El Sur de Acapulco
Hace unos días se cumplieron seis meses de que asumieron los nuevos gobiernos municipales, electos en junio de 2015, y cinco meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores; durante este periodo, el derecho de acceso a la información no se ha cumplido plenamente, y no es que la opacidad sea atribuible únicamente a las administraciones actuales, también en los gobiernos anteriores fueron constantes las desatenciones al derecho de acceso a la información de los guerrerenses. Pero las administraciones gubernamentales vigentes, que en sus campañas enarbolaron la bandera de la transparencia, no han hecho nada por mejorar los mecanismos.
En esta entrega revisamos lo que en materia de acceso a la información ha realizado el Ejecutivo del estado, pues es el único lugar donde es posible encontrar datos sobre las solicitudes de información; de otros casos, como el de los ayuntamientos, que suman casi la mitad de dependencias gubernamentales que están obligadas a atender el acceso a la información, no se sabe nada, ni tampoco nadie las obliga a cumplir la ley.
En el Ejecutivo del estado se habían presentado, hasta el 22 de marzo, un total de 635 solicitudes de información, con un promedio de 127 por mes. En el periodo previo (28 de octubre de 2014 a 22 de marzo de 2015) se presentaron 530 solicitudes.
Las dependencias que más peticiones recibieron son la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, con 112 solicitudes (17.6 por ciento del total); la Fiscalía General del Estado, con 80 solicitudes (12.6 por ciento); la Secretaría General de Gobierno, que recibió 62 solicitudes (9.7 por ciento del total); la Secretaría de Seguridad Pública, con 58 peticiones (9.1 por ciento).
Oras dependencias que recibieron solicitudes son la Secretaría de Finanzas y Administración, con 37 peticiones de información (5.8 por ciento); la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, con 35 solicitudes (5.5 por ciento); Secretaría de Salud, con 25 solicitudes (3.9 por ciento), y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública con 20 solicitudes, equivalentes al 3.1 por ciento del total.
En esta entrega revisamos lo que en materia de acceso a la información ha realizado el Ejecutivo del estado, pues es el único lugar donde es posible encontrar datos sobre las solicitudes de información; de otros casos, como el de los ayuntamientos, que suman casi la mitad de dependencias gubernamentales que están obligadas a atender el acceso a la información, no se sabe nada, ni tampoco nadie las obliga a cumplir la ley.
En el Ejecutivo del estado se habían presentado, hasta el 22 de marzo, un total de 635 solicitudes de información, con un promedio de 127 por mes. En el periodo previo (28 de octubre de 2014 a 22 de marzo de 2015) se presentaron 530 solicitudes.
Las dependencias que más peticiones recibieron son la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, con 112 solicitudes (17.6 por ciento del total); la Fiscalía General del Estado, con 80 solicitudes (12.6 por ciento); la Secretaría General de Gobierno, que recibió 62 solicitudes (9.7 por ciento del total); la Secretaría de Seguridad Pública, con 58 peticiones (9.1 por ciento).
Oras dependencias que recibieron solicitudes son la Secretaría de Finanzas y Administración, con 37 peticiones de información (5.8 por ciento); la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, con 35 solicitudes (5.5 por ciento); Secretaría de Salud, con 25 solicitudes (3.9 por ciento), y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública con 20 solicitudes, equivalentes al 3.1 por ciento del total.
Antecedentes
El 1 de febrero de 2011 comenzó a funcionar el sistema Info Guerrero, una plataforma electrónica para la recepción y procesamiento de solicitudes de información. Fue un acierto poner a funcionar este sistema, ya que antes, todas las solicitudes del Ejecutivo se presentaban de manera presencial en las oficinas gubernamentales, lo que desalentó en gran medida el ejercicio de este derecho. Sin embargo, el Info Guerrero no fue una iniciativa local, sino del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (hoy Inai), que la promovió mediante la suscripción de un convenio de colaboración el 10 de marzo de 2008 (http://www.itaig.org.mx/art13/files/convenios/2008/IFAI_10_03_08.pdf).
