El Sur de Acapulco
En un acto que logró reunir a personajes como la presidenta
consejera del INAI, el auditor superior de la federación y el secretario de la
Función Pública del gobierno de la república, el gobernador Héctor Astudillo
presentó su programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, la
semana anterior. Después de posponerlo hasta en dos ocasiones -seguramente por
hacer coincidir las agendas de los funcionarios-, el evento sin duda tuvo el
lustre esperado y su difusión fue con grandes titulares, pero una vez que pasó el
revuelo, es momento de colocarlo en una más justa dimensión.
Los pros
Después de cinco meses, finalmente
se conocen las líneas generales de la política que implementará el gobierno de
Héctor Astudillo en materia de transparencia, ética y combate a la corrupción.
Efectivamente, se delinea una política con más componentes que en gobiernos
anteriores y que augura importantes cambios, por lo menos en el ámbito legislativo;
habrá que esperar para saber si el mandatario es capaz de convocar y provocar los
cambios correspondientes también en la práctica, a efecto de que las leyes que
vienen se legislen a tiempo y no sean letra muerta.
El origen de esta política
estatal no es el Ejecutivo del estado, sino que es más propio decir que se
deriva de la inercia de un proceso que está avanzando en el plano nacional, ya
que en los meses pasados hubo modificaciones constitucionales en los temas de
transparencia y el combate a la corrupción y será obligatorio para todas las
entidades del país generar su propio sistema estatal anticorrupción e incorporarse
al sistema nacional de transparencia.
Tal vez el mérito es que Guerrero
las anunció antes que otros estados; de hecho, eso fue lo que ponderaron los
visitantes de dependencias federales y nacionales. Pero anunciarlas ha
provocado un gran compromiso del Ejecutivo que muy probablemente no alcance a
concretarse en el corto plazo y que además presentará todo tipo de resistencias.
La tarea es grande, pues en
puerta están no sólo la armonización de las leyes de transparencia, de
fiscalización, de los servidores públicos y todas aquellas relacionadas con la
creación de los sistemas estatal de combate a la corrupción y nacional de
transparencia, sino también una gran cantidad de cambios en procedimientos y
reglamentos administrativos, la creación de nuevas áreas especializadas,
capacitación de personal, etc., que hagan posibles las reformas.
En este inter, lo realmente preocupante
será doblegar las actitudes de opacidad, patrimonialistas, abusivas,
oportunistas y de corrupción que en gran escala o a nivel “hormiga” subsisten
por todo el gobierno, lo mismo a nivel de base
que de quienes toman las decisiones en el estado; ese es el gran reto a
vencer.
En el acto de presentación del
programa todo fue reconocimientos y discursos políticamente correctos, pero para
“aterrizar” todo lo que contiene su programa tal vez ni los seis años del
gobierno de Héctor Astudillo serán suficientes, considerando que la clase
política que tiene las riendas en el estado es dura de roer y de que se trata
de un problema estructural y de cultura política.
Hay que matizar, pues los
estruendos del 4 de abril.
Qué anunciaron
El programa de ética, transparencia y combate a la corrupción tiene cinco
ejes: instaurar el sistema estatal anticorrupción, instrumentar las reformas
necesarias en materia de transparencia, reordenar la administración de las
finanzas públicas, fortalecer el control interno, y transparentar las
adquisiciones y la obra pública.
Para el establecimiento del
sistema estatal anticorrupción hay por delante una titánica tarea legislativa, pues
es necesario homologar la legislación local con la federal en los temas de
rendición de cuentas y responsabilidad de los servidores públicos. Cabe
recordar que en febrero de 2015 se reformaron los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 109, 113, 114, 116 y 122
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la denominación
del Título Cuarto de la ley fundamental a “De las Responsabilidades de los
Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves
o hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”. Las leyes de Guerrero
deberán estar acordes con estas reformas y en el Congreso del estado no hay
visos de que trabajen en esto.
