El Sur de Acapulco
Entre los meses de mayo y junio de este año se celebran dos hechos trascendentes para la transparencia y la rendición de cuentas en Guerrero. El primero es la publicación en el periódico oficial del estado, el 6 de mayo, de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado –resultado de la homologación con la Ley General en la materia– y con la que se inaugura una nueva etapa en el desarrollo de la transparencia y la rendición de cuentas tanto para las dependencias y entidades gubernamentales –que deberán ajustar sus estructuras organizativas y procedimientos a las nuevas disposiciones normativas– como para la ciudadanía, que deberá seguir exigiendo y presionando para que esos cambios se produzcan.
El segundo hecho es que en junio se cumplen 10 años de que entró en vigor la Ley Número 568 de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, primer instrumento normativo de la entidad que estableció obligaciones de transparencia y los procedimientos para tener acceso a la información pública gubernamental.
¿Qué ha cambiado desde aquel 13 de junio de 2006? ¿Es mejor la gestión gubernamental? ¿Hay menos corrupción hoy que hace 10 años? ¿Los gobiernos tienen mejores prácticas para la rendición de cuentas? ¿Cuánto se avanzó en transparencia y acceso a la información? ¿Los ciudadanos están mejor informados sobre lo que realizan sus gobiernos? ¿Hay una mayor incidencia ciudadana en las decisiones de gobierno?
Aunque no hay datos duros que lo confirmen, la percepción general es que realmente poco ha cambiado. En este espacio, durante varias entregas, reseñaremos aspectos importantes que documentan las irregularidades de lo podría denominarse la “década de la opacidad” en Guerrero. Creemos que si no son señaladas las malas prácticas y éstas tampoco se hacen visibles, quedará la tentación de no pocas dependencias gubernamentales de brincarse lo que establece la nueva legislación (ley 207), y las prácticas de opacidad proseguirán y hasta tenderán a especializarse.
Desde 2006 han pasado cuatro gobernadores, cuatro periodos de ayuntamientos distintos, cuatro legislaturas, y hasta hoy no se observa una política medianamente aceptable –exceptuando tal vez la del actual gobierno estatal, una vez que cumpla lo que prometió– en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Fueron 10 años en los que Guerrero estuvo a la zaga en el ámbito nacional porque prevaleció en la generalidad del sector público el propósito de “administrar” el problema de la falta de transparencia mediante el establecimiento de tibias medidas y el cumplimiento a medias de la legislación de transparencia, con la complacencia de un órgano garante que se mantuvo agazapado, con bajo perfil, sin agenda, sin desplegar sus facultades de promoción y permitiendo la impunidad de quienes no cumplieron las obligaciones establecidas en la ley.
En las primeras entregas describiremos un panorama general de la transparencia y el acceso a la información en el estado; en las siguientes, la actuación y los rezagos que aún persisten en el órgano garante de la transparencia en Guerrero, que generaron en esta década una ambiente de impunidad en quienes incumplieron con la ley.
¿Qué ha cambiado desde aquel 13 de junio de 2006? ¿Es mejor la gestión gubernamental? ¿Hay menos corrupción hoy que hace 10 años? ¿Los gobiernos tienen mejores prácticas para la rendición de cuentas? ¿Cuánto se avanzó en transparencia y acceso a la información? ¿Los ciudadanos están mejor informados sobre lo que realizan sus gobiernos? ¿Hay una mayor incidencia ciudadana en las decisiones de gobierno?
Aunque no hay datos duros que lo confirmen, la percepción general es que realmente poco ha cambiado. En este espacio, durante varias entregas, reseñaremos aspectos importantes que documentan las irregularidades de lo podría denominarse la “década de la opacidad” en Guerrero. Creemos que si no son señaladas las malas prácticas y éstas tampoco se hacen visibles, quedará la tentación de no pocas dependencias gubernamentales de brincarse lo que establece la nueva legislación (ley 207), y las prácticas de opacidad proseguirán y hasta tenderán a especializarse.
