Guerrero ya tiene Ley de transparencia armonizada; fue el estado número 27 en aprobarla y lo hizo en el límite del plazo perentorio que tenía. Su aprobación en el Congreso no fue tersa, pero tampoco hubo fuerte oposición, muchos legisladores sabían que los ojos de expertos de la academia, activistas y funcionarios de los órganos de transparencia y fiscalización nacionales estaban sobre estados como Guerrero, que tenían pendiente el ajuste a su legislación.
Por vez primera, una Legislatura del Congreso del estado cumplió en tiempo –aunque no necesariamente en forma– con su trabajo en materia de transparencia, por lo menos en la hechura y aprobación de la ley, pues en la práctica es otra cosa, ya que la experiencia ofrece suficientes ejemplos de cómo el legislativo guerrerense es omiso en el cumplimiento de las leyes que aprueba, especialmente la de transparencia.
El proceso que siguió esta ley no fue el mejor; el 5 de mayo los diputados describieron las zancadillas que se pusieron unos a otros desde que comenzaron a legislarla, lo que dio como resultado la imposición de un punto de vista, no basado en el debate. Ese fue el tenor de la ley de transparencia, legislada en pocos días, al vapor, y sin procesos abiertos de discusión ni a la sociedad ni siquiera de manera plena en el interior del Congreso.
Por vez primera, una Legislatura del Congreso del estado cumplió en tiempo –aunque no necesariamente en forma– con su trabajo en materia de transparencia, por lo menos en la hechura y aprobación de la ley, pues en la práctica es otra cosa, ya que la experiencia ofrece suficientes ejemplos de cómo el legislativo guerrerense es omiso en el cumplimiento de las leyes que aprueba, especialmente la de transparencia.
El proceso que siguió esta ley no fue el mejor; el 5 de mayo los diputados describieron las zancadillas que se pusieron unos a otros desde que comenzaron a legislarla, lo que dio como resultado la imposición de un punto de vista, no basado en el debate. Ese fue el tenor de la ley de transparencia, legislada en pocos días, al vapor, y sin procesos abiertos de discusión ni a la sociedad ni siquiera de manera plena en el interior del Congreso.
Desinterés en las Legislaturas
La historia legislativa en torno a la transparencia en el estado está marcada por el retraso. En la experiencia de las dos leyes que habían regido, los diputados guerrerenses llevaron al tiempo límite la aprobación de las normas, y además las iniciativas que votaron no estuvieron entre los mejores, especialmente la primera.
De acuerdo con Sergio López Ayllon y María Marbán, cuando se aprobó la Ley número 568 de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, el 29 de septiembre de 2005, 24 estados y el Distrito Federal ya habían dado luz verde a su respectiva ley de transparencia, y sólo faltaban Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco.
Aunque no había un plazo perentorio para aprobarla, el retraso respecto de otros estados fue indicativo del poco interés que exhibió la LVII Legislatura por estos temas, ya que por otra parte había desde 2003 en el Congreso del estado una propuesta de ley y hasta entonces no se había tomado en cuenta.
Por otra parte, la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero fue aprobada por la LIX Legislatura el 11 de mayo de 2010, es decir 22 meses después del plazo perentorio que mandató el artículo segundo transitorio del sexto constitucional reformado en julio de 2007, cuya modificación se hizo precisamente para homologar los principios y procedimientos entre las leyes y subsanar las deficiencias de normas estatales, como era el caso de la de Guerrero.
Por eso fue una sorpresa que la LXI Legislatura del Congreso de Guerrero armonizara en tiempo la ley local de transparencia.
De acuerdo con Sergio López Ayllon y María Marbán, cuando se aprobó la Ley número 568 de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, el 29 de septiembre de 2005, 24 estados y el Distrito Federal ya habían dado luz verde a su respectiva ley de transparencia, y sólo faltaban Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco.
Aunque no había un plazo perentorio para aprobarla, el retraso respecto de otros estados fue indicativo del poco interés que exhibió la LVII Legislatura por estos temas, ya que por otra parte había desde 2003 en el Congreso del estado una propuesta de ley y hasta entonces no se había tomado en cuenta.
Por otra parte, la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero fue aprobada por la LIX Legislatura el 11 de mayo de 2010, es decir 22 meses después del plazo perentorio que mandató el artículo segundo transitorio del sexto constitucional reformado en julio de 2007, cuya modificación se hizo precisamente para homologar los principios y procedimientos entre las leyes y subsanar las deficiencias de normas estatales, como era el caso de la de Guerrero.
Por eso fue una sorpresa que la LXI Legislatura del Congreso de Guerrero armonizara en tiempo la ley local de transparencia.
Sin participación
Mientras en todo el país se cuentan experiencias exitosas de consulta a la ciudadanía y de debate abierto, en las tres leyes de transparencia que se han emitido en el Congreso de Guerrero se ha evitado someterlas a un proceso de discusión serio y profesional.
El Colectivo por la Transparencia, integrado por 16 organizaciones nacionales y estatales especialistas en la materia, expresó que “a diferencia de la construcción de la LGTAI (Ley General), la mayoría de congresos locales han aprobado iniciativas construidas fuera del alcance de la sociedad civil, sin compartir los proyectos de ley y excluyendo la posibilidad de participación ciudadana”.
La agrupación abundó que “Algunos estados se distinguen por un notado esfuerzo de inclusión de la participación ciudadana, ya fuera en la redacción del proyecto de ley en foros públicos como fue el caso de Baja California; la construcción de iniciativas con colaboración de organizaciones civiles como lo fue en Quintana Roo, Baja California Sur y la ley federal, y la celebración de foros públicos de discusión como en los casos de Sonora y Sinaloa”.
No fue el caso de Guerrero, nunca hubo asomo de que el Congreso hiciera partícipe a la sociedad, y en cambio sí se observó un proceso o muy aseado para la concreción de la ley.
Como lo denunció el diputado Sebastián de la Rosa Peláez en tribuna, el dictamen que se presentó ante el pleno sólo incluyó las iniciativas del gobernador Héctor Astudillo y del diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja, dejando fuera la que presentó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro).
El propio instituto argumentó un día antes de la presentación y aprobación ante el pleno, mediante comunicado oficial, que desde el 5 de abril había hecho llegar su propuesta de iniciativa “sin que hasta la fecha se le haya dado trámite legislativo correspondiente, ni explicación alguna para no dictaminarse”.
Más allá de que la explicación no oficial fue que el Itaigro carece de facultades para presentar iniciativas de ley, se percibe que a alguien con suficiente peso político le molestó la desafortunada ocurrencia del instituto de incluir en esa iniciativa la reelección de facto de los actuales consejeros del instituto para iniciar los relevos escalonados que propone la ley.
Dejar fuera la propuesta del Itaigro permitió que no se consideraran aspectos importantes de esa iniciativa, especialmente el de la designación de los comisionados del órgano garante.
Éste no es un tema menor, si se considera que la calidad del funcionamiento del instituto de transparencia de Guerrero se relaciona directamente con el perfil de los consejeros que se designan en el Congreso. Sólo hay que revisar los procesos de selección que ha habido en el estado y relacionarlos con la percepción que la ciudadanía tiene el instituto.
El artículo 38 de la ley General de Transparencia, en el segundo párrafo dice claramente que “En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad”.
Sin embargo, el artículo 36, fracción III, de la recién aprobada Ley No. 207 de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, incluye el siguiente párrafo respecto de la participación ciudadana en la designación de los comisionados: “a) La Junta de Coordinación Política realizará una evaluación de los aspirantes. A su vez revisará los perfiles, celebrará las entrevistas que requiera con los aspirantes, las cuales serán públicas y, en su caso, realizará las demás evaluaciones que considere pertinentes”.
Es decir, los diputados guerrerenses redujeron la participación de la sociedad a la observación pasiva de las entrevistas con los aspirantes, y habría que preguntarse si no es éste un tema impugnable por parte del INAI.
La propuesta del Itaigro iba más allá, textualmente decía: “Con la finalidad de permitir la participación de la sociedad, la Junta de Coordinación Política o la Comisión Competente, publicarán los resultados y listas preliminares de los aspirantes a comisionados, a efecto de recibir opiniones por parte del Consejo Consultivo o las organizaciones de la sociedad civil que previamente se encuentren inscritas, las cuales podrán ser tomadas en cuenta para elaborar la lista de los aspirantes que se presentará al pleno del Congreso del Estado para su designación”.
El Colectivo por la Transparencia precisamente aborda este tema como uno de los más cuestionables en las leyes de transparencia estatales. “En los procesos de designación encontramos serios retos ya que se realizan procesos fast track, sin considerar la participación ciudadana. Los elementos más preocupantes en las designaciones de los titulares de los organismos garantes son: 1) Emiten convocatorias con premura y poca publicidad. 2) Las comparecencias de los aspirantes se realizan a puerta cerrada, 3) No se publican los expedientes de los postulantes, 4) Se carece de un instrumento técnico de evaluación que dé a conocer cómo son evaluados los candidatos a los cargos en cuestión, 5) Muy pocos procesos incorporan un Comité de acompañamiento compuesto por expertos que asesoren respecto al proceso y los candidatos, 6) No se realiza un dictamen que justifique las razones de la elección de los perfiles, 7) No se incorpora la participación ciudadana”.
Agrega el Colectivo que “todos estos elementos imposibilitan que se asegure que lleguen candidatos con la trayectoria, legitimidad y autonomía de los partidos políticos que se requiere para desempeñar adecuadamente el encargo”.
El Colectivo por la Transparencia, integrado por 16 organizaciones nacionales y estatales especialistas en la materia, expresó que “a diferencia de la construcción de la LGTAI (Ley General), la mayoría de congresos locales han aprobado iniciativas construidas fuera del alcance de la sociedad civil, sin compartir los proyectos de ley y excluyendo la posibilidad de participación ciudadana”.
La agrupación abundó que “Algunos estados se distinguen por un notado esfuerzo de inclusión de la participación ciudadana, ya fuera en la redacción del proyecto de ley en foros públicos como fue el caso de Baja California; la construcción de iniciativas con colaboración de organizaciones civiles como lo fue en Quintana Roo, Baja California Sur y la ley federal, y la celebración de foros públicos de discusión como en los casos de Sonora y Sinaloa”.
No fue el caso de Guerrero, nunca hubo asomo de que el Congreso hiciera partícipe a la sociedad, y en cambio sí se observó un proceso o muy aseado para la concreción de la ley.
Como lo denunció el diputado Sebastián de la Rosa Peláez en tribuna, el dictamen que se presentó ante el pleno sólo incluyó las iniciativas del gobernador Héctor Astudillo y del diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja, dejando fuera la que presentó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro).
El propio instituto argumentó un día antes de la presentación y aprobación ante el pleno, mediante comunicado oficial, que desde el 5 de abril había hecho llegar su propuesta de iniciativa “sin que hasta la fecha se le haya dado trámite legislativo correspondiente, ni explicación alguna para no dictaminarse”.
Más allá de que la explicación no oficial fue que el Itaigro carece de facultades para presentar iniciativas de ley, se percibe que a alguien con suficiente peso político le molestó la desafortunada ocurrencia del instituto de incluir en esa iniciativa la reelección de facto de los actuales consejeros del instituto para iniciar los relevos escalonados que propone la ley.
Dejar fuera la propuesta del Itaigro permitió que no se consideraran aspectos importantes de esa iniciativa, especialmente el de la designación de los comisionados del órgano garante.
Éste no es un tema menor, si se considera que la calidad del funcionamiento del instituto de transparencia de Guerrero se relaciona directamente con el perfil de los consejeros que se designan en el Congreso. Sólo hay que revisar los procesos de selección que ha habido en el estado y relacionarlos con la percepción que la ciudadanía tiene el instituto.
El artículo 38 de la ley General de Transparencia, en el segundo párrafo dice claramente que “En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad”.
