Uno de los trabajos más significativos del sistema nacional fue crear una plataforma nacional de transparencia para la gestión de información, y hoy es realmente todo un reto que los sujetos obligados –en el estado, según el Itaigro suman 208–, alimenten y actualicen su información en dicha plataforma.

Precisamente a los sujetos obligados les ha tocado crear procedimientos e institucionalizarlos por medio de la formación de unidades y comités de transparencia para poder cubrir las obligaciones de transparencia, gestionar las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de revisión en la plataforma nacional.

En este arduo trabajo, los resultados son variopintos, algunas dependencias cumplieron bien, otros están en la medianía y la mayoría francamente no ha cumplido. En estos últimos se observa que su incumplimiento no es por falta de capacitación ni asesoría, pues recibieron la necesaria para cubrir sus obligaciones, sino por falta de disposición y voluntad políticas para integrarse al sistema nacional de transparencia.

El eslabón faltante

Ciudadano gobernador: la ley de transparencia es un instrumento jurídico que establece derechos y obligaciones de ciudadanos y gobierno, así como los procedimientos para hacerlos valer. Sin embargo, algo está fallando en la articulación de los diferentes actores locales del subsistema de transparencia en el estado, ya que destaca un componente del engranaje que no está funcionando y que consideramos está propiciando una alarmante impunidad.

No es la primera vez que me refiero a este problema en Monitor de Guerrero, ciudadano gobernador. Desde que entró en vigor la primera ley de acceso a la información en el estado, en junio de 2006, y hasta la fecha, no se ha cobrado una sola multa en el estado a quienes por infracciones a esta norma. Aunque no hay evidencia documental, no es difícil suponer que los altos niveles de incumplimiento a las obligaciones de transparencia se relacionan directamente con la lamentable impunidad que ha prevalecido hasta la fecha.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, órgano al que le corresponde garantizar que la ley se cumpla, si bien ha emitido algunas sanciones a diversos sujetos obligados -aunque también hay que decir que tienen un importante rezago al respecto-, no ha realizado con eficacia su responsabilidad de vigilar que las sanciones económicas se hagan efectivas. Es una tarea que directamente le corresponde realizar al instituto y por tratarse de un organismo con autonomía, a usted, ciudadano gobernador, no le corresponde establecer sus parámetros de comportamiento.

Sin embargo, hay un actor gubernamental que es el responsable, de acuerdo con la ley, de hacer efectivas las multas económicas a los infractores y éste sí depende directamente de usted. El artículo 206 de la ley 207 de transparencia, segundo párrafo, dice textualmente: “Las multas impuestas como sanciones administrativas de acuerdo con esta ley, serán ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través de los procedimientos que las leyes establezcan”.

Sin embargo, sabemos que la Sefina no está haciendo efectivas las multas, y en cada ocasión que solicitamos información sobre el tema, da una respuesta diferente. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 2015 -cuando usted ya era gobernador del estado- solicitamos a esa Secretaría la descripción del “Procedimiento que sigue la Sefina para la aplicación de las multas en materia de transparencia. [Además] Copia de los recibos pagados por las dependencias públicas por no acatar la ley de transparencia”.

La respuesta fue “que a la fecha en esta Dirección General de Recaudación a mi cargo, no se ha recibido ninguna multa”, sin explicar si contaba con algún procedimiento.

También en febrero de 2017 publicamos en este espacio la denuncia de que en Guerrero nunca se había cobrado una sola multa a los infractores de la ley de transparencia. En esa ocasión, la Secretaría afirmó categóricamente que de mayo de 2016 a enero de 2017 no había recibido del Itaigro ningún documento de solicitud de cobro de multas. Sin embargo, por medio de solicitudes de información conseguimos documentos que echaron por tierra la afirmación de la Sefina, ya que el Itaigro nos entregó 33 oficios enviados a la secretaría, con atención al entonces secretario Héctor Apreza Patrón; los oficios tenían el sello de recibido de la dependencia de fecha 7 de septiembre de 2016.

