Publicado en El Sur de Acapulco
A 13 meses de que entró en vigor el programa de ética,
transparencia y combate a la corrupción del estado de Guerrero, el balance es regular,
ya que si bien se están cumpliendo compromisos para lograr la armonización de
la legislación local a efecto de que la entidad sea parte de los sistemas
nacionales de transparencia y de combate a la corrupción, en en algunos campos,
como el de la transparencia de las adquisiciones y la obra pública -uno de los
temas más delicados y sensibles para la opinión pública- no se ha informado
ningún avance.
El programa de ética, transparencia y combate a la
corrupción , anunciado el 4 de abril de 2016, incluye cinco ejes principales:
instrumentar las reformas necesarias en materia de transparencia, instaurar el
sistema estatal anticorrupción, reordenar la administración de las finanzas
públicas, fortalecer el control interno y transparentar las adquisiciones y la
obra pública.
Los avances que aquí comentamos se sustentan en las
respuestas que dio el gobierno del estado a una serie de solicitudes de
información en torno a estos temas. Se requirieron, principalmente a la
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental actas, informes y
otros documentos que dieran cuenta de las actividades y el cumplimiento de
objetivos en los cinco ejes.
Más allá de los avances, uno de los temas que más preocupan
es cómo hacer para que dentro de las estructuras gubernamentales se modifiquen
las conductas, decisiones, inercias y actitudes que durante muchos años propiciaron
y hasta incentivaron la opacidad, la discrecionalidad y concentración de las
decisiones, el patrimonialismo, y no pocas veces a la corrupción.
Hoy, con los sistemas nacionales de transparencia y combate
a la corrupción se está construyendo un andamiaje institucional para que la
gestión pública sea más eficiente y eficaz, transparente y que rinda cuentas,
lo cual debe traducirse en un pleno ejercicio de derechos en diferentes
renglones como salud y educación, servicios públicos básicos, alimentación,
seguridad y otros derechos que pueden mejorar la calidad de vida de los guerrerenses.
Pero entre las preocupaciones también está la pregunta de si
la sociedad civil está preparada para corresponsabilizarse dentro de esta
cultura, pues este nuevo andamiaje institucional abre nuevas posibilidades a la
ciudadanía en la toma de decisiones, y funcionará sólo en la medida en que esta
sociedad exija, proponga y actúe. Díficilmente se lograrán los objetivos con
una ciudadanía clientelar y propensa al paternalismo.
En esta entrega revisaremos los avances de los diferentes
ejes que informó el gobierno del estado, a partir de respuestas a solicutudes
de información.
Ley de transparencia
Uno de los compromisos del programa de ética fue el de “instaurar
las reformas necesarias en materia de transparencia”. En este punto la tarea
más urgente fue la de aprobar una ley estatal de transparencia, basada en las
reformas constitucionales y la ley general en la materia; esto sucedió el 5 de
mayo de 2016 y con ello se cumplió con ese compromiso normativo.
Sin embargo, quedan pendientes tareas tal vez más difíciles
de cumplir. Por ejemplo, los poco más de 200 sujetos obligados del estado,
entre los que se encuentran las 80 dependencias y entidades del Ejecutivo
estatal, deben publicar toda la información gubernamental de oficio que exige
la ley de transparencia, y para ello tuvieron un plazo que venció precisamente
el 4 de mayo del presente año.
Sabemos que Guerrero es un estado donde tradicionalmente se ha
omitido esta obligación, y auguramos que incluso con la nueva ley no será la
excepción. Sin embargo, hoy es cada vez más estrecho el margen para no cumplir
con esta exigencia, ya que además de las sanciones previstas en la norma, los
ojos de la opinión pública nacional estarán vigilantes en todas las entidades
federativas apara señalar a los omisos.
