El Sur de Acapulco
Los gobiernos en Guerrero han sido muy productivos en discursos anticorrupción, pero muy poco eficaces a la hora de prevenir, combatir y castigar este tipo de prácticas. Su especialidad ha sido denunciar a sus antecesores, acusándolos de ser los autores de todo tipo de desvíos y abusos, pero nunca los encarcelan y tampoco les fincan ningún tipo de responsabilidad penal y ni siquiera administrativa. Parece que el único objetivo de este tipo de discursos es contrastar, diferenciar la administración anterior, corrupta, ineficiente e ineficaz, de la nueva gestión –la que emite la declaración– que es justa, honesta, ordenada, impoluta.
Pero la corrupción no desaparece con declaraciones, es más bien una conducta constante, sexenio tras sexenio, que afecta de manera directa el ejercicio de los recursos públicos, que en un estado como Guerrero, mucho se necesitan para disminuir los niveles de pobreza de la población.
Mientras no comience a funcionar el sistema nacional de combate a la corrupción y sus correspondientes sistemas estatales, para lo cual todavía faltan muchos meses –pues no sólo se trata de modificar las leyes, sino de diseñar y construir las instituciones y procedimientos que los harán posibles– los discursos de combate a la corrupción de hoy y de ayer son sólo buenos deseos y hasta demagógicos. No hay hasta el día de hoy un solo mecanismo institucional en el estado que garantice el combate a fondo de la corrupción.
Aunque las causas de la corrupción son varias, destacan dos factores que han propiciado que impere la impunidad. Uno es de carácter político, y es una condición donde se percibe un tipo de pacto entre la clase política para impedir u obstaculizar que alguno de ellos pise la cárcel o enfrente denuncias penales. Hay excepciones a esta regla, como el encarcelamiento de parientes y amigos del ex gobernador Ángel Aguirre, que por cierto, ya fueron liberados. Pero lo común es que no pase nada. Es una regla no escrita que los políticos no reconocen, pero que se observa cada relevo de gobierno tanto en el Ejecutivo del estado como en los ayuntamientos.
El otro factor que propicia la impunidad es el insuficiente andamiaje institucional actual (leyes, instituciones, procedimientos), cuya característica más evidente es su desarticulación, que hace muy difícil el encarcelamiento de funcionarios que hayan cometido algún acto de corrupción.
Pero la corrupción no desaparece con declaraciones, es más bien una conducta constante, sexenio tras sexenio, que afecta de manera directa el ejercicio de los recursos públicos, que en un estado como Guerrero, mucho se necesitan para disminuir los niveles de pobreza de la población.
Mientras no comience a funcionar el sistema nacional de combate a la corrupción y sus correspondientes sistemas estatales, para lo cual todavía faltan muchos meses –pues no sólo se trata de modificar las leyes, sino de diseñar y construir las instituciones y procedimientos que los harán posibles– los discursos de combate a la corrupción de hoy y de ayer son sólo buenos deseos y hasta demagógicos. No hay hasta el día de hoy un solo mecanismo institucional en el estado que garantice el combate a fondo de la corrupción.
Aunque las causas de la corrupción son varias, destacan dos factores que han propiciado que impere la impunidad. Uno es de carácter político, y es una condición donde se percibe un tipo de pacto entre la clase política para impedir u obstaculizar que alguno de ellos pise la cárcel o enfrente denuncias penales. Hay excepciones a esta regla, como el encarcelamiento de parientes y amigos del ex gobernador Ángel Aguirre, que por cierto, ya fueron liberados. Pero lo común es que no pase nada. Es una regla no escrita que los políticos no reconocen, pero que se observa cada relevo de gobierno tanto en el Ejecutivo del estado como en los ayuntamientos.
El otro factor que propicia la impunidad es el insuficiente andamiaje institucional actual (leyes, instituciones, procedimientos), cuya característica más evidente es su desarticulación, que hace muy difícil el encarcelamiento de funcionarios que hayan cometido algún acto de corrupción.
Los discursos anticorrupción
El más reciente pronunciamiento sobre el tema fue del actual gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, quien en un acto donde anunció 20 medidas para enfrentar la situación económica generada por el aumento en los combustibles, denominado “Compromiso para la Estabilidad y el Desarrollo”, dijo que su gobierno se comprometía a transparentar el uso de los dineros en oficinas de gobierno y a que habría “cero tolerancia a la corrupción”.
Pero no ha sido la única ocasión que se refiere al tema. Desde el inicio de su mandato buscó desmarcarse de las administraciones previas, sobre todo cuando denunció las condiciones en las que le dejaron las finanzas. Fue muy claro durante su primer informe de gobierno:
“Al inicio de la presente administración, gran parte de los esfuerzos se orientaron a ordenar y sanear las finanzas públicas, por el desorden financiero de la administración anterior, lo que puso en riesgo al gobierno del Estado por la situación de insolvencia económica para hacer frente a compromisos laborales con los trabajadores en diciembre de 2015, se tenían pasivos con terceros institucionales, adeudos con proveedores y contratistas, pero lo más delicado, es que las arcas del gobierno estaban vacías”.