Recientemente intentamos de nueva cuenta buscar respuestas. El 16 de mayo de 2018 se presentaron dos solicitudes de información, que a la letra dicen: “Relación de sujetos obligados multados por infracciones a la ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de Guerrero, en el periodo 6 de mayo de 2016 a la fecha, desglosados por fecha, sujeto obligado, concepto por el que su multa y monto de la multa”. Igualmente se requirió a la Secretaría “Copia de los oficios enviados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero para hacer efectivo el cobro de multas económicas a los sujetos obligados que incumplieron la ley de transparencia, del 6 de mayo de 2016 a la fecha”.

Ciudadano gobernador, le comento que la Secretaría de Finanzas y Administración de su gobierno no respondió a estas solicitudes de información en el plazo que establece la ley, y por ese motivo se presentaron sendos recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia. Sin embargo, en una respuesta extemporánea, la Sefina da información que consideramos muy delicada, toda vez que revela la inexistente coordinación entre dicha la Secretaría y el Itaigro para el cobro de multas, en detrimento de la transparencia y el acceso a la información en el estado.

Jorge Humberto Arrieta y Jiménez, Director General de Recaudación de la Sefina, en su respuesta cuestiona la manera en que el Itaigro ha presentado sus expedientes. “En el caso de las sanciones económicas, multas y pliegos de responsabilidades, la resolución deberá ser determinada para cada uno de los sancionados, especificando el importe a cobrar por cada uno de ellos”, dice el funcionario y agrega: “Lo anterior, en razón de que dejan imposibilitada a esta Autoridad para realizar el cobro en forma oportuna y efectiva, ocasionando un perjuicio a las finanzas del Estado, ya que se utilizan recursos públicos para la gestión del cobro y no es recuperable, dado que sus resoluciones [del Itaigro] traen vicios de origen en la notificación que imposibilitan la recuperación del cobro coactivo del Estado”.

Arrieta y Jiménez concluye que la Sefina “se abstendrá de recibir documentos determinantes de créditos fiscales que no reúnan los requisitos antes señalados”.

El oficio de la Sefina describe dos tipos de requisitos a efecto de “estar en condiciones de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución”. En primer lugar, se refiere a la identidad y ubicación del deudor (nombre, RFC, domicilio) y en segundo, a la determinación de la multa fiscal, en la que requiere la autoridad que termina la multa, el documento determinante de la multa, número de resolución y fecha, concepto por los que se originó la multa, importe, y constancia de notificación y citatorio, entre otros.

En la respuesta de la Sefina se entrevé que el Instituto de Transparencia no ha entregado con la formalidad requerida sus expedientes para hacer efectivas las multas. Pero la pregunta es, y esto seguramente también es de su interés, ciudadano gobernador: por qué luego de muchos meses de “coordinación” entre la Sefina y el Itaigro no se ha logrado solventar este tipo de insuficiencias formales.

Ciudadano gobernador, su administración, al no atender este problema, contribuye a que continúe la impunidad en materia de transparencia y acceso a la información.

Respuesta del Itaigro

En su respuesta a una solicitud de información, presentada también en mayo de 2018, el Itaigro informa que envió tres oficios para solicitar a la Sefina el cobro de multas. En el primero, fechado el 26 de octubre de 2016, le informó a la Secretaría sobre 45 sujetos obligados que fueron sancionados con 14 mil 608 pesos cada uno. El 7 de mayo de 2017 enviaron a la Sefina tres expedientes con sus respectivos acuerdos de incumplimiento; y el 3 de abril de 2018 se le hicieron llegar siete expedientes de sujetos obligados que no cumplieron con la entrega de información. Como información al margen, a abril de 2018, no había ningún sancionado por no cumplir con el 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia, no obstante que ningún sujeto obligado lo hace.

El primer documento donde el órgano garante envía a la Sefina 45 expedientes para hacer efectivas las multas se hace alusión a un “convenio de colaboración administrativa para el cobro de multas administrativas estatales” firmado entre ambas dependencias el 16 de octubre de 2015. Sin embargo, tal parece que son dos dependencias que nunca hubieren tenido ningún tipo de acercamiento.

Esta falta de articulación entre dos dependencias se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo de la transparencia en el estado. Lo peor de todo, ciudadano gobernador, es que este problema no está en vías de solución. Incluso, solicitamos tanto al Instituto de Transparencia como a la Secretaría de Finanzas una entrevista con algún funcionario para que emitieran su versión sobre esta problemática, y simplemente decidieron no responder.

