Publicado en El Sur de Acapulco
La Auditoría Superior de la Federación desnudó por enésima
ocasión la manera como se ejerce el gasto público en las entidades federativas.
Año tras año, sus conclusiones dan cuenta de que la gestión pública de
gobiernos estatales y ayuntamientos adolece de graves deficiencias para la
administración de los recursos y esto repercute de manera directa en el
cumplimiento de los objetivos y metas que se plantean para la resolución de los
problemas que aquejan a la población de sus jurisdicciones. La revisión más
reciente de la ASF, de 2015, continuó arrojando los mismos resultados.
En días anteriores, diferentes medios de Guerrero publicaron
algunos aspectos de los informes de las cuentas públicas del ejercicio 2015 de dependencias
y programas específicos, realizados por el órgano fiscalizador federal, y los
resultados no fueron nada alentadores: la emisión de cientos de observaciones –es
decir, señalamientos de que el gasto no se ejerció de acuerdo con las normas- las
cuales, si se consideran con un criterio condescendiente parecería que sólo se
trata de irregularidades administrativas, pero que en el fondo y muy
frecuentemente esconden verdaderos actos de corrupción.
Los datos que aquí se retoman, provienen de las auditorías
al gasto federalizado efectuadas por la ASF, y que consisten en la
fiscalización del uso de los recursos y el
cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos
federales transferidos a estados y municipios, para renglones como educación,
salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y
seguridad pública.
Las revisiones de la ASF
tienen una especial relevancia, ya que la mayor parte del presupuesto del
estado de Guerrero proviene de la federación. En 2017, según el presupuesto de
egresos del estado, el porcentaje de los recursos enviados del nivel federal será
de 95.8 por ciento del total, mientras que el promedio nacional es de 90 por
ciento.
En sus revisiones de
2015, el órgano fiscalizador practicó al gobierno del estado 11 auditorías de
cumplimiento financiero, siete de cumplimiento financiero con enfoque de
desempeño y una de inversiones físicas.
En el caso de los
municipios, se revisaron 26 ayuntamientos, a los que se les aplicaron nueve
auditorías de cumplimiento financiero y 29 de cumplimiento financiero con
enfoque de desempeño.
Corrupción y malas
gestiones
Sobre los gobiernos de Guerrero –pero no sólo en ellos-
recaen dos pesadas lozas. Una de ellas es la corrupción, que se ha enquistado
estructuralmente y que propicia la depredación de los recursos públicos, tan
necesarios para abatir los índices de marginación del estado. La otra se
relaciona con la gestión del gasto, que en todos los gobiernos locales, sin
distinción de partidos, ha sido profundamente deficiente, y esta característica
es también una de las causas principales que facilita el desperdicio de los
recursos públicos. Vale decir que si no se resuelven estos dos problemas –a los
que en los últimos años se ha sumado el de la inseguridad-, Guerrero continuará
permanentemente ocupando los primeros lugares por sus niveles de pobreza y
gastando miles de millones de pesos.
El de la corrupción es un tema que actualmente se
está abordando mediante la construcción de un sistema nacional de combate a la
corrupción –que deberá tener su correspondiente réplica en las entidades
federativas- y cuyos primeros pasos han sido básicamente la aprobación de leyes
y su inclusión en la carta magna mexicana. Nadie sabe si este sistema
funcionará, pero la apuesta es construir un andamiaje institucional en todo el
país–no fragmentado como hasta hoy- que permita ahora sí, prevenir, detectar y
sancionar los actos de corrupción y fiscalizar y controlar los recursos públicos.
Pero en el tema de la gestión pública, específicamente del
gasto federalizado, se han creado instrumentos de control y fiscalización. Cada
año la Auditoría Superior de la Federación realiza esta tarea y genera
información, diagnósticos e indicadores sobre este tema que han permitido evaluar
a los gobiernos estatales y municipales.
