El Sur de Acapulco
Uno de los principales órganos ciudadanos que diseñó el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores nació con muchas sospechas. Se trata del Comité consultivo del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, cuyo propósito es precisamente aportar la visión de la ciudadanía para el mejoramiento del principal programa de transparencia de la actual administración mediante la emisión de recomendaciones y sugerencias. Una tarea realmente relevante.
Hay varios puntos cuestionables en este proceso, como el de la poca especialización de los comisionados ciudadanos seleccionados en temas de transparencia, aun cuando la convocatoria claramente lo establecía como un requisito a cumplir. Otro de los cuestionamientos es de orden general, pues tradicionalmente, para integrar este tipo de órganos ciudadanizados, los gobiernos eligen a representantes empresariales y personas cercanas al poder. Esta vez no parece ser la excepción. Y finalmente, otro punto oscuro es el riesgo de parcialidad de los comisionados seleccionados, que con la publicación de desplegados en favor del Ejecutivo pierden credibilidad.
Me siento obligado a excusarme, porque personalmente participé en el proceso de selección del Comité ciudadano de ética, transparencia y combate a la corrupción. No obstante, trataré de documentar las ideas que aquí expreso, evidentemente no por resentimiento, sino porque estoy convencido de que los procesos de selección e integración de este tipo de organismos ciudadanizados deben ser pulcros como ninguno, simplemente porque deben nacer con toda la legitimidad que les sea posible. Si esta primera etapa se realiza con sospechas, todo lo que viene quedará entredicho.
Hay varios puntos cuestionables en este proceso, como el de la poca especialización de los comisionados ciudadanos seleccionados en temas de transparencia, aun cuando la convocatoria claramente lo establecía como un requisito a cumplir. Otro de los cuestionamientos es de orden general, pues tradicionalmente, para integrar este tipo de órganos ciudadanizados, los gobiernos eligen a representantes empresariales y personas cercanas al poder. Esta vez no parece ser la excepción. Y finalmente, otro punto oscuro es el riesgo de parcialidad de los comisionados seleccionados, que con la publicación de desplegados en favor del Ejecutivo pierden credibilidad.
Me siento obligado a excusarme, porque personalmente participé en el proceso de selección del Comité ciudadano de ética, transparencia y combate a la corrupción. No obstante, trataré de documentar las ideas que aquí expreso, evidentemente no por resentimiento, sino porque estoy convencido de que los procesos de selección e integración de este tipo de organismos ciudadanizados deben ser pulcros como ninguno, simplemente porque deben nacer con toda la legitimidad que les sea posible. Si esta primera etapa se realiza con sospechas, todo lo que viene quedará entredicho.
El proceso
Conforme a la información obtenida mediante una solicitud a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el 30 de agosto de 2016 se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los Lineamientos que regulan la organización, estructura y funcionamiento de los comités rector y consultivo del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción.
El artículo décimo cuarto de dichos lineamientos establece que el comité consultivo “se integrará con cinco representantes de la sociedad civil organizada, organismos empresariales, contralorías ciudadanas y medios de comunicación del Estado de Guerrero”.
Al día siguiente de la publicación de los lineamientos, el 1 de septiembre de 2016, se difundió la convocatoria para la selección de los integrantes del comité consultivo. En total se presentaron 11 propuestas y una colectiva, integrada por 20 personas.
También a través de una solicitud de información obtuvimos varios documentos del proceso de selección, por ejemplo, el dictamen de evaluación, el cual indica que varios candidatos no fuimos seleccionados simplemente porque no presentamos una “carta en la que declare bajo protesta decir verdad” que no desempeñamos ningún cargo público ni que no somos representantes de algún partido político. También porque no presentamos una carta que avalara que teníamos la disponibilidad para elaborar y rendir informe y capacidad operativa para supervisar el programa. Sin embargo, la convocatoria no dice nada respecto de presentar algún documento para avalar lo anterior.
El artículo décimo cuarto de dichos lineamientos establece que el comité consultivo “se integrará con cinco representantes de la sociedad civil organizada, organismos empresariales, contralorías ciudadanas y medios de comunicación del Estado de Guerrero”.
Al día siguiente de la publicación de los lineamientos, el 1 de septiembre de 2016, se difundió la convocatoria para la selección de los integrantes del comité consultivo. En total se presentaron 11 propuestas y una colectiva, integrada por 20 personas.
También a través de una solicitud de información obtuvimos varios documentos del proceso de selección, por ejemplo, el dictamen de evaluación, el cual indica que varios candidatos no fuimos seleccionados simplemente porque no presentamos una “carta en la que declare bajo protesta decir verdad” que no desempeñamos ningún cargo público ni que no somos representantes de algún partido político. También porque no presentamos una carta que avalara que teníamos la disponibilidad para elaborar y rendir informe y capacidad operativa para supervisar el programa. Sin embargo, la convocatoria no dice nada respecto de presentar algún documento para avalar lo anterior.
Los elegidos
Las personas que sí fueron seleccionadas son Aleida Monserrat Alarcón Domínguez, propuesta por la Asociación Civil Acapulco AC (Grupo ACA); César González Arcos, del Centro Empresarial Chilpancingo (Coparmex Chilpancingo); Julián Urióstegui Carbajal, propuesto por la Concamingro; Arely Adriana Almazán Adame, propuesta de la Universidad Autónoma de Guerrero; y Silvia Galeana Valente, de la Fundación de Bloque de Mujeres al Poder AC.
La primera incongruencia es que la candidata de la Uagro trabaja para uno de los sujetos obligados del estado, es decir de aquellas dependencias públicas que tienen obligaciones de transparencia y de establecer mecanismos de acceso a la información. Se convierte así en juez y parte.
Además, ¿cómo explicar que una institución como la Uagro, que en diferentes monitoreos y evaluaciones ha evidenciado su falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, pueda estar representada en un comité ciudadano de ética, transparencia y combate a la corrupción?
Otra de las inconsistencias del concurso es que no hay evidencias contundentes de que las y los elegidos, salvo tal vez un caso, tengan conocimiento especializado en la materia, como lo solicitan los requisitos. Sin embargo, en el dictamen les adjudican que las “propuestas presentadas en su catálogo fueron suficientes e idóneas”, y lo más grave del caso es que según los dictaminadores, las y los candidatos seleccionados acreditaron “tener conocimiento en la materia por su perfil profesional y su experiencia en la participación y supervisión de programas de gobierno”.
Aunque en el dictamen no se describe la experiencia y conocimiento en la materia de los participantes, es evidente que a la mayoría no se les conoce por su trayectoria en materia de transparencia, por lo menos para quienes nos dedicamos a promover la transparencia y la rendición de cuentas desde hace varios años, no son familiares esos nombres.
La convocatoria emitida por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental establece como requisito la presentación de un catálogo de propuestas para mejorar el programa. En este punto se evidenció el desconocimiento de las y los candidatos.
De acuerdo con el dictamen, cinco concursantes no presentaron su catálogo de propuestas y siete sí lo hicimos. En este caso, hubo de todo, desde propuestas acertadas (las menos), hasta las insulsas e intrascendentes, y predominaron ideas generales de lo que de por sí se tiene que realizar bajo el nuevo marco jurídico, sin que hubiera recomendaciones sobre cómo agilizar o mejorar los procesos.
Por ejemplo, la representante del Grupo ACA propuso el catálogo con mayor número de propuestas generales y extrañas. Una de ellas, la “homologación de las leyes penales en delitos de corrupción”, y argumenta que “uno de los factores que abonan a la impunidad es la existencia de delitos relacionados con la corrupción cuya redacción e hipótesis son distintos en las entidades federativas”.
También sugiere la “persecución de oficio de delitos de corrupción”, la “prohibición del uso de dinero en transacciones del gobierno”, porque el “uso de dinero no deja huella. Por lo que es urgente que toda transacción monetaria se haga mediante transparencia, incluyendo las ayudas a los sectores sociales desprotegidos”.
Finalmente, sugiere “que se proponga y apruebe un presupuesto especial para ejecutar el programa”, porque dice que actualmente el programa se ejecuta con los presupuestos que corresponden a cada Secretaría o Entidad que participa”.
Las acciones sugeridas por el representante de la Coparmex Chilpancingo, la mayoría son obvias y ya están contempladas en el propio programa, como es el caso de “instaurar el sistema estatal anticorrupción”, instrumentar las reformas necesarias en materia de transparencia, reordenar la administración de las finanzas públicas, fortalecer el control interno, transparentar las adquisiciones y obras públicas. Al respecto, cabe mencionar que es una de las obligaciones establecidas en la Constitución y hasta el Ejecutivo del estado ya inició los primeros pasos para crear dicho sistema.
Por cierto, aunque el empresario lo propone en su catálogo, no existe una ley general del sistema nacional anticorrupción: lo que hay, son reformas constitucionales que ordenan la creación del sistema y un conjunto de leyes que en el plano nacional ya se ajustaron, y que en los niveles estatales, las legislaturas deberán hacer lo propio con las leyes correspondientes a nivel local.
La primera incongruencia es que la candidata de la Uagro trabaja para uno de los sujetos obligados del estado, es decir de aquellas dependencias públicas que tienen obligaciones de transparencia y de establecer mecanismos de acceso a la información. Se convierte así en juez y parte.
Además, ¿cómo explicar que una institución como la Uagro, que en diferentes monitoreos y evaluaciones ha evidenciado su falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, pueda estar representada en un comité ciudadano de ética, transparencia y combate a la corrupción?
Otra de las inconsistencias del concurso es que no hay evidencias contundentes de que las y los elegidos, salvo tal vez un caso, tengan conocimiento especializado en la materia, como lo solicitan los requisitos. Sin embargo, en el dictamen les adjudican que las “propuestas presentadas en su catálogo fueron suficientes e idóneas”, y lo más grave del caso es que según los dictaminadores, las y los candidatos seleccionados acreditaron “tener conocimiento en la materia por su perfil profesional y su experiencia en la participación y supervisión de programas de gobierno”.
Aunque en el dictamen no se describe la experiencia y conocimiento en la materia de los participantes, es evidente que a la mayoría no se les conoce por su trayectoria en materia de transparencia, por lo menos para quienes nos dedicamos a promover la transparencia y la rendición de cuentas desde hace varios años, no son familiares esos nombres.
La convocatoria emitida por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental establece como requisito la presentación de un catálogo de propuestas para mejorar el programa. En este punto se evidenció el desconocimiento de las y los candidatos.
De acuerdo con el dictamen, cinco concursantes no presentaron su catálogo de propuestas y siete sí lo hicimos. En este caso, hubo de todo, desde propuestas acertadas (las menos), hasta las insulsas e intrascendentes, y predominaron ideas generales de lo que de por sí se tiene que realizar bajo el nuevo marco jurídico, sin que hubiera recomendaciones sobre cómo agilizar o mejorar los procesos.
Por ejemplo, la representante del Grupo ACA propuso el catálogo con mayor número de propuestas generales y extrañas. Una de ellas, la “homologación de las leyes penales en delitos de corrupción”, y argumenta que “uno de los factores que abonan a la impunidad es la existencia de delitos relacionados con la corrupción cuya redacción e hipótesis son distintos en las entidades federativas”.
También sugiere la “persecución de oficio de delitos de corrupción”, la “prohibición del uso de dinero en transacciones del gobierno”, porque el “uso de dinero no deja huella. Por lo que es urgente que toda transacción monetaria se haga mediante transparencia, incluyendo las ayudas a los sectores sociales desprotegidos”.
Finalmente, sugiere “que se proponga y apruebe un presupuesto especial para ejecutar el programa”, porque dice que actualmente el programa se ejecuta con los presupuestos que corresponden a cada Secretaría o Entidad que participa”.
Las acciones sugeridas por el representante de la Coparmex Chilpancingo, la mayoría son obvias y ya están contempladas en el propio programa, como es el caso de “instaurar el sistema estatal anticorrupción”, instrumentar las reformas necesarias en materia de transparencia, reordenar la administración de las finanzas públicas, fortalecer el control interno, transparentar las adquisiciones y obras públicas. Al respecto, cabe mencionar que es una de las obligaciones establecidas en la Constitución y hasta el Ejecutivo del estado ya inició los primeros pasos para crear dicho sistema.
Por cierto, aunque el empresario lo propone en su catálogo, no existe una ley general del sistema nacional anticorrupción: lo que hay, son reformas constitucionales que ordenan la creación del sistema y un conjunto de leyes que en el plano nacional ya se ajustaron, y que en los niveles estatales, las legislaturas deberán hacer lo propio con las leyes correspondientes a nivel local.
Un comité sin “dientes”
En los organismos ciudadanos de consulta o vigilancia creados por anteriores gobiernos se observan tres características: han sido integrados predominantemente por empresarios o colegios de profesionales, generalmente ligados al poder; los órganos constituidos han carecido de facultades relevantes, es decir, sus recomendaciones no son vinculantes para la política pública o la institución de la que son consultivos; y no han tenido ninguna utilidad ni incidencia respecto de los objetivos para los que fueron creados.
Este riesgo sigue vigente, ya que el artículo décimo quinto de los lineamientos que regulan la organización, estructura y funcionamiento de los comités rector y consultivo del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, no dota al comité consultivo de “dientes” o facultades para que sus recomendaciones sean obligatorias para el comité rector. Al contrario, parece que las atribuciones del comité consultivo son de subordinación:
“Para el cumplimiento de su objetivo el Comité Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: I. Supervisar la implementación del Programa Estatal; II. Rendir al Comité Rector un informe trimestral de los avances y rezagos en la ejecución del Programa; III. Proponer medidas adicionales e innovadoras para fortalecer el Programa; y IV. Ser un puente de comunicación con organismos de la sociedad civil y otros actores para propulsar la ejecución del programa y promover la participación ciudadana en la vigilancia de las acciones anticorrupción”.
Este riesgo sigue vigente, ya que el artículo décimo quinto de los lineamientos que regulan la organización, estructura y funcionamiento de los comités rector y consultivo del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, no dota al comité consultivo de “dientes” o facultades para que sus recomendaciones sean obligatorias para el comité rector. Al contrario, parece que las atribuciones del comité consultivo son de subordinación:
“Para el cumplimiento de su objetivo el Comité Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: I. Supervisar la implementación del Programa Estatal; II. Rendir al Comité Rector un informe trimestral de los avances y rezagos en la ejecución del Programa; III. Proponer medidas adicionales e innovadoras para fortalecer el Programa; y IV. Ser un puente de comunicación con organismos de la sociedad civil y otros actores para propulsar la ejecución del programa y promover la participación ciudadana en la vigilancia de las acciones anticorrupción”.
Colofón
De acuerdo con los antecedentes, todo parece indicar que los gobiernos estatales prefieren evitar integrar en sus consejos consultivos a personas que cuestionen las políticas o el desempeño de los servidores públicos o que traten de buscar la independencia de sus acciones y decisiones. Y si esto no funciona, el gobierno niega y esconde la información a los consejeros ciudadanos para evitar que vigilen y le den seguimiento a las actividades gubernamentales sensibles por el uso de recursos públicos.
Esto ya sucedió en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien hizo creer que su administración sería transparente y anunció la creación de un organismo ciudadano en el ámbito de las adquisiciones y la obra pública; de hecho, en su primer periodo como gobernador también utilizó la misma táctica.
Hoy sabemos que la creación del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones del Estado de Guerrero por Aguirre Rivero, fue sólo un parapeto para engañar a los guerrerenses, mientras su familia y amigos trasquilaban los recursos públicos. El consejo ciudadano que creó nunca funcionó porque las dependencias encargadas de las adquisiciones y la obra pública le negaron sistemáticamente la información para cumplir con su trabajo.
El comité ciudadano del gobierno de Héctor Astudillo puede correr la misma suerte. No es sano desacreditar el trabajo de un organismo cuando todavía no emite su primer reporte ni se conocen sus actividades, pero sí hay que estar pendientes y en alerta para evitar que el organismo ciudadano del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción que ya fue designado sea un aparato decorativo, útil al discurso del gobierno de Héctor Astudillo.
