El Sur de Acapulco
El Fondo de Infraestructura Social Municipal y para las Demarcaciones Territoriales del DF (FISMDF) es una de las fuentes de recursos financieros de los ayuntamientos que presentó mayores irregularidades y desvíos, según se desprende de los resultados de la revisión de la cuenta pública 2014, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
En ese ejercicio fiscal, el órgano fiscalizador federal, conjuntamente con la Auditoría General del Estado de Guerrero, revisaron una muestra de 24 municipios del estado de Guerrero, encontrándose numerosas anomalías en el ejercicio del gasto de este importante fondo, que según la ASF, alcanzó en Guerrero un monto de 4 mil 409.5 millones de pesos que se distribuyeron entre los 81 municipios, cantidad equivalente a 10.5 por ciento del presupuesto total del estado en 2014.
Los municipios revisados por la ASF y la AGE fueron Acapulco, Acatepec, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Atoyac, Ayutla, Chilpancingo, Cochoapa, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Malinaltepec, Metlatónoc, Ometepec.
También se fiscalizaron los ayuntamientos de Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, Taxco, Tecoanapa, Técpan, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlapa, Xochistlahuaca y Zihuatanejo.
Las irregularidades encontradas en el FISMDF por los órganos fiscalizadores son apenas la punta del iceberg. Actualmente la normatividad y los mecanismos institucionales de rendición de cuentas son poco rigurosos y no son suficientes para descubrir y documentar todas las irregularidades y violaciones a la ley que cometen los alcaldes y otros funcionarios año tras año.
El diseño actual de control y fiscalización del gasto federalizado parece no estar funcionando. No existen los suficientes controles ni las sanciones necesarias para inhibir y evitar el desvío de recursos, y los que pierden siempre son los guerrerenses, que no reciben obras, servicios, programas sociales en la cantidad y calidad equivalentes a las inversiones que se realizan.
Eso sí, gobernadores, presidentes municipales, diputados y otros funcionarios, cuando son señalados como presuntos responsables de casos de corrupción, simplemente responden que les comprueben y que se presenten las denuncias ante las autoridades correspondientes. Lo dicen sabedores de que, salvo que se trate de un ajuste de cuentas político, no pasará nada porque el actual marco jurídico no los perseguirá ni mucho menos sancionará.
Es una triste realidad no sólo de Guerrero, sino en todo el país.
Los municipios revisados por la ASF y la AGE fueron Acapulco, Acatepec, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Atoyac, Ayutla, Chilpancingo, Cochoapa, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Malinaltepec, Metlatónoc, Ometepec.
También se fiscalizaron los ayuntamientos de Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, Taxco, Tecoanapa, Técpan, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlapa, Xochistlahuaca y Zihuatanejo.
Las irregularidades encontradas en el FISMDF por los órganos fiscalizadores son apenas la punta del iceberg. Actualmente la normatividad y los mecanismos institucionales de rendición de cuentas son poco rigurosos y no son suficientes para descubrir y documentar todas las irregularidades y violaciones a la ley que cometen los alcaldes y otros funcionarios año tras año.
El diseño actual de control y fiscalización del gasto federalizado parece no estar funcionando. No existen los suficientes controles ni las sanciones necesarias para inhibir y evitar el desvío de recursos, y los que pierden siempre son los guerrerenses, que no reciben obras, servicios, programas sociales en la cantidad y calidad equivalentes a las inversiones que se realizan.
Eso sí, gobernadores, presidentes municipales, diputados y otros funcionarios, cuando son señalados como presuntos responsables de casos de corrupción, simplemente responden que les comprueben y que se presenten las denuncias ante las autoridades correspondientes. Lo dicen sabedores de que, salvo que se trate de un ajuste de cuentas político, no pasará nada porque el actual marco jurídico no los perseguirá ni mucho menos sancionará.
Es una triste realidad no sólo de Guerrero, sino en todo el país.
