Contraloría ciudadana evidencia anomalías

El Sur de Acapulco

Las experiencias de contraloría ciudadana en el municipio de Acapulco evidenciaron los desvíos e irregularidades que practican las dependencias públicas en el ejercicio de los recursos y en la prestación de servicios. No son prácticas exclusivas del ayuntamiento de Acapulco, sino también del gobierno del estado y del gobierno federal, de éste, especialmente de su Plan Nuevo Guerrero, que ha destacado no sólo por el monto de los recursos invertidos, 40 mil millones de pesos, sino porque es uno de los programas más opacos de la actualidad.
Las y los ciudadanos de 24 comunidades rurales y colonias populares de Acapulco, con base en el aprendizaje de su derecho de acceso a la información, pusieron en práctica diferentes actividades para la vigilancia de las obras y prestación de servicios públicos de los que son beneficiarios, y así sacaron a flote una serie de anomalías en instituciones de los tres órdenes de gobierno, que no siempre se atendieron.
No obstante que actualmente hay suficientes normas que promueven y permiten la organización de las y los ciudadanos en contralorías sociales, las dependencias encargadas de hacerlo simplemente omiten o simulan que lo hacen. Entre la normatividad específica para este fin está la Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, y la Ley de Coordinación Fiscal, entre muchas otras.
Las principales irregularidades encontradas por la vigilancia ciudadana fueron el recorte e incumplimiento de las metas establecidas en los contratos, incertidumbre y desinformación de los habitantes de una comunidad por la obra que se les construirá; uso de materiales no apropiados y retraso en la ejecución de las obras, en donde las empresas constructoras siempre argumentan “que ya no tienen dinero”.
Pero la más frecuente fue el ocultamiento de información para evitar que las y los ciudadanos tuvieran referentes y datos oficiales sobre las obras y servicios públicos, y así obstaculizar la vigilancia ciudadana. Esta opacidad se ha convertido ya en una práctica sistemática, en la que, especialmente el gobierno federal, ha desarrollado recursos y estrategias discursivas, operativas y legales cada vez más sofisticadas para empantanar y ocultar la información. En menor medida, también son prácticas constantes en el gobierno del estado y en los ayuntamientos, que igualmente ponen en práctica recursos muy novedosos para negar la información.