En el mismo documento recriminó que “El gobierno estatal recibió una administración semiparalizada, con un déficit estructural superior a los 18,634 millones de pesos y un déficit coyuntural de 3,323 millones de pesos, lo cual reflejaba finanzas colapsadas”.
A más de un año de que la administración de Astudillo Flores hizo este descubrimiento, todavía no hay ninguna acción penal o administrativa en contra de algún funcionario o político de los gobiernos anteriores. Sólo declaraciones como las del actual secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame: al gobierno de Héctor Astudillo, dijo, “no le va a temblar la mano” para fincar responsabilidades si las auditorías que se realizan a la administración de Rogelio Ortega Martínez arrojan que se incurrió en mal uso de los recursos públicos.
Y precisamente Ortega Martínez también dijo lo mismo de su antecesor. Apenas llevaba unos días de asumir el cargo, cuando en voz de su secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, denunció que las arcas públicas estaban vacías, que había deudas millonarias y promesas incumplidas del gobierno de Ángel Aguirre.
El mismo día en que David Cienfuegos hizo la denuncia, Rogelio Ortega presentó su plan de gobierno que incluía 27 acciones “inmediatas, sustantivas”. La acción número 21 decía textualmente: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.
Sin embargo, la anunciada política de transparencia y acceso a la información nunca llegó, como tampoco nunca se presentaron denuncias penales en contra de quienes, de acuerdo con sus propias versiones, dejaron las arcas vacías.
Pero no ha sido la única ocasión que se refiere al tema. Desde el inicio de su mandato buscó desmarcarse de las administraciones previas, sobre todo cuando denunció las condiciones en las que le dejaron las finanzas. Fue muy claro durante su primer informe de gobierno:
“Al inicio de la presente administración, gran parte de los esfuerzos se orientaron a ordenar y sanear las finanzas públicas, por el desorden financiero de la administración anterior, lo que puso en riesgo al gobierno del Estado por la situación de insolvencia económica para hacer frente a compromisos laborales con los trabajadores en diciembre de 2015, se tenían pasivos con terceros institucionales, adeudos con proveedores y contratistas, pero lo más delicado, es que las arcas del gobierno estaban vacías”.
En el mismo documento recriminó que “El gobierno estatal recibió una administración semiparalizada, con un déficit estructural superior a los 18,634 millones de pesos y un déficit coyuntural de 3,323 millones de pesos, lo cual reflejaba finanzas colapsadas”.
A más de un año de que la administración de Astudillo Flores hizo este descubrimiento, todavía no hay ninguna acción penal o administrativa en contra de algún funcionario o político de los gobiernos anteriores. Sólo declaraciones como las del actual secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame: al gobierno de Héctor Astudillo, dijo, “no le va a temblar la mano” para fincar responsabilidades si las auditorías que se realizan a la administración de Rogelio Ortega Martínez arrojan que se incurrió en mal uso de los recursos públicos.
Y precisamente Ortega Martínez también dijo lo mismo de su antecesor. Apenas llevaba unos días de asumir el cargo, cuando en voz de su secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, denunció que las arcas públicas estaban vacías, que había deudas millonarias y promesas incumplidas del gobierno de Ángel Aguirre.
El mismo día en que David Cienfuegos hizo la denuncia, Rogelio Ortega presentó su plan de gobierno que incluía 27 acciones “inmediatas, sustantivas”. La acción número 21 decía textualmente: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.
Sin embargo, la anunciada política de transparencia y acceso a la información nunca llegó, como tampoco nunca se presentaron denuncias penales en contra de quienes, de acuerdo con sus propias versiones, dejaron las arcas vacías.
Aguirre, Zeferino y Rene Juárez
Ángel Aguirre, una vez que fue titular del Ejecutivo del estado, también acusó de corrupta a la administración anterior. Seis meses después de asumir el cargo, el contralor general de ese gobierno, Julio César Hernández Martínez, anunció el inicio de procesos administrativos y penales contra el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y cinco de sus colaboradores.
Explicó el funcionario que los procedimientos se derivaron de las presuntas irregularidades en el manejo de poco más de mil millones de pesos, específicamente en la comprobación de las obras aplicadas.
Las observaciones, derivadas de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, se encontraron en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración, en la obra de construcción del Centro de Atención Ciudadana, el cual se construía en el puerto de Acapulco y que concentraría todas las dependencias gubernamentales.
Hasta donde se conoce, nadie del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo fue encarcelado por actos de corrupción.