En el ámbito estatal no hubo mucho interés por la puesta en marcha del sistema, ya que desde la firma del convenio hasta que comenzó a funcionar el sistema transcurrieron casi tres años. Quien esto escribe estuvo presente en la ceremonia de la firma, y en los corrillos uno de los consejeros de la ex Comisión de Acceso a la Información Pública del estado (hoy Itaig) comentó textualmente: “No sabe en la que se metió el Ejecutivo”, aludiendo a que, con el sistema Info Guerrero, se multiplicarían las solicitudes, y para la Caipegro también se duplicaría el trabajo porque inevitablemente se incrementarían las quejas o recursos de revisión.
Efectivamente, las solicitudes de información aumentaron notablemente. Pero aun con esto, el sistema de Guerrero –porque el ex Ifai lo promovió en todos los estado del país– presenta varias limitaciones. Por ejemplo, a diferencia de otras entidades, esta plataforma sólo funciona para las dependencias del Ejecutivo. Visto en cifras, los guerrerenses sólo pueden presentar solicitudes en el Info Guerrero ante cerca de 70 sujetos obligados de los casi 190 que hay en el estado. Sin duda, el sistema hubiese sido muy útil para solicitar información sobre todo a los ayuntamientos, que son los más reacios en entregarla. Pero en cinco años, a nadie le interesó ampliarlo a los gobiernos municipales.
Otra de las limitaciones del Info Guerrero es que no se pueden presentar por vía electrónica recurso de revisión. Actualmente hay que hacer dos trámites distintos, en caso de negativas de las dependencias públicas, para poder hacer valer este derecho: uno ante el sujeto obligado y el otro ante el Itaig. Tampoco en cinco años, nadie buscó incluir este servicio en el sistema.
El Info Guerrero también carece de una importante herramienta (Zoom) de búsqueda de las solicitudes de información que se han formulado ante el sistema, de las respuestas que se han proporcionado, y de las resoluciones que el Itaig emite ante las inconformidades de los ciudadanos respecto a las respuestas que obtienen, además de los estudios y opiniones que apoyan dichas resoluciones.
Finalmente, el reporte de solicitudes de información del Info Guerrero publica el nombre de las personas que solicitan información, con lo que se viola la confidencialidad de los datos personales. Esta irregularidad se hizo del conocimiento en la anterior administración estatal y nunca hizo caso; el Itaig tampoco ha intervenido para evitarlo.
En el ámbito estatal no hubo mucho interés por la puesta en marcha del sistema, ya que desde la firma del convenio hasta que comenzó a funcionar el sistema transcurrieron casi tres años. Quien esto escribe estuvo presente en la ceremonia de la firma, y en los corrillos uno de los consejeros de la ex Comisión de Acceso a la Información Pública del estado (hoy Itaig) comentó textualmente: “No sabe en la que se metió el Ejecutivo”, aludiendo a que, con el sistema Info Guerrero, se multiplicarían las solicitudes, y para la Caipegro también se duplicaría el trabajo porque inevitablemente se incrementarían las quejas o recursos de revisión.
Efectivamente, las solicitudes de información aumentaron notablemente. Pero aun con esto, el sistema de Guerrero –porque el ex Ifai lo promovió en todos los estado del país– presenta varias limitaciones. Por ejemplo, a diferencia de otras entidades, esta plataforma sólo funciona para las dependencias del Ejecutivo. Visto en cifras, los guerrerenses sólo pueden presentar solicitudes en el Info Guerrero ante cerca de 70 sujetos obligados de los casi 190 que hay en el estado. Sin duda, el sistema hubiese sido muy útil para solicitar información sobre todo a los ayuntamientos, que son los más reacios en entregarla. Pero en cinco años, a nadie le interesó ampliarlo a los gobiernos municipales.
Otra de las limitaciones del Info Guerrero es que no se pueden presentar por vía electrónica recurso de revisión. Actualmente hay que hacer dos trámites distintos, en caso de negativas de las dependencias públicas, para poder hacer valer este derecho: uno ante el sujeto obligado y el otro ante el Itaig. Tampoco en cinco años, nadie buscó incluir este servicio en el sistema.
