El Sur de Acapulco
El gobierno de Héctor Astudillo no está abonando para erradicar la impunidad de quienes no cumplen con la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, ya que la Secretaría de Finanzas y Administración, como dependencia responsable de hacer efectivas las medidas de apremio, no está haciendo su trabajo.
Es una deficiencia grave que se arrastra desde que entró en vigor la primera ley de transparencia en junio de 2006, pues es posible documentar decenas de casos de dependencias públicas y funcionarios que no han cumplido las normas de transparencia haciéndose acreedores a alguna sanción pecuniaria.
Este incumplimiento es sumamente grave porque incentiva la impunidad. Muchos de los sujetos obligados o dependencias públicas simplemente están dejando de cumplir la ley de transparencia porque saben que no se les aplicará ningún tipo de castigo. Si había alguna expectativa de que las dependencias del estado cumplirían con la ley por esta vía, esa posibilidad queda cancelada hasta en tanto la Sefina no realice su trabajo y el gobernador cumpla sus compromisos con la transparencia.
Es una deficiencia grave que se arrastra desde que entró en vigor la primera ley de transparencia en junio de 2006, pues es posible documentar decenas de casos de dependencias públicas y funcionarios que no han cumplido las normas de transparencia haciéndose acreedores a alguna sanción pecuniaria.
Este incumplimiento es sumamente grave porque incentiva la impunidad. Muchos de los sujetos obligados o dependencias públicas simplemente están dejando de cumplir la ley de transparencia porque saben que no se les aplicará ningún tipo de castigo. Si había alguna expectativa de que las dependencias del estado cumplirían con la ley por esta vía, esa posibilidad queda cancelada hasta en tanto la Sefina no realice su trabajo y el gobernador cumpla sus compromisos con la transparencia.
La atribución de la Sefina
El artículo 201 de la Ley General de Transparencia establece que los “organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: I. Amonestación pública, o II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área geográfica de que se trate”.
La misma ley, en su artículo 203 agrega que “las medidas de apremio (…) deberán ser impuestas por los organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas. Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de Administración Tributaria o las Secretarías de Finanzas de las Entidades Federativas, según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan”.
La ley general de transparencia dejó en manos de las legislaturas locales la designación de la instancia responsable de hacer efectivas las medidas de apremio estipuladas. En el caso de Guerrero, éstas se señalan en el artículo 206 de la ley 207 de transparencia, cuyo segundo párrafo dice: “Las multas impuestas como sanciones administrativas de acuerdo con esta ley, serán ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través de los procedimientos que las leyes establezcan”.
La ley local entonces, es muy clara al respecto: el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del estado (Itaigro) establece las medidas de apremio, y la Sefina las ejecuta. Sin embargo, la dependencia del Ejecutivo no ha realizado su trabajo.
La afirmación anterior se basa en una respuesta de la Secretaría de Finanzas a dos solicitudes de información. El 24 de enero, por vía del Info Guerrero, solicitamos a esa dependencia “copia de los oficios turnados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero para hacer efectivo el cobro de multas económicas a los sujetos obligados que incumplieron la ley”.
Asimismo, solicitamos la descripción de los “procedimientos y gestiones que realiza la dependencia para el cobro de multas por infracciones a la ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en el periodo del 6 de mayo a la fecha”. Y le pedimos una “relación de sujetos obligados multados, con montos y fechas”.
El 14 de febrero la Secretaría de Finanzas respondió a la solicitud. Sobre el primer punto, la dependencia apuntó que “a la fecha, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero no ha remitido a esta subsecretaría a mi cargo, relación por multas económicas impuestas a servidores públicos por incumplimiento a dicha normatividad, por lo cual no se anexan los soportes que se solicitan”. Esta respuesta la emitió específicamente María del Carmen López Olivares, subsecretaria de Ingresos de la Sefina, quien le adjuntó copia a Héctor Apreza Patrón, titular de la dependencia.