Respecto de la instrumentación de “las reformas
necesarias en materia de transparencia”, el gobernador firmó una iniciativa de
ley de transparencia y acceso a la información del estado, que suponemos
contiene los temas necesarios para estar a tono con la ley general de
transparencia. Es contradictorio que una iniciativa como ésta no se dé a
conocer públicamente y se maneje en secreto, es un documento que debería
circular profusamente para que la gente lo conozca y opine.
Para concretar todas estas reformas se requiere un Congreso
muy activo. Parto de que en Guerrero no lo tenemos porque los diputados locales
apenas se están alistando para homologar 40 leyes estatales con las
disposiciones de la reformada constitución del estado, y según el artículo
tercero, transitorio, tienen como plazo el 11 de junio de 2016. Aun cuando los
diputados ya decretaron ampliarse el plazo hasta el 15 de marzo de 2017, todo
este trabajo se junta ahora con la armonización que deben hacer de las leyes
locales para crear el sistema estatal anticorrupción y la incorporación al
sistema nacional de transparencia. El trabajo legislativo será un importante
cuello de botella en donde seguramente se atorarán las reformas. Por lo pronto,
tienen hasta el 4 de mayo para revisar, discutir y aprobar la ley de
transparencia del estado.
Otros de los temas que corresponde operar al Ejecutivo
del estado son el “reordenamiento de la
administración de las finanzas públicas”, el fortalecimiento del control
interno y la transparencia de las adquisiciones y la obra pública.
Efectivamente,
son puntos nodales de la gestión pública que requieren intervención inmediata.
Pero lo más importante es que el gobierno de Héctor Astudillo explique públicamente
de qué manera se operarán estos compromisos -que en el acto de presentación del
programa sólo enunció-, y cuál será la intervención de la ciudadanía. Si este
proceso de cambios no se abre a la ciudadanía, y en cambio, solicitan
nuevamente dejarles las manos libres y confiar en el gobierno, realmente no habrá
cambiado nada.
Hay dos
asuntos que vale la pena destacar. El primero es la convocatoria que hizo el
gobernador a “los diputados locales, los magistrados, los presidentes y
funcionarios municipales y a todos los ciudadanos y ciudadanas que manejan
recursos públicos” para que se sumen y pongan en práctica medidas y acciones de
transparencia y rendición de cuentas.
El
llamado es pertinente especialmente por la opacidad que muestran prácticamente
todos las dependencias públicas del estado, pero hubiese sido muy meritorio que
el gobernador encabezara una gran cruzada, con un buen programa de por medio,
para abatir los rezagos que se presentan en esta materia. A la convocatoria que
lanzó en su discurso, pocos se sumarán.
El segundo asunto destacable es el anuncio que hizo el
secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental para “garantizar la
operatividad” del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, mediante
la creación de dos comités: uno, “rector”, integrado por funcionarios públicos;
y otro “consultivo”, en el que participarán “representantes de la sociedad
organizada, empresarios, contralorías ciudadanas y medios de comunicación”. Las
funciones del comité consultivo apenas se enunciaron: supervisarán el programa
y propondrán medidas innovadoras para fortalecerlo.
La definición de las funciones que realizará el comité
consultivo, las personas que lo integrarán y especialmente el nivel de
autonomía que adquiera respecto del gobierno, serán claves para saber si el
comité tendrá una función social importante y si su trabajo tendrá impactos
reales en la transparencia y la rendición de cuentas. Si este comité es sólo
decorativo, podemos entonces calificar todo el programa de ser una simulación.
Código de ética
En el acto de presentación de programa de ética,
transparencia y combate a la corrupción también se anunció la firma de un código
de ética que deberán seguir los servidores públicos del estado. ¿Qué puede esperarse
de este documento?, ¿realmente inhibirá las actos de corrupción?, ¿propiciará
la confianza de la ciudadanía?
Es muy difícil y tal vez ingenuo pensar en modificar la
conducta de los funcionarios públicos, si sólo se hace a través de un llamado
como éste, aun cuando sea respaldado con toda la fuerza y disposición que puede
tener un jefe del Ejecutivo local, pues tales “exhortos” no bajan de manera
automática, ya que hay una gran cantidad de intereses en juego en los
diferentes niveles de la estructura gubernamental.
Existen códigos de ética por lo menos desde el gobierno de
Zeferino Torreblanca Galindo, por ejemplo, el 2 de mayo de 2008 se publicó el
acuerdo por el que se emite el código de ética profesional para los servidores
públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas y Administración. En el propio
gobierno de Torreblanca Galindo, el 27 de agosto de 2010 se publicó el acuerdo
por el que se establece el código de ética, al que deberán sujetarse los
servidores públicos del gobierno del estado de Guerrero.
En la siguiente administración, el 27 de enero de 2012,
Ángel Aguirre Rivero también emitió su propio acuerdo por el que se establece
el código de ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos de la
administración pública centralizada y paraestatal del estado de Guerrero; después,
cada secretaría emitió su propio código de conducta basado en el acuerdo
emitido por el gobernador.
Pero en ambos gobiernos, al parecer de nada sirvió la
suscripción de códigos de ética y conducta, pues en la percepción ciudadana
continuó el estigma de la corrupción, e incluso en el de Aguirre Rivero fueron
procesados funcionarios del primer círculo del mandatario por el desvío de
recursos públicos. Entonces, ¿para qué un código de ética?
El código que firmó el gobernador Astudillo Flores reconoce
“que en los últimos años la entidad se ha visto afectada por actos de
corrupción que han mermado la confianza de los ciudadanos en las autoridades,
por lo que estoy determinado a no permitir que se cometa ningún abuso de poder,
ocurran desfalcos al erario público ni existan privilegios al margen de la
Ley”.
Y en seguida agrega “que la única manera de contrarrestar el
efecto nocivo que provoca la desconfianza ciudadana sobre la gobernabilidad es
que todos los servidores públicos se conduzcan con respeto, pulcritud,
transparencia, igualdad, equidad y honestidad en el manejo de los asuntos
públicos, en el entendido de que la integridad de los servidores públicos
ayudará a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones”.
En realidad, no se aprecian cambios sustanciales respecto de
los códigos de gobiernos anteriores. Por ejemplo, se deja la aplicación,
interpretación, difusión y evaluación del cumplimiento del código a la hoy
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; y en caso de
incumplimiento, se aplicará lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
No contiene temas importantes sobre cómo hacer operativo
este documento, ni se formularon indicadores de cumplimiento, ni tampoco es
inclusivo con la vigilancia ciudadana.
Las diferencias que sí se observan en el código de ética de
Héctor Astudillo son pocas. Una de ellas es que todos los funcionarios
presenten sus declaraciones fiscal y de intereses, aunque no se plantea con la
fuerza con la que sí se comprometió en campaña. El artículo 10 del mencionado
código propone que “el servidor público, en la medida que lo requiera su cargo
y sujeto a las leyes en la materia, declarará sus intereses económicos,
comerciales o financieros, o sus actividades con ánimo de lucro que puedan
plantear un posible conflicto de interés”.
Mientras que el artículo 13 expresa que “en consonancia con
su cargo, y conforme a la Ley correspondiente, cumplir con el requisito de
declarar o revelar sus activos y pasivos personales, así como, de ser posible,
los de sus cónyuges u otros familiares a cargo. De la misma manera, presentará
anualmente su declaración de impuestos”.
No dice nada sobre la publicación de estas declaraciones (que
desde 2015 son una demanda ciudadana a nivel nacional y que son más conocidas
como 3de3); si la ciudadanía no conoce estos documentos de los funcionarios
guerrerenses, el único punto atractivo que tiene este código de ética será
automáticamente anulado.
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