El Sur de Acapulco
A 10 años de que en Guerrero se estableció un mecanismo legal para solicitar información pública gubernamental, en el estado se presentaron, al 31 de diciembre de 2015, según datos del órgano garante, 24,270 solicitudes de información. Estos números hacen parecer a Guerrero como un estado donde las dependencias ofrecieron todas las facilidades para el acceso a la información.
Pero cualquiera que haya tenido la experiencia de presentar una solicitud de información, sabe que eso no es cierto, ya que detrás de las “cifras alegres” que registra el órgano garante respecto al número de peticiones de información, hay un ejercicio parcial de este derecho derivado de numerosas historias de reticencias y negativas para la entrega de información a las y los ciudadanos, desinterés de todas las dependencias por promover este derecho y hasta la difusión de cifras “maquilladas” por el órgano garante.
Hoy, en Guerrero se presentan entre 2 mil 500 y 3 mil solicitudes cada año, pero esta cifra es resultado más del interés y tesón de la ciudadanía que de la promoción de las instituciones públicas y el órgano garante.
Sin duda, en los próximos meses habrá un incremento significativo de solicitudes debido a que los guerrerenses y todos los mexicanos tendrán mecanismos más apropiados que facilitarán el acceso a la información (una plataforma nacional, entre otros) derivados de una política nacional que busca resarcir las carencias e ineficiencias locales en casi todos los estados.
Pero cualquiera que haya tenido la experiencia de presentar una solicitud de información, sabe que eso no es cierto, ya que detrás de las “cifras alegres” que registra el órgano garante respecto al número de peticiones de información, hay un ejercicio parcial de este derecho derivado de numerosas historias de reticencias y negativas para la entrega de información a las y los ciudadanos, desinterés de todas las dependencias por promover este derecho y hasta la difusión de cifras “maquilladas” por el órgano garante.
Hoy, en Guerrero se presentan entre 2 mil 500 y 3 mil solicitudes cada año, pero esta cifra es resultado más del interés y tesón de la ciudadanía que de la promoción de las instituciones públicas y el órgano garante.
Sin duda, en los próximos meses habrá un incremento significativo de solicitudes debido a que los guerrerenses y todos los mexicanos tendrán mecanismos más apropiados que facilitarán el acceso a la información (una plataforma nacional, entre otros) derivados de una política nacional que busca resarcir las carencias e ineficiencias locales en casi todos los estados.
Cifras maquilladas
Para desmenuzar qué sucedió en 10 años de acceso a la información en el estado, se observan dos etapas claramente diferenciadas: antes y después de la instalación del sistema electrónico Info Guerrero, el cual entró en funcionamiento el 1 de febrero de 2011 y contribuyó enormemente a quitar algunos de los serios obstáculos que había para acceder a la información.
Del 14 de junio de 2006 al 31 de enero de 2010 el derecho de acceso a la información de los guerrerenses fue obstaculizado seriamente por una ley de transparencia –la primera que rigió en el estado- que establecía requisitos no solo intimidantes, sino poco operativos para un estado como Guerrero, ya que requería que los solicitantes se apersonaran en las dependencias y además que presentaran una identificación. Hoy, ninguna ley en México exige esos requisitos.
Por estas restricciones y también porque nunca se hizo una buena promoción de la ley, el número de solicitudes de información auténticas fue menor del que presentaba el órgano garante, entonces denominado Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Caipegro) de manera muy optimista en sus informes.
Por ejemplo, del 14 de junio de 2006 al 31 de marzo de 2007, la Caipegro reportó un total de 2,814 solicitudes de información y destacaba que 1,595 habían sido presentadas ante el ayuntamiento de Acapulco, es decir 56.6 por ciento de todas las que se registraron en el estado. La Caipegro también decía que en el pequeño municipio de Zitlala se presentaron en ese periodo 178 solicitudes, cifra mayor incluso que la del municipio de Chilpancingo, que registró 90 solicitudes, o del Congreso de estado, que tuvo 40 peticiones de información.
El segundo año de vigencia del derecho de acceso a la información, del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008, la Caipegro reportó que en el estado se presentaron 4,236 solicitudes de información, de las cuales 1,432 correspondieron al ayuntamiento de Acapulco, y 1,321 al ayuntamiento de Zirándaro. En ambos municipios, según el órgano garante, se presentó el 64.9 por ciento de todas las solicitudes del estado.