Sin embargo, conseguimos documentos que echan por tierra los dichos de la Sefina. Solicitamos la misma información al instituto de transparencia requiriendo los oficios que fueron enviados a la Secretaría de Finanzas para cobrar las multas.
El 3 de febrero, el Itaigro nos respondió a través de su director jurídico consultivo, y nos entregó 33 oficios enviados a la secretaría, con atención a Héctor Apreza Patrón; los oficios tienen el sello de recibido de la dependencia de fecha 7 de septiembre de 2016.
El texto dice lo siguiente: “Por medio del presente escrito, y en cumplimiento al auto de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, solicito su colaboración [a la Sefina] para ejecutar la multa impuesta a (en este punto describen a los sujetos obligados) consistente en (la cantidad en pesos), conforme lo señalado en el artículo 206 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero”. Los oficios son firmados por el entonces consejero presidente del Itaigro, Joaquín Morales Sánchez.
Los sujetos obligados a quienes el Itaigro les estableció multa son: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con tres multas de 20 mil pesos cada una; el Consejo Estatal contra las Adicciones, con tres multas de 15 mil pesos; el ayuntamiento de Iliatenco, con tres multas de 15 mil, y el de Malinaltepec, con cuatro multas de 15 mil pesos.
También se le informó a la Sefina que Radio y Televisión de Guerrero tenía dos multas de 15 mil pesos; el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, con tres multas de 20 mil pesos; el ayuntamiento de Tlalixtaquilla, con cuatro multas de 15 mil pesos; igual número y la misma cantidad para el ayuntamiento de Xochihuehuetlán y para el de Atlamajalcingo del Monte; y finalmente, tres multas para el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero, de 15 mil pesos cada una.
Pero este dinero (525 mil pesos) no ingresó a las arcas del gobierno del estado, y lo peor es que se deja un antecedente que incentiva la impunidad.
Adicionalmente el Itaigro nos entregó una relación de los sujetos obligados que determinó multar en su sesión extraordinaria del 21 de diciembre de 2016, por no cumplir con las resoluciones emitidas por el órgano garante; en la lista están la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado, y los ayuntamientos de Tlapa, Chilpancingo, Huamuxtitlán, Atoyac y Cocula, todos con un monto de 10 mil 956 pesos cada uno. Sólo al ayuntamiento de Mártir de Cuilapan se le estableció una multa por 21 mil 912 pesos. Cabe destacar que de esta lista, el Itaigro no entregó copia de los oficios donde solicita la aplicación de las multas a la Sefina, por lo que también se encuentran en mayor riesgo de que las sanciones nunca se hagan efectivas.
Por otra parte, la prensa informó que en la sesión extraordinaria 21, de finales de agosto de 2016, el Itaigro “aprobó asignar una sanción pecuniaria a 23 Sujetos Obligados que incumplieron con los artículos transitorios 7º y 9º de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Dichos Sujetos Obligados, debieron notificar al ITAIGro, la instalación de sus Unidades y Comités de Transparencia, así como el listado de personas físicas o morales a las que por algún motivo les hayan asignado recurso público. Lo anterior en un plazo de 30 días, a partir del 7 de mayo, fecha en que entró en vigor la Ley Local en la materia”.
Sin embargo, de estas dependencias públicas tampoco existe constancia de que se haya solicitado a la Sefina la ejecución de multas, por lo que es enorme el riesgo de no sean cobradas y con esto queden en la impunidad.
Esta cadena de desaciertos que propician un círculo vicioso en el cumplimiento de la ley de transparencia no es nuevo ni tampoco es propio sólo del gobierno de Héctor Astudillo. Tampoco es sólo responsabilidad de la Sefina, sino muchas veces contribuyó con esa impunidad el órgano garante de manera directa. Por ejemplo, durante los ocho años en los que estuvieron a cargo los anteriores consejeros (febrero de 2006 a febrero de 2014) consideraron que ningún sujeto obligado era merecedor de una multa económica, y las únicas sanciones que aplicaron fueron 66 apercibimientos y ocho amonestaciones privadas, cifra que parece ridícula comparada con las numerosas irregularidades que cometieron las dependencias públicas a lo largo de esos ocho años.