El gobierno zeferinista no se quedó atrás. En julio de 2005, presentó una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra los ex secretarios de salud del gobierno de René Juárez Cisneros, Verónica Muñoz Parra y Herón Delgado Castañeda, así como en contra el ex director del Instituto de Vivienda estatal, Marco Antonio Lobato Castrejón. Los acusaron por un fraude por más de 50 millones de pesos, ya que, según los denunciantes, presentaron facturas apócrifas.
El secretario de salud de la gestión de Torreblanca Galindo aseguró que al realizar una revisión contable se encontraron más de 600 facturas apócrifas por un monto cercano a los 17 millones de pesos, los cuales fueron presentados por los dos últimos titulares de esas instancias en el anterior gobierno estatal, Verónica Muñoz Parra y Herón Delgado Castañeda, para comprobar la compra de material y equipo de cómputo, papelería, utensilios de escritorio, mantenimiento y vehículos.
Por su parte, el director del Instituto de la Vivienda del gobierno de Torreblanca Galindo, Ramón Sotres Núñez, dijo que había encontrado diversas irregularidades y por ello integraron más de 50 expedientes jurídicos, 23 asuntos civiles, cinco amparos y cinco controversias, derivadas de demandas por diversos asuntos de tenencia de la tierra, así como ocho expedientes en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y nueve denuncias por ventas fraudulentas, lo que equivalía a un quebranto por más de 30 millones de pesos, cometido por funcionarios anteriores.
Las acusaciones a los gobiernos previos es en Guerrero un deporte estatal; evidentemente no tienen ninguna efectividad para disminuir la corrupción, ya que nunca han sido acompañadas de medidas o mecanismos efectivos que contribuyan a combatir estas prácticas.
Lo que está haciendo el actual gobierno de Astudillo Flores en materia de combate a la corrupción –construir el sistema estatal anticorrupción– es una obligación que hoy tienen todos los gobiernos de los estados, como mandato de las reformas constitucionales, sin que haya promovido medidas adicionales que le merezcan un reconocimiento específico en la materia.
Explicó el funcionario que los procedimientos se derivaron de las presuntas irregularidades en el manejo de poco más de mil millones de pesos, específicamente en la comprobación de las obras aplicadas.
Las observaciones, derivadas de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, se encontraron en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración, en la obra de construcción del Centro de Atención Ciudadana, el cual se construía en el puerto de Acapulco y que concentraría todas las dependencias gubernamentales.
Hasta donde se conoce, nadie del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo fue encarcelado por actos de corrupción.
El gobierno zeferinista no se quedó atrás. En julio de 2005, presentó una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra los ex secretarios de salud del gobierno de René Juárez Cisneros, Verónica Muñoz Parra y Herón Delgado Castañeda, así como en contra el ex director del Instituto de Vivienda estatal, Marco Antonio Lobato Castrejón. Los acusaron por un fraude por más de 50 millones de pesos, ya que, según los denunciantes, presentaron facturas apócrifas.
El secretario de salud de la gestión de Torreblanca Galindo aseguró que al realizar una revisión contable se encontraron más de 600 facturas apócrifas por un monto cercano a los 17 millones de pesos, los cuales fueron presentados por los dos últimos titulares de esas instancias en el anterior gobierno estatal, Verónica Muñoz Parra y Herón Delgado Castañeda, para comprobar la compra de material y equipo de cómputo, papelería, utensilios de escritorio, mantenimiento y vehículos.
Por su parte, el director del Instituto de la Vivienda del gobierno de Torreblanca Galindo, Ramón Sotres Núñez, dijo que había encontrado diversas irregularidades y por ello integraron más de 50 expedientes jurídicos, 23 asuntos civiles, cinco amparos y cinco controversias, derivadas de demandas por diversos asuntos de tenencia de la tierra, así como ocho expedientes en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y nueve denuncias por ventas fraudulentas, lo que equivalía a un quebranto por más de 30 millones de pesos, cometido por funcionarios anteriores.
Las acusaciones a los gobiernos previos es en Guerrero un deporte estatal; evidentemente no tienen ninguna efectividad para disminuir la corrupción, ya que nunca han sido acompañadas de medidas o mecanismos efectivos que contribuyan a combatir estas prácticas.
Lo que está haciendo el actual gobierno de Astudillo Flores en materia de combate a la corrupción –construir el sistema estatal anticorrupción– es una obligación que hoy tienen todos los gobiernos de los estados, como mandato de las reformas constitucionales, sin que haya promovido medidas adicionales que le merezcan un reconocimiento específico en la materia.
Impunidad vigente
La corrupción es una conducta que regularmente en México queda sin castigo. Pasan gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y hasta presidentes de la república con señalamientos específicos de este tipo de conductas y no sucede nada.