Sin embargo, el artículo 36, fracción III, de la recién aprobada Ley No. 207 de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, incluye el siguiente párrafo respecto de la participación ciudadana en la designación de los comisionados: “a) La Junta de Coordinación Política realizará una evaluación de los aspirantes. A su vez revisará los perfiles, celebrará las entrevistas que requiera con los aspirantes, las cuales serán públicas y, en su caso, realizará las demás evaluaciones que considere pertinentes”.
Es decir, los diputados guerrerenses redujeron la participación de la sociedad a la observación pasiva de las entrevistas con los aspirantes, y habría que preguntarse si no es éste un tema impugnable por parte del INAI.
La propuesta del Itaigro iba más allá, textualmente decía: “Con la finalidad de permitir la participación de la sociedad, la Junta de Coordinación Política o la Comisión Competente, publicarán los resultados y listas preliminares de los aspirantes a comisionados, a efecto de recibir opiniones por parte del Consejo Consultivo o las organizaciones de la sociedad civil que previamente se encuentren inscritas, las cuales podrán ser tomadas en cuenta para elaborar la lista de los aspirantes que se presentará al pleno del Congreso del Estado para su designación”.
El Colectivo por la Transparencia precisamente aborda este tema como uno de los más cuestionables en las leyes de transparencia estatales. “En los procesos de designación encontramos serios retos ya que se realizan procesos fast track, sin considerar la participación ciudadana. Los elementos más preocupantes en las designaciones de los titulares de los organismos garantes son: 1) Emiten convocatorias con premura y poca publicidad. 2) Las comparecencias de los aspirantes se realizan a puerta cerrada, 3) No se publican los expedientes de los postulantes, 4) Se carece de un instrumento técnico de evaluación que dé a conocer cómo son evaluados los candidatos a los cargos en cuestión, 5) Muy pocos procesos incorporan un Comité de acompañamiento compuesto por expertos que asesoren respecto al proceso y los candidatos, 6) No se realiza un dictamen que justifique las razones de la elección de los perfiles, 7) No se incorpora la participación ciudadana”.
Agrega el Colectivo que “todos estos elementos imposibilitan que se asegure que lleguen candidatos con la trayectoria, legitimidad y autonomía de los partidos políticos que se requiere para desempeñar adecuadamente el encargo”.
Otras propuestas
Para hacer realizables algunos de los nuevos artículos de la ley de transparencia local, fue necesario modificar el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, precisamente en el capítulo referente a la constitución y funcionamiento del Itaigro, para establecer que el instituto “se integrará con tres comisionados, nombrados por las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso local, mediante convocatoria pública”.
La modificación al 112 también establece que “a los integrantes se les denominará comisionados, y no consejeros, se desempeñarán por un periodo de siete años, su designación será de manera escalonada y se considerará la figura de un consejo consultivo de dicho órgano”.
El mismo día de la presentación y aprobación de la ley de transparencia del estado, dos diputados presentaron propuestas de iniciativas de ley relacionadas con la transparencia y el combate a la corrupción.
El primero fue Ricardo Mejía Berdeja, quien “formuló una iniciativa de Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública para el Estado, para normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y de los municipios, además de prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas”, según el comunicado del Congreso.
El segundo fue el diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz con una iniciativa de Ley de Datos Personales del Estado, que fue turnada para su análisis a la Comisión para Atención al Acceso a la Información Pública del Congreso local.
La modificación al 112 también establece que “a los integrantes se les denominará comisionados, y no consejeros, se desempeñarán por un periodo de siete años, su designación será de manera escalonada y se considerará la figura de un consejo consultivo de dicho órgano”.
El mismo día de la presentación y aprobación de la ley de transparencia del estado, dos diputados presentaron propuestas de iniciativas de ley relacionadas con la transparencia y el combate a la corrupción.
El primero fue Ricardo Mejía Berdeja, quien “formuló una iniciativa de Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública para el Estado, para normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y de los municipios, además de prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas”, según el comunicado del Congreso.
El segundo fue el diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz con una iniciativa de Ley de Datos Personales del Estado, que fue turnada para su análisis a la Comisión para Atención al Acceso a la Información Pública del Congreso local.