Las deficiencias en la gestión del gasto “se han traducido
en limitaciones para alcanzar los beneficios originalmente previstos en favor
de la población, pero adicionalmente han erosionado la confianza social en las
instituciones locales”, asegura el órgano fiscalizador, ya que hay una pésima
percepción ciudadana debido a los constantes hechos de corrupción relacionados
con el manejo de recursos federales transferidos a las entidades federativas y
municipios.
Lo más grave es que ya se observan círculos viciosos que no
permiten a un gobierno tener una mediana gestión. No obstante que la ASF da a
conocer cada año a las entidades federativas y los municipios las
irregularidades más importantes en la gestión del gasto federalizado, cada
ejercicio fiscal los gobiernos repiten las mismas observaciones.
Observaciones
En 2015, Guerrero ocupó el quinto lugar entre las entidades
federativas con mayor monto observado por las auditorías respecto del monto
asignado. De un total de 31,106.2 millones de pesos asignados por la federación
en ese ejercicio, 4,301.4 millones fueron observados, es decir, 13.8 por ciento
del total. En los primeros lugares por su monto observado se encuentran
Michoacán (16.5 por ciento), Ciudad de México (15.5), Veracruz (15.1) y Morelos
(14 por ciento). Las entidades con menor monto observado fueron Tamaulipas,
Colima y Campeche, con porcentajes de 3.3, 3.1 y 2.9 por ciento, respectivamente.
Guerrero también ocupa los primeros sitios entre las
entidades con más observaciones pendientes de solventar (sexto lugar). Por
ejemplo, de 2011 a 2014 quedaban observaciones pendientes por 8,757.7 millones
de pesos, y a enero de 2017 solo se habían solventado 330 millones. Si a lo
pendiente de solventar del periodo 2011-2014 se le suma las observaciones de
2015, da un total de 13,241 millones de pesos.
Cabe señalar que hay un monto de denuncias por hechos por
314.1 millones de pesos y un monto de denuncias penales relacionadas con
simulación de reintegros por 943.3 millones.
Aunque la ASF no tiene datos específicos de Guerrero, a
nivel nacional las principales irregularidades que se presentaron en 2015
fueron: por recursos no ejercidos (53.3 por ciento del total de observaciones),
falta de documentación comprobatoria del gasto (12.1 por ciento), transferencia
de recursos a otras cuentas bancarias (9.4), recursos
ejercidos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa
(7.6), pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal (4)
y retenciones no enteradas a terceros institucionales (3.1 por ciento).
Esta última irregularidad ha sido muy recurrente en el
estado. Los ex gobernadores Ángel Aguirre y Rogelio Ortega han reconocido públicamente
que retuvieron impuestos a trabajadores del estado para desviarlos luego al
pago de plazas sin presupuesto en los sectores de educación y salud. Cómo se
puede calificar a este reconocimiento explícito, ¿pésimos gestores? ¿o que sus
acciones son una forma de corrupción?
Cero evaluaciones
Aun cuando existe la
obligación para que los resultados del ejercicio de los recursos
públicos se sometan a un proceso de evaluación, (artículo 134 de la
constitución, ley de planeación, presupuesto de egresos del estado), lo cierto
es que en Guerrero no hay evaluaciones o por lo menos éstas no son públicas. En
el portal electrónico del gobierno del estado, hay una sección de transparencia
fiscal y dentro de ésta, información sobre “evaluación de resultados”; sin
embargo, propiamente sobre el tema sólo aparecen evaluaciones específicas sobre
algunos fondos y programas y matrices de indicadores de gestión también de
algunos programas o dependencias, todo con información de los gobiernos de Aguirre
u Ortega Martínez.
Al respecto, la ASF
concluye que “la evaluación, como instrumento clave para apoyar el proceso de
mejora del gasto federalizado, presenta un débil desarrollo, tanto en el ámbito
de las entidades federativas y municipios, como a nivel nacional”. Agrega que
los pocos avances que se presentan en las entidades federativas en el tema de
evaluación buscan más dar cumplimiento a la normativa que utilizar la
evaluación como un medio para mejorar la operación y los resultados de los
fondos y programas.
