El Sur de Acapulco
El onceavo informe del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro) evidenció la cruda realidad que impera en Guerrero en materia de acceso a la información. Por un lado, un creciente interés de la ciudadanía por conocer la información pública gubernamental –documentado por el número de solicitudes de información presentadas–; por el otro, la vacilante disposición de las dependencias públicas para contestar estas solicitudes y particularmente la insuficiente capacidad de reacción del Itaigro para procesar el número de recursos de revisión o quejas presentadas en contra de dichas dependencias, y en general, para garantizar el pleno ejercicio de este derecho. He aquí algunos indicadores.
De acuerdo con datos del onceavo informe de labores del Itaigro, en 2015 se presentaron 2 mil 689 solicitudes de información, en tanto que durante 2016 el número de requerimientos fue de 4 mil 345, lo que equivale a un aumento de 61.5 por ciento. Se trata de uno de los mayores incrementos en el interés de la ciudadanía por conocer la información pública, desde la primera ley de transparencia de 2005.
Hay datos relevantes en el informe, por ejemplo, destaca que las solicitudes se presentaron ante un mayor número de sujetos obligados (153), a diferencia de años anteriores, donde estos requerimientos se concentraban en unos cuantos. También es relevante que muchos sujetos obligados, especialmente ayuntamientos, recibieron por vez primera al menos una solicitud de información.
Las dependencias públicas que recibieron más solicitudes fueron Acapulco (303), Secretaría de Salud (302), Fiscalía General del Estado (280), Congreso del Estado (220), Secretaría de Finanzas y Administración (212), Itaigro (152), Secretaría General de Gobierno (151), Secretaría de Seguridad Pública (143), Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (135), CICAEG (122), Tribunal Superior de Justicia (119) y Secretaría de Educación Guerrero (106). En estas 11 dependencias se presentó el 51.6 por ciento del total de solicitudes en el estado.
Estos números, en principio, reflejan un gran interés ciudadano por la información pública, y son consecuencia de la incorporación de casi todas las dependencias públicas al sistema electrónico Info Guerrero, el cual facilita enormemente el procedimiento. Contar con este dispositivo electrónico de gestión de información gubernamental, y especialmente que ahí se encuentren todas las dependencias, puede considerarse el cambio más relevante en materia de acceso a la información; es un mecanismo que la miopía de los legisladores guerrerenses que aprobaron la primera ley de transparencia (septiembre de 2005) no pudieron entender, por lo que fueron necesarios cambios constitucionales para hacerlo realidad en el estado.
Pero a este creciente interés de la ciudadanía no ha correspondido una atención puntual y expedita a las solicitudes de información por parte de los sujetos obligados, y bastan unos datos para dar una idea de la realidad que se vive en el estado.
Cuarentaicinco dependencias, que representan el 21.6 por ciento del total, no cumplieron con la obligación de entregar al Itaigro sus informes donde reportan las solicitudes de información que recibieron en el ejercicio 2016, destacando entre ellos 24 ayuntamientos, 20 de los cuales son reincidentes, es decir, no cumplieron con esta obligación de ley tampoco en 2015.
Esta situación es muy grave porque refleja el talante de los titulares de muchas de las dependencias del estado que están obligadas a cumplir con la transparencia y el acceso a la información, quienes desafían abiertamente el cumplimiento de la ley.
Otro dato significativo que da cuenta de la persistencia de la opacidad en el estado es que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, el Itaigro recibió un total de 229 recursos de revisión de parte de ciudadanos inconformes en contra de las dependencias que negaron o entregaron información parcial o diferente de la que solicitaron. En este renglón, en relación con los recursos de revisión presentados en 2015, hubo un incremento de 349 por ciento.
Las dependencias en contra de las cuales se presentaron más recursos de revisión fueron la Secretaría de Salud (25 recursos), el ayuntamiento de Ayutla (15), Coyuca de Benítez y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (antes de Desarrollo Rural) (10), Acapulco (8), la Secretaría de Finanzas y Administración y el ayuntamiento de Taxco (5), Fiscalía General del Estado y la Capaseg (4) y el ayuntamiento de Atoyac y el propio Itaigro (3).