Las revisiones
Veinticuatro revisiones de la ASF a otros tantos ayuntamientos guerrerenses fueron suficientes para ejemplificar la forma en que los gobiernos municipales ejercen los recursos públicos. Las irregularidades que describe la ASF no son prácticas municipales nuevas, de hecho pueden considerarse reincidencias, y sin embargo, todavía no hay poder que ponga freno a los alcaldes y otras autoridades municipales, que regularmente con alevosía, muy pocas veces por ignorancia, desvían los recursos y no cumplen con los objetivos sociales del fondo.
No obstante que los recursos del FISMDF tienen el propósito de financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, varios municipios presentaron subejercicios al 31 de diciembre de 2014, es decir, no se gastaron el recurso para abatir los rezagos sociales.
Acapulco fue el municipio que en mayor medida presentó este problema, pues a esa fecha sólo había ejercido el 28.9 por ciento del FISMDF -que en ese municipio fue de 492.2 millones de pesos-. Otros municipios que observaron subejercicios al 31 de diciembre de 2014 fueron Coyuca de Benítez (80.2 por ciento), San Marcos (80.5), San Luis Acatlán (85.4) y Cuajinicuilapa (86.6 por ciento).
Asimismo, la ASF y la AGE reportan que todos los municipios presentaron “inobservancias de la normativa”, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Igualmente, los ayuntamientos revisados no disponen de un adecuado sistema de control interno que le permita atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Es decir, ante la falta de este sistema de control es muy fácil que los recursos del Fondo se gasten en obras y acciones que no están dentro del catálogo sugerido ni en localidades de alta y muy alta marginación.
Otra de las grandes deficiencias en los municipios se relaciona con la transparencia del ejercicio de los recursos. Al respecto, los órganos fiscalizadores determinaron, como resultado de la revisión al ejercicio 2014, que los 24 municipios de la muestra “registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF”, ya que los ayuntamientos no proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.
Estas omisiones de información a una dependencia normativa son muy graves, pues si los ayuntamientos no cumplen con éstas, qué se puede esperar cuando se trata de las obligaciones de transparencia hacia la ciudadanía. La opacidad de los ayuntamientos es tan vasta que no informan ni siquiera a la Secretaría de Hacienda, tampoco a la Secretaría de Desarrollo Social –que lleva el registro de los avances físicos y financieros del FISMDF- y en muchas ocasiones tampoco entregan en tiempo y forma sus informes de cuenta pública a loa AGE.
No obstante que los recursos del FISMDF tienen el propósito de financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, varios municipios presentaron subejercicios al 31 de diciembre de 2014, es decir, no se gastaron el recurso para abatir los rezagos sociales.
Acapulco fue el municipio que en mayor medida presentó este problema, pues a esa fecha sólo había ejercido el 28.9 por ciento del FISMDF -que en ese municipio fue de 492.2 millones de pesos-. Otros municipios que observaron subejercicios al 31 de diciembre de 2014 fueron Coyuca de Benítez (80.2 por ciento), San Marcos (80.5), San Luis Acatlán (85.4) y Cuajinicuilapa (86.6 por ciento).
Asimismo, la ASF y la AGE reportan que todos los municipios presentaron “inobservancias de la normativa”, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Igualmente, los ayuntamientos revisados no disponen de un adecuado sistema de control interno que le permita atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Es decir, ante la falta de este sistema de control es muy fácil que los recursos del Fondo se gasten en obras y acciones que no están dentro del catálogo sugerido ni en localidades de alta y muy alta marginación.
Otra de las grandes deficiencias en los municipios se relaciona con la transparencia del ejercicio de los recursos. Al respecto, los órganos fiscalizadores determinaron, como resultado de la revisión al ejercicio 2014, que los 24 municipios de la muestra “registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF”, ya que los ayuntamientos no proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.
Estas omisiones de información a una dependencia normativa son muy graves, pues si los ayuntamientos no cumplen con éstas, qué se puede esperar cuando se trata de las obligaciones de transparencia hacia la ciudadanía. La opacidad de los ayuntamientos es tan vasta que no informan ni siquiera a la Secretaría de Hacienda, tampoco a la Secretaría de Desarrollo Social –que lleva el registro de los avances físicos y financieros del FISMDF- y en muchas ocasiones tampoco entregan en tiempo y forma sus informes de cuenta pública a loa AGE.