Desde 2006 han pasado cuatro gobernadores, cuatro periodos de ayuntamientos distintos, cuatro legislaturas, y hasta hoy no se observa una política medianamente aceptable –exceptuando tal vez la del actual gobierno estatal, una vez que cumpla lo que prometió– en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Fueron 10 años en los que Guerrero estuvo a la zaga en el ámbito nacional porque prevaleció en la generalidad del sector público el propósito de “administrar” el problema de la falta de transparencia mediante el establecimiento de tibias medidas y el cumplimiento a medias de la legislación de transparencia, con la complacencia de un órgano garante que se mantuvo agazapado, con bajo perfil, sin agenda, sin desplegar sus facultades de promoción y permitiendo la impunidad de quienes no cumplieron las obligaciones establecidas en la ley.
En las primeras entregas describiremos un panorama general de la transparencia y el acceso a la información en el estado; en las siguientes, la actuación y los rezagos que aún persisten en el órgano garante de la transparencia en Guerrero, que generaron en esta década una ambiente de impunidad en quienes incumplieron con la ley.
Transparencia
En materia de transparencia gubernamental Guerrero no puede presumir nada, pues hay un marcado sello de opacidad e incumplimiento, ya que en general las dependencias públicas en 10 años no cubrieron los mínimos de información que les ordenaba la ley. Uno de los indicadores empleados para medir la transparencia es el cumplimiento de la información de oficio, es decir, la información que de acuerdo con las leyes, las dependencias públicas deben publicar sin pretextos. De hecho, en Guerrero no hay una sola dependencia, de 160 que se tenían registradas hasta mayo de 2016, que haya cumplido con el 100 por ciento de sus obligaciones.
En el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo comenzó a aplicarse la primera ley de transparencia en el estado (2006) y aunque durante su gestión promovió que cada dependencia difundiera su información de oficio en un portal electrónico, los resultados de este trabajo fueron disparejos.
No se conoce algún monitoreo local que verificara el nivel de transparencia del Ejecutivo del estado, pero algunos estudios de alcance nacional, como la Métrica de la Transparencia abordaron en 2007 y 2010 temas relativos a la transparencia en el estado. En el caso de la Métrica 2007, el Ejecutivo estatal obtuvo una calificación regular (64 por ciento), que lo ubicó en el noveno lugar nacional, basando su evaluación en los portales electrónicos institucionales.
Sin embargo, en la Métrica de 2010, el Ejecutivo de Guerrero descendió hasta el lugar 22, incluso con una calificación menor a la del promedio nacional. Lo anterior muestra la inconsistencia de la política de transparencia del gobernador ZTG, en cuyo gobierno no obstante se sentaron las bases para que cada dependencia instalara un equipo básico para el procesamiento de solicitudes de información y la publicación de información en los portales.
Periodo aguirrista
En el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo comenzó a aplicarse la primera ley de transparencia en el estado (2006) y aunque durante su gestión promovió que cada dependencia difundiera su información de oficio en un portal electrónico, los resultados de este trabajo fueron disparejos.
No se conoce algún monitoreo local que verificara el nivel de transparencia del Ejecutivo del estado, pero algunos estudios de alcance nacional, como la Métrica de la Transparencia abordaron en 2007 y 2010 temas relativos a la transparencia en el estado. En el caso de la Métrica 2007, el Ejecutivo estatal obtuvo una calificación regular (64 por ciento), que lo ubicó en el noveno lugar nacional, basando su evaluación en los portales electrónicos institucionales.
Sin embargo, en la Métrica de 2010, el Ejecutivo de Guerrero descendió hasta el lugar 22, incluso con una calificación menor a la del promedio nacional. Lo anterior muestra la inconsistencia de la política de transparencia del gobernador ZTG, en cuyo gobierno no obstante se sentaron las bases para que cada dependencia instalara un equipo básico para el procesamiento de solicitudes de información y la publicación de información en los portales.
Periodo aguirrista
Ángel Aguirre Rivero comenzó su gestión poco después de aprobada la segunda ley de transparencia (la número 374). Fue muy parco en sus políticas de transparencia y a lo largo de los tres años y poco más de ocho meses que duró su mandato, apenas se registraron algunas mejoras respecto de su antecesor.