Por otra parte, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008, la cifra de solicitudes tuvo un decremento significativo y sólo se contabilizaron 1,118 solicitudes. Lo curioso es que en este año el municipio líder en esta materia fue Tecoanapa, donde según la Caipegro, se presentaron 357 solicitudes, por arriba de Acapulco que en esta ocasión sólo alcanzó 278 peticiones registradas.
En 2009 la cifra se incrementó para llegar a 3,453, y en esta ocasión el municipio “sorpresa” fue Azoyú, en cuyo ayuntamiento se presentaron 1,719 solicitudes de información.
Al año siguiente, en 2010, el número de solicitudes presentadas en todo el estado decreció a 2,406, y fue nuevamente el municipio de Acapulco el que registró más peticiones, con 721. Este año, el municipio que tuvo un número atípico de solicitudes fue Iliatenco, con 291, por arriba de dependencias como el Congreso del estado (102), el ex Instituto Electoral del estado (81) o el ayuntamiento de Zihuatanejo, que obtuvo 76 peticiones.
En esta etapa, que abarca desde la entrada en vigor de la primera ley de transparencia (14 de junio de 2006) hasta la puesta en funcionamiento del sistema electrónico Info Guerrero (1 de febrero de 2011) se presentaron en el estado, según cifras de la Caipegro, 14,027 solicitudes de información.
Hay muchas razones para desconfiar de estos datos, el principal de los cuales es que no había condiciones para que la ciudadanía presentara un número tan elevado de solicitudes, especialmente por las restricciones que imponía la ley.
Estos datos “maquillados” fueron cuestionados y denunciados en su momento. Por ejemplo, en esos cuatro años, la Caipegro informó que el Ejecutivo estatal tuvo 2,084 solicitudes de información, mientras que los datos de la Dirección General de Transparencia del propio Ejecutivo arrojan que fueron apenas 864 las solicitudes en el periodo, es decir, hay una diferencia de 141 por ciento.
Otro dato revelador es que al ayuntamiento de Acapulco el órgano garante le adjudicaba cientos de solicitudes, que en algunos años incluso rebasaron el millar. Sin embargo, desde que hace tres años ese ayuntamiento cuenta con una unidad de transparencia, hay un control y registro más estricto de solicitudes, y el resultado es que en los últimos tres años se presentaron un promedio de 188 solicitudes anuales auténticas.
Sin ninguna explicación razonable, cada año algunos municipios registraron cifras atípicas de solicitudes de información, entre ellos Azoyú, con 1,719 peticiones, el propio Acapulco con 1,595, Zirándaro con 1,321, Tecoanapa con 357 o Iliatenco, con 291.
Cabe mencionar que la Caipegro nunca explicó la inconsistencia de estas cifras, sólo se limitaba a decir “es lo que nos envían los ayuntamientos”, pero se observaba que su propósito era rendir “cuentas alegres” y justificar una función que no realizaba de promover el derecho de acceso a la información en el estado.
Del 14 de junio de 2006 al 31 de enero de 2010 el derecho de acceso a la información de los guerrerenses fue obstaculizado seriamente por una ley de transparencia –la primera que rigió en el estado- que establecía requisitos no solo intimidantes, sino poco operativos para un estado como Guerrero, ya que requería que los solicitantes se apersonaran en las dependencias y además que presentaran una identificación. Hoy, ninguna ley en México exige esos requisitos.
Por estas restricciones y también porque nunca se hizo una buena promoción de la ley, el número de solicitudes de información auténticas fue menor del que presentaba el órgano garante, entonces denominado Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Caipegro) de manera muy optimista en sus informes.
Por ejemplo, del 14 de junio de 2006 al 31 de marzo de 2007, la Caipegro reportó un total de 2,814 solicitudes de información y destacaba que 1,595 habían sido presentadas ante el ayuntamiento de Acapulco, es decir 56.6 por ciento de todas las que se registraron en el estado. La Caipegro también decía que en el pequeño municipio de Zitlala se presentaron en ese periodo 178 solicitudes, cifra mayor incluso que la del municipio de Chilpancingo, que registró 90 solicitudes, o del Congreso de estado, que tuvo 40 peticiones de información.
El segundo año de vigencia del derecho de acceso a la información, del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008, la Caipegro reportó que en el estado se presentaron 4,236 solicitudes de información, de las cuales 1,432 correspondieron al ayuntamiento de Acapulco, y 1,321 al ayuntamiento de Zirándaro. En ambos municipios, según el órgano garante, se presentó el 64.9 por ciento de todas las solicitudes del estado.