Los sujetos obligados del estado deben entender que, ante las infracciones a la ley de transparencia, sí hay consecuencias jurídicas y cero impunidad; de lo contrario, continuarán con sus omisiones y Guerrero se estancará en esta materia.

Por lo pronto, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso de estado hay muchísimos funcionarios que están a punto de concluir sus mandatos sin haber cumplido con sus obligaciones de transparencia, y otra nueva camada de servidores públicos gozarán de impunidad.

Invitación

El 8 de agosto de 2018 inauguramos un espacio radiofónico para tratar temas como los que aquí abordamos. Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas, se transmitirá todos los miércoles a las 10 horas en la frecuencia 106.3 de FM. Los esperamos.

¿Fin a los gastos de gestoría social?

El Sur, periódico de Guerrero

El escándalo que protagonizó la senadora Layda Sansores –virtual candidata electa por la alcaldía de Álvaro Obregón en la Cdmx– sobre el uso de recursos públicos para compras de carácter personal puso otra vez en la mesa de discusión la manera poco ética e ilegítima en que se reparten bolsas de recursos del erario a algunos representantes populares (senadores, diputados, regidores), con la etiqueta engañosa de gastos de gestoría social, pero que son usados discrecionalmente y sin ninguna transparencia. Evidentemente, no es un asunto exclusivo de la senadora Sansores, sino de todos los legisladores de la Cámara alta, de los diputados federales, incluso, en el caso del estado de Guerrero, también de los diputados locales, y los síndicos y regidores de ayuntamientos importantes como Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, por lo menos.

‘“Ni un pinche peso he tomado’ del dinero público”, tituló una nota el diario El Universal del 21 de junio, en donde la senadora se defendió de lo que llamó un infundio de la conductora del programa En Punto de Televisa, Dennise Maerker. Y es que en una de sus ediciones, Maerker dio a conocer facturas por 700 mil pesos de diversos objetos como electrodomésticos, despensas, tintes de cabello, etc., que habrían sido gastados con cargo al Senado, pero Sansores se defendió diciendo que “de los dineros destinados a servir al ciudadano, a atenderlo y apoyarlo ni un pinche peso he tomado, que lo oigan bien”, de acuerdo con la nota del periódico capitalino.

Lo que fue inexplicable es que la senadora Sansores recibió el apoyo de sus copartidarios: de Martí Batres –senador electo–, de Claudia Sheinbaum –jefa de gobierno de la CDMX electa–, del propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y hasta de la designada para ocupar la Secretaría de la Función Pública, la guerrerense Irma Eréndira Sandoval. Ninguno de ellos cuestionó que los recursos que recibe Sansores y todos los senadores para su uso discrecional son por lo menos cuestionables. Al final, la senadora aceptó que los gastos que se exhibieron son a cuenta de una partida que reciben todos los senadores, aunque nunca se refirió a la legitimidad o no de su ejercicio.

 La voz de las OSC

Luego de este escándalo de la senadora Sansores San Román, varias organizaciones dedicadas al estudio de la transparencia y la rendición de cuentas como Fundar, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Borde Político y Transparencia Mexicana, demandaron al Senado de la República dar a conocer los recursos destinados a “asignaciones de los grupos parlamentarios”, es decir, de la partida 39903, con un monto de mil 51 millones de pesos, “equivalente a 21.4 por ciento del presupuesto total del Senado, según información de El Economista, de su edición del 21 de junio de 2018. Estos recursos son distribuidos proporcionalmente, de acuerdo con la integración del pleno, es decir, los grupos parlamentarios más grandes reciben cantidades mayores.

El problema radica, dijeron las organizaciones, en que los grupos parlamentarios son lo que definen los criterios de designación, ejecución y comprobación de erogaciones y además no hay información al respecto. “Incluso la Auditoría Superior de la Federación refirió, en el Informe de Cuenta Pública 2016, que ‘no se contó con la información que permita evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos’ en relación con la partida 39903, Asignaciones a los Grupos Parlamentarios. La misma observación se hizo a la Cámara de Diputados”, señalaron las OSC, reseñadas por El Economista.

