Publicación de las cuentas públicas en Guerrero

El Sur, Periódico de Guerrero

Hasta hace algunos años, las cuentas públicas en Guerrero eran un tema exclusivo de unos cuantos, escondido para la mayor parte de los guerrerenses; la opacidad con que se manejaba esta información tenía entre sus causas la inexistencia de normas homogéneas y generales en el país para la administración y el registro de las finanzas públicas, pero especialmente, la poca inclinación de quienes ejercían el gasto público para rendir cuentas, una de cuyas inercias era precisamente negar o evitar su difusión amplia.

En contraparte, ha sido un reclamo constante de la ciudadanía conocer cómo gastan los gobernantes los recursos públicos, una exigencia que persiste hacia los diferentes órdenes de gobierno.

Al día de hoy se ha avanzado significativamente en la legislación de varias leyes generales, aplicables en todo el país, y también se inició la construcción de sistemas nacionales como el de transparencia, el de fiscalización o el de combate a la corrupción. Para el caso específico de las cuentas públicas, tal vez la norma más relevante sea la Ley General de Contabilidad Gubernamental (2009), a partir de la cual se establecieron criterios generales para el registro de los temas financieros tanto en la federación, como en los gobiernos estatales, ayuntamientos, y órganos autónomos, y de manera particular, se legisló la obligación de difundir esta información en canales públicos, como ya se establecía en las leyes de transparencia que regían en el primer lustro del siglo.

Algunos resultados de estos procesos de construcción institucional ya se pueden palpar. El gobierno del estado ya publicó las cuentas públicas de 2016 y 2017, y adicionalmente ya difunde en su portal electrónico las cuentas de 2005 a la fecha, todo a partir del empuje de las leyes aprobadas en los últimos años y a la construcción de un andamiaje institucional ordenado por éstas.

A la ciudadanía, a los medios de comunicación nos corresponde cerrar el círculo de la llamada rendición de cuentas revisando y escrutando con lupa esta información. Si bien los datos de cuenta pública son complejos y no siempre de fácil comprensión, son muy útiles para aproximarnos y conocer cómo se ejercieron los recursos en la entidad de manera general: lo siguiente es pedir información de temas específicos y exigir explicaciones de por qué gastaron los recursos como los gastaron.

En Guerrero, la historia de la publicación de las cuentas públicas ha sido azarosa, transcurrieron varios años antes de que este tipo de documentos se difundieran entre públicos amplios. Las tres leyes de transparencia que han regido al estado desde 2006, la propia ley general de contabilidad, así como los sucesivos decretos de presupuesto de egresos consideraban la obligación de los gobiernos de publicarlas, pero regularmente nunca se hacía.

Quien esto escribe, solicitó en varias ocasiones las cuentas públicas de las dependencias y entidades gubernamentales, que por ley deberían publicarse tanto en el periódico oficial del estado como en los portales electrónicos del gobierno. Sin embargo, la información sistemáticamente fue negada; la última vez sucedió en febrero de 2015 cuando solicité los informes de cuenta pública del gobierno del estado y los presupuestos de egresos del estado de los ejercicios 2005 a 2012. La respuesta de la Sefina fue que solicitara las cuentas públicas al Congreso, y los presupuestos, a la oficina del periódico oficial del estado, pero la Ley orgánica de la administración pública estatal establecía en su versión anterior que la Secretaría de Finanzas era la responsable de “establecer y llevar el sistema de contabilidad gubernamental” y  “concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de Egresos (…)” (fracciones XVII y XXI del artículo 22 de dicha ley).

Luego de ganar un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, y después de un año de litigio, a principios de 2016 se me entregó la información, pero lo mejor fue que la Sefina publicó los informes de cuenta pública y los presupuestos en el portal del gobierno y hoy pueden ser consultados.

Sin embargo, de las cuentas públicas de 2005 hacia atrás, nadie sabe nada. Recientemente, la Sefina, en una resolución de su comité de transparencia, declaró la inexistencia de los informes de cuenta pública, así como de los presupuestos de egresos del estado, del periodo 2000 a 2005.

Hoy, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece criterios para la presentación de este tipo de información dirigido a todas las entidades públicas, a saber: un informe general, estados financieros, información contable, presupuestaria y programática, así como sus anexos. Los sujetos que deberán presentarla en el caso de las entidades federativas son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y los órganos autónomos.

 La cuenta 2017

Lo que salta a la vista de las dos más recientes cuentas públicas (2016 y 2017) que difunde la Sefina son los recursos excedentes que ingresan a la entidad respecto de lo presupuestado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero. Recibir recursos adicionales evidentemente es positivo para el estado, pero no lo es, sin embargo, dar carta de naturalización a esta práctica de presupuestar menores cantidades de recursos, ya que amplía el margen de discrecionalidad de las autoridades que deciden en qué y cómo se gasta.

De acuerdo con el documento Estado Analítico de Ingresos, publicado en el portal del gobierno, en el ejercicio 2017 se presupuestaron 50,351.7 millones de pesos, pero a lo largo del año se recaudaron 64,688.5 millones, es decir, al final se obtuvieron 14,336.8 millones adicionales. Cabe mencionar que en esta cantidad se incluyen 2,950 millones de pesos de ingresos derivados de financiamientos.

La mayor tajada de estos recursos adicionales, en números absolutos, se destinaron al Ejecutivo, con 6,703.2 millones de pesos (46.7 por ciento del total), según el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Le siguieron el sector paraestatal con 2,867 millones, los municipios con 1,601 millones, y los órganos autónomos con 487.2 millones de pesos adicionales.