Otras irregularidades
Otra de las observaciones comunes a los 24 municipios revisados es que los objetivos y metas del FISMDF se cumplieron parcialmente, ya que los ayuntamientos invirtieron en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la Sedesol ni tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Al respecto, Coyuca de Benítez fue el municipio que invirtió la menor cantidad de recursos en proyectos establecidos en la normatividad, con sólo 4.4 por ciento de sus recursos totales del FISMDF. Le siguen Acapulco con 4.8 por ciento, Cuajinicuilapa (5.3 por ciento), Metlatónoc (9.3), Acatepec (12), Cochoapa el Grande (12.4) y Tlacoachistlahuaca (13.2).
Otros municipios que gastaron bajos porcentajes de recursos en obras y acciones permitidos en el FISMDF son Técpan con 14.4 por ciento, Ometepec (15.7 por ciento), Xochistlahuaca (17.1), San Marcos (17.6), Malinaltepec (23.3), Taxco (25) y San Luis Acatlán (27.5 por ciento). De hecho, ninguno de los municipios auditados alcanzó ni siquiera el 60 por ciento del total de su inversión del FISMDF en obras permitidas.
Aunque la ASF y la AGE no lo describen, es muy probable que una parte importante de la inversión en obras y acciones no autorizadas, los ayuntamientos la hayan destinado a la adquisición de fertilizante. Hay que recordar que el catálogo del FISMDF no considera la compra de este insumo con recursos del Fondo, pero los ayuntamientos de Guerrero siempre han hecho uso de estos recursos para adquirirlo.
Como se deduce de los bajos porcentajes de inversión en obras y acciones permitidas por la normatividad, en el programa de fertilizante los ayuntamientos emplean cuantiosos recursos de este fondo del ramo 33, programa que ha sido acusado de clientelar y electorero.
Cabe mencionar que los recursos del FISMDF deben invertirse en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del Fondo que emita la Sedesol.
Otra irregularidad en que incurrieron todos los municipios es que no cumplieron con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las zonas de atención prioritaria, que es de 60 por ciento de los recursos, como lo establecen los lineamientos. Al respecto, la Ley de Desarrollo Social menciona que se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley.
Hay porcentajes muy bajos como el del municipio de Tecoanapa, que sólo cubrió el 10.5 por ciento de sus proyectos en zonas de atención prioritaria, cuando la norma dice que deben ser por lo menos 60 por ciento. Otros municipios en iguales circunstancias son Cochoapa el Grande, que invirtió sólo 13.8 por ciento de los recursos en esas zonas, Ayutla de los Libres, con 14.3 por ciento y Ahuacuotzingo, con 17 por ciento.
También están San Marcos, con 24.9 por ciento, Tlapa y Chilpancingo, con 26.4 y 26 por ciento, respectivamente, Zihuatanejo, con 27.5 por ciento y San Luis Acatlán, que invirtió 30.3 por ciento.
Finalmente, los municipios también tuvieron en común los bajos porcentajes de recursos gastados en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda).
Son los casos de Malintaltepec, que sólo gastó 3.7 por ciento de sus recurso del FISMDF en estos rubros; Tecoanapa, con 4.7 por ciento, San Luis Acatlán, con 8.5 por ciento, Atlixtac (8.8),
Metlatónoc (9.3), Cochoapa (11.3), Zihuatanejo (14.3), Ayutla (15.2), Tlacoachistlahuaca (15.9) y Acatepec, (19.5 por ciento).
Cabe destacar que dos municipios presentaron severas irregularidades. El primero es Atoyac de Álvarez, al que no se le lograron determinar varios de los indicadores aquí descritos porque de acuerdo con la ASF y la AGE no existe documentación comprobatoria.
El otro es Quechultenango, ya que el órgano fiscalizador federal señaló en su informe que “con el 34.8% de los recursos (20.4 millones de pesos) se realizaron pagos de los cuales se desconoce el destino, toda vez que no existe documentación que permita relacionar la salida de los recursos con pagos de obras y acciones”.