Max Kaiser, en su libro El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México, describe algunos de los tipos de corrupción: soborno de funcionarios públicos, malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, blanqueo del producto del delito obstrucción de la justicia.
Robert Klitgaard tipifica dos formas de corrupción: por un lado, la ocasional, que sucede por un descuido, por una oportunidad; por el otro, la corrupción sistemática, que ya no sólo es habitual, reiterada, sino que está coordinada, es decir, existe una estructura humana organizada, que se guía por ciertas reglas, para ejecutarla. Guerrero y el país entero cada vez se acerca al segundo tipo.
Por eso no han servido el andamiaje institucional diseñado para combatir la corrupción, pues la explicación y la forma en que se ha abordado el problema es que se trata de una desviación de personas en lo individual y no de una práctica sistemática y organizada.
Dice Roberto Gil Zuarth en el prólogo del libro, que durante gran parte del siglo XX “no existían mecanismos sancionatorios administrativos, los penales eran la gran excepción, y el control era meramente político, para afianzar la verticalidad de las decisiones.” Y presenta ejemplos: la Auditoría Superior de la Federación desde su creación sólo ha interpuesto 310 denuncias penales por casos de corrupción, y sólo 19 han sido consignadas por el Ministerio Público al juez penal.
En Guerrero, la impunidad en el tema de corrupción, propiciada por motivos políticos o por la insuficiencia de herramientas institucionales, también destaca en las cifras: la Auditoría General del Estado de Guerrero informa apenas de nueve denuncias penales presentadas en contra de ayuntamientos por no presentar su cuenta pública; 19 ayuntamientos multados y 14 ayuntamientos donde a ex funcionarios se les realizaron procedimientos para fincarles responsabilidades resarcitorias. También publican los nombres de 13 funcionarios públicos municipales inhabilitados.
Las anteriores, son datos menores en relación con el tamaño de la corrupción en Guerrero. Ya lo dijo el gobernador Héctor Astudillo durante su mensaje con motivo de su primer informe de gobierno: “La corrupción y la impunidad son los enemigos a vencer si queremos un Guerrero donde se pueda vivir con dignidad”. Pero se necesita mucho más que declaraciones.
Max Kaiser, en su libro El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México, describe algunos de los tipos de corrupción: soborno de funcionarios públicos, malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, blanqueo del producto del delito obstrucción de la justicia.
Robert Klitgaard tipifica dos formas de corrupción: por un lado, la ocasional, que sucede por un descuido, por una oportunidad; por el otro, la corrupción sistemática, que ya no sólo es habitual, reiterada, sino que está coordinada, es decir, existe una estructura humana organizada, que se guía por ciertas reglas, para ejecutarla. Guerrero y el país entero cada vez se acerca al segundo tipo.
Por eso no han servido el andamiaje institucional diseñado para combatir la corrupción, pues la explicación y la forma en que se ha abordado el problema es que se trata de una desviación de personas en lo individual y no de una práctica sistemática y organizada.
Dice Roberto Gil Zuarth en el prólogo del libro, que durante gran parte del siglo XX “no existían mecanismos sancionatorios administrativos, los penales eran la gran excepción, y el control era meramente político, para afianzar la verticalidad de las decisiones.” Y presenta ejemplos: la Auditoría Superior de la Federación desde su creación sólo ha interpuesto 310 denuncias penales por casos de corrupción, y sólo 19 han sido consignadas por el Ministerio Público al juez penal.
En Guerrero, la impunidad en el tema de corrupción, propiciada por motivos políticos o por la insuficiencia de herramientas institucionales, también destaca en las cifras: la Auditoría General del Estado de Guerrero informa apenas de nueve denuncias penales presentadas en contra de ayuntamientos por no presentar su cuenta pública; 19 ayuntamientos multados y 14 ayuntamientos donde a ex funcionarios se les realizaron procedimientos para fincarles responsabilidades resarcitorias. También publican los nombres de 13 funcionarios públicos municipales inhabilitados.
Las anteriores, son datos menores en relación con el tamaño de la corrupción en Guerrero. Ya lo dijo el gobernador Héctor Astudillo durante su mensaje con motivo de su primer informe de gobierno: “La corrupción y la impunidad son los enemigos a vencer si queremos un Guerrero donde se pueda vivir con dignidad”. Pero se necesita mucho más que declaraciones.
Avanza la percepción
De acuerdo con la medición Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016. El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala de 0 a 100. Esta calificación lo ubica en la posición 123 de 176 países evaluados; entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.
Agregaron que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el IPC. La falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del país.
Los organismos emitieron una sugerencia que le queda ad hoc a Guerrero: No basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas.
Agregaron que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el IPC. La falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del país.
Los organismos emitieron una sugerencia que le queda ad hoc a Guerrero: No basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas.
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