De acuerdo con las
auditorías realizadas por el órgano fiscalizador al Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED) del gasto federalizado en las 32 entidades federativas, se
determinó que su desarrollo presenta poco avance. Como resultado, la evaluación
no ha tenido un rol de apoyo a la mejora de la gestión de estos recursos, salvo
escasas excepciones.
Para medir los avances
del SED, la ASF formuló un índice que incluye ocho componentes: marco jurídico,
institucional y operativo; capacitación en materia del SED; formulación de un programa
anual de evaluación y de los términos de referencia para la realización de las
evaluaciones; realización y alcance de las evaluaciones; difusión de las
evaluaciones; consideración de los indicadores de desempeño en las
evaluaciones; seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora; y utilización
de los resultados de las evaluaciones.
De acuerdo con los resultados del índice, se tiene un
promedio nacional de avance del SED de 49.9 por ciento, destacando tres estados
que están por arriba de los 90 puntos: Yucatán (90.5), Chihuahua (94.9) y Oaxaca
(91.8). Los peores avances son para Durango (13.3), Baja California Sur (2.5) y
Guerrero (0.0). Es el único estado que no presenta ningún avance.
Los avances en el gobierno de Héctor Astudillo podrán
observarse en la siguiente revisión de la ASF para el ejercicio 2016. No se
auguran cambios significativos para entonces, ya que no hay anuncios sobre
acciones al respecto y se observan las mismas deficiencias; por ejemplo,
todavía hoy estamos esperando los indicadores de gestión de su Plan Estatal de
Desarrollo 2015-2021, que prometió elaborar.
Participación
ciudadana
No obstante que los
slogans de gobierno regularmente hacen referencia a gobiernos abiertos a la
ciudadanía, como el de “Guerrero nos necesita a todos”, “Todos somos
Chilpancingo”, lo cierto es que a la fecha no existen los mecanismos institucionales
que canalicen realmente la propuesta ciudadana; mucho menos los hay que
permitan incidir en las decisiones importantes que se toman en el estado.
Esto viene a colación
porque como parte relevante de la gestión pública, la ASF encontró una “insuficiente
participación social en la gestión, vigilancia y seguimiento de los fondos y
programas del gasto federalizado”. El órgano fiscalizador de la federación,
mediante auditorías a los procesos participativos, ha encontrado avances
limitados “en
cuanto al objetivo
último de contar con una participación social efectiva y de amplio
alcance en la gestión de
los fondos y programas, particularmente en su vigilancia,
al prevalecer los
aspectos formales y discursivos sobre su presencia real”.
Índice de desempeño de la gestión del gasto
federalizado
También para
disponer de una valoración integral sobre la calidad de la gestión del gasto
federalizado la ASF
diseñó un indicador que resume de manera ponderada las variables e indicadores
considerados, tales como: importe observado/muestra auditada; nivel de
ejercicio del gasto al 31 de diciembre; entrega de los informes trimestrales a
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales
transferidos; estado que presenta el control interno; cumplimiento de las
obligaciones de transparencia de la Ley general de contabilidad gubernamental;
y avance en el SED.
Cabe destacar que el
valor promedio del índice fue de 73.3 puntos; las entidades con un
puntaje superior
son Campeche con 82.5 puntos, San Luis Potosí con 81.7 y Chihuahua con 81. Las
de menor valor en el índice fueron Veracruz con 58.8 puntos, Michoacán con 59.3
y Guerrero con 60.2.
Finalmente, la ASF
concluye que las condiciones prevalecientes en materia de pesos y contrapesos
en el entorno político, en la relación sociedad-gobierno y en la estructura de
los marcos legales determinan la existencia de factores que influyen en la
gestión del gasto federalizado, como un limitado proceso de rendición de
cuentas, un contexto jurídico y político que limita la independencia y
autonomía de las entidades fiscalizadoras locales; la Debilidad de las finanzas
de los gobiernos de las entidades federativas y municipios; la debilidad en las
capacidades institucionales de las entidades federativas y municipios; y la normativa
de los fondos y programas del gasto federalizado.
Como se observa, es pesimista el panorama de la gestión del
gasto federalizado en Guerrero.
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