Otro indicador del poco avance en materia de cumplimiento de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, es que desde mediados de 2016, los sujetos obligados debieron designar a un titular de su unidad de transparencia, constituir un comité de transparencia, informar de las personas físicas o morales a las que se les asignaron recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, e informar sobre la aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas.
En este rubro, al 31 de diciembre de 2016, de un universo de 208 sujetos obligados sólo 176 designaron al responsable de la unidad de transparencia, 162 constituyeron su comité, 155 enviaron el listado de quienes recibieron recursos públicos, y 155 entregaron sus tablas.
De acuerdo con datos del onceavo informe de labores del Itaigro, en 2015 se presentaron 2 mil 689 solicitudes de información, en tanto que durante 2016 el número de requerimientos fue de 4 mil 345, lo que equivale a un aumento de 61.5 por ciento. Se trata de uno de los mayores incrementos en el interés de la ciudadanía por conocer la información pública, desde la primera ley de transparencia de 2005.
Hay datos relevantes en el informe, por ejemplo, destaca que las solicitudes se presentaron ante un mayor número de sujetos obligados (153), a diferencia de años anteriores, donde estos requerimientos se concentraban en unos cuantos. También es relevante que muchos sujetos obligados, especialmente ayuntamientos, recibieron por vez primera al menos una solicitud de información.
Las dependencias públicas que recibieron más solicitudes fueron Acapulco (303), Secretaría de Salud (302), Fiscalía General del Estado (280), Congreso del Estado (220), Secretaría de Finanzas y Administración (212), Itaigro (152), Secretaría General de Gobierno (151), Secretaría de Seguridad Pública (143), Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (135), CICAEG (122), Tribunal Superior de Justicia (119) y Secretaría de Educación Guerrero (106). En estas 11 dependencias se presentó el 51.6 por ciento del total de solicitudes en el estado.
Estos números, en principio, reflejan un gran interés ciudadano por la información pública, y son consecuencia de la incorporación de casi todas las dependencias públicas al sistema electrónico Info Guerrero, el cual facilita enormemente el procedimiento. Contar con este dispositivo electrónico de gestión de información gubernamental, y especialmente que ahí se encuentren todas las dependencias, puede considerarse el cambio más relevante en materia de acceso a la información; es un mecanismo que la miopía de los legisladores guerrerenses que aprobaron la primera ley de transparencia (septiembre de 2005) no pudieron entender, por lo que fueron necesarios cambios constitucionales para hacerlo realidad en el estado.
Pero a este creciente interés de la ciudadanía no ha correspondido una atención puntual y expedita a las solicitudes de información por parte de los sujetos obligados, y bastan unos datos para dar una idea de la realidad que se vive en el estado.
Cuarentaicinco dependencias, que representan el 21.6 por ciento del total, no cumplieron con la obligación de entregar al Itaigro sus informes donde reportan las solicitudes de información que recibieron en el ejercicio 2016, destacando entre ellos 24 ayuntamientos, 20 de los cuales son reincidentes, es decir, no cumplieron con esta obligación de ley tampoco en 2015.
Esta situación es muy grave porque refleja el talante de los titulares de muchas de las dependencias del estado que están obligadas a cumplir con la transparencia y el acceso a la información, quienes desafían abiertamente el cumplimiento de la ley.
Otro dato significativo que da cuenta de la persistencia de la opacidad en el estado es que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, el Itaigro recibió un total de 229 recursos de revisión de parte de ciudadanos inconformes en contra de las dependencias que negaron o entregaron información parcial o diferente de la que solicitaron. En este renglón, en relación con los recursos de revisión presentados en 2015, hubo un incremento de 349 por ciento.
Las dependencias en contra de las cuales se presentaron más recursos de revisión fueron la Secretaría de Salud (25 recursos), el ayuntamiento de Ayutla (15), Coyuca de Benítez y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (antes de Desarrollo Rural) (10), Acapulco (8), la Secretaría de Finanzas y Administración y el ayuntamiento de Taxco (5), Fiscalía General del Estado y la Capaseg (4) y el ayuntamiento de Atoyac y el propio Itaigro (3).