La opacidad del Plan Nuevo Guerrero

Los habitantes de las localidades de Salsipuedes, Campanario y Apalani resintieron de manera directa la falta de transparencia del Plan Nuevo Guerrero. Son comunidades afectadas por las tormentas tropicales de septiembre de 2013, Ingrid y Manuel, y por ello elegibles para la restitución de servicios públicos destruidos.
Como se ha descrito en otras entregas de Monitor de Guerrero, el programa del gobierno federal anunciado pomposamente para la reconstrucción del estado de Guerrero, ha sido muy deficiente en la rendición de cuentas. Por este motivo, la corrupción y la desviación de recursos no se descartan y eso repercute directamente en la calidad de las obras y servicios de un programa aparentemente “noble”.
En Salsipuedes, comunidad localizada en la zona de influencia del Comité de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), autoridades y pobladores tuvieron la intención de vigilar dos obras consideradas dentro del Plan Nuevo Guerrero: las reubicaciones del jardín de niños Francisco Larroyo y de la escuela primaria Lázaro Cárdenas.
La primera acción de la autoridad local fue solicitar los expedientes técnicos de los dos planteles escolares; sin embargo, el procedimiento que se siguió son el mejor ejemplo del empantanamiento e intención de ocultar la información que hace el gobierno federal, en este caso, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Los expedientes se solicitaron el 11 de marzo de 2015, y la dependencia respondió, no con la entrega de los documentos, sino con la petición de que se le precisara la información que la comunidad requería sobre los expedientes técnicos. Esta respuesta fue novedosa, porque el Inafed es una dependencia con capacidad normativa, de consultoría y de certificación de la calidad de infraestructura física educativa, y parece imposible que no conociera en qué consiste un expediente técnico. Aún así, se le describieron los documentos que se requerían.
Finalmente, el Inafed entregó información distinta a la solicitada, por lo que al no proporcionar los expedientes técnicos, se presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que desnudó la intención de opacidad del Inafed, ya que después de estudiar el caso, en su resolución RDA 1959/15 explicó que la dependencia cuenta con un departamento de construcción de obra y proyectos especiales, que precisamente están facultados “para integrar el expediente técnico de obra y servicios relacionados con las mismas”.
El INAI emitió esta resolución el 20 de mayo de 2015 para que el Inafed realizara una nueva búsqueda de los expedientes técnicos de los dos planteles escolares de la comunidad de Salsipuedes, y le dio 10 días hábiles para cumplir la resolución.
El 29 de junio, personal del Inafed se puso en contacto con los solicitantes para aparentemente entregar la información; se le respondió en que modalidad se prefería asegurando que se cubriría el costo. Después, el Inafed no respondió nada, hasta el 6 de agosto, preguntando nuevamente por la modalidad de entrega.
Como lo informa la resolución, hicimos uso de los mecanismos de vigilancia del INAI –correos electrónicos y por vía telefónica, entre ellos, para denunciar que el Inafed no había entregado los expedientes técnicos. El órgano garante federal nunca respondió, incluso se hizo contacto con dos consejeros nacionales para explicarles el incumplimiento de la dependencia federal, pero tampoco hubo respuesta.
La comunidad de Salispuedes se quedó esperando los expedientes técnicos; la obra ya concluyó, la constructora ya se fue, y hoy comienzan a surgir los primeros desperfectos de la obra. Ante estos resultados ¿a quién se le reclama?, ¿cómo decirle a los pobladores que crean en las instituciones?
Otros casos de obras incluidas en el Plan Nuevo Guerrero son los sistemas de agua potable de las localidades de Campanario y Apalani, que también formaron parte del proyecto de contraloría social. Según las autoridades y los pobladores, la Comisión Nacional del Agua, responsable de estas obras, no proporcionó nunca información relevante sobre los proyectos de agua, ni el monto que se invertiría ni el calendario de ejecución de las obras.
Para conocer toda esta información se solicitaron entonces los expedientes técnicos de las dos obras, pero la Conagua entregó un enorme legajo de información técnica, inservible para la vigilancia ciudadana.
Sobre este punto, en asamblea la comunidad de Apalani dijo que los documentos que entregó la Conagua son información “chatarra”, ya que, salvo los planos del proyecto, todo lo demás no les servía de nada. Subrayaron que ni siquiera el presupuesto o costo total de la obra venía en el documento, tampoco el nombre de la constructora a cargo del proyecto. Se les dijo que no se presentaría recurso de revisión, sino que se buscaría que proporcionaran esa información por otra vía.
Los habitantes de estas localidades tampoco lograron vigilar la obra, sobre todo en Apalani, porque nunca se les proporcionó información de calidad para ejercer esa práctica ciudadana.

Obras de regidores

Al igual que los diputados guerrerenses de la anterior Legislatura, quienes estuvieron en medio del escándalo porque en una grabación los exhibieron exigiendo obras públicas para hacer clientelismo con ellas, en Acapulco se presume que los regidores también realizan este tipo de prácticas. En la colonia Villa Guerrero, por ejemplo, se realizó la pavimentación de la calle La Paz, que es una de las principales del lugar, pero los habitantes desconocen el monto de la construcción y los términos en que se realizó. Sólo saben que uno de los regidores del ayuntamiento gestionó la obra, porque es amigo de personas de la colonia, pero desconocen de dónde se obtuvieron los recursoe. Dicen que sólo llegó a la localidad y pidió que a la brevedad se conformara un comité de obra porque gestionaría la pavimentación.
Se solicitó información sobre esta obra al ayuntamiento y textualmente respondió que “de acuerdo con la información proporcionada por la dirección de obras municipal, esta obra no se encuentra inserta en nuestras propuestas de inversión 2013 y 2014, por lo que se le sugiere solicitar información al gobierno del estado o a la federación”.
Sin embargo, nadie contaba con que en la inauguración colocaron una placa con los nombres del presidente municipal, Luis Uruñuela Fey, y la gestión del regidor Ernesto González Pérez. Era una obra del ayuntamiento de Acapulco, por lo que se solicitó el expediente técnico. Al ayuntamiento, que quiso ocultar la construcción de esta obra, no le quedó más que hacer entrega del documento solicitado, el cual le fue entregado al comisario municipal.

Otras anomalías

En Tasajeras, localidad también del Cecop, consiguieron el expediente técnico a través de una solicitud de información, el cual señalaba claramente que la obra de la localidad incluía la construcción de dos aulas en el jardín de niños por un monto de 800 mil pesos. Sin embargo, la constructora les informó que sólo edificaría un aula y un muro de contención –aparentemente innecesario–, pues argumentó que ya no tenía dinero.
Este cambio nunca fue consultado con las autoridades de la localidad, y los representantes de la constructora hasta le recomendaron al comisario que solicitara la segunda aula en el ejercicio fiscal de 2016. Las autoridades entonces presentaron una queja ante la Contraloría Interna del ayuntamiento de Acapulco para que se aclarara este asunto.
El comisario municipal narró que a Tasajeras se presentó personal de la Contraloría Interna, al principio con una actitud prepotente, pero cuando les dijo que eran asesorados para vigilar la obra pública, los funcionarios entonces se comportaron “más razonables”.
La constructora, al verse acorralada, ofreció la construcción de un techado en el patio del jardín de niños, escaleras para acceder de la calle principal al centro escolar, y el derribo de la vieja escuela.
Estos compromisos fueron aceptados por el comisario municipal y los integrantes del comité de obra, y después se hicieron del conocimiento de la gente en una asamblea. El comisario consideró que fue positivo lograr que la constructora se encargara de las obras adicionales, porque ya tenían previsto sólo concluir una sola aula.
Otro caso de incumplimiento de metas se dio en la comunidad de Las Marías, en donde los habitantes tomaron en sus manos el cuidado de una obra de rehabilitación de dos aulas de la escuela primaria Valentín Gómez Farías.
Una vez que consiguieron el expediente técnico, se dieron cuenta de que muchos conceptos no se instalaron en la construcción, lo que motivó la indignación de autoridades y maestros locales; éstos, a través del programa escuelas de calidad, instalaron el aire acondicionado, uno de los conceptos que la empresa constructora se negaba a concluir.
Otra de las irregularidades de la obra fue la herrería de puertas y ventanas, la cual visiblemente era “reciclada”, es decir, que fue retirada de otra construcción y la instalaron como parte de la rehabilitación, pues el herraje se observaba muy deteriorado. El comisario municipal dijo que no firmaría el acta de entrega recepción, pues consideró que no era justo que la empresa abusara de esa manera.
Otras muchas irregularidades denunciadas por los pobladores de las comunidades rurales de Acapulco fueron el servicio médico –personal insuficiente, mal trato, carencia de medicinas, saturación del servicio–, el programa Prospera –vocales prepotentes y discrecionales, médicos insensibles, familias fuera del programa–; el pago Proagro productivo –el banco les contrató un seguro sin su consentimiento, funcionarios menores que piden dinero para incluirlos en el padrón, productores “rasurados del listado”.
Son acciones u omisiones casi estructurales que mucho contribuyen a mantener hundida en la pobreza a la población del estado. Es urgente continuar desarrollando acciones desde la ciudadanía, pues con los gobiernos que cada trienio o sexenio nos tocan, son pocas las esperanzas.

Contraloría social en el ayuntamiento de Acapulco

El Sur de Acapulco

Los alcaldes que concluyen su periodo de gobierno a finales de septiembre encabezaron ayuntamientos opacos y sin rendición de cuentas. Ninguna diferencia marcaron con las administraciones de sus homólogos que los precedieron, pues casi todos los presidentes municipales que se van, nunca tuvieron la disposición ni la voluntad de poner en práctica políticas de transparencia y de información hacia la ciudadanía.
El colmo es que hace unos días, varios de ellos amenazaron con bloquear la Autopista del Sol, si no les depositaban los recursos federalizados de septiembre. ¿Con qué argumentos y autoridad moral exigen recursos, si nunca transparentaron su ejercicio, como era su obligación?
En medio de este desprecio por la rendición de cuentas a las y los ciudadanos, lo más sobresaliente del trienio que culmina son algunas acciones del ayuntamiento de Acapulco, que le permitieron incrementar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de información de oficio, el diseño y establecimiento de un sistema electrónico de recepción y respuesta a solicitudes de información, y la puesta en marcha de un proyecto para promover contralorías sociales entre la población del municipio.
Sin duda, estas actividades son pocas para el tamaño y el tipo de políticas que es necesario instrumentar para la rendición de cuentas. De hecho, las acciones promovidas por el ayuntamiento contribuyeron a evidenciar los efectos limitados o nulos en el mejoramiento de la administración municipal cuando sólo se cumplen las obligaciones de transparencia propuestas en la ley estatal en la materia.
Los resultados del proyecto de participación ciudadana para la contraloría social mostraron que dentro del ayuntamiento persisten prácticas de corrupción y de desvío de recursos, especialmente en el ramo de la obra pública. Esto sucede cuando no hay una política de transparencia y rendición de cuentas amplia y vigorosa y que abarque toda la estructura del ayuntamiento.
Por ser una experiencia excepcional entre los ayuntamientos del estado de Guerrero, y tal vez como una propuesta referente para los gobiernos municipales que tomarán posesión el 30 de septiembre, en esta entrega se analiza sólo el caso del proyecto de vigilancia ciudadana que puso en marcha el ayuntamiento de Acapulco en los primeros meses de 2015.

Un punto transparente

Es infrecuente que en Guerrero un ayuntamiento promueva acciones de transparencia y de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, pues los antecedentes más bien apuntan a la nula o muy poca disposición de los alcaldes por la transparencia, que se traduce en bajos niveles de cumplimiento de sus obligaciones de información, como en general se ha observado en los últimos años.
Por la promoción de algunas prácticas, el ayuntamiento de Acapulco alcanzó en 2014 una puntuación de 93 por ciento en el cumplimiento de su información de oficio que exige la ley estatal de transparencia, lo que le valió el primer lugar en el ranking del estado. Hasta hoy, ninguna dependencia ha logrado obtener esa puntuación, de acuerdo con el monitoreo que cada año realiza la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario.
Adicionalmente, puso en marcha un sistema electrónico para el procesamiento de solicitudes de información que presenta la ciudadanía –obligatorio para los municipios de más de 70 mil habitantes–, que ninguno de los restantes siete ayuntamientos que tienen esta población (Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez y Tlapa) lo tiene todavía.
Sin embargo, si bien no se tienen indicadores o datos duros, la percepción es que las acciones para la transparencia no se tradujeron en cambios palpables en el interior del ayuntamiento de Acapulco, es decir, no hay un mejoramiento de la gestión pública, tampoco mejores servicios públicos, ni las obras han sido de mejor calidad.
Los resultados de las acciones del ayuntamiento de Acapulco son el mejor ejemplo de las limitaciones de la “transparencia normativa”, porque su diseño e instrumentación obedeció sólo a un lineamiento de cumplir los requisitos de transparencia que exige la ley, pero esto no ha tenido repercusiones importantes en la manera de ejercer los recursos ni en la prestación de los servicios públicos.
Este tipo de acciones requieren, en todo caso, incluir un componente fundamental para que la transparencia gubernamental tenga una utilidad social: la participación ciudadana, es decir, la intervención de ciudadanos y ciudadanas para que usen la información gubernamental buscando entre otros propósitos, inhibir la corrupción, vigilar el uso de los recursos, cuidar que la construcción de obras necesarias y de calidad y presionar por mejores servicios públicos.

El proyecto de contraloría social

Durante el primer semestre de 2015, se puso en marcha el proyecto de formación de módulos de participación ciudadana en 24 comunidades rurales y colonias populares de Acapulco, con el propósito de promover y difundir entre los comisarios, delgados municipales y la población en general el derecho de acceso a la información y las obligaciones de transparencia de los gobiernos municipales.
Para alcanzar estos propósitos se realizaron actividades como talleres de información y reflexión, apoyo en la presentación de solicitudes de información, visitas de seguimiento y asesoría para activar los órganos de control del ayuntamiento cuando los participantes encontraran irregularidades en la vigilancia de una obra o servicio.
En los 24 talleres participaron un total de 598 personas, para un promedio de 25 asistentes por taller. La participación de las mujeres fue significativa, ya que las que asistieron representaron casi tres cuartas partes del total de participantes.
Aunque no se cuantificó el nivel de “sensibilización” o de “concientización” de las personas que participaron en los talleres, se percibió que las herramientas de información que se les brindaron a los participantes fueron útiles para diferentes gestiones de sus comunidades, como el conocimiento de programas sociales y de obra pública (reglas de operación, fechas de apertura de ventanillas, perfiles de los beneficiarios elegibles), así como información sobre los servicios de educación y salud, especialmente los beneficios de programas de escuelas de calidad y de tiempo completo; horarios de médicos, número de personal médico de clínicas y hospitales, descripción del cuadro básico de medicinas, entre otros.
A partir de estos talleres, el número de solicitudes de información presentadas por los participantes ante dependencias de los tres órdenes de gobierno se incrementó notablemente, y este procedimiento se convirtió en uno de los más importantes del proyecto, porque las y los ciudadanos comenzaron a obtener información sobre presupuestos, obra pública, servicios de salud, educación, etc.
El tema que despertó mayor interés fue el de la vigilancia de la obra pública, por lo que los requerimientos de información se concentraron también en este rubro mediante la gestión de expedientes técnicos de las obras y del conocimiento de las principales características constructivas de la obra, amén del presupuesto, tiempos de ejecución y empresa constructora.

Solicitudes de información

El total de solicitudes de información presentadas como parte de este proyecto fue de 85, la mayoría fueron para el ayuntamiento de Acapulco (63), para el gobierno del estado (12) y en menor medida para el gobierno federal (10).
De las del gobierno estatal, cuatro fueron para la Secretaría de Salud, cuatro para la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dos para la de Educación de Guerrero, una para el Fideicomiso para el Desarrollo de Acapulco y una para la Secretaría de Desarrollo Rural.
En el caso del gobierno federal, cuatro se presentaron ante la Comisión Nacional del Agua, dos ante la Secretaría de Desarrollo Social, dos para la Secretaría de la Función Pública, una para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una para el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inafed).
Cabe mencionar que en el gobierno del estado de Guerrero se observó una tendencia a no contestar solicitudes de información, ya que de las 12 que fueron presentadas, cinco tienen recurso de revisión (queja) ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado por no responder o hacerlo de manera parcial. En el gobierno federal también se presentaron recursos en contra del Inafed y de la Sedesol, los dos ya resueltas favorablemente por el INAI. Para el ayuntamiento de Acapulco no se presentaron recursos de revisión.
El 50 por ciento de las comunidades rurales o colonias participantes presentaron tres o más solicitudes de información ante las dependencias de los tres órdenes de gobierno. La localidad de la Concepción tuvo nueve solicitudes, seguida por Apalani con siete; más atrás están Tasajeras, Órganos de San Agustín El Quemado, Campanario y San Andrés Playa Encantada, con seis solicitudes cada una.
Si se observan por temas, dos fueron los rubros que acapararon los mayores porcentajes de solicitudes de información: la obra pública municipal, especialmente los expedientes técnicos; y el sector salud, en donde destacaron preguntas sobre los horarios de médicos, cuadro básico de medicinas, requisitos para establecimiento de casas de salud o clínicas.
Al hacer un balance de la participación, en las comunidades rurales se trabajó de manera más permanente y en colectivo que en las colonias populares, y esto se registró no sólo por los niveles de asistencia, sino por el número de solicitudes que presentaron.

Los escollos para el acceso

El acceso a la información basado en el uso de tecnologías está vedado o hace difícil su ejercicio entre la población comunidades rurales, por la falta de conectividad y porque frecuentemente no hay computadoras disponibles en las localidades. Esto coloca en desventaja a los habitantes de esas zonas, amén de que se requieren ciertas competencias para el uso de la tecnología y también para el acceso a la información.
Lamentablemente, la otra opción para ejercer este derecho es hacerlo de manera presencial en las oficinas del ayuntamiento o del gobierno del estado, pero es una opción que significa dinero y tiempo que las personas generalmente no tienen.
Con este panorama, parece que el ejercicio de acceso a la información es sólo para usuarios urbanos, y ese fue uno de los obstáculos que tienen las comunidades rurales. En este proyecto, el equipo técnico encargado de ejecutarlo presentó las solicitudes, si bien la comunidad definió cuál era la información que requerían, y los términos en que se debería solicitar.
Otros de los escollos que se encontraron fue la información técnica. Como respuesta a las solicitudes de información, algunas dependencias entregaron datos útiles a los habitantes de las comunidades y colonias, pero muchas veces esta información tenía un cierto nivel de especialización, como fue el caso de los expedientes técnicos.
Las personas que conformaron los comités de contraloría social o módulos de participación ciudadana, una vez que tuvieron los expedientes, buscaron interpretarlos para apoyar su trabajo de vigilancia de la obra, pero la interpretación requería una traducción técnica que no siempre se tuvo a la mano.

La activación de denuncias

Aunque los alcances del proyecto se centraron en la promoción del derecho de acceso a la información y en el conocimiento de las obligaciones de la transparencia gubernamental, durante el proyecto se apoyó la activación de los mecanismos de prevención y corrección de la contraloría interna del ayuntamiento de Acapulco. Hubo casos como los de las localidades de Tasajeras, Ilamos, San José, Las Marías, Km 22, Km 34, en donde la contraloría interna del ayuntamiento ordenó corregir las irregularidades que se denunciaron; y en otros casos, la información fue útil para conocer las principales características de las obras que se construían.
En el municipio de Acapulco se conjugaron varios factores para que éste y otros proyectos fueran posibles. Sobresale la llegada de un presidente municipal dispuesto a generar articulaciones con la ciudadanía o que por lo menos no bloqueó las iniciativas de transparencia que se le propusieron. También fue relevante que en la unidad de transparencia del ayuntamiento se colocara a personal ligado en el pasado reciente con organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
En la siguiente entrega se revisarán casos específicos de vigilancia ciudadana promovidos por este proyecto de formación de módulos de participación ciudadana.

Dos visiones de la transparencia

El Sur de Acapulco

La Gira por la Transparencia, recientemente celebrada en Chilpancingo, puso sobre la mesa las diferentes visiones que se manejan sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el estado. Por un lado, el punto de vista de las entidades gubernamentales (Ejecutivo y Congreso del estado, principalmente), que sin mucha autocrítica manejan un discurso que presume logros en esta materia que no existen; y por el otro, la opinión de periodistas y organismos de la sociedad civil, que desnudaron la pobreza de acciones, la impunidad y la corrupción que hunde al estado, sin que nadie remedie nada.
El seminario de armonización legislativa de la entidades federativas en materia de transparencia y acceso a la información, realizado como parte de la Gira por la Transparencia, no fue un acto a modo, como los que montan y a los están acostumbrados funcionarios y autoridades gubernamentales, sino una actividad en la que se emitieron fuertes críticas que incomodaron a los pocos funcionarios del gobierno del estado y diputados del Congreso que estuvieron presentes.
La Gira por la Transparencia es una actividad convocada de manera coordinada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Senado de la República, los institutos de transparencia de los estados y los órganos legislativos locales, se realizará en las 31 entidades federativas con el objetivo de promover la armonización de las leyes locales de transparencia con la reforma constitucional y la Ley General de Transparencia.
Este tipo de foros se plantean “como un espacio de diálogo, de intercambio de ideas o reflexiones para avanzar en la adecuación y atención de la Ley General, se trata de una acción itinerante por la promoción de las adecuaciones legislativas por parte de las Legislaturas de las entidades federativas”.
La gira correspondiente a Guerrero se realizó los días 20 y 21 de agosto, y en ella estuvieron presentes el consejero nacional Oscar Mauricio Guerra Ford, el senador Enrique Burgos García, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Laura Arizmendi Campos, así como el diputado local y presidente de la Comisión para la Atención de la Información Pública del Congreso, Olaguer Hernández Flores.
Estuvieron presentes también Mucio Israel Hernández Guerrero, consejero presidente del Infodf; Jesús Homero Flores Mier, consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI); Mireya Arteaga Dirzo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y Federico Guzmán Tamayo, coordinador del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.
Todos estos personajes, además de una disminuida concurrencia, conocieron una versión diferente de la oficial respecto del estado que guarda la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.

El gobierno del estado

Ya forma parte del discurso del gobernador Rogelio Ortega Martínez decir que el gobierno del estado de Guerrero es transparente. Sin embargo, los escándalos que se han descubierto, las promesas incumplidas, un déficit financiero que no termina y los monitoreos realizados a partir de indicadores objetivos para medir la transparencia de su administración, contradicen fehacientemente sus dichos.
Pero además de su escalada hacia la opacidad, es alarmante que amenace con demandar a quienes desmienten su discurso de una supuesta transparencia que no existe, en vez de cumplir las numerosas promesas que va haciendo por todo el estado, entre ellas, que hará transparente la nómina de su círculo cercano de colaboradores, donde se presumen enlistados amigos y familiares.
En el primer día de la Gira por la Transparencia, en la inauguración de la jornada de sensibilización en datos personales y la Ley General de Transparencia, quienes representaron al gobernador siguieron puntualmente ese discurso.
El secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado “reiteró que para la administración que encabeza el gobernador Rogelio Ortega Martínez, es de vital importancia transparentar la información para tener una sociedad más participativa”, según un comunicado de prensa del Ejecutivo.
Dijo también que la instrucción del mandatario estatal a los funcionarios es proporcionar a los ciudadanos la información que requieren respecto a la acción pública, con la que podrán ser parte de la toma de decisiones.
En los hechos, muy poco de lo que expuso el secretario general de Gobierno es cierto. El gobierno del estado hasta hoy no ha presentado ningún indicador o estudio sobre los niveles de transparencia en la entidad; sólo ha emitido palabras.
Este mismo discurso fue presentado en el segundo día de la Gira por la Trasparencia por el contralor general del estado, Eduardo Gerardo Loría Casanova, quien manifestó que la transparencia es una prioridad del gobierno que encabeza Rogelio Ortega. Destacó que Guerrero cuenta con un órgano garante para dar respuesta a las peticiones de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, que se encarga de vigilar el cumplimiento de los sujetos obligados de proporcionarla.
En su participación en las mesas de diálogo del seminario, Loría Casanova propuso que los 81 ayuntamientos del estado tengan en sus portales de internet un sitio dedicado a la información pública, con el propósito de que la sociedad pueda acceder de manera sencilla y expedita a la misma.
Nada nuevo dijo el contralor. Su propuesta es, desde 2010, una obligación para los ayuntamientos, que por cierto, casi ninguno cumple.

El Congreso

Los diputados guerrerenses que hicieron uso de la palabra en los dos días de la Gira por la Transparencia abordaron temas que para la realidad de Guerrero no son muy relevantes. Ni la diputada Laura Arizmendi Campos ni el diputado Olaguer Hernández Flores comentaron que el Congreso del estado es uno de los organismos más omisos para cumplir sus obligaciones de información de oficio y de los más reacios a entregar información a través de las solicitudes que presentan los ciudadanos.
La diputada Arizmendi Campos se enfocó a exponer los contenidos que los actuales legisladores incorporaron a la Constitución local relativos a la autonomía, funcionamiento e integración del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
Más adelante, durante su participación en una de las mesas temáticas, la legisladora expuso estadísticas sobre el acceso a la información en el estado. Dijo, por ejemplo que la mayoría de los recursos de revisión que se presentan ante el Itaig corresponden a información pública de oficio que no está a disposición de los ciudadanos. También advirtió que más de la mitad de los ayuntamientos de Guerrero no tienen una página web, y por lo tanto no difunden por este medio su información a la que están obligados.
Arizmendi Campos indicó que menos del uno por ciento de los habitantes del estado presentó solicitudes de información en 2014, por lo que es necesario emprender campañas de difusión y promoción para incentivar a los ciudadanos a que ejerzan su derecho de acceso a la información.
El diputado Olaguer Hernández, por su parte, se refirió a la importancia del tema de la protección de datos personales, y a la necesidad de implementar acciones que garanticen su protección.

La otra visión

En contraste con las visiones del gobierno del estado y el Congreso local, varios participantes en el seminario abordaron temas con una visión crítica, entre ellos, la designación de consejeros del Itaig por cuotas partidistas, la legislación de leyes sin la participación ciudadana, la corrupción y la impunidad, así como la no aplicación de las leyes.
Durante su participación en la mesa denominada Armonización de la legislación de las Entidades Federativas, el autor de esta columna expuso que Guerrero siempre ha llegado con retraso a la legislación de normas de transparencia y acceso a la información, y que además los legisladores guerrerenses nunca han propiciado una consulta abierta y a la vista de todos; los procesos legislativos de las dos leyes que han regido al estado en esta materia dan cuenta de cómo los diputados no convocaron a foros, no invitaron a expertos ni a organizaciones de la sociedad civil, ni consultaron a nadie.
Mencionamos también que uno de los grandes cuellos de botella en Guerrero es la reticencia de las dependencias públicas a difundir su información de oficio. Los diferentes monitoreos efectuados por organizaciones civiles locales y nacionales dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento en este rubro.
La ley general de transparencia incrementará el número de temas de información de oficio, y además con la ley general se homogenizarán los criterios para publicar estas obligaciones de información, de acuerdo con una metodología que se diseñará en el Sistema Nacional de Transparencia para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de los 48 temas.
Ante este panorama poco optimista, planteamos sin embargo, que hay una coyuntura favorable que puede facilitar y echar a andar un proceso incluyente y abierto para la armonización de la ley local con la Ley General de Transparencia, la cual contribuirá a compensar la asimetría que tiene el estado respecto de las otras entidades en materia de transparencia.
“En unas semanas, un nuevo gobernador asumirá la gestión del estado, también nuevos ayuntamientos comenzarán su periodo, y de los diputados y diputadas recién electos, se espera que traigan nuevas ideas porque a ellos les corresponderá la homologación de la ley estatal de transparencia con la Ley general de transparencia y acceso a la información”, destacamos en la ponencia.
Marlén Castro, periodista y docente en la Universidad Autónoma de Guerrero, expuso su experiencia como solicitante de información en el Congreso del estado y las dificultades para conseguir los datos requeridos, debido a las decisiones en el órgano legislativo que coartan el derecho de acceso a la información de los guerrerenses.
Se refirió también a la designación de consejeros del Itaig, y al respecto comentó que hay una gran desconfianza en los partidos políticos, y son precisamente ellos los que designan a los consejeros. Recordó que periodistas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil integraron a principios de 2014 un observatorio ciudadano para vigilar que la designación de los consejeros se apegara a derecho, pero los partidos políticos impusieron finalmente su decisión. Es necesario revisar los procedimientos de designación de consejeros, concluyó.
Por su parte, el corresponsal de la revista Proceso, Ezequiel Flores, reseñó diferentes hechos de opacidad, corrupción, impunidad y violencia que se viven en el estado. Dijo que el problema en Guerrero no es de leyes ni de su mejoramiento, sino de la falta de cumplimiento a lo establecido por la ausencia de voluntad ética, moral y política de las autoridades.
Se refirió a los audios en donde dos funcionarios del gobierno del estado –el secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jesús Hernández Torres–, conversaban sobre las exigencias de algunos diputados para que les asignaran obras públicas fuera de la norma.

Participación del Inai

El consejero nacional Oscar Mauricio Guerra Ford en su intervención dijo que la transparencia y el acceso a la información son factores fundamentales para recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades.
Destacó la importancia de acelerar los trabajos para armonizar las leyes locales con la Ley General y estar en posibilidad de garantizar que el ejercicio del derecho de acceso a la información tenga un piso mínimo y que las personas lo puedan ejercer en igualdad de condiciones. “Tenemos que hacer que este derecho, que es constitucional y que cubre a todos los mexicanos, se pueda ejercer de forma similar; que existan los procedimientos, los tiempos y los principios, que permitan poder gozar y disfrutar de este derecho en cualquier parte del país”, dijo durante su participación el consejero nacional.
Oscar Guerra Ford manifestó que garantizar el acceso a la información es importante porque permite el ejercicio de otros derechos. “A través de la información, los mexicanos podemos ejercer, de mejor forma, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a un salario digno o a pertenecer a un programa social”, enfatizó.