Y es que hay razones para suponer que el comité ciudadano puede ser fallido. Por ejemplo, uno de los candidatos seleccionados, Julián Urióstegui Carbajal, propuesto por la Concamingro, a nombre del organismo que representa, publicó un desplegado, el 28 de octubre de 2016, felicitando al gobernador Héctor Astudillo por su primer informe de gobierno.
“Concaingro reconoce ampliamente al C. Héctor Astudillo Flores, Gobernador constitucional del estado de Guerrero”, dice el desplegado publicado a plana entera.
Igualmente, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, de quien Arely Adriana Almazán Adame era secretaria particular y hoy también seleccionada para el comité ciudadano, publicó una felicitación al gobernador el 31 de octubre de 2016.
“C. Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores: Reciba la felicitación de la Universidad Autónoma de Guerrero, por los avances y logros que se tienen en su primer año de gobierno, al tiempo de que como bien lo señala usted ¡Hoy Guerrero nos necesita a todos¡ y Guerrero necesita y confía en un líder que siente las bases para que las futuras generaciones de guerrerenses vivan en armonía en el contexto de una sociedad justa, equitativa y libre”.
Estos no son buenos mensajes para la ciudadanía, y no lo son por la parcialidad que demuestran y esto puede prevalecer también dentro del comité ciudadano para hacerlo acrítico.
Ojalá el comité ciudadano funcione y en unos meses tenga que desmentir lo que aquí escribí.
Esto ya sucedió en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien hizo creer que su administración sería transparente y anunció la creación de un organismo ciudadano en el ámbito de las adquisiciones y la obra pública; de hecho, en su primer periodo como gobernador también utilizó la misma táctica.
Hoy sabemos que la creación del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones del Estado de Guerrero por Aguirre Rivero, fue sólo un parapeto para engañar a los guerrerenses, mientras su familia y amigos trasquilaban los recursos públicos. El consejo ciudadano que creó nunca funcionó porque las dependencias encargadas de las adquisiciones y la obra pública le negaron sistemáticamente la información para cumplir con su trabajo.
El comité ciudadano del gobierno de Héctor Astudillo puede correr la misma suerte. No es sano desacreditar el trabajo de un organismo cuando todavía no emite su primer reporte ni se conocen sus actividades, pero sí hay que estar pendientes y en alerta para evitar que el organismo ciudadano del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción que ya fue designado sea un aparato decorativo, útil al discurso del gobierno de Héctor Astudillo.
Y es que hay razones para suponer que el comité ciudadano puede ser fallido. Por ejemplo, uno de los candidatos seleccionados, Julián Urióstegui Carbajal, propuesto por la Concamingro, a nombre del organismo que representa, publicó un desplegado, el 28 de octubre de 2016, felicitando al gobernador Héctor Astudillo por su primer informe de gobierno.
“Concaingro reconoce ampliamente al C. Héctor Astudillo Flores, Gobernador constitucional del estado de Guerrero”, dice el desplegado publicado a plana entera.
Igualmente, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, de quien Arely Adriana Almazán Adame era secretaria particular y hoy también seleccionada para el comité ciudadano, publicó una felicitación al gobernador el 31 de octubre de 2016.
“C. Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores: Reciba la felicitación de la Universidad Autónoma de Guerrero, por los avances y logros que se tienen en su primer año de gobierno, al tiempo de que como bien lo señala usted ¡Hoy Guerrero nos necesita a todos¡ y Guerrero necesita y confía en un líder que siente las bases para que las futuras generaciones de guerrerenses vivan en armonía en el contexto de una sociedad justa, equitativa y libre”.
Estos no son buenos mensajes para la ciudadanía, y no lo son por la parcialidad que demuestran y esto puede prevalecer también dentro del comité ciudadano para hacerlo acrítico.
Ojalá el comité ciudadano funcione y en unos meses tenga que desmentir lo que aquí escribí.
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