Los consejeros que iniciaron su periodo el 14 de febrero de 2014 aplicaron las primeras multas económicas del estado. A los tres meses de que llegaron emitieron sanciones a 23 ayuntamientos y a un organismo público descentralizado por no entregar su informe de solicitudes de información correspondiente al ejercicio 2013.
En 2014 se aplicaron nueve amonestaciones públicas, y por vez primera, multas económicas: 32 multas equivalentes a 50 días de salarios mínimos de la región. Respecto al ejercicio 2015, en su sesión extraordinaria Itaig/09/2015, celebrada el 20 de abril de 2015, el pleno del Itaigro aprobó la aplicación de multas económicas a 72 dependencias gubernamentales y partidistas, equivalentes a 983 mil 232 pesos.
Las multas de multas de 2014 y 2015 nunca se cobraron, y también fue porque la Sefina nunca estableció el procedimiento para hacerlas efectivas. En 2016, ya con el pleno funcionamiento de la administración de Héctor Astudillo, los cobros siguen sin realizarse.
La misma ley, en su artículo 203 agrega que “las medidas de apremio (…) deberán ser impuestas por los organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas. Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de Administración Tributaria o las Secretarías de Finanzas de las Entidades Federativas, según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan”.
La ley general de transparencia dejó en manos de las legislaturas locales la designación de la instancia responsable de hacer efectivas las medidas de apremio estipuladas. En el caso de Guerrero, éstas se señalan en el artículo 206 de la ley 207 de transparencia, cuyo segundo párrafo dice: “Las multas impuestas como sanciones administrativas de acuerdo con esta ley, serán ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través de los procedimientos que las leyes establezcan”.
La ley local entonces, es muy clara al respecto: el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del estado (Itaigro) establece las medidas de apremio, y la Sefina las ejecuta. Sin embargo, la dependencia del Ejecutivo no ha realizado su trabajo.
La afirmación anterior se basa en una respuesta de la Secretaría de Finanzas a dos solicitudes de información. El 24 de enero, por vía del Info Guerrero, solicitamos a esa dependencia “copia de los oficios turnados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero para hacer efectivo el cobro de multas económicas a los sujetos obligados que incumplieron la ley”.
Asimismo, solicitamos la descripción de los “procedimientos y gestiones que realiza la dependencia para el cobro de multas por infracciones a la ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en el periodo del 6 de mayo a la fecha”. Y le pedimos una “relación de sujetos obligados multados, con montos y fechas”.
El 14 de febrero la Secretaría de Finanzas respondió a la solicitud. Sobre el primer punto, la dependencia apuntó que “a la fecha, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero no ha remitido a esta subsecretaría a mi cargo, relación por multas económicas impuestas a servidores públicos por incumplimiento a dicha normatividad, por lo cual no se anexan los soportes que se solicitan”. Esta respuesta la emitió específicamente María del Carmen López Olivares, subsecretaria de Ingresos de la Sefina, quien le adjuntó copia a Héctor Apreza Patrón, titular de la dependencia.
Sin embargo, conseguimos documentos que echan por tierra los dichos de la Sefina. Solicitamos la misma información al instituto de transparencia requiriendo los oficios que fueron enviados a la Secretaría de Finanzas para cobrar las multas.
El 3 de febrero, el Itaigro nos respondió a través de su director jurídico consultivo, y nos entregó 33 oficios enviados a la secretaría, con atención a Héctor Apreza Patrón; los oficios tienen el sello de recibido de la dependencia de fecha 7 de septiembre de 2016.
El texto dice lo siguiente: “Por medio del presente escrito, y en cumplimiento al auto de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, solicito su colaboración [a la Sefina] para ejecutar la multa impuesta a (en este punto describen a los sujetos obligados) consistente en (la cantidad en pesos), conforme lo señalado en el artículo 206 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero”. Los oficios son firmados por el entonces consejero presidente del Itaigro, Joaquín Morales Sánchez.
Los sujetos obligados a quienes el Itaigro les estableció multa son: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con tres multas de 20 mil pesos cada una; el Consejo Estatal contra las Adicciones, con tres multas de 15 mil pesos; el ayuntamiento de Iliatenco, con tres multas de 15 mil, y el de Malinaltepec, con cuatro multas de 15 mil pesos.
También se le informó a la Sefina que Radio y Televisión de Guerrero tenía dos multas de 15 mil pesos; el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, con tres multas de 20 mil pesos; el ayuntamiento de Tlalixtaquilla, con cuatro multas de 15 mil pesos; igual número y la misma cantidad para el ayuntamiento de Xochihuehuetlán y para el de Atlamajalcingo del Monte; y finalmente, tres multas para el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero, de 15 mil pesos cada una.
Pero este dinero (525 mil pesos) no ingresó a las arcas del gobierno del estado, y lo peor es que se deja un antecedente que incentiva la impunidad.
Adicionalmente el Itaigro nos entregó una relación de los sujetos obligados que determinó multar en su sesión extraordinaria del 21 de diciembre de 2016, por no cumplir con las resoluciones emitidas por el órgano garante; en la lista están la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado, y los ayuntamientos de Tlapa, Chilpancingo, Huamuxtitlán, Atoyac y Cocula, todos con un monto de 10 mil 956 pesos cada uno. Sólo al ayuntamiento de Mártir de Cuilapan se le estableció una multa por 21 mil 912 pesos. Cabe destacar que de esta lista, el Itaigro no entregó copia de los oficios donde solicita la aplicación de las multas a la Sefina, por lo que también se encuentran en mayor riesgo de que las sanciones nunca se hagan efectivas.
Por otra parte, la prensa informó que en la sesión extraordinaria 21, de finales de agosto de 2016, el Itaigro “aprobó asignar una sanción pecuniaria a 23 Sujetos Obligados que incumplieron con los artículos transitorios 7º y 9º de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Dichos Sujetos Obligados, debieron notificar al ITAIGro, la instalación de sus Unidades y Comités de Transparencia, así como el listado de personas físicas o morales a las que por algún motivo les hayan asignado recurso público. Lo anterior en un plazo de 30 días, a partir del 7 de mayo, fecha en que entró en vigor la Ley Local en la materia”.
Sin embargo, de estas dependencias públicas tampoco existe constancia de que se haya solicitado a la Sefina la ejecución de multas, por lo que es enorme el riesgo de no sean cobradas y con esto queden en la impunidad.
Esta cadena de desaciertos que propician un círculo vicioso en el cumplimiento de la ley de transparencia no es nuevo ni tampoco es propio sólo del gobierno de Héctor Astudillo. Tampoco es sólo responsabilidad de la Sefina, sino muchas veces contribuyó con esa impunidad el órgano garante de manera directa. Por ejemplo, durante los ocho años en los que estuvieron a cargo los anteriores consejeros (febrero de 2006 a febrero de 2014) consideraron que ningún sujeto obligado era merecedor de una multa económica, y las únicas sanciones que aplicaron fueron 66 apercibimientos y ocho amonestaciones privadas, cifra que parece ridícula comparada con las numerosas irregularidades que cometieron las dependencias públicas a lo largo de esos ocho años.
Los consejeros que iniciaron su periodo el 14 de febrero de 2014 aplicaron las primeras multas económicas del estado. A los tres meses de que llegaron emitieron sanciones a 23 ayuntamientos y a un organismo público descentralizado por no entregar su informe de solicitudes de información correspondiente al ejercicio 2013.
En 2014 se aplicaron nueve amonestaciones públicas, y por vez primera, multas económicas: 32 multas equivalentes a 50 días de salarios mínimos de la región. Respecto al ejercicio 2015, en su sesión extraordinaria Itaig/09/2015, celebrada el 20 de abril de 2015, el pleno del Itaigro aprobó la aplicación de multas económicas a 72 dependencias gubernamentales y partidistas, equivalentes a 983 mil 232 pesos.
Las multas de multas de 2014 y 2015 nunca se cobraron, y también fue porque la Sefina nunca estableció el procedimiento para hacerlas efectivas. En 2016, ya con el pleno funcionamiento de la administración de Héctor Astudillo, los cobros siguen sin realizarse.
Se endurecen las sanciones
La ley general de transparencia y la número 207 del estado de Guerrero “endurecieron” las medidas de apremio y las sanciones para quienes infringen la norma en la materia. Por ejemplo, establecen los montos mínimos y máximos de las multas (de 10 mil 956 hasta 111 mil 060 pesos) y que en caso de incumplimiento de los sujetos obligados, esto se difundirá en los portales de obligaciones de transparencia del Itaigro.
Otro punto importante de la nueva legislación es que las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos, es decir, deben ser pagadas por los funcionarios infractores con sus propios recursos. Y si aun con las medidas de apremio, no se cumple con la determinación, se requerirá al superior jerárquico para que lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio.
La ley local incluye criterios que deben considerarse para calificar las medidas de apremio, como “la gravedad de la falta (…) determinada por elementos tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la afectación al ejercicio de sus atribuciones; (…) La condición económica del infractor; y (…) La reincidencia”.
También en la ley 207 de transparencia se especifica que en caso de reincidencia, el Itaigro “podrá” imponer una multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado, y describe que se considerará “reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza”.
Otro punto importante de la nueva legislación es que las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos, es decir, deben ser pagadas por los funcionarios infractores con sus propios recursos. Y si aun con las medidas de apremio, no se cumple con la determinación, se requerirá al superior jerárquico para que lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio.
La ley local incluye criterios que deben considerarse para calificar las medidas de apremio, como “la gravedad de la falta (…) determinada por elementos tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la afectación al ejercicio de sus atribuciones; (…) La condición económica del infractor; y (…) La reincidencia”.
También en la ley 207 de transparencia se especifica que en caso de reincidencia, el Itaigro “podrá” imponer una multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado, y describe que se considerará “reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza”.
Colofón
Parece un asunto menor pero no lo es. Aunque el problema se resuelve con el establecimiento de un procedimiento administrativo y la coordinación entre la Secretaría de Fianzas y el Itaigro, el hecho es que después de 10 años este trabajo no se ha hecho y no se ha cobrado una sola multa en el estado por incumplimientos a la ley de transparencia, lo cual no habla bien de las tres últimas administraciones estatales.
El gobernador Héctor Astudillo Flores se ha comprometido en diferentes ocasiones con la transparencia, ha anunciado medidas y acciones que todavía hoy no se traducen en una administración transparente.
Las medidas de apremio y las sanciones que se incluyen tanto en la ley general de transparencia como en la ley 207 de transparencia del estado son una pieza clave para hacer que se muevan las estructuras gubernamentales, que históricamente han sido opacas. La pelota está en la cancha del jefe del Ejecutivo estatal.
El gobernador Héctor Astudillo Flores se ha comprometido en diferentes ocasiones con la transparencia, ha anunciado medidas y acciones que todavía hoy no se traducen en una administración transparente.
Las medidas de apremio y las sanciones que se incluyen tanto en la ley general de transparencia como en la ley 207 de transparencia del estado son una pieza clave para hacer que se muevan las estructuras gubernamentales, que históricamente han sido opacas. La pelota está en la cancha del jefe del Ejecutivo estatal.
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