Durante las primeras semanas de la administración aguirrista se retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Torreblanca, y no la remplazó de inmediato; incluso el apartado de Transparencia Fiscal, que sí contenía información importante y útil, fue retirado por unos meses, y cuando apareció nuevamente, lo hizo con modificaciones e información rasurada.
Durante este periodo se realizaron dos monitoreos locales a las dependencias públicas del estado, en 2013 y 2014. En el primer caso, el promedio de cumplimiento fue de apenas 29.1 por ciento, mientras que en 2014 fue de 42 por ciento.
Cabe recordar que en 2013 la mayor parte de las dependencias que obtuvieron los “mejores” resultados fueron del Ejecutivo, en un rango de puntuaciones que van de 45 a 69 por ciento. Sin embargo, en 2014 las mejores calificaciones fueron para algunos ayuntamientos que estuvieron en un rango de 70 y hasta 93 por ciento. La oficina del gobierno del estado mejor posicionada, la Contraloría General del estado, obtuvo 71 por ciento de calificación en este monitoreo.
En 2014 también se aplicó la Métrica de la Transparencia en todos los estados, y en la “dimensión portales”, Guerrero ocupó el lugar 30 a nivel nacional, por debajo de la calificación promedio nacional.
Durante las primeras semanas de la administración aguirrista se retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Torreblanca, y no la remplazó de inmediato; incluso el apartado de Transparencia Fiscal, que sí contenía información importante y útil, fue retirado por unos meses, y cuando apareció nuevamente, lo hizo con modificaciones e información rasurada.
Durante este periodo se realizaron dos monitoreos locales a las dependencias públicas del estado, en 2013 y 2014. En el primer caso, el promedio de cumplimiento fue de apenas 29.1 por ciento, mientras que en 2014 fue de 42 por ciento.
Cabe recordar que en 2013 la mayor parte de las dependencias que obtuvieron los “mejores” resultados fueron del Ejecutivo, en un rango de puntuaciones que van de 45 a 69 por ciento. Sin embargo, en 2014 las mejores calificaciones fueron para algunos ayuntamientos que estuvieron en un rango de 70 y hasta 93 por ciento. La oficina del gobierno del estado mejor posicionada, la Contraloría General del estado, obtuvo 71 por ciento de calificación en este monitoreo.
En 2014 también se aplicó la Métrica de la Transparencia en todos los estados, y en la “dimensión portales”, Guerrero ocupó el lugar 30 a nivel nacional, por debajo de la calificación promedio nacional.
El interinato de Ortega
Fue inédito en materia de transparencia, más allá del discurso que construyó de parecer un gobernador conciliador, de diálogo, que llegó a pacificar el estado, los hechos lo desnudaron y no hizo nada para mejorar el nivel de transparencia en el Ejecutivo ni para mejorar la rendición de cuentas.
Incluso Rogelio Ortega presentó un plan de gobierno que incluía 27 acciones “inmediatas, sustantivas” y una en particular, la acción número 21, decía: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”. Nunca dictó una sola medida al respecto.
En 2015, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro) realizó el único monitoreo en 10 años, no obstante que tenía la obligación legal de hacerlo cada cuatro meses. También fue la única revisión que incluyó a los 160 sujetos obligados del estado de Guerrero.
El promedio general de este monitoreo fue de 27.9 por ciento, es decir, no se alcanzó ni siquiera un tercio en la cobertura de sus obligaciones de transparencia. En el caso de las dependencias del Ejecutivo, el promedio alcanzado fue de 42 por ciento.
Al final de su gobierno, Ortega expidió los Lineamientos específicos para la integración de la información del proceso de entrega-recepción del gobierno del estado de Guerrero. En este documento, por ser final de gobierno, muy convenientemente exhortó a las dependencias, ahora sí, a cumplir con la información de oficio:
“Aunque el gobierno del estado de Guerrero ha hecho un gran esfuerzo para garantizar que las dependencias y entidades que la conforman cumplan al menos con la actualización y publicación de la denominada información de oficio, no todas las instituciones lo han hecho a plenitud [de hecho, ninguna].”
En tal virtud, se debe hacer un esfuerzo para que a más tardar en el mes de marzo de 2015 se cumpla con esta responsabilidad; y en este caso, de acuerdo con lo establecido en la Ley (…) realizar las actualizaciones correspondientes”.
En ese tenor fue la política de transparencia de Rogelio Ortega: transparentar al final para evitar el escrutinio público a su gobierno.
Incluso Rogelio Ortega presentó un plan de gobierno que incluía 27 acciones “inmediatas, sustantivas” y una en particular, la acción número 21, decía: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”. Nunca dictó una sola medida al respecto.
En 2015, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro) realizó el único monitoreo en 10 años, no obstante que tenía la obligación legal de hacerlo cada cuatro meses. También fue la única revisión que incluyó a los 160 sujetos obligados del estado de Guerrero.
El promedio general de este monitoreo fue de 27.9 por ciento, es decir, no se alcanzó ni siquiera un tercio en la cobertura de sus obligaciones de transparencia. En el caso de las dependencias del Ejecutivo, el promedio alcanzado fue de 42 por ciento.
Al final de su gobierno, Ortega expidió los Lineamientos específicos para la integración de la información del proceso de entrega-recepción del gobierno del estado de Guerrero. En este documento, por ser final de gobierno, muy convenientemente exhortó a las dependencias, ahora sí, a cumplir con la información de oficio:
“Aunque el gobierno del estado de Guerrero ha hecho un gran esfuerzo para garantizar que las dependencias y entidades que la conforman cumplan al menos con la actualización y publicación de la denominada información de oficio, no todas las instituciones lo han hecho a plenitud [de hecho, ninguna].”
En tal virtud, se debe hacer un esfuerzo para que a más tardar en el mes de marzo de 2015 se cumpla con esta responsabilidad; y en este caso, de acuerdo con lo establecido en la Ley (…) realizar las actualizaciones correspondientes”.
En ese tenor fue la política de transparencia de Rogelio Ortega: transparentar al final para evitar el escrutinio público a su gobierno.
Ayuntamientos
Caso aparte son los ayuntamientos guerrerenses, que constituyen, a pulso, la vanguardia de la opacidad en el estado. En efecto, los tres periodos de gobiernos municipales que han sido sujetos obligados de las leyes de transparencia brillarán en la historia por su opacidad; muchas veces, incluso, desafiando abiertamente la ley, ante la complacencia del órgano encargado de hacerla valer. Los actuales ayuntamientos, salvo algunas excepciones, no han modificado las prácticas de opacidad de sus antecesores.
Uno de los monitoreos más consistentes a la transparencia de los ayuntamientos es el que realiza el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), que desde 2010 ha efectuado ocho evaluaciones. En general, las calificaciones han sido muy bajas, pues salvo la del primer semestre de 2010, durante siete revisiones no han alcanzado ni siquiera el 10 por ciento, en promedio.
Ha habido otros monitoreos con diferente metodología, pero que igualmente dan cuenta de la escasa transparencia de los gobiernos municipales.
Con esta revisión, en 2012 se observó un fenómeno interesante que muestra que cuando hay un proyecto serio y mucha disposición, la transparencia puede ser una práctica que no cuesta mucho. Por medio de un monitoreo se encontró que en la Montaña de Guerrero, la región más maginada del estado, estaban los ayuntamientos que más cumplían con la publicación de su información de oficio.
Estos municipios pobres alcanzaron puntajes de 83 por ciento, en el caso de Metlatónoc, 79 por ciento en Alcozauca, 78 por ciento de Tlacoachistlahuaca, 73 para Acatepec y 71 en el caso del ayuntamiento de José Joaquín Herrera, entre otros, ubicándose muy por arriba de otros ayuntamientos con más población y recursos como el de Chilpancingo, que en esa revisión de 2012 obtuvo 45 por ciento, Iguala de la Independencia, que registró 46 por ciento, y Taxco, que alcanzó sólo 17 puntos en la publicación de su información de oficio.