Otro indicador del poco avance en materia de cumplimiento de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, es que desde mediados de 2016, los sujetos obligados debieron designar a un titular de su unidad de transparencia, constituir un comité de transparencia, informar de las personas físicas o morales a las que se les asignaron recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, e informar sobre la aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas.
En este rubro, al 31 de diciembre de 2016, de un universo de 208 sujetos obligados sólo 176 designaron al responsable de la unidad de transparencia, 162 constituyeron su comité, 155 enviaron el listado de quienes recibieron recursos públicos, y 155 entregaron sus tablas.
El difícil camino
El acceso a la información no ha sido fácil para los guerrerenses, con frecuencia es problemático y muy tardado, y esa es una de las principales causas que desalientan el ejercicio de este derecho. Un par de experiencias ilustrarán los obstáculos que deben enfrentar los ciudadanos.
El 27 de noviembre de 2015 presentamos una solicitud de información ante el ayuntamiento de Ayutla requiriendo “copia del expediente técnico de la obra ampliación de la red de agua potable en la calle Dr. Homero Lorenzo Ríos, de la colonia Cruz Alta, realizado en el ejercicio 2014”. La información se requirió como parte de las acciones de contraloría social que realizaba un grupo de ciudadanos de esa colonia.
El ayuntamiento de Ayutla no respondió, y el 8 de enero de 2016 presentamos un recurso de revisión ante el Itaigro. En sesión ordinaria del 12 de enero el pleno de ese instituto admitió recurso y lo turnó al consejero Joaquín Morales Sánchez. El 19 de febrero, el Itaigro le requirió al ayuntamiento de Ayutla un informe pormenorizado, pero fue hasta el 4 de marzo, casi dos meses después, que se le hizo llegar la notificación al ayuntamiento. Se le concedieron cinco días hábiles para responder.
Pero inexplicablemente el consejero declaró el cierre de la instrucción hasta el 18 de noviembre para que al final, el 13 de diciembre de 2016, el pleno del Itaigro ordenara al ayuntamiento de Ayutla la entrega de la información concediéndole para ello un plazo de 10 días.
Las autoridades de Ayutla, con plena impunidad, desacataron la resolución del Itaigro. A la fecha, a 15 meses de presentada la solicitud, no hemos obtenido la información, violándose varios de los principios constitucionales relativos al acceso a la información.
Otro ejemplo es una solicitud presentada el 2 de febrero de 2016 ante la Secretaría de Salud del gobierno del estado en la que se pidió el libro blanco de la institución. Igualmente la dependencia no respondió, por lo que el 2 de marzo se presentó un recurso de revisión por negar esta información.
La Ssa no rindió su informe pormenorizado a la que estaba obligada, y apenas el 7 de febrero de 2017, el pleno del Itaigro emitió un resolutivo en donde le indica que entregue la información.
A poco más de un año de que se solicitó la información, no sabemos si la entregarán algún día.
Qué está pasando en Guerrero? ¿Por qué no están funcionando los mecanismos de acceso a la información? ¿Por qué impera la impunidad? ¿Por qué es tan alto el número de sujetos obligados que no cumplen con sus obligaciones? ¿Qué debe hacer el Itaigro para que respeten sus resoluciones?
El 27 de noviembre de 2015 presentamos una solicitud de información ante el ayuntamiento de Ayutla requiriendo “copia del expediente técnico de la obra ampliación de la red de agua potable en la calle Dr. Homero Lorenzo Ríos, de la colonia Cruz Alta, realizado en el ejercicio 2014”. La información se requirió como parte de las acciones de contraloría social que realizaba un grupo de ciudadanos de esa colonia.
El ayuntamiento de Ayutla no respondió, y el 8 de enero de 2016 presentamos un recurso de revisión ante el Itaigro. En sesión ordinaria del 12 de enero el pleno de ese instituto admitió recurso y lo turnó al consejero Joaquín Morales Sánchez. El 19 de febrero, el Itaigro le requirió al ayuntamiento de Ayutla un informe pormenorizado, pero fue hasta el 4 de marzo, casi dos meses después, que se le hizo llegar la notificación al ayuntamiento. Se le concedieron cinco días hábiles para responder.