El Info Guerrero también carece de una importante herramienta (Zoom) de búsqueda de las solicitudes de información que se han formulado ante el sistema, de las respuestas que se han proporcionado, y de las resoluciones que el Itaig emite ante las inconformidades de los ciudadanos respecto a las respuestas que obtienen, además de los estudios y opiniones que apoyan dichas resoluciones.
Finalmente, el reporte de solicitudes de información del Info Guerrero publica el nombre de las personas que solicitan información, con lo que se viola la confidencialidad de los datos personales. Esta irregularidad se hizo del conocimiento en la anterior administración estatal y nunca hizo caso; el Itaig tampoco ha intervenido para evitarlo.
Avance ciudadano
El tipo de información que los ciudadanos solicitan al gobierno está cambiando. Si se revisan las solicitudes que se presentaban en 2006, los ciudadanos preguntaban sobre los salarios de los funcionarios, los presupuestos generales de las dependencias, programas sociales institucionales, y en muchos casos, sobre la gestión de trámites personales.
Lo anterior no significa que hoy ya no se soliciten esos datos, pero en 2016, diez años después de que entró en vigor la ley de transparencia en el estado, ya se observa una clara intención de documentar de manera sistemática distintos aspectos del quehacer gubernamental, es decir, se percibe que la ciudadanía comienza a darle una utilidad social a la información, sobre todo en el rubro de la rendición de cuentas y de vigilancia ciudadana de las acciones y decisiones de gobierno.
También puede observarse que detrás de este avance ciudadano está el respaldo de organizaciones sociales y de la sociedad civil locales y nacionales, quienes se han convertido en promotoras –intermediarias– para hacer posible este ejercicio de participación ciudadana, pues en no pocos casos se requiere de una asesoría especializada; por ejemplo, para formular un recurso de revisión ante el Itaig o el Inai, o para interpretar información específica como expedientes técnicos de obras, contratos, convenios, planos de edificios, etcétera.
Estos esfuerzos tienen su origen y son resultado exclusivo del trabajo de las organizaciones –las instituciones poco o nada han aportado–, que han encontrado en el derecho de acceso a la información, una herramienta para apoyar la gestión de sus demandas colectivas.
Uno de los sectores que comienza a tener una actividad constante, y se observa en los reportes de solicitudes de información, es el de los periodistas, tanto locales como de los diarios de cobertura nacional. Cada vez con más frecuencia se registra en los diarios información y datos que fueron obtenidos a partir de solicitudes de información. Esta práctica, junto con la búsqueda y obtención de datos abiertos se han convertido en pilares del periodismo de investigación.
En los cinco meses del gobierno de Héctor Astudillo, un porcentaje importante de las 635 solicitudes de información fueron presentadas por organizaciones y periodistas.
Lo anterior no significa que hoy ya no se soliciten esos datos, pero en 2016, diez años después de que entró en vigor la ley de transparencia en el estado, ya se observa una clara intención de documentar de manera sistemática distintos aspectos del quehacer gubernamental, es decir, se percibe que la ciudadanía comienza a darle una utilidad social a la información, sobre todo en el rubro de la rendición de cuentas y de vigilancia ciudadana de las acciones y decisiones de gobierno.
También puede observarse que detrás de este avance ciudadano está el respaldo de organizaciones sociales y de la sociedad civil locales y nacionales, quienes se han convertido en promotoras –intermediarias– para hacer posible este ejercicio de participación ciudadana, pues en no pocos casos se requiere de una asesoría especializada; por ejemplo, para formular un recurso de revisión ante el Itaig o el Inai, o para interpretar información específica como expedientes técnicos de obras, contratos, convenios, planos de edificios, etcétera.
Estos esfuerzos tienen su origen y son resultado exclusivo del trabajo de las organizaciones –las instituciones poco o nada han aportado–, que han encontrado en el derecho de acceso a la información, una herramienta para apoyar la gestión de sus demandas colectivas.
Uno de los sectores que comienza a tener una actividad constante, y se observa en los reportes de solicitudes de información, es el de los periodistas, tanto locales como de los diarios de cobertura nacional. Cada vez con más frecuencia se registra en los diarios información y datos que fueron obtenidos a partir de solicitudes de información. Esta práctica, junto con la búsqueda y obtención de datos abiertos se han convertido en pilares del periodismo de investigación.