En el monitoreo realizado por el Itaigro en septiembre de 2015, se obtuvo un promedio de cumplimiento de los 81 ayuntamientos de 11.3 por ciento, destacando que poco más de la mitad de los municipios de Guerrero del trienio 2012-2015 no publicaron ninguno de los temas que establece la Ley. También sobresale que solo tres gobiernos estuvieron ligeramente arriba de 50 por ciento, y uno registró un mediano nivel de 73.1 por ciento de su información de oficio.
Uno de los monitoreos más consistentes a la transparencia de los ayuntamientos es el que realiza el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), que desde 2010 ha efectuado ocho evaluaciones. En general, las calificaciones han sido muy bajas, pues salvo la del primer semestre de 2010, durante siete revisiones no han alcanzado ni siquiera el 10 por ciento, en promedio.
Ha habido otros monitoreos con diferente metodología, pero que igualmente dan cuenta de la escasa transparencia de los gobiernos municipales.
Con esta revisión, en 2012 se observó un fenómeno interesante que muestra que cuando hay un proyecto serio y mucha disposición, la transparencia puede ser una práctica que no cuesta mucho. Por medio de un monitoreo se encontró que en la Montaña de Guerrero, la región más maginada del estado, estaban los ayuntamientos que más cumplían con la publicación de su información de oficio.
Estos municipios pobres alcanzaron puntajes de 83 por ciento, en el caso de Metlatónoc, 79 por ciento en Alcozauca, 78 por ciento de Tlacoachistlahuaca, 73 para Acatepec y 71 en el caso del ayuntamiento de José Joaquín Herrera, entre otros, ubicándose muy por arriba de otros ayuntamientos con más población y recursos como el de Chilpancingo, que en esa revisión de 2012 obtuvo 45 por ciento, Iguala de la Independencia, que registró 46 por ciento, y Taxco, que alcanzó sólo 17 puntos en la publicación de su información de oficio.
En el monitoreo realizado por el Itaigro en septiembre de 2015, se obtuvo un promedio de cumplimiento de los 81 ayuntamientos de 11.3 por ciento, destacando que poco más de la mitad de los municipios de Guerrero del trienio 2012-2015 no publicaron ninguno de los temas que establece la Ley. También sobresale que solo tres gobiernos estuvieron ligeramente arriba de 50 por ciento, y uno registró un mediano nivel de 73.1 por ciento de su información de oficio.
Otros sujetos obligados
El Ejecutivo del estado y los ayuntamientos no fueron los únicos omisos en el cumplimiento de la Ley. En el monitoreo de 2013 encontramos que el Itaigro apenas tenía 48 por ciento de cumplimiento, la Universidad Autónoma de Guerrero, 42 por ciento; muy abajo estaban el Congreso del estado, con 9 por ciento y el Tribunal Superior de Justicia con 6 por ciento.
En la revisión de 2014, el Itaigro dio un salto y subió a 80 por ciento, el Congreso del estado a 42 por ciento y el Tribunal Superior a 34 por ciento.
Finalmente, en el monitoreo de septiembre de 2015, el Itaigro obtuvo 79.6 puntos porcentuales, el Tribunal Superior tuvo un notable incremento a 61.1 por ciento, la UAG disminuyó su porcentaje a 23.9, y el Congreso a 22.2 por ciento.
En este apretado resumen de 10 años de transparencia en Guerrero se observan muchos altibajos en el cumplimiento de la Ley, opacidad generalizada y en todo este tiempo nadie cumplió al 100 por ciento con sus obligaciones de transparencia normativa.
En la revisión de 2014, el Itaigro dio un salto y subió a 80 por ciento, el Congreso del estado a 42 por ciento y el Tribunal Superior a 34 por ciento.
Finalmente, en el monitoreo de septiembre de 2015, el Itaigro obtuvo 79.6 puntos porcentuales, el Tribunal Superior tuvo un notable incremento a 61.1 por ciento, la UAG disminuyó su porcentaje a 23.9, y el Congreso a 22.2 por ciento.
En este apretado resumen de 10 años de transparencia en Guerrero se observan muchos altibajos en el cumplimiento de la Ley, opacidad generalizada y en todo este tiempo nadie cumplió al 100 por ciento con sus obligaciones de transparencia normativa.
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