Por ser tan reciente el vencimiento del plazo para publicar
la información de oficio, no existe todavía un diganóstico sobre el nivel de
cumplimiento. En próximos días efectuaremos la revisión en la plataforma
nacional de transparencia para corroborar que cumplan con la publicación de
esta información. Por cierto, la nueva normatividad faculta a los ciudadanos a
presentar denuncias ante el Itaigro, en caso de que los sujetos obligados no
difundan el 100 por ciento de la infomación que establece la ley, y el órgano
garante está obligado a aplicar las sanciones que correspondan. Es ésta una
buena oportunidad para la participación ciudadana, pero es necesario que actúe.
Sistema estatal
anticorrupción
En este tema hay varios puntos que comentar, entre ellos destaca
la aprobación de una serie de reformas al texto constitucional del estado, con
los cuales será posible la creación del sistema estatal anticorrupción. El
Congreso del estado aprobó estos ajustes a la constitución el 9 de marzo de
2017, y quedan pendientes los cambios a las leyes secundarias, las cuales
deberán estar finiquitados antes del 18 de julio, fecha límite que se
estableció en la Constitución Política de los EUM para que todas las
legislaturas en los estados modifiquen las leyes que se requieran.
Por cierto, hay que reconocer que el semáforo
anticorrupción, diseñado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y
otros organismos, califica como muy satisfactoria la reforma constitucional
aprobada por los legisladores de Guerrero.
Respecto de las reformas a las leyes sencundarias, el comité
rector -organo que guía al programa de ética, transparencia y combate a la
corrupción- propuso la creación de la Comisión Interinstitucional para la
homologación de las leyes locales a la reforma constitucional en materia de
combate a la corrupción, publicándose el decreto que crea dicha comisión el 11
de octubre de 2016. Por tratarse de 10 leyes secundarias con varios temas, el
comité rector del programa decidió organizar mesas de trabajo con
representantes de varias instituciones, así como elaborar propuestas de ley
antes de enviarlas al Congreso del estado para su aprobación.
De
acuerdo con el acta de la sesión del comité rector correspondiente al 3 de
abril de 2017, a esa fecha se contaba con proyectos de iniciativa de tres leyes
que deberán ajustarse de acuerdo con el sistema estatal anticorrupción, y
estaban por concluirse otras cinco iniciativas. Adicionalmente se instalaron
siete mesas de trabajo para la armonización legislativa del sistema.
Quedan
pues poco más de 60 días para que se sean presentadas y aprobadas varias leyes relacionadas
con el sistema local anticorrupción.
Transparencia en
adquisiciones
Uno
de los temas más sensibles para la opinión pública es el de las adquisiciones
gubernamentales y la obra pública, ya que se presume que ahí se esconden buena
parte de los casos de corrupción con dinero público. Es un tema tan relevante para
la ciudadanía que, por ejemplo, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, en sus
dos periodos se inventó sendos consejos ciudadanos para “vigilar” este tipo de
procesos, y, como ya se ha rvisado en este espacio, fueron un fiasco;
evidentemente su propósito era hacer creer que había participación ciudadana en
la vigilancia de los recursos.
Como
uno de los ejes del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción,
el actual gobernador, si bien no anunció la creación de otro consejo ciudadano,
sí se comprometió a transparentar las adquisiciones y la obra pública. Creemos
que difícilmente cumplirá con lo prometido. El año anterior solicitamos
información sobre la adquisición de fertilizante por parte del gobierno del
estado, y la Secretaría de Finanzas y Administración negó la información.
Incluso hoy, a 18 meses de su gobierno y a un año del anuncio del programa de
ética, se revisó la plataforma nacional de transparencia y el portal
electrónico de esa dependencia, y no existe información sobre los resultados de
ajudicación directa, invitación restringida y licitaciones de cualquier
naturaleza del gobierno del estado; tampoco sobre la erogación de recursos por
la contratación de servicios; no publica nada sobre el padrón de proveedores y
contratistas ni respecto del informe de avances sobre las obras y servicios
contratados. Toda la anterior es información pública obligatoria que debe estar
publicada desde el 4 de mayo de 2017, de acuerdo con la ley 207 de
transparencia del estado en su artículo 81. Pero están vacíos los casilleros.