La conclusión de la SF y la AGE es que en los 24 municipios de la muestra, a los que se les revisó su ejercicio de recursos FISMDF del ramo 33, éstos no realizaron una gestión eficiente y transparente y, en general, tuvieron una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública.
Al respecto, Coyuca de Benítez fue el municipio que invirtió la menor cantidad de recursos en proyectos establecidos en la normatividad, con sólo 4.4 por ciento de sus recursos totales del FISMDF. Le siguen Acapulco con 4.8 por ciento, Cuajinicuilapa (5.3 por ciento), Metlatónoc (9.3), Acatepec (12), Cochoapa el Grande (12.4) y Tlacoachistlahuaca (13.2).
Otros municipios que gastaron bajos porcentajes de recursos en obras y acciones permitidos en el FISMDF son Técpan con 14.4 por ciento, Ometepec (15.7 por ciento), Xochistlahuaca (17.1), San Marcos (17.6), Malinaltepec (23.3), Taxco (25) y San Luis Acatlán (27.5 por ciento). De hecho, ninguno de los municipios auditados alcanzó ni siquiera el 60 por ciento del total de su inversión del FISMDF en obras permitidas.
Aunque la ASF y la AGE no lo describen, es muy probable que una parte importante de la inversión en obras y acciones no autorizadas, los ayuntamientos la hayan destinado a la adquisición de fertilizante. Hay que recordar que el catálogo del FISMDF no considera la compra de este insumo con recursos del Fondo, pero los ayuntamientos de Guerrero siempre han hecho uso de estos recursos para adquirirlo.
Como se deduce de los bajos porcentajes de inversión en obras y acciones permitidas por la normatividad, en el programa de fertilizante los ayuntamientos emplean cuantiosos recursos de este fondo del ramo 33, programa que ha sido acusado de clientelar y electorero.
Cabe mencionar que los recursos del FISMDF deben invertirse en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del Fondo que emita la Sedesol.
Otra irregularidad en que incurrieron todos los municipios es que no cumplieron con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las zonas de atención prioritaria, que es de 60 por ciento de los recursos, como lo establecen los lineamientos. Al respecto, la Ley de Desarrollo Social menciona que se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley.
Hay porcentajes muy bajos como el del municipio de Tecoanapa, que sólo cubrió el 10.5 por ciento de sus proyectos en zonas de atención prioritaria, cuando la norma dice que deben ser por lo menos 60 por ciento. Otros municipios en iguales circunstancias son Cochoapa el Grande, que invirtió sólo 13.8 por ciento de los recursos en esas zonas, Ayutla de los Libres, con 14.3 por ciento y Ahuacuotzingo, con 17 por ciento.
También están San Marcos, con 24.9 por ciento, Tlapa y Chilpancingo, con 26.4 y 26 por ciento, respectivamente, Zihuatanejo, con 27.5 por ciento y San Luis Acatlán, que invirtió 30.3 por ciento.
Finalmente, los municipios también tuvieron en común los bajos porcentajes de recursos gastados en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda).
Son los casos de Malintaltepec, que sólo gastó 3.7 por ciento de sus recurso del FISMDF en estos rubros; Tecoanapa, con 4.7 por ciento, San Luis Acatlán, con 8.5 por ciento, Atlixtac (8.8),
Metlatónoc (9.3), Cochoapa (11.3), Zihuatanejo (14.3), Ayutla (15.2), Tlacoachistlahuaca (15.9) y Acatepec, (19.5 por ciento).
Cabe destacar que dos municipios presentaron severas irregularidades. El primero es Atoyac de Álvarez, al que no se le lograron determinar varios de los indicadores aquí descritos porque de acuerdo con la ASF y la AGE no existe documentación comprobatoria.
El otro es Quechultenango, ya que el órgano fiscalizador federal señaló en su informe que “con el 34.8% de los recursos (20.4 millones de pesos) se realizaron pagos de los cuales se desconoce el destino, toda vez que no existe documentación que permita relacionar la salida de los recursos con pagos de obras y acciones”.