Concluyeron que con este escenario es difícil que el Senado contribuya a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y los servidores públicos, por lo que llamaron a transparentar los criterios de asignación de los recursos y su ejecución.

 El Congreso de Guerrero

Los legisladores guerrerenses también reciben cuantiosos recursos que gastan a su arbitrio, adicionales a su salario. Es una partida que hasta hoy es totalmente opaca y de la que pocos saben en qué se gastan los recursos, si bien este año se publicaron montos globales por exigencia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, ese dinero es utilizado totalmente de manera discrecional, sin un plan o programa institucionalizado que permita observar las metas, objetivos e impactos de su ejercicio.

Por ejemplo, en la cuenta pública de 2014 del Congreso de Guerrero (en el documento Estado de Actividades), en el rubro de Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, hay un ejercicio de 289.4 millones de pesos para Ayudas Sociales, que representan el 52 por ciento del total ejercido en ese año por 556.7 millones de pesos. Al siguiente año, el gasto por este concepto fue por 239 millones de pesos, y en el ejercicio 2016, se gastaron 271.6 millones de pesos. Para el ejercicio 2017, la partida de ayudas sociales fue por 258.9 millones de pesos.

Si se realiza una estimación de lo que recibe cada diputado por este concepto, a cada uno le correspondería del orden de 5.6 millones de pesos anuales, que puede utilizar para crear clientelas políticas, para su posicionamiento personal o para gastarlo en asuntos personales. Para transparentar estos recursos no existen obligaciones. En solicitudes de información al Congreso local hemos preguntado sobre este asunto y la respuesta es que los legisladores tienen sus propios mecanismos de control. “Cada diputado ejerce su propio mecanismo de control y vigilancia de acuerdo a su propia gestoría. Asimismo, este H. Congreso remite un informe semestral a la Auditoría General del Estado”, nos respondieron en aquella primera ocasión en que indagamos sobre los gastos de gestoría de los diputados.

El partido Movimiento de Regeneración Nacional obtendrá la mayoría de diputados en la siguiente legislatura del Congreso del estado, ¿terminarán con estos privilegios que distraen la mitad del presupuesto del órgano legislativo? o ¿Sucumbirán ante el dulce de gastar tantos millones de pesos sin comprobación ni transparencia?

 Síndicos y regidores

A principios del año anterior presentamos un paquete de solicitudes de información para preguntar a los ayuntamientos si entregaban a sus síndicos y regidores recursos para gastos de gestoría. La negativa a responder de la mayoría de las administraciones municipales se convirtió en la nota de esta investigación. Gradualmente han respondido, presionados por las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), y la mayoría de los ayuntamientos no tiene bolsas especiales para repartir entre sus ediles.

Hay casos en que existen resoluciones del Itaigro e incluso acuerdos de incumplimiento, pero la información, a 18 meses de que presentamos las solicitudes de información, todavía no llega a nuestras manos.

El municipio de Arcelia, por ejemplo, respondió a destiempo el 9 de noviembre de 2017, pues ya se había emitido una resolución del órgano garante y un acuerdo de incumplimiento en donde se aplican multas al titular de transparencia y al alcalde, por no entregar información en tiempo y forma. Por cierto, a la fecha, no sabemos si realmente se aplicaron las multas o estas omisiones siguen impunes.

Al ayuntamiento de Ahuacuotzingo se le emitió una resolución para que entregue información desde el 8 de junio de 2017. A la fecha no se tiene acuerdo de incumplimiento ni ha entregado información, por lo que sigue impune.

Acatepec solicitó al Itaigro sobreseer la resolución en su contra, y argumenta que “Con fecha 5 de enero del 2017 [se presentó la solicitud de información], y si bien es cierto que esta no fue contestada dentro del plazo que otorga la Ley en la Materia, el día 15 de mayo del presente año [de 2018, es decir, 17 meses después] brindamos contestación a la solicitud de información”.

Otros que tienen resolución del órgano garante para que entreguen la información y no lo han hecho son Atlamajalcingo, Chilapa, Coahuayutla,Cochoapa, Cuetzala, General Heliodoro Castillo, Huitzuco, Juan R. Escudero, Olinalá, Tecoanapa, Tlapehuala, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zihuatanejo.