En
el acta del comité rector del 20 de febrero de 2017, precisamente en la sesión
en que se le presentó al gobernador del estado un informe sobre los avances del
programa de etica, en el eje de la transparencia de las adqusiciones y la obra
pública, la información fue muy escueta y nada significativa: “En 2016
participamos [la Secretaría de la Contraloría] puntualmente en 313
procedimientos de contratación de adquisiciones, obras y servicios en los
cuales hemos dado nuestra opinión con estricto apego a la Ley, y en 4
procedimientos en lo que va del año, éstos últimos se encuentran pendientes de
fallo”.
También
informaron como una de sus actividades la publicación de la Ley 230 de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y
Administración de Bienes Inmuebles del estado de Guerrero.
Sin
embargo, de la transparencia en los procesos de adquisiciones y obra pública ni
una palabra han dicho, por lo que estimamos que éste será el talón de Aquiles
del gobierno del estado.
Control interno
En
el eje de control interno presentaron muchas actividades en la sesión del 20 de
febrero de 2017 del comité rector, casi todas referentes a la capacitación de
auditores y otras funcionarios en diversas materias como auditoría
gubernamental, auditoría a resultados de programas, armonización contable,
coordinación fiscal; asímismo, informan sobre los avances en la armonización de
la información financiera de las dependencias públicas.
El
informe también añade que se capacitaron 200 servidores públicos en el tema de
Administración de Riesgos, y se elaboró un diagnóstico que permitirá
“identificar las áreas de oportunidad e emplementar acciones de mejora” a
partir de la elaboración de un cuestionario sobre control interno, que se
aplicó a 22 dependencias del sector central. Adicionalmente se elaboró el
modelo estatal de Marco integrado de control interno del gobierno del estado.
También
destacan la revisión de los procesos vinculados con el uso y control interno de
los recursos financieros y materiales de la Sefina, y también la revisión del
manual de organización y el organograma de la dependencia, a efecto de
ajustarlo a las necesidades de los nuevos lineamientos de contabilidad
gubernamental, fiscalización, transparencia y anticorrupción.
Por cierto, respecto de uno de los cinco ejes rectores del
programa, a saber, “reordenar la administración de las finanzas públicas”,
ninguno de los documentos solicitados contiene información sobre los avances en
ese tema.
Comité consultivo
El
4 de abril de 2016, Astudillo Flores también anunció la creación del comité
consultivo para el seguimiento de los compromisos del programa de ética. Después
de la convocatoria emitida el 1 de septiembre de 2016, el comité rector
seleccionó a cinco aspirantes para integrar el comité consultivo, a quienes el
gobernador tomó protesta el 17 de octubre de 2016. Pero fue hasta el 20 de
febrero de 2017 cuando formalmente Oscar González Arcos, de Coparmex
Chilpancingo, tomó protesta como presidente del organo ciudadano.
A
la fecha, el comité consultivo no ha presentado ningún informe de sus
actividades, obligación que deberá cumplir de manera trimestral. Sí presentó en
cambio un plan de trabajo ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, que no contiene objetivos claros ni actividades para llegar a
ellos, tampoco indicadores para medir su cumplimiento. Lo preocupante de esta
situación no es que los integrantes del comité consultivo actúen o no de buena
fe, sino que el proceso de construcción de los sistemas nacionales de
transparencia y de combate a la corrupción continúa avanzando y ellos apenas comienzan
a aprender, y ya tienen siete meses de que asumieron el cargo. Su plan de
trabajo evidencia que no manejan los conceptos básicos (transparencia,
rendición de cuentas y otros), ni tienen una idea clara sobre qué estrategias
plantearse como consejo consultivo. Ojalá realmente tengan una posición
crítica, propositiva y abierta y le subrayen al gobierno lo que no está
haciendo bien.
No hay comentarios:
Publicar un comentario