En los cinco meses del gobierno de Héctor Astudillo, un porcentaje importante de las 635 solicitudes de información fueron presentadas por organizaciones y periodistas.
Las solicitudes
En el caso de la Secretaría de Salud, casi todas las solicitudes presentadas durante la actual administración estatal provinieron de organizaciones sociales que apoyan o asesoran a la población. Así, por ejemplo, muchos de los requerimientos son de los temas de salud materna, parteras, la construcción de Hospital de la Mujer en Atoyac y el funcionamiento del Hospital General de Ayutla, todas con el claro objetivo de contar con información institucional que les permita exigir la rendición de cuentas a las autoridades correspondientes.
Es también el caso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuyas solicitudes de información fueron relativas a conocer los centros de rehabilitación que opera esa dependencia, y los servicios que se brindan a los usuarios con discapacidad y no discapacitados.
Otros caso donde se observan propósitos de investigación es en las solicitudes presentadas ante la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía General del estado sobre el tema de feminicidios; y el de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a las que se les requirió información sobre equidad de género dentro la institución, capacitación de los elementos de seguridad, ejercicio de los recursos para seguridad, etcétera.
Asimismo, hay un grupo de solicitudes donde se pide información de los contratos que el gobierno del estado de Guerrero hubiese realizado con las empresas OHL México SA de CV, Grupo Higa SA de CV, Obrascon Huarte Lain SA, OHL & Huarte SA, OHL Industrial SL Sociedad Unipersonal, OHL Industrial SA de CV, Seconmex Administración SA de CV, Latina México SA de CV, OPCEM SA de CV.
También con las empresas Bienes Raíces H&G SA, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad SA de CV, Autopistas de Vanguardia SA de CV, Señales y Mantenimiento SA de CV, Constructora Teya SA de CV, Concretos y Obra Civil del Pacífico SA de CV, Publicidad y Artículos Creativos SA de CV y Eolo Plus SA de CV.
Las anteriores son empresas a las que se les vincula con el gobierno federal, específicamente con el presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios, por la sospecha de favorecerlas en la contratación de obras. Estas solicitudes se presentaron tanto a la Secretaría de General de Gobierno como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y parece que indagan alguna conexión de estos “favoritismos” en Guerrero.
Cabe mencionar que aun cuando el solicitante pidió expresamente a la Secretaría General de Gobierno que se testaran sus datos personales en todos los documentos de carácter público, esto no se realizó y la identidad del solicitante quedó al descubierto.
Es también el caso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuyas solicitudes de información fueron relativas a conocer los centros de rehabilitación que opera esa dependencia, y los servicios que se brindan a los usuarios con discapacidad y no discapacitados.
Otros caso donde se observan propósitos de investigación es en las solicitudes presentadas ante la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía General del estado sobre el tema de feminicidios; y el de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a las que se les requirió información sobre equidad de género dentro la institución, capacitación de los elementos de seguridad, ejercicio de los recursos para seguridad, etcétera.
Asimismo, hay un grupo de solicitudes donde se pide información de los contratos que el gobierno del estado de Guerrero hubiese realizado con las empresas OHL México SA de CV, Grupo Higa SA de CV, Obrascon Huarte Lain SA, OHL & Huarte SA, OHL Industrial SL Sociedad Unipersonal, OHL Industrial SA de CV, Seconmex Administración SA de CV, Latina México SA de CV, OPCEM SA de CV.
También con las empresas Bienes Raíces H&G SA, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad SA de CV, Autopistas de Vanguardia SA de CV, Señales y Mantenimiento SA de CV, Constructora Teya SA de CV, Concretos y Obra Civil del Pacífico SA de CV, Publicidad y Artículos Creativos SA de CV y Eolo Plus SA de CV.
Las anteriores son empresas a las que se les vincula con el gobierno federal, específicamente con el presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios, por la sospecha de favorecerlas en la contratación de obras. Estas solicitudes se presentaron tanto a la Secretaría de General de Gobierno como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y parece que indagan alguna conexión de estos “favoritismos” en Guerrero.