Haciéndose bolas
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado tenía la idea equivocada de que el sistema Info Guerrero podría ser operado por ellos. El Itaigro hizo un señalamiento en contrario mediante un comunicado el 4 de mayo, en el que denunció que ha solicitado en reiteradas ocasiones la administración del sistema “para poder concretarse en tiempo y forma a la Plataforma Nacional de Transparencia, y es lamentable que a la fecha no se haya realizado dicha entrega-recepción, por lo que este instituto no estará en condiciones de incorporar al estado de Guerrero en la plataforma nacional, ni dar de alta a nuevos sujetos obligados (…) asimismo los recursos de revisión seguirán realizándose de manera manual, hasta en tanto no se concrete la entrega”.
La Secretaría de Contraloría respondió en un desplegado al día siguiente que “en cumplimiento a lo que establece la Reforma Constitucional y la Ley General de Transparencia (…), este cinco de mayo entró en funciones la Plataforma Nacional de Transparencia donde el Gobierno de Guerrero que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores se encuentra integrado, con el firme objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información desde cualquier sitio”.
Más adelante, el desplegado dice que el titular de la secretaría de Contraloría destacó que el INAI “informó a través de su unidad de Tecnologías de la Información que las pruebas de integración del Sistema Info Guerrero resultaron positivas por lo cual el Estado de Guerrero se encuentra integrado a la Plataforma Nacional de Transparencia”.
Nadie asesoró a Mario Ramos del Carmen de que el sistema Info Guerrero funcionaría para todos los sujetos obligados del estado y que por ley debe ser administrado por el órgano garante.
Incluso fue necesario que la diputada Yuridia Melchor Sánchez presentara un exhorto al Ejecutivo del estado para concretar este trámite. En un comunicado se lee que “El Congreso de Guerrero exhortó al Ejecutivo Estatal para que facilite que la administración y operación del Sistema Infoguerrero se transfiera al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado”.
Y agrega que “de acuerdo a la ley, el procedimiento debe estar a cargo del ITAIGRO que es el órgano constitucional responsable para desempeñar dicha atribución”.
Finalmente, ayer lunes se hizo la transferencia al órgano garante.
Así fueron los últimos cinco días, cruciales para la construcción del Sistema Nacional de Transparencia en Guerrero. Comienza la cuenta regresiva para saber si los discursos de los funcionarios gubernamentales realmente se convertirán en hechos.
La Secretaría de Contraloría respondió en un desplegado al día siguiente que “en cumplimiento a lo que establece la Reforma Constitucional y la Ley General de Transparencia (…), este cinco de mayo entró en funciones la Plataforma Nacional de Transparencia donde el Gobierno de Guerrero que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores se encuentra integrado, con el firme objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información desde cualquier sitio”.
Más adelante, el desplegado dice que el titular de la secretaría de Contraloría destacó que el INAI “informó a través de su unidad de Tecnologías de la Información que las pruebas de integración del Sistema Info Guerrero resultaron positivas por lo cual el Estado de Guerrero se encuentra integrado a la Plataforma Nacional de Transparencia”.
Nadie asesoró a Mario Ramos del Carmen de que el sistema Info Guerrero funcionaría para todos los sujetos obligados del estado y que por ley debe ser administrado por el órgano garante.
Incluso fue necesario que la diputada Yuridia Melchor Sánchez presentara un exhorto al Ejecutivo del estado para concretar este trámite. En un comunicado se lee que “El Congreso de Guerrero exhortó al Ejecutivo Estatal para que facilite que la administración y operación del Sistema Infoguerrero se transfiera al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado”.
Y agrega que “de acuerdo a la ley, el procedimiento debe estar a cargo del ITAIGRO que es el órgano constitucional responsable para desempeñar dicha atribución”.
Finalmente, ayer lunes se hizo la transferencia al órgano garante.
Así fueron los últimos cinco días, cruciales para la construcción del Sistema Nacional de Transparencia en Guerrero. Comienza la cuenta regresiva para saber si los discursos de los funcionarios gubernamentales realmente se convertirán en hechos.
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