El Sur, Periódico de Guerrero
Los comités de transparencia de las dependencias públicas son instrumentos estratégicos para el fortalecimiento de la política de transparencia en Guerrero, pero no están dando los resultados que se esperaban, por diferentes motivos. El problema más común es que la mayoría de las dependencias gubernamentales o no han formado sus comités -por indiferencia de alcaldes y otros servidores públicos- o su integración fue meramente formal para evitar sanciones.
Sin embargo, hay otro grupo de comités de transparencia, especialmente de entidades públicas importantes como la Secretaría de Finanzas y Administración o el Tribunal Superior de Justicia del estado que están emitiendo resoluciones que en nada favorecen a la transparencia, pues sus decisiones están dirigidas a clasificar la información de interés público como reservada o confidencial, o de plano, declararla inexistente.
Los comités de transparencia tienen una función relevante dentro del andamiaje institucional de la rendición de cuentas, estrenado hace un par de años. Son una especie de autoridad y dirección o guía en las actividades de transparencia y acceso a la información dentro de las dependencias públicas.
Su integración está considerada en el artículo 56 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, por lo que las 208 dependencias públicas o sujetos obligados registrados en la entidad deben integrar su propio comité, como una instancia colegiada que coadyuve al cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Los integrantes del comité son nombrados por el titular del propio sujeto obligado y éstos “deberán tener un nivel jerárquico directivo o de toma de decisiones dentro de la estructura o integración” de la dependencia de que se trate.
Específicamente tienen la función de supervisar el riguroso cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ley y llevar a cabo la debida organización y conservación de archivos, así como el fortalecimiento de las acciones necesarias para garantizar que los procedimientos inherentes al ejercicio de acceso a la información pública se realicen de manera escrupulosa. Su importancia reside en sus funciones de análisis y toma de decisiones debidamente fundadas y motivadas sobre diversos aspectos del proceso de acceso a la información pública y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la ley.
La simulación en la integración de los comités, el desafío a la ley de los titulares de las dependencias que no han designado a sus integrantes, y el uso de estas figuras para ocultar información, son temas urgentes que requieren la intervención del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro), a efecto de dilucidar lo que consideramos una estratagema para ocultar datos importantes que debe saber la ciudadanía. Si estas prácticas se generalizan y no hay respuesta del Itaigro, tendremos en Guerrero una “opacidad legalizada”, pues el ocultamiento de datos se decidirá en los propios comités de transparencia.
El comité de la Sefina
Revisamos al azar la información de varias dependencias del estado en la plataforma nacional de transparencia para conocer más sobre sus comités de transparencia, y estos fueron los resultados.
Las resoluciones del comité de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Héctor Astudillo Flores son las más polémicas porque ponen en entredicho todos los pronunciamientos y la política de transparencia del Ejecutivo del estado. Como se sabe, la Sefina es la dependencia que maneja las finanzas del gobierno estatal de manera centralizada, por lo que las decisiones de su comité de transparencia repercuten prácticamente en todo el estado.
Por medio del acuerdo del 30 de junio de 2016 de su comité de transparencia, la Sefina clasificó como asuntos reservados las estrategias de fiscalización para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; los procedimientos de cobro y cancelación de multas; la contenida en los juicios, recursos y procedimientos administrativos que se encuentren en trámite; la información preliminar sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos.
También clasificaron como reservada la información y documentos de trabajo correspondientes a la integración de los Informes del ejercicio del presupuesto y Cuenta Pública; la información relativa a la configuración, análisis, diseño y programación de las redes, servidores computadoras, equipos personales, equipos de comunicación de voz y datos, sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y sistemas, entre otros; la contenida en las revisiones y auditorías aplicadas a la Sefina, así como la derivada de los procesos de solventación de observaciones y señalamientos; la concerniente a los bienes muebles e inmuebles que sean relacionados con la seguridad pública.
En el mismo acuerdo, decidió clasificar como confidencial “los contratos de trabajo, los expedientes laborales y médicos, así como las percepciones del personal de la Secretaría”.
El argumento del comité de transparencia de la Sefina para clasificar toda esta información es que en los últimos años se han documentado en la prensa agresiones (amenazas, extorsiones, privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio) “en perjuicio de servidoras y servidores públicos (…) cuya responsabilidad estaba vinculada al manejo de información financiera, fiscal o de recursos humanos, dando cuenta de la vulnerabilidad de aquellos cuya identidad es reconocida y ubicable por el desempeño propio de sus funciones”.
En suma, la clasificación de la información es resultado entonces de la ineficacia del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos en general y a la burocracia en particular. No es responsabilidad de los ciudadanos ni de quienes requerimos información pública esta situación, y en todo caso el comité de transparencia debió argumentar también el fracaso de la política de seguridad del gobierno del estado como una de las causales para la clasificación.
El Tribunal Superior
La opacidad también se fragua en el comité de transparencia del Tribunal Superior de Justicia del estado. En una de las actas públicas, los integrantes del comité clasifican como reservada la información sobre “los sueldos netos de: Magistrado presidente, Magistrado de sala y juez de primera instancia”. El argumento es que “la fracción V del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 114, fracción I, de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, establecen como información reservada aquella que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
Este mismo argumento se empleó en varias ocasiones por el comité de transparencia del Tribunal para ocultar información que le solicitaron diferentes ciudadanos, como los datos “sobre los aguinaldos que perciben los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, por categorías o nombramientos otorgados, desde archivista judicial hasta juez de primera instancia, respecto del año 2016”.