Cabe mencionar que aun cuando el solicitante pidió expresamente a la Secretaría General de Gobierno que se testaran sus datos personales en todos los documentos de carácter público, esto no se realizó y la identidad del solicitante quedó al descubierto.
Otras solicitudes
La opacidad es todavía una práctica frecuente en las respuestas que emiten las dependencias. La Secretaría de Finanzas y Administración publicó un oficio de respuesta a una solicitud acerca de “la relación de los viajes al extranjero y los comprobantes (…), realizados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero”. Respondió que “derivado de los hechos suscitados el día 13 de Octubre de 2014 en el que los manifestantes entraron a las instalaciones del Palacio de Gobierno de donde sustrajeron del archivo general documentación oficial resguardada, la cual fue quemada en su totalidad por el fuego que ocasionaron los manifestantes, sufriendo pérdida total”. Adicionalmente, la Sefina advierte que “este tipo de información, está considerada como reservada”.
Evidentemente la información no puede clasificarse como reservada, porque son documentos públicos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos. Y además, ¿resguarda la Sefina documentos en Palacio de Gobierno?, ¿no se localizan sus oficinas en espacios físicos diferentes y distantes del Palacio?
Por otra parte, a la Fiscalía General del Estado se le requirió “el presupuesto asignado y ejecutado (…) en el año 2015. Desglosado por partidas presupuestales. Esto incluye tanto presupuesto federal como estatal”. Al respecto, la dependencia respondió que “aún no se cuenta con un presupuesto de forma desglosada a nivel de partida, correspondiente al ejercicio fiscal 2015; debido a que la descentralización por parte de la secretaría de finanzas y administración del gobierno del estado, aún no se ha realizado por completo; ante esta situación no está en posibilidad de remitir esta información”. Cualquier argumento es bueno para no entregar la información.
Finalmente, sorprende que en cinco meses la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) tenga 112 solicitudes de información. Y es que el representante de una empresa constructora solicitó “diversa documentación” relacionada con varios contratos de obra. La dependencia le negó toda la información aduciendo que el origen de la información es la empresa, y en el caso de los contratos, a la constructora se le proporcionó una copia y por lo tanto no debería solicitarlos.
La negativa de CICAEG contraviene la ley de transparencia, pues independientemente de quien haya generado la información, CICAEG es la dependencia contratante y responsable normativa. Cualquier persona puede solicitar los mismos datos y CICAEG está obligada a entregarlos, siempre protegiendo los datos personales. En este caso, CICAEG no tiene razón en su negativa.
Evidentemente la información no puede clasificarse como reservada, porque son documentos públicos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos. Y además, ¿resguarda la Sefina documentos en Palacio de Gobierno?, ¿no se localizan sus oficinas en espacios físicos diferentes y distantes del Palacio?
Por otra parte, a la Fiscalía General del Estado se le requirió “el presupuesto asignado y ejecutado (…) en el año 2015. Desglosado por partidas presupuestales. Esto incluye tanto presupuesto federal como estatal”. Al respecto, la dependencia respondió que “aún no se cuenta con un presupuesto de forma desglosada a nivel de partida, correspondiente al ejercicio fiscal 2015; debido a que la descentralización por parte de la secretaría de finanzas y administración del gobierno del estado, aún no se ha realizado por completo; ante esta situación no está en posibilidad de remitir esta información”. Cualquier argumento es bueno para no entregar la información.
Finalmente, sorprende que en cinco meses la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) tenga 112 solicitudes de información. Y es que el representante de una empresa constructora solicitó “diversa documentación” relacionada con varios contratos de obra. La dependencia le negó toda la información aduciendo que el origen de la información es la empresa, y en el caso de los contratos, a la constructora se le proporcionó una copia y por lo tanto no debería solicitarlos.
La negativa de CICAEG contraviene la ley de transparencia, pues independientemente de quien haya generado la información, CICAEG es la dependencia contratante y responsable normativa. Cualquier persona puede solicitar los mismos datos y CICAEG está obligada a entregarlos, siempre protegiendo los datos personales. En este caso, CICAEG no tiene razón en su negativa.
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