Por otra parte, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008, la cifra de solicitudes tuvo un decremento significativo y sólo se contabilizaron 1,118 solicitudes. Lo curioso es que en este año el municipio líder en esta materia fue Tecoanapa, donde según la Caipegro, se presentaron 357 solicitudes, por arriba de Acapulco que en esta ocasión sólo alcanzó 278 peticiones registradas.
En 2009 la cifra se incrementó para llegar a 3,453, y en esta ocasión el municipio “sorpresa” fue Azoyú, en cuyo ayuntamiento se presentaron 1,719 solicitudes de información.
Al año siguiente, en 2010, el número de solicitudes presentadas en todo el estado decreció a 2,406, y fue nuevamente el municipio de Acapulco el que registró más peticiones, con 721. Este año, el municipio que tuvo un número atípico de solicitudes fue Iliatenco, con 291, por arriba de dependencias como el Congreso del estado (102), el ex Instituto Electoral del estado (81) o el ayuntamiento de Zihuatanejo, que obtuvo 76 peticiones.
En esta etapa, que abarca desde la entrada en vigor de la primera ley de transparencia (14 de junio de 2006) hasta la puesta en funcionamiento del sistema electrónico Info Guerrero (1 de febrero de 2011) se presentaron en el estado, según cifras de la Caipegro, 14,027 solicitudes de información.
Hay muchas razones para desconfiar de estos datos, el principal de los cuales es que no había condiciones para que la ciudadanía presentara un número tan elevado de solicitudes, especialmente por las restricciones que imponía la ley.
Estos datos “maquillados” fueron cuestionados y denunciados en su momento. Por ejemplo, en esos cuatro años, la Caipegro informó que el Ejecutivo estatal tuvo 2,084 solicitudes de información, mientras que los datos de la Dirección General de Transparencia del propio Ejecutivo arrojan que fueron apenas 864 las solicitudes en el periodo, es decir, hay una diferencia de 141 por ciento.
Otro dato revelador es que al ayuntamiento de Acapulco el órgano garante le adjudicaba cientos de solicitudes, que en algunos años incluso rebasaron el millar. Sin embargo, desde que hace tres años ese ayuntamiento cuenta con una unidad de transparencia, hay un control y registro más estricto de solicitudes, y el resultado es que en los últimos tres años se presentaron un promedio de 188 solicitudes anuales auténticas.
Sin ninguna explicación razonable, cada año algunos municipios registraron cifras atípicas de solicitudes de información, entre ellos Azoyú, con 1,719 peticiones, el propio Acapulco con 1,595, Zirándaro con 1,321, Tecoanapa con 357 o Iliatenco, con 291.
Cabe mencionar que la Caipegro nunca explicó la inconsistencia de estas cifras, sólo se limitaba a decir “es lo que nos envían los ayuntamientos”, pero se observaba que su propósito era rendir “cuentas alegres” y justificar una función que no realizaba de promover el derecho de acceso a la información en el estado.
El affaire del Info Guerrero
En la administración de Zeferino Torreblanca Galindo se inició la gestión para instalar el sistema Info Guerrero. La iniciativa provino del hoy denominado Instituto Nacional de Acceso a la Información (antes IFAI), que promovió en los estados la instalación de una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
Hasta Guerrero llegó el extinto presidente del ex IFAI, Alonso Lujambio, en marzo de 2008, para firmar un convenio de colaboración con el gobierno del estado y el órgano garante. La colaboración tenía el propósito de establecer las “bases y mecanismos operativos para que ‘El IFAI’ otorgue el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, acceso y corrección de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y resolución en su caso, de los recursos de queja, y reconsideración, denominado ‘Sistema Infomex’ a ‘el poder ejecutivo’ y ‘la Caipegro’”.
Sin embargo, el desinterés y la falta de coordinación entre el gobierno del estado y la Caipegro propiciaron que hasta el 1 de febrero de 2011, a casi tres años de firmado el convenio con el IFAI, entrara en funcionamiento la plataforma Info Guerrero. Desde el primer año se palpó su utilidad con el incremento sustancial de solicitudes de información, ya que de 2006 a 2010, el promedio anual de peticiones presentadas ante el Ejecutivo del estado era de 145, y en el primer año de funcionamiento del Info Guerrero, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó a 1,061 solicitudes por vía electrónica, y en 2015 ya era de 1,569 peticiones.
La explicación del incremento es evidente: en un estado como Guerrero, con una orografía difícil y numerosos municipios y poblaciones dispersas, era un sinsentido que la ley incluyera la exigencia de presentar solicitudes de información de manera personal. Durante cinco años, la ciudadanía guerrerense vivió con esta severa restricción a su derecho de acceso a la información, ante la contemplación pasiva del órgano garante y las dependencias públicas.