Pero inexplicablemente el consejero declaró el cierre de la instrucción hasta el 18 de noviembre para que al final, el 13 de diciembre de 2016, el pleno del Itaigro ordenara al ayuntamiento de Ayutla la entrega de la información concediéndole para ello un plazo de 10 días.
Las autoridades de Ayutla, con plena impunidad, desacataron la resolución del Itaigro. A la fecha, a 15 meses de presentada la solicitud, no hemos obtenido la información, violándose varios de los principios constitucionales relativos al acceso a la información.
Otro ejemplo es una solicitud presentada el 2 de febrero de 2016 ante la Secretaría de Salud del gobierno del estado en la que se pidió el libro blanco de la institución. Igualmente la dependencia no respondió, por lo que el 2 de marzo se presentó un recurso de revisión por negar esta información.
La Ssa no rindió su informe pormenorizado a la que estaba obligada, y apenas el 7 de febrero de 2017, el pleno del Itaigro emitió un resolutivo en donde le indica que entregue la información.
A poco más de un año de que se solicitó la información, no sabemos si la entregarán algún día.
Qué está pasando en Guerrero? ¿Por qué no están funcionando los mecanismos de acceso a la información? ¿Por qué impera la impunidad? ¿Por qué es tan alto el número de sujetos obligados que no cumplen con sus obligaciones? ¿Qué debe hacer el Itaigro para que respeten sus resoluciones?
Resoluciones y alto rezago
Uno de los procesos clave para garantizar el derecho de acceso a la información es el cumplimiento de las resoluciones del Itaigro, y esto no está sucediendo en Guerrero. Tenemos en nuestro poder resoluciones no cumplidas de los ayuntamientos de Ayutla, Secretaría de Salud, Capaseg, Sefina, entre otras; algunas de ellas llevan varios años sin ser cumplidas, como por ejemplo, la derivada de la solicitud folio 00015615, donde solicitamos a la Secretaría de Finanzas y Administración, los “Informes de cuenta pública del gobierno del estado aprobadas por el Congreso del estado, de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”. Esta dependencia aún no nos entrega la información.
Otro de los puntos que está retrasando el acceso a la información es el rezago que actualmente se observa en el procesamiento de recursos de revisión, como los presentados en contra de la Secretaría de Salud el 6 de junio de 2015 y en contra de la Secretaría de Educación de Guerrero (19 de junio de 2015).
Asimismo, tenemos recursos de revisión presentados en los meses de febrero y marzo de 2016, pero desconocemos su estatus, es decir, no sabemos si se ha dictado resolución, o peor aún, si fueron atendidos, como es el caso de recursos en contra de la Capaseg, Cicaeg, Coordinación General de Fortalecimiento Municipal, la ex coordinación de programas sociales Guerrero Cumple, Fideicomiso Guerrero Industrial, Fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, IGIFE, Sefina, Sagadegro, Secretaría de Asuntos Indígenas, SEG, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría General de Gobierno, a quienes se les solicitó el libro blanco de la dependencia de la administración 2011-2015, información sobre el programa de fertilizante y otros temas.
Por otra parte, hay un caso que se ventila en el Tribunal de los Contencioso Administrativo, que data desde mayo de 2014, ya que la Auditoría General del Estado entregó de manera parcial el “Informe anual de resultados de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2012 de las entidades fiscalizables del estado de Guerrero”; a la fecha, no hay ningún resultado sobre ese caso.
El rezago del Itaigro se refleja también en la pérdida de recursos de revisión. Por ejemplo, solicitamos “Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la contratación de la empresa Estrategias de movilidad urbana sa de cv, para la construcción y operación de parquímetros en Chilpancingo”, “Copia del contrato firmado por la empresa Estrategias de movilidad urbana sa de cv y el ayuntamiento de Chilpancingo relativo a los parquímetros” y “Copia del estudio de factibilidad para el establecimiento de parquímetros en Chilpancingo”.
Este recurso de revisión se presentó el 4 de mayo de 2015, y el Itaigro nunca le dio curso.
También es consecuencia de la desorganización interna el caso de un recurso de revisión en contra del propio Itaigro, presentado por la entrega parcial de información relativa a los convenios que ha firmado con diversas instituciones. A la fecha, desconocemos si se dictó resolución y evidentemente no hemos recibido la información. Si el propio Itaigro no respeta los tiempos y procesos que establece la ley, difícilmente logrará que los demás sujetos obligados lo hagan.
Otro de los puntos que está retrasando el acceso a la información es el rezago que actualmente se observa en el procesamiento de recursos de revisión, como los presentados en contra de la Secretaría de Salud el 6 de junio de 2015 y en contra de la Secretaría de Educación de Guerrero (19 de junio de 2015).
Asimismo, tenemos recursos de revisión presentados en los meses de febrero y marzo de 2016, pero desconocemos su estatus, es decir, no sabemos si se ha dictado resolución, o peor aún, si fueron atendidos, como es el caso de recursos en contra de la Capaseg, Cicaeg, Coordinación General de Fortalecimiento Municipal, la ex coordinación de programas sociales Guerrero Cumple, Fideicomiso Guerrero Industrial, Fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, IGIFE, Sefina, Sagadegro, Secretaría de Asuntos Indígenas, SEG, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría General de Gobierno, a quienes se les solicitó el libro blanco de la dependencia de la administración 2011-2015, información sobre el programa de fertilizante y otros temas.
Por otra parte, hay un caso que se ventila en el Tribunal de los Contencioso Administrativo, que data desde mayo de 2014, ya que la Auditoría General del Estado entregó de manera parcial el “Informe anual de resultados de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2012 de las entidades fiscalizables del estado de Guerrero”; a la fecha, no hay ningún resultado sobre ese caso.
El rezago del Itaigro se refleja también en la pérdida de recursos de revisión. Por ejemplo, solicitamos “Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la contratación de la empresa Estrategias de movilidad urbana sa de cv, para la construcción y operación de parquímetros en Chilpancingo”, “Copia del contrato firmado por la empresa Estrategias de movilidad urbana sa de cv y el ayuntamiento de Chilpancingo relativo a los parquímetros” y “Copia del estudio de factibilidad para el establecimiento de parquímetros en Chilpancingo”.
Este recurso de revisión se presentó el 4 de mayo de 2015, y el Itaigro nunca le dio curso.
También es consecuencia de la desorganización interna el caso de un recurso de revisión en contra del propio Itaigro, presentado por la entrega parcial de información relativa a los convenios que ha firmado con diversas instituciones. A la fecha, desconocemos si se dictó resolución y evidentemente no hemos recibido la información. Si el propio Itaigro no respeta los tiempos y procesos que establece la ley, difícilmente logrará que los demás sujetos obligados lo hagan.
El Itaigro ¿en crisis?
El Itaigro no previó que la cantidad de trabajo se le multiplicaría en cuanto la nueva generación de leyes de transparencia facilitara la posibilidad de acceso a la información de los ciudadanos. Cuando asumieron los nuevos consejeros en febrero de 2014 ya sabían del tamaño de lo que vendría, y en vez de prepararse y construir una estrategia para hacer frente a los cambios, se dedicaron a contratar personal –para cumplir con sus compromisos políticos, decían– y a dilapidar los recursos. De aquellos meses, aún queda pendiente de aclarar el desvío de recursos que denunciaron los consejeros en contra del defenestrado consejero Crescencio Almazán Tolentino, como consignaron los diarios de Guerrero el 23 de octubre de 2015.
Hoy, con un raquítico incremento al presupuesto del Itaigro para 2017 –que refleja la poca confianza y credibilidad que le tienen el Congreso y el Ejecutivo del estado–, el exceso de personal y la desorganización interna, el instituto enfrenta una grave crisis financiera y de operación que tiene como consecuencia el incumplimiento de sus tareas sustantivas.
Éstas son las cifras y la situación detrás del informe del Itaigro en materia de acceso a la información en el estado. Un pesimista panorama.
Hoy, con un raquítico incremento al presupuesto del Itaigro para 2017 –que refleja la poca confianza y credibilidad que le tienen el Congreso y el Ejecutivo del estado–, el exceso de personal y la desorganización interna, el instituto enfrenta una grave crisis financiera y de operación que tiene como consecuencia el incumplimiento de sus tareas sustantivas.
Éstas son las cifras y la situación detrás del informe del Itaigro en materia de acceso a la información en el estado. Un pesimista panorama.
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