La conclusión de la SF y la AGE es que en los 24 municipios de la muestra, a los que se les revisó su ejercicio de recursos FISMDF del ramo 33, éstos no realizaron una gestión eficiente y transparente y, en general, tuvieron una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública.
FISMDF 2016
No obstante las graves irregularidades que los órganos fiscalizadores observan cada año en el ejercicio de los recursos del FISMDF, en 2016 los municipios guerrerenses continuarán recibiendo cuantiosos recursos de este fondo.
El gobierno del estado publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del FISM entre los municipios del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del 2016. Su publicación en el periódico oficial del estado, en el primer mes del año, es una obligación de las entidades federativas. De acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Ejecutivo del estado deberá dar a conocer en el periódico oficial del estado, antes del 31 de enero, el presupuesto del FISMDF y su distribución entre los municipios de la entidad.
Sin embargo, ya es costumbre que el gobierno del estado desacate esta norma porque regularmente no publica en tiempo esta información, aun cuando en el periódico oficial formalmente aparezca la fecha correcta.
Según este acuerdo, al estado se le asignaron 4 mil 566.2 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 2.5 por ciento en relación con el monto FISMDF de 2015. Cabe aclarar que no obstante los ajustes al presupuesto del estado que se registrarán a lo largo del año, los recursos del FISMDF permanecerán constantes.
Hay 11 municipios que recibirán recursos por arriba de los 100 millones. La lista la encabeza el ayuntamiento de Acapulco, que en 2016 recibirá 507.7 millones de pesos del FISMDF, le siguen Chilapa con 233.1 millones, Chilpancingo con 157.1 millones, Ayutla con 149 millones y Acatepec con 144.7 millones de pesos.
Otros municipios son San Luis Acatlán, que obtendrá 122.2 millones del FISMDF, General Heliodoro Castillo con 116 millones, Ometepec 113.3 millones, Tlapa con 112.9, Taxco con 103.5 y San Miguel Totoltepec con 102.9 millones de pesos.
Hace falta urgentemente un rediseño de esta política pública, pues las deficiencias en la ejecución del FISMDF repercuten directamente en la consecución de sus metas y objetivos y en la construcción de obra pública a los ciudadanos, y la rendición de cuentas es uno de los grandes temas que requieren atención urgente.
El gobierno del estado publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del FISM entre los municipios del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del 2016. Su publicación en el periódico oficial del estado, en el primer mes del año, es una obligación de las entidades federativas. De acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Ejecutivo del estado deberá dar a conocer en el periódico oficial del estado, antes del 31 de enero, el presupuesto del FISMDF y su distribución entre los municipios de la entidad.
Sin embargo, ya es costumbre que el gobierno del estado desacate esta norma porque regularmente no publica en tiempo esta información, aun cuando en el periódico oficial formalmente aparezca la fecha correcta.
Según este acuerdo, al estado se le asignaron 4 mil 566.2 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 2.5 por ciento en relación con el monto FISMDF de 2015. Cabe aclarar que no obstante los ajustes al presupuesto del estado que se registrarán a lo largo del año, los recursos del FISMDF permanecerán constantes.
Hay 11 municipios que recibirán recursos por arriba de los 100 millones. La lista la encabeza el ayuntamiento de Acapulco, que en 2016 recibirá 507.7 millones de pesos del FISMDF, le siguen Chilapa con 233.1 millones, Chilpancingo con 157.1 millones, Ayutla con 149 millones y Acatepec con 144.7 millones de pesos.
Otros municipios son San Luis Acatlán, que obtendrá 122.2 millones del FISMDF, General Heliodoro Castillo con 116 millones, Ometepec 113.3 millones, Tlapa con 112.9, Taxco con 103.5 y San Miguel Totoltepec con 102.9 millones de pesos.
Hace falta urgentemente un rediseño de esta política pública, pues las deficiencias en la ejecución del FISMDF repercuten directamente en la consecución de sus metas y objetivos y en la construcción de obra pública a los ciudadanos, y la rendición de cuentas es uno de los grandes temas que requieren atención urgente.
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