El Info Guerrero fue sin embargo, una solución parcial, ya que sólo funcionó para las dependencias del Ejecutivo del estado, dejando fuera a los 81 municipios, el Congreso del estado, el poder Judicial y los organismos autónomos, que en conjunto representaban más de la mitad de todas las oficinas públicas obligadas por la ley de transparencia.
Mediante el sistema, tampoco podían presentarse quejas o recursos de revisión –como sí podía hacerse en otros estados y en el ámbito federal-, limitando con esto un ejercicio pleno de este derecho.
Una vez que comenzó a funcionar el Info Guerrero, ni la Caipegro ni posteriormente el Itaigro gestionaron la ampliación del sistema a más sujetos obligados ni la incorporación de más funciones.
Hasta Guerrero llegó el extinto presidente del ex IFAI, Alonso Lujambio, en marzo de 2008, para firmar un convenio de colaboración con el gobierno del estado y el órgano garante. La colaboración tenía el propósito de establecer las “bases y mecanismos operativos para que ‘El IFAI’ otorgue el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, acceso y corrección de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y resolución en su caso, de los recursos de queja, y reconsideración, denominado ‘Sistema Infomex’ a ‘el poder ejecutivo’ y ‘la Caipegro’”.
Sin embargo, el desinterés y la falta de coordinación entre el gobierno del estado y la Caipegro propiciaron que hasta el 1 de febrero de 2011, a casi tres años de firmado el convenio con el IFAI, entrara en funcionamiento la plataforma Info Guerrero. Desde el primer año se palpó su utilidad con el incremento sustancial de solicitudes de información, ya que de 2006 a 2010, el promedio anual de peticiones presentadas ante el Ejecutivo del estado era de 145, y en el primer año de funcionamiento del Info Guerrero, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó a 1,061 solicitudes por vía electrónica, y en 2015 ya era de 1,569 peticiones.
La explicación del incremento es evidente: en un estado como Guerrero, con una orografía difícil y numerosos municipios y poblaciones dispersas, era un sinsentido que la ley incluyera la exigencia de presentar solicitudes de información de manera personal. Durante cinco años, la ciudadanía guerrerense vivió con esta severa restricción a su derecho de acceso a la información, ante la contemplación pasiva del órgano garante y las dependencias públicas.
El Info Guerrero fue sin embargo, una solución parcial, ya que sólo funcionó para las dependencias del Ejecutivo del estado, dejando fuera a los 81 municipios, el Congreso del estado, el poder Judicial y los organismos autónomos, que en conjunto representaban más de la mitad de todas las oficinas públicas obligadas por la ley de transparencia.
Mediante el sistema, tampoco podían presentarse quejas o recursos de revisión –como sí podía hacerse en otros estados y en el ámbito federal-, limitando con esto un ejercicio pleno de este derecho.
Una vez que comenzó a funcionar el Info Guerrero, ni la Caipegro ni posteriormente el Itaigro gestionaron la ampliación del sistema a más sujetos obligados ni la incorporación de más funciones.
Multiplicación de solicitudes
En 2011 se registraron 2 mil 341 solicitudes de información en todo el estado, de las cuales mil 61 correspondieron a las dependencias del Ejecutivo del estado a través de Info Guerrero. Según la Caipegro, de ese total estatal, 748 solicitudes fueron presentadas en el ayuntamiento de Acapulco, cifra que continuaba siendo poco creíble.
Al siguiente año, el número de solicitudes se incrementó a 3 mil 61; de éstas, mil 572 se presentaron al gobierno del estado mediante el Info Guerrero, y correspondió nuevamente al ayuntamiento de Acapulco, según la Caipegro, el dudoso primer sitio en solicitudes presentadas con 979 peticiones.
Consideramos que en 2013 por vez primera el órgano garante de la transparencia en el estado hizo una auténtica contabilización de solicitudes de información. En ese año, por cierto el último de los anteriores consejeros, se registraron mil 844 peticiones en todo el estado. De este total, mil 251 fueron para el Ejecutivo del estado y el resto se distribuyeron entre más de 100 dependencias públicas.
En el caso de los ayuntamientos, sector preferido del órgano garante para “inflar” las cifras, éstos tuvieron cifras más verídicas, como el caso de Acapulco, que en este año registró sólo 94 peticiones, Petatlán con 71, Zihuatanejo con 27, y Chilpancingo, que tuvo 19. En total, los ayuntamientos registraron 247 solicitudes, número muy por debajo de los informados por la Caipegro en años anteriores.