Si se observa la clasificación administrativa por dependencias del ejercicio del presupuesto hay un tema que llama mucho la atención: la asignación desproporcionada de recursos adicionales a algunas dependencias. Por ejemplo, al inicio de 2017, la Sefina tenía un presupuesto de 466.6 millones de pesos y al final del ejercicio ya tenía 2,788.6 millones, sin duda un brinco espectacular de casi 500 por ciento que requiere una explicación. En el mismo caso se encuentra la Secretaría de Educación de Guerrero, que tenía un presupuesto aprobado de 18,666 millones y al final alcanzó 22,191.8 millones de pesos.

Otras dependencias del Ejecutivo a las que se les asignaron recursos excedentes son la Secretaría General de Gobierno, que de 323.6 millones de pesos presupuestados a inicios de 2017 pasó a 518.8 millones; la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, cuyo presupuesto originalmente aprobado era de 780 millones y llegó a 1,001 millones; y la Oficina del Gobernador, que de 18.2 millones incrementó su presupuesto a 236.6 millones, lo que significa en términos relativos un incremento de 1200 por ciento. ¿Cuál es la explicación a este aumento?

En el caso del sector paraestatal, los incrementos más destacados respecto a lo presupuestado a principios de año fueron los del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular), con 988.5 millones; el Colegio de Bachilleres, que recibió 540.4 millones adicionales, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, con 528.3 millones, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con 303.2 millones adicionales; el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos con 201 millones; y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que recibió 131 millones adicionales a su presupuesto original.

Respecto de los órganos autónomos, las dependencias que sobresalen son la Universidad Autónoma de Guerrero, que pasó de un presupuesto de 2,443.4 a 2,784 millones de pesos, así como la Fiscalía General del Estado, que pasó de 829 millones a 998.3 millones de pesos en el ejercicio 2017.

Pero también hubo dependencias que disminuyeron su presupuesto aprobado por el Congreso del estado al comienzo del ejercicio 2017. Un primer tema es que se dejó de pagar un alto porcentaje de deuda pública, es decir, de 1,015.8 millones que se habían presupuestado, al final sólo se pagaron 340.4 millones de pesos. Las secretarías de Seguridad Pública y la de Protección Civil vieron disminuir su presupuesto en 175.2 millones y 143.9 millones de pesos respectivamente.

El sector salud también resultó afectado por las modificaciones en el presupuesto. De acuerdo con del documento Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, la Secretaría de Salud tuvo una disminución de 127.8 millones de pesos; varios hospitales corrieron la misma suerte, por ejemplo, el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense tuvo una disminución de 69.1 millones de pesos, el de la Madre y el Niño Indígena, de 54.3 millones. Instituciones relacionadas con el sector salud como el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán”, que tuvo un decremento de 30.4 millones de pesos y el Instituto Estatal de Oftalmología, cuya reducción fue de 20.7 millones de pesos.

 Clasificación por objeto del gasto

Si se observa la clasificación por objeto del gasto, también en el documento Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del ejercicio 2017 se pueden observar algunas consideraciones relevantes.

Por ejemplo, destaca el rubro de servicios de comunicación social y publicidad, cuyo presupuesto considerado a principio de año fue de 69.9 millones, pero al final del ejercicio se incrementó a 324 millones de pesos, lo que equivale a 363 por ciento. Es un aumento que llama mucho la atención, ya que la discrecionalidad con que se otorgan recursos a los medios de comunicación, por la falta de criterios claros de asignación, es fuente de muchas críticas e impacta directamente a la libertad de expresión y en general a la construcción y fortalecimiento de una cultura democrática.

Otros rubros que destacan por el tamaño de los recursos adicionales que recibieron en 2017 son el de Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, cuyo presupuesto aprobado era de 45 millones y al final obtuvo 242.9 millones; y también el de Combustibles, lubricantes y aditivos, que pasó de 43.7 a 89.3 millones de pesos.

Para Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, a principio de año se presupuestaron 86.8 millones de pesos y al final obtuvo 1,010.5 millones. Los Servicios de traslado y viáticos pasaron de un presupuesto inicial de 39.2 millones a 173.2 millones, y el rubro de Otros servicios generales de 17 a 193.2 millones de pesos.

El rubro de Remuneraciones adicionales y especiales también sobresale de la lista, pues se habían presupuestado 1,625.1 millones al iniciar el año y terminó con 1,929.4 millones, es decir, hay un incremento de 304.2 millones de pesos.

Estos son sólo algunas observaciones obtenidas a partir de una revisión general a la información sobre el ejercicio de los recursos de 2017, publicados en el portal de transparencia presupuestaria del gobierno del estado. No es información cuya dimensión sea fácilmente comprensible para la mayoría de los ciudadanos, pero es necesario revisar y analizar para saber en qué y cómo gastan los recursos los gobernantes, a efecto de que la rendición de cuentas, desde una perspectiva ciudadana, se concrete.

Con el fin de presentar de manera sencilla esta información, en 2012 se emitió la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos dirigida a entidades y dependencias gubernamentales para que “elaboren y difundan en sus respectivas páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así como la estructura y contenido de la información que rija la elaboración de estos documentos sea con base en estructuras y formatos armonizados”.

Si bien el gobierno del estado ha elaborado versiones ciudadanas de estos documentos, lo hecho hasta ahora puede mejorarse, y sobre todo, promoverse y difundirse de manera amplia entre la población.