 Acapulco y Chilpancingo

Hace apenas cuatro días, las regidoras de Acapulco, Gloria Sierra López y Alma Juárez Altamirano externaron su preocupación por que “la administración municipal todavía no paga a los regidores el gasto de gestoría que les entrega cada mes los días 20 o 21”, según una nota de El Sur del 29 de junio de 2018.

Sin duda, es válida la preocupación de estas integrantes del cabildo de Acapulco, quienes reciben mensualmente recursos como gasto de gestoría. Sin embargo, lo que se debe someter a discusión es que es un recurso que se gasta de manera dudosa, como lo documentamos en dos entregas de Monitor de Guerrero a principios de año. En ese entonces, con base en cerca de 14 mil hojas de comprobaciones -obtenidas por la vía de solicitudes de información-, encontramos que había muchas dudas acerca de que el total de ese dinero se destinara realmente en apoyo a la gente, ya que destacamos las numerosas irregularidades que presentaban los documentos.

De acuerdo con el reporte que publicamos, durante 2016, los regidores y regidoras de Acapulco recibieron mensualmente cheques por 70 mil pesos por concepto de “gastos de orden social, subsidios, apoyo social, materiales, suministros y gastos en general necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”, de la cuenta de Recursos Propios del ayuntamiento de Acapulco.

Pero adicionalmente, recibieron 70 mil pesos mensuales por concepto de “subsidio adicional por gestoría social en cumplimiento de sus funciones, necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”. En total, cada regidor o regidora recibió del orden de un millón 680 mil pesos en 2016, de acuerdo con los documentos del ayuntamiento que revisamos.

En otro caso, al gobierno municipal de Chilpancingo también le hicimos la misma pregunta sobre los gastos de gestoría de sus síndicos y regidores; el ayuntamiento no respondió y el órgano garante emitió una resolución el 17 de octubre de 2017 para que entregara la información, dándole un plazo de 10 días hábiles para cumplir o de lo contario se haría acreedor a una multa económica de 10 mil 956 pesos, “con independencia de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de los servidores públicos”.

El ayuntamiento de Chilpancingo continuó con la negativa y el 1 de marzo de 2018 emitió un acuerdo de incumplimiento mediante la que hizo efectiva la multa al titular de la unidad de transparencia del gobierno municipal y además dio un plazo de cinco días hábiles para que el alcalde de Chilpancingo, como superior jerárquico, cumpla la resolución del Itaigro o también será multado o incluso, puede ser sujeto de un procedimiento de responsabilidad administrativa.

El caso de Chilpancingo es el ejemplo más claro de cómo no están funcionando las instituciones que deben garantizar el acceso a la información de la ciudadanía. De una solicitud de información presentada el 5 de enero de 2017, aún no se tiene la información, por la negativa a entregarla de un sujeto obligado, por un órgano garante que retrasó la resolución y el acuerdo de incumplimiento y por una Secretaría de Finanzas y Administración que no cobra multas. A 18 meses de presentada la solicitud, el ayuntamiento de Chilpancingo continúa sin entregar la información y tal vez termine la administración municipal sin entregarla y en la impunidad.

 Colofón

La gran cuestión de los gastos de gestoría no es que los representantes populares dispongan o no de dinero para canalizarlo a personas de bajos recursos o a proyectos de beneficio colectivo -eso podría ser legítimo si hubiese reglas claras-, sino su utilización discrecional, su opacidad y su comprobación deficiente.

Ésta es indudablemente un “área de oportunidad” en la que puede influir el nuevo gobierno de la república, los legisladores entrantes y las síndicos y regidores de Guerrero. La ciudadanía es cada vez más exigente con la información y será muy saludable que se regularice este tipo de gastos.

En efecto, como parte de su cruzada anticorrupción, los representantes populares electos del partido Movimiento de Regeneración Nacional, particularmente, tienen en sus manos desaparecer o reencauzar estas bolsas de dinero público hacia objetivos sociales, estableciendo reglas claras para su distribución y una estricta transparencia en su ejercicio con vigilancia ciudadana. La pelota está en su cancha.