En 2014, se presentaron en el estado 2 mil 714 solicitudes de información, de las cuales mil 327 correspondieron al Ejecutivo estatal por medio del sistema Info Guerrero. En este año, el ayuntamiento con más peticiones fue Acapulco, con 159, y después de éste, Zihuatanejo con 16 y Técpan con 15 solicitudes.
Finalmente, en su último informe correspondiente a 2015, el Itaigro publicó que en el estado se presentaron 2 mil 689 solicitudes de información, de las cuales mil 686 se presentaron mediante el sistema Info Guerrero y correspondieron a las dependencias del Ejecutivo del estado.
Acapulco fue el municipio que tuvo mayor número de solicitudes, con 313, y muy lejos los ayuntamientos de Coyuca de Benítez, con 19 y Zihuatanejo con 13.
Al siguiente año, el número de solicitudes se incrementó a 3 mil 61; de éstas, mil 572 se presentaron al gobierno del estado mediante el Info Guerrero, y correspondió nuevamente al ayuntamiento de Acapulco, según la Caipegro, el dudoso primer sitio en solicitudes presentadas con 979 peticiones.
Consideramos que en 2013 por vez primera el órgano garante de la transparencia en el estado hizo una auténtica contabilización de solicitudes de información. En ese año, por cierto el último de los anteriores consejeros, se registraron mil 844 peticiones en todo el estado. De este total, mil 251 fueron para el Ejecutivo del estado y el resto se distribuyeron entre más de 100 dependencias públicas.
En el caso de los ayuntamientos, sector preferido del órgano garante para “inflar” las cifras, éstos tuvieron cifras más verídicas, como el caso de Acapulco, que en este año registró sólo 94 peticiones, Petatlán con 71, Zihuatanejo con 27, y Chilpancingo, que tuvo 19. En total, los ayuntamientos registraron 247 solicitudes, número muy por debajo de los informados por la Caipegro en años anteriores.
En 2014, se presentaron en el estado 2 mil 714 solicitudes de información, de las cuales mil 327 correspondieron al Ejecutivo estatal por medio del sistema Info Guerrero. En este año, el ayuntamiento con más peticiones fue Acapulco, con 159, y después de éste, Zihuatanejo con 16 y Técpan con 15 solicitudes.
Finalmente, en su último informe correspondiente a 2015, el Itaigro publicó que en el estado se presentaron 2 mil 689 solicitudes de información, de las cuales mil 686 se presentaron mediante el sistema Info Guerrero y correspondieron a las dependencias del Ejecutivo del estado.
Acapulco fue el municipio que tuvo mayor número de solicitudes, con 313, y muy lejos los ayuntamientos de Coyuca de Benítez, con 19 y Zihuatanejo con 13.
Detrás de las cifras
A excepción del Ejecutivo del estado con el sistema Info Guerrero, y de algunas dependencias como el Congreso, el ayuntamiento de Acapulco, la Auditoría General del Estado, y algunos otros pocos que gestionaron mecanismos electrónicos de acceso a la información, la mayoría de las oficinas gubernamentales, especialmente los ayuntamientos, nunca estableció dispositivos para que la ciudadanía solicitara información de manera sencilla y expedita, como lo establece la constitución. Ni siquiera el Itaigro tuvo en esta década un sistema electrónico de recepción y respuesta de solicitudes.
Y aunque no está documentado, se estima que un número significativo de esas solicitudes no fueron respondidas en tiempo, o los datos fueron negados con el argumento de que la información era inexistente, reservada o confidencial; y de éstas, sólo unas cuantas se convirtieron en quejas o recursos de revisión ante el Itaigro. Incluso muchas resoluciones del órgano garante nunca fueron cumplidas por las dependencias y tampoco nunca se multó a ninguna de ellas.
Nadie puede afirmar que en Guerrero el derecho de acceso a la información estuvo garantizado, ni medianamente, en los 10 años previos.
Y aunque no está documentado, se estima que un número significativo de esas solicitudes no fueron respondidas en tiempo, o los datos fueron negados con el argumento de que la información era inexistente, reservada o confidencial; y de éstas, sólo unas cuantas se convirtieron en quejas o recursos de revisión ante el Itaigro. Incluso muchas resoluciones del órgano garante nunca fueron cumplidas por las dependencias y tampoco nunca se multó a ninguna de ellas.
Nadie puede afirmar que en Guerrero el derecho de acceso a la información estuvo garantizado, ni medianamente, en los 10 años previos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario