El Sur de Acapulco
La reciente aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información traerá cambios importantes, benéficos para las y los ciudadanos del estado de Guerrero, que usualmente ocupa los peores lugares del país en esta materia. Quizás más que ningún otro estado, la nueva ley contribuirá a compensar precisamente esa asimetría que guarda con respecto de las otras entidades.
Los candidatos que resultaron electos y que conformarán en breve el sector público guerrerense (gobernador del estado, diputados del Congreso local y presidentes municipales), deben dejar ya el festejo y ocuparse de uno de sus primeros retos urgentes: diseñar una estrategia que les permita organizar y difundir la información pública gubernamental de manera muy diferente de como la habían realizado los gobiernos anteriores y actual, pues la ley general de transparencia es mucho más rigurosa y procurará establecer una especie de “estandarización” de los procedimientos tanto para el acceso a la información como de las obligaciones de transparencia en todo el país, por medio de un sistema nacional.
Si los electos no reaccionan pronto, el nuevo sistema nacional –cuyo Consejo Nacional, por cierto, se instala hoy al mediodía– colocará a las dependencias a la vista de todo el país, por sus opacidad, negligencia o reticencia, y las complicidades locales que antes solapaban su opacidad, en esta ocasión ya no serán muy útiles.
En esta entrega comentaremos algunas secciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que consideramos tendrán consecuencias en beneficio de los ciudadanos de Guerrero, quienes no quieren dar un cheque en blanco a los nuevos gobernantes.
Los candidatos que resultaron electos y que conformarán en breve el sector público guerrerense (gobernador del estado, diputados del Congreso local y presidentes municipales), deben dejar ya el festejo y ocuparse de uno de sus primeros retos urgentes: diseñar una estrategia que les permita organizar y difundir la información pública gubernamental de manera muy diferente de como la habían realizado los gobiernos anteriores y actual, pues la ley general de transparencia es mucho más rigurosa y procurará establecer una especie de “estandarización” de los procedimientos tanto para el acceso a la información como de las obligaciones de transparencia en todo el país, por medio de un sistema nacional.
Si los electos no reaccionan pronto, el nuevo sistema nacional –cuyo Consejo Nacional, por cierto, se instala hoy al mediodía– colocará a las dependencias a la vista de todo el país, por sus opacidad, negligencia o reticencia, y las complicidades locales que antes solapaban su opacidad, en esta ocasión ya no serán muy útiles.
En esta entrega comentaremos algunas secciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que consideramos tendrán consecuencias en beneficio de los ciudadanos de Guerrero, quienes no quieren dar un cheque en blanco a los nuevos gobernantes.
Sistema nacional de transparencia
Una de las innovaciones más relevantes de la Ley General de Transparencia es la creación del Sistema Nacional de Transparencia, integrado por los órganos garantes de las entidades federativas –ahí estará representado el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero–, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y, desde luego, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai, antes Ifai). Este sistema deberá conformarse como un conjunto orgánico y articulado de los organismos e instituciones que lo integran, pero también de procedimientos, de instrumentos y de políticas en el ámbito de la transparencia.
Su finalidad es coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como también establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en el texto sexto de la Constitución y de la Ley General de Transparencia.
Una de las actividades que se consideran fundamentales del sistema nacional será el establecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información de una manera rápida, sencilla y gratuita, pues esta plataforma alojará el catálogo total de dependencias que señala la ley. En Guerrero, el total de instituciones gubernamentales obligadas por la ley es de más de 160, aunque actualmente sólo las dependencias del Ejecutivo estatal, el municipio de Acapulco y algunos organismos autónomos cuentan con una plataforma electrónica de acceso a la información, tal vez ese número no llega a 70 en todo el estado.
Sin duda, con la puesta en marcha de esta plataforma nacional, los mecanismos de acceso a la información mejorarán notablemente en los estados, pues serán más eficientes, incluirán a la mayoría de las dependencias públicas del sector público y tendrán funciones para presentar recursos de revisión; también considerarán la instalación de un buscador que será útil a los ciudadanos para encontrar información en los portales, en las solicitudes y en las respuestas.
Y aunque el actual sistema Info Gro dejará de funcionar en cuanto comience a operar la plataforma nacional, no hay que dejar de reconocer que ha sido la única decisión gubernamental importante –en nueve años– que facilitó enormemente la presentación de solicitudes de información. Si se revisan las cifras, el sistema Info Gro permitió que el número de solicitudes se incrementará en más de 600 por ciento, y el aumento pudo ser mayor si se hubiran incluido todas las instituciones gubernamentales del estado.
La plataforma nacional también considera en su diseño un aspecto que posiblemente tenga mucha utilidad en Guerrero: no todas las personas cuentan con computadora ni acceso a internet, por lo que se establecerá que las personas que no tengan internet puedan llamar por teléfono tradicional a un 01 800, y un centro de atención telefónica en el INAI atenderá esas solicitudes telefónicas y las conducirá a través de la plataforma a la dependencia correspondiente, sea federal, estatal o municipal.
Su finalidad es coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como también establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en el texto sexto de la Constitución y de la Ley General de Transparencia.
Una de las actividades que se consideran fundamentales del sistema nacional será el establecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información de una manera rápida, sencilla y gratuita, pues esta plataforma alojará el catálogo total de dependencias que señala la ley. En Guerrero, el total de instituciones gubernamentales obligadas por la ley es de más de 160, aunque actualmente sólo las dependencias del Ejecutivo estatal, el municipio de Acapulco y algunos organismos autónomos cuentan con una plataforma electrónica de acceso a la información, tal vez ese número no llega a 70 en todo el estado.
Sin duda, con la puesta en marcha de esta plataforma nacional, los mecanismos de acceso a la información mejorarán notablemente en los estados, pues serán más eficientes, incluirán a la mayoría de las dependencias públicas del sector público y tendrán funciones para presentar recursos de revisión; también considerarán la instalación de un buscador que será útil a los ciudadanos para encontrar información en los portales, en las solicitudes y en las respuestas.
Y aunque el actual sistema Info Gro dejará de funcionar en cuanto comience a operar la plataforma nacional, no hay que dejar de reconocer que ha sido la única decisión gubernamental importante –en nueve años– que facilitó enormemente la presentación de solicitudes de información. Si se revisan las cifras, el sistema Info Gro permitió que el número de solicitudes se incrementará en más de 600 por ciento, y el aumento pudo ser mayor si se hubiran incluido todas las instituciones gubernamentales del estado.
La plataforma nacional también considera en su diseño un aspecto que posiblemente tenga mucha utilidad en Guerrero: no todas las personas cuentan con computadora ni acceso a internet, por lo que se establecerá que las personas que no tengan internet puedan llamar por teléfono tradicional a un 01 800, y un centro de atención telefónica en el INAI atenderá esas solicitudes telefónicas y las conducirá a través de la plataforma a la dependencia correspondiente, sea federal, estatal o municipal.
Portal de obligaciones de transparencia
La plataforma nacional también funcionará como ventana para que todas las dependencias federales, de los estados y municipales coloquen ahí su información de oficio. Es decir, la ciudadanía ya no tendrá que buscar los portales específicos de cada dependencia, sino que en un solo lugar podrá acceder a la información pública de todo el país. Desde luego, las dependencias omisas estarán a la vista de todos, lo cual se convierte en un acicate contra la opacidad.
Uno de los grandes cuellos de botella en Guerrero es la reticencia de las dependencias públicas a publicar su información de oficio. Los diferentes monitoreos efectuados por organizaciones civiles locales y nacionales dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento en este rubro, aun cuando es uno de los principales indicadores de transparencia de las instituciones gubernamentales.
La buena noticia para los guerrerenses es por partida doble: se incrementará el número de temas de información de oficio, y además con la ley general se homogenizarán los criterios para publicar estas obligaciones de información, es decir, las dependencias ya no podrán hacer su propia interpretación de lo que deben publicar, se tendrán que ajustar a lo que establece el artículo 70, en el que se señalan 48 incisos –la ley local sólo establece 22– y adicionalmente otros que se señalan en los artículos del 71 al 83, según la dependencia de que se trate.
Y precisamente para evitar diversas interpretaciones, el Inai construirá una metodología para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de los 48 temas.
Uno de los problemas que se prevén en el corto plazo es que habrá dependencias que no tendrán las capacidades institucionales para cumplir con esas obligaciones de transparencia. Pues es buen momento para que el gobernador electo, los alcaldes que ganaron y quienes conformarán la LXI Legislatura del Congreso del estado imaginen cómo le van a hacer para resolver los asuntos de la transparencia. Es claro que la transparencia cuesta, personal, organización, tal vez equipo, pero es una obligación formal que deben cumplir.
Uno de los grandes cuellos de botella en Guerrero es la reticencia de las dependencias públicas a publicar su información de oficio. Los diferentes monitoreos efectuados por organizaciones civiles locales y nacionales dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento en este rubro, aun cuando es uno de los principales indicadores de transparencia de las instituciones gubernamentales.
La buena noticia para los guerrerenses es por partida doble: se incrementará el número de temas de información de oficio, y además con la ley general se homogenizarán los criterios para publicar estas obligaciones de información, es decir, las dependencias ya no podrán hacer su propia interpretación de lo que deben publicar, se tendrán que ajustar a lo que establece el artículo 70, en el que se señalan 48 incisos –la ley local sólo establece 22– y adicionalmente otros que se señalan en los artículos del 71 al 83, según la dependencia de que se trate.
Y precisamente para evitar diversas interpretaciones, el Inai construirá una metodología para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de los 48 temas.
Uno de los problemas que se prevén en el corto plazo es que habrá dependencias que no tendrán las capacidades institucionales para cumplir con esas obligaciones de transparencia. Pues es buen momento para que el gobernador electo, los alcaldes que ganaron y quienes conformarán la LXI Legislatura del Congreso del estado imaginen cómo le van a hacer para resolver los asuntos de la transparencia. Es claro que la transparencia cuesta, personal, organización, tal vez equipo, pero es una obligación formal que deben cumplir.
La información por difundir
Es pertinente destacar algunos de los temas de información que deberán dar a conocer las instituciones. Deberán cumplir, por ejemplo, con la difusión de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, así como los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.
Igualmente, deberán publicar la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación.
Un tema que deberán dar a conocer es la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: área, denominación del programa, periodo de vigencia, diseño, objetivos y alcances, metas físicas, población beneficiada estimada, monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal.
La información sobre los programas también deberá contener requisitos y procedimientos de acceso, procedimiento de queja o inconformidad ciudadana, mecanismos de exigibilidad, mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo, formas de participación social, informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.
El padrón de beneficiarios de estos programas deberá hacerse público y deberá contener: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.
En el caso de la información presupuestal, las dependencias deberán publicar la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; además de la información sobre la deuda pública.
También darán a conocer los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, así como el padrón de proveedores y contratistas y los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
Ésta y mucha información más deberá ser publicada por todas las dependencias públicas del estado en la plataforma nacional. Los candidatos electos están a tiempo para tomar las medidas necesarias que les permitan en el corto y mediano plazo cumplir con estas obligaciones. El Itaig tendrá una función relevante en este trabajo, ya que se encargará de verificar y aprobar que las instituciones del estado están cumpliendo.
Pero con la ley general de transparencia, los ciudadanos podrán denunciar ante los órganos de transparencia estatales a aquellas dependencias que no cumplan con sus obligaciones de transparencia. Hasta hoy, esa facultad es sólo del Itaig, y en nueve años no la ha ejercido, pero con esta nueva facultad ciudadana, los casos de denuncia y, en su caso, de sanciones se multiplicarán en el estado. En otras palabras, con la nueva legislación, los ciudadanos podrán quejarse ante el Itaig de que la información de una dependencia no está en el portal electrónico, y si no la colocan, el órgano garante podrá imponer medidas de apremio que puede ser una multa de hasta 200 mil pesos.
Igualmente, deberán publicar la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación.
Un tema que deberán dar a conocer es la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: área, denominación del programa, periodo de vigencia, diseño, objetivos y alcances, metas físicas, población beneficiada estimada, monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal.
La información sobre los programas también deberá contener requisitos y procedimientos de acceso, procedimiento de queja o inconformidad ciudadana, mecanismos de exigibilidad, mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo, formas de participación social, informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.
El padrón de beneficiarios de estos programas deberá hacerse público y deberá contener: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.
En el caso de la información presupuestal, las dependencias deberán publicar la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; además de la información sobre la deuda pública.
También darán a conocer los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, así como el padrón de proveedores y contratistas y los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
Ésta y mucha información más deberá ser publicada por todas las dependencias públicas del estado en la plataforma nacional. Los candidatos electos están a tiempo para tomar las medidas necesarias que les permitan en el corto y mediano plazo cumplir con estas obligaciones. El Itaig tendrá una función relevante en este trabajo, ya que se encargará de verificar y aprobar que las instituciones del estado están cumpliendo.
Pero con la ley general de transparencia, los ciudadanos podrán denunciar ante los órganos de transparencia estatales a aquellas dependencias que no cumplan con sus obligaciones de transparencia. Hasta hoy, esa facultad es sólo del Itaig, y en nueve años no la ha ejercido, pero con esta nueva facultad ciudadana, los casos de denuncia y, en su caso, de sanciones se multiplicarán en el estado. En otras palabras, con la nueva legislación, los ciudadanos podrán quejarse ante el Itaig de que la información de una dependencia no está en el portal electrónico, y si no la colocan, el órgano garante podrá imponer medidas de apremio que puede ser una multa de hasta 200 mil pesos.
Quién legislará
Queda pendiente la homologación de la ley local a la ley general de transparencia, que deberán hacer los diputados guerrerenses. Hasta hoy, el Congreso del estado no ha sido un órgano que haya favorecido la transparencia ni facilitado los mecanismos de acceso de información en el estado; y no sólo no ha sido un promotor de acciones y políticas en la materia, sino que, en sí mismo ha sido un organismo poco transparente, de los más opacos del estado.
Hay motivos para estar preocupados, pues el tortuguismo, incluso la reticencia con que los diputados de dos legislaturas diferentes aprobaron las dos leyes de transparencia que han regido al estado (septiembre de 2005 y mayo de 2010) sólo evidenciaron su desinterés, apatía y hasta resistencia por contribuir a generar una cultura de la transparencia. Pero también pesa sobre ellos su desprecio por la opinión ciudadana, ya que ninguna de las leyes de transparencia fue sometida a discusión pública en foros de consulta u otros mecanismos de participación ciudadana, como lo demandaron en su momento diferentes sectores.
Sería muy ambicioso pretender que la actual Legislatura trabajará en el tiempo que le resta en la armonización de la ley guerrerense con la ley general. No lo hará, porque tampoco se ha caracterizado por ser un órgano legislativo transparente.
Tocará a la siguiente legislatura hacer ese trabajo, y su inacción, en su caso, será observada más de cerca por ojos nacionales.
Hay motivos para estar preocupados, pues el tortuguismo, incluso la reticencia con que los diputados de dos legislaturas diferentes aprobaron las dos leyes de transparencia que han regido al estado (septiembre de 2005 y mayo de 2010) sólo evidenciaron su desinterés, apatía y hasta resistencia por contribuir a generar una cultura de la transparencia. Pero también pesa sobre ellos su desprecio por la opinión ciudadana, ya que ninguna de las leyes de transparencia fue sometida a discusión pública en foros de consulta u otros mecanismos de participación ciudadana, como lo demandaron en su momento diferentes sectores.
Sería muy ambicioso pretender que la actual Legislatura trabajará en el tiempo que le resta en la armonización de la ley guerrerense con la ley general. No lo hará, porque tampoco se ha caracterizado por ser un órgano legislativo transparente.
Tocará a la siguiente legislatura hacer ese trabajo, y su inacción, en su caso, será observada más de cerca por ojos nacionales.
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