También se envió a la opacidad la información “sobre el otorgamiento de plazas de base o basificación a trabajadores administrativos del Poder Judicial del Estado en los años 2015 y 2016”; y datos sobre “el directorio de trabajadores de base y confianza, así como la remuneración bruta de todos los servidores públicos, de todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos y sistemas de compensación” de 2017.
Otras solicitudes de información que el comité de transparencia del Tribunal no quiso responder son “la cifra total de cédulas profesionales (o títulos) que tengan registradas en todo el Poder Judicial del Estado de Guerrero de los Licenciados en la carrera de Derecho”; tampoco la solicitud relativa a “Los cuatro últimos informes anuales sobre los ingresos, inversiones y de egreso del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero (…)”, y otra sobre “cuántas quejas se han presentado en el periodo del año 2017, contra jueces, magistrados por alguna falta administrativa, por corrupción…”
Éstas son algunas resoluciones del comité de transparencia del Tribunal Superior de Justicia del estado en donde prevaleció el creterio de enviar la información a la opacidad. Curiosamente el comité clasificó información diversa sobre remuneraciones y aguinaldos como reservada y confidencial, aparentemente para proteger a empleados y funcionarios, pero olvidaron cuidar la privacidad de varios de los solicitantes de información, ya que hicieron público su nombre y hoy están expuestos en la plataforma nacional de transparencia.
Por cierto, todas las resoluciones son firmadas por Adela Román Ocampo, que fungía como presidenta del comité de transparencia y “Magistrado Numerario del Tribunal Superior del Poder Judicial”. Hoy es candidata a la presidencia municipal de Acapulco por el partido de Morena, y no es bueno este antecedente en materia de transparencia.
Otras dependencias
Otra dependencia que revisamos es la Secretaría de Educación de Guerrero, por la cantidad de recursos que se invierten en este sector. Lo que encontramos es que su comité de transparencia no ha realizado ninguna sesión y sólo publica que “hasta el momento el comité no ha realizado ninguna resolución, por la toma de oficinas” y también “por el temblor del mes de septiembre, no se han realizado resoluciones en virtud de que se están realizando visita a las escuelas dañadas por los sismos”.
El comité de transparencia de la Secretaría de Salud, no obstante que es también un sector estratégico en el que se invierten muchos recursos, tampoco ha realizado ninguna sesión.
El comité de la Secretaría General de Gobierno sí ha realizado sesiones, algunas para declarar la inexistencia de información. Por cierto, como parte del comité de transparencia en 2017, el recién designado fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y la actual comisionada del Itaigro, Mariana Contreras Soto, eran presidente y secretaria técnica, respectivamente, del comité de transparencia de esta dependencia.
El Congreso del estado realizó sólo una sesión de su comité de transparencia, donde puso a consideración sus tablas de aplicabilidad y un reglamento de funcionamiento interno para el procesamiento de solicitudes de información. Esta única reunión fue el 11 de julio de 2017, es decir, a más de un año de la aprobación de la ley 207 de transparencia del estado.
El comité de transparencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, registró sesiones, pero sus vínculos electrónicos no llevan a ninguna parte. En tanto que la Universidad Autónoma de Guerrero realizó tres sesiones donde exhorta a sus áreas a facilitar información, espacios equipo y un secretario técnico y para proponer un proyecto de lineamientos de protección de datos personales de la UAG.
Ayuntamientos
En los municipios se presenta un panorama pobre en la integración y funcionamiento de comités de transparencia, no obstante que es en este orden de gobierno, donde más se requiere una toma de decisiones colegiada que haga contrapeso a las casi siempre inapelables decisiones de los alcaldes.
De los ayuntamientos que revisamos en la plataforma nacional de transparencia, sólo en Acapulco, Iguala y Coyuca de Benítez funciona con regularidad su comité de transparencia integrado por servidores públicos, regidores y ciudadanos. Independientemente de los temas que aborden y las decisiones que tomen actualmente, se requiere urgentemente institucionalizar y hacer regulares este tipo las instancias y las prácticas para la gestión de la información.
El comité de transparencia de Chilpancingo sólo ha sesionado en una ocasión, y en la integración del comité participa únicamente un ciudadano; su reunión fue informativa y no se tomaron decisiones significativas.
Otros ayuntamientos sólo realizaron la sesión de instalación, seguramente para evadir la multa del Itaigro. Es el caso del municipio de Eduardo Neri y Cuautepec.
En Zihuatanejo no se ha llevado ninguna sesión, y en el ayuntamiento de Taxco argumentan que “por lo de los sismos y afectaciones se cancelan las sesiones” y a la fecha no han realizado ninguna.
Tlapa no tiene registrada ninguna información y Chilapa tampoco informa sobre ninguna reunión. El ayuntamiento de Ometepec no tiene ninguna información, así como tampoco Juan R. Escudero, Ayutla, Tlacoachistlahuaca, Huamuxtitlán y Benito Juárez.
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