El Sur de Acapulco
El gobierno de Rogelio Ortega Martínez no ha modificado la situación del estado de Guerrero, no por lo menos en materia de transparencia gubernamental ni en los instrumentos de acceso a la información. Ha sido tan opaco como su antecesor, Ángel Heladio Aguirre Rivero, con el agravante de que Ortega Martínez se presentó con la bandera de académico-investigador, no político, que llegó a recomponer un estado en llamas.
Más allá del discurso que se ha construido, como un gobernador conciliador, de diálogo, que llegó a pacificar el estado, los hechos lo desnudan, y en el caso que nos ocupa, no ha hecho nada para mejorar el nivel de transparencia en el Ejecutivo ni mejorado la rendición de cuentas. Es más, en tan sólo ocho meses ya le explotaron dos asuntos en los que se presume corrupción, uno, relativo al cobro de salarios tanto en el gobierno como en la UAG de sus amigos y familiares, y el segundo, al otorgamiento de contratos a supuestos operadores electorales de la ex candidata perredista al gobierno del estado.
Esto ha generado una percepción muy poco favorable al actual gobernador, a pesar de los miles de pesos que se invierten en entrevistas pagadas en los medios nacionales tratando de recomponer la imagen de un gobierno poco eficaz, fallido.
Más allá del discurso que se ha construido, como un gobernador conciliador, de diálogo, que llegó a pacificar el estado, los hechos lo desnudan, y en el caso que nos ocupa, no ha hecho nada para mejorar el nivel de transparencia en el Ejecutivo ni mejorado la rendición de cuentas. Es más, en tan sólo ocho meses ya le explotaron dos asuntos en los que se presume corrupción, uno, relativo al cobro de salarios tanto en el gobierno como en la UAG de sus amigos y familiares, y el segundo, al otorgamiento de contratos a supuestos operadores electorales de la ex candidata perredista al gobierno del estado.
Esto ha generado una percepción muy poco favorable al actual gobernador, a pesar de los miles de pesos que se invierten en entrevistas pagadas en los medios nacionales tratando de recomponer la imagen de un gobierno poco eficaz, fallido.
Ortega encuentra desvíos
El primer anuncio importante del gobierno de Ortega Martínez en materia de rendición de cuentas fue una declaración de su secretario general de gobierno de que las arcas públicas estaban vacías. La interpretación de esta noticia era que el ex gobernador Aguirre y sus cómplices dejaron en bancarrota las finanzas del estado.
De acuerdo con la gravedad de lo que expuso David Cienfuegos, todo parecía indicar que habría denuncias penales en contra de quienes depredaron al erario, pero pasaron los días y no pasó nada, ni una palabra sobre las finanzas del estado, sólo discursos que comenzaron a simular que todo estaba bien.
El anuncio se hizo el 27 de noviembre de 2014, apenas transcurridos 30 días de que Ortega Martínez asumiera el gobierno del estado, David Cienfuegos Salgado, secretario general de gobierno, denunció ante la Asociación Civil Acapulco que la nueva administración había encontrado las arcas vacías, deudas millonarias y promesas incumplidas.
Según la reseña de este diario, Cienfuegos Salgado enfatizó que el de Ortega Martínez era “un gobierno que se encuentra prácticamente atado de manos al llegar y enfrentar las arcas vacías y muchos compromisos ineludibles, y por otro lado muchas promesas que están incumplidas”.
Explicó que la contabilidad gubernamental está marcada por “prácticas inmorales” que será difícil erradicar, y reveló que a su llegada a la secretaría general de Gobierno encontró que había subsecretarios que tenían “compensaciones discrecionales” de hasta 40 mil pesos, pues no ganaban lo mismo.
También comentó que encontró “faltantes”, porque no había recursos necesarios para desarrollar actividades cotidianas, pero dijo que le correspondía a la Sefina informar sobre ese tema y acotó que no se puede hablar de desvió de recursos, según El Sur de aquella fecha.
“Mientras no se agoten los procedimientos ni se cumplan con los plazos no sabremos si se comprobó o no el dinero que no se encuentra en las arcas del gobierno del estado”, dijo.
El funcionario también adelantó que el gobierno del estado establecería un sistema para transparentar toda su información.
De acuerdo con la gravedad de lo que expuso David Cienfuegos, todo parecía indicar que habría denuncias penales en contra de quienes depredaron al erario, pero pasaron los días y no pasó nada, ni una palabra sobre las finanzas del estado, sólo discursos que comenzaron a simular que todo estaba bien.
El anuncio se hizo el 27 de noviembre de 2014, apenas transcurridos 30 días de que Ortega Martínez asumiera el gobierno del estado, David Cienfuegos Salgado, secretario general de gobierno, denunció ante la Asociación Civil Acapulco que la nueva administración había encontrado las arcas vacías, deudas millonarias y promesas incumplidas.
Según la reseña de este diario, Cienfuegos Salgado enfatizó que el de Ortega Martínez era “un gobierno que se encuentra prácticamente atado de manos al llegar y enfrentar las arcas vacías y muchos compromisos ineludibles, y por otro lado muchas promesas que están incumplidas”.
Explicó que la contabilidad gubernamental está marcada por “prácticas inmorales” que será difícil erradicar, y reveló que a su llegada a la secretaría general de Gobierno encontró que había subsecretarios que tenían “compensaciones discrecionales” de hasta 40 mil pesos, pues no ganaban lo mismo.
También comentó que encontró “faltantes”, porque no había recursos necesarios para desarrollar actividades cotidianas, pero dijo que le correspondía a la Sefina informar sobre ese tema y acotó que no se puede hablar de desvió de recursos, según El Sur de aquella fecha.
“Mientras no se agoten los procedimientos ni se cumplan con los plazos no sabremos si se comprobó o no el dinero que no se encuentra en las arcas del gobierno del estado”, dijo.
El funcionario también adelantó que el gobierno del estado establecería un sistema para transparentar toda su información.
La transparencia de Ortega
El mismo día en que el secretario general de Gobierno denunció las arcas vacías, Ortega presentó su plan de gobierno que incluía 27 acciones “inmediatas, sustantivas”; el anuncio lo hizo en un salón del Centro de Convenciones el Forum Mundo Imperial de Acapulco.
Especialmente la acción número 21 dice textualmente: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.
Sin embargo, hoy todavía se espera esa anunciada política de transparencia y acceso a la información. Faltan cuatro meses para que concluya su mandato y no se vislumbra ninguna estrategia que modifique, ya no de raíz las estratagemas de la opacidad que tradicionalmente son características en el Ejecutivo del estado, sino por lo menos que aplique cambios de forma en los instrumentos actuales.
Especialmente la acción número 21 dice textualmente: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.
Sin embargo, hoy todavía se espera esa anunciada política de transparencia y acceso a la información. Faltan cuatro meses para que concluya su mandato y no se vislumbra ninguna estrategia que modifique, ya no de raíz las estratagemas de la opacidad que tradicionalmente son características en el Ejecutivo del estado, sino por lo menos que aplique cambios de forma en los instrumentos actuales.
Acceso a la información
Respecto de los mecanismos y prácticas de acceso a la información, la actuación del gobierno de Ortega no ha sido mejor que la de Ángel Aguirre o Zeferino Torreblanca, más bien, han sido muy cuestionables y quizás peores que las de sus antecesores, no obstante las promesas de su plan de gobierno anunciado en noviembre de 2014.
El colmo es que desde hace varias semanas, el sistema electrónico que recibe y emite respuestas a las solicitudes de información contiene errores –como responder con archivos que no pueden abrirse– y nadie en el gobierno estatal hace nada. Tampoco el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado (Itaig), que debe vigilar y garantizar este derecho ciudadano.
Según el sistema Info Guerrero –plataforma electrónica para la recepción y respuesta de solicitudes– desde que entró Rogelio Ortega, en octubre de 2014, y hasta el 4 de julio de 2015 se presentaron 919 solicitudes de información. De este total, del 68.2 por ciento se entregó información a los ciudadanos vía Info Guerrero; en el 12.7 por ciento se les informó que correspondía a otra dependencia.
Las estadísticas del Info Guerrero también indicaron que en 10 por ciento de las solicitudes se les respondió que la información es inexistente, y en el 4.5 por ciento, que la información estaba públicamente disponibles (en los portales); en el 2 por ciento se contestó que la información era confidencial y en 1 por ciento, reservada.
Pero estos números no dicen mucho y hay que tomarlos con muchas reservas. Por ejemplo, en el rubro de “entrega de información a los solicitantes por vía Info Guerrero” sería más correcto decir: se les respondió, pero no necesariamente se les entregó la información. Los otros rubros también se emplean como excusas para no proporcionar la información solicitada, el Itaig tiene muchos análisis y resoluciones de cómo la famosa información inexistente, reservada o confidencial, incluso la que se dice que está públicamente disponible, con mucha frecuencia es utilizada por las dependencias del Ejecutivo como argumento para no entregar la información que les pide la ciudadanía.
Hay experiencias personales recientes que ejemplifican esta simulación. Por ejemplo, el 16 de febrero de 2015, presentamos la solicitud de información folio 00015615 ante la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) para pedir los “Informes de cuenta pública del gobierno del estado aprobadas por el Congreso del estado, de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”.
También se le solicitaron mediante el documento folio 00015715, de la misma fecha, los “Presupuestos de egresos del estado de Guerrero, publicados en el periódico oficial del estado, de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”.
Esta información, según la Ley de Transparencia, los ciudadanos ni siquiera tendrían que solicitarla, pues debe estar publicada obligatoriamente en su portal de transparencia; sin embargo, en ese espacio la dependencia difunde datos que no corresponden con las cuentas públicas y engañan a los lectores.
Esta omisión es más grave considerando que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado (artículo 22), la Sefina es la única dependencia facultada para “Concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de Egresos”, del Ejecutivo del estado, es decir, si la Sefina no da a conocer la cuenta pública del Ejecutivo, ninguna otra dependencia lo hará (cabe mencionar que la cuenta pública del ejercicio 2013 es la única difundida en el periódico oficial; el resto no aparecen).
La respuesta que dio la Sefina a las solicitudes de información es patética: “respecto de los informes de cuentas públicas aprobadas [sugieren que] sean solicitadas al H. Congreso del Estado” y los presupuestos de egresos recomiendan que “sean solicitados al Periódico Oficial del Gobierno del Estado (…), toda vez que la información solicitada su origen está en las Dependencias anteriormente citadas”.
Si atendemos la afirmación que emitió el subsecretario de egresos, funcionario que firma la respuesta, la cuenta pública del Ejecutivo la elabora el Congreso del estado y los presupuestos de egresos se formulan en el periódico oficial, es decir, carga la responsabilidad de los presupuestos y la cuenta pública a otras dependencias.
Las respuestas de la Sefina ameritaron dos recursos de revisión ante el Itaig, que se presentaron el 12 de marzo de 2015. Han pasado casi cuatro meses y el ITAIG todavía no ha emitido una resolución a un par de recursos de revisión relativamente fáciles de resolver, ya que la ley de transparencia y acceso a la información dice claramente que la información que solicitamos –los presupuestos del estado y los informes de cuenta pública– es de la llamada información de oficio (artículo 13, fracción IX).
El colmo es que desde hace varias semanas, el sistema electrónico que recibe y emite respuestas a las solicitudes de información contiene errores –como responder con archivos que no pueden abrirse– y nadie en el gobierno estatal hace nada. Tampoco el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado (Itaig), que debe vigilar y garantizar este derecho ciudadano.
Según el sistema Info Guerrero –plataforma electrónica para la recepción y respuesta de solicitudes– desde que entró Rogelio Ortega, en octubre de 2014, y hasta el 4 de julio de 2015 se presentaron 919 solicitudes de información. De este total, del 68.2 por ciento se entregó información a los ciudadanos vía Info Guerrero; en el 12.7 por ciento se les informó que correspondía a otra dependencia.
Las estadísticas del Info Guerrero también indicaron que en 10 por ciento de las solicitudes se les respondió que la información es inexistente, y en el 4.5 por ciento, que la información estaba públicamente disponibles (en los portales); en el 2 por ciento se contestó que la información era confidencial y en 1 por ciento, reservada.
Pero estos números no dicen mucho y hay que tomarlos con muchas reservas. Por ejemplo, en el rubro de “entrega de información a los solicitantes por vía Info Guerrero” sería más correcto decir: se les respondió, pero no necesariamente se les entregó la información. Los otros rubros también se emplean como excusas para no proporcionar la información solicitada, el Itaig tiene muchos análisis y resoluciones de cómo la famosa información inexistente, reservada o confidencial, incluso la que se dice que está públicamente disponible, con mucha frecuencia es utilizada por las dependencias del Ejecutivo como argumento para no entregar la información que les pide la ciudadanía.
Hay experiencias personales recientes que ejemplifican esta simulación. Por ejemplo, el 16 de febrero de 2015, presentamos la solicitud de información folio 00015615 ante la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) para pedir los “Informes de cuenta pública del gobierno del estado aprobadas por el Congreso del estado, de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”.
También se le solicitaron mediante el documento folio 00015715, de la misma fecha, los “Presupuestos de egresos del estado de Guerrero, publicados en el periódico oficial del estado, de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”.
Esta información, según la Ley de Transparencia, los ciudadanos ni siquiera tendrían que solicitarla, pues debe estar publicada obligatoriamente en su portal de transparencia; sin embargo, en ese espacio la dependencia difunde datos que no corresponden con las cuentas públicas y engañan a los lectores.
Esta omisión es más grave considerando que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado (artículo 22), la Sefina es la única dependencia facultada para “Concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de Egresos”, del Ejecutivo del estado, es decir, si la Sefina no da a conocer la cuenta pública del Ejecutivo, ninguna otra dependencia lo hará (cabe mencionar que la cuenta pública del ejercicio 2013 es la única difundida en el periódico oficial; el resto no aparecen).
La respuesta que dio la Sefina a las solicitudes de información es patética: “respecto de los informes de cuentas públicas aprobadas [sugieren que] sean solicitadas al H. Congreso del Estado” y los presupuestos de egresos recomiendan que “sean solicitados al Periódico Oficial del Gobierno del Estado (…), toda vez que la información solicitada su origen está en las Dependencias anteriormente citadas”.
Si atendemos la afirmación que emitió el subsecretario de egresos, funcionario que firma la respuesta, la cuenta pública del Ejecutivo la elabora el Congreso del estado y los presupuestos de egresos se formulan en el periódico oficial, es decir, carga la responsabilidad de los presupuestos y la cuenta pública a otras dependencias.
Las respuestas de la Sefina ameritaron dos recursos de revisión ante el Itaig, que se presentaron el 12 de marzo de 2015. Han pasado casi cuatro meses y el ITAIG todavía no ha emitido una resolución a un par de recursos de revisión relativamente fáciles de resolver, ya que la ley de transparencia y acceso a la información dice claramente que la información que solicitamos –los presupuestos del estado y los informes de cuenta pública– es de la llamada información de oficio (artículo 13, fracción IX).
Otras omisiones
La Sefina no es la única omisa en responder solicitudes. Durante el periodo de Ortega Martínez son varias las solicitudes que se han respondido parcial o no satisfactoriamente o fuera del plazo que establece la normatividad, se trata de las siguientes dependencias del Ejecutivo del estado: la Secretaría de Educación de Guerrero (dos solicitudes), la Secretaría de Salud (dos), la Contraloría General del Estado (una) y la Secretaría de Desarrollo Rural (una). En todos los casos, se presentaron recursos de revisión ante el Itaig.
En el caso de la Secretaría de Educación de Guerrero se solicitaron, mediante folio 00065315 los “Programas estatales (descripción de beneficios y requisitos) de los que se puede beneficiar una Telesecundaria (cualquier modalidad) en el estado de Guerrero”. La segunda solicitud requirió la “Descripción de los recursos financieros, materiales y otros con los que se benefician las escuelas incorporadas al programa Tiempo Completo” (00065415).
En la Secretaría de Salud se pidió un “documento oficial que contenga información sobre los requisitos que debe cumplir un centro de salud para contar con médico y enfermera en las localidades rurales” (folio 00060215). Así como un “documento oficial que contenga los requisitos necesarios para establecer un centro de salud en una localidad rural” (folio 00060115).
Igualmente, a la Contraloría General del Estado se le presentó la siguiente solicitud: “Número de solicitudes de información presentadas ante el gobierno del estado de junio de 2006 a abril de 2015, desglosadas por año y por dependencia. -Información requerida en cada una de las solicitudes de información, desglosadas por año y dependencia”.
Y finalmente, a la Secretaría de Desarrollo Rural se le hizo la petición del “Presupuesto destinado por el gobierno del estado al sector pesquero en 2015. -Proyectos que se financiarán con esos recursos en 2015. -Monto del presupuesto destinado a pescadores y cooperativas de la localidad de San Andrés Playa Encantada, municipio de Acapulco en 2015. Proyectos pesqueros que se ejecutarán en San Andrés Playa Encantada en 2015”, con el número de folio 00067315.
A casi ninguna de las solicitudes presentadas hubo respuesta, o llegó a destiempo. Actualmente son analizadas por los consejeros del Itaig, para en su caso, ordenar que se entregue la información, y si continúa el desdén gubernamental por la transparencia, aplicar la sanción que corresponda.
En el caso de la Secretaría de Educación de Guerrero se solicitaron, mediante folio 00065315 los “Programas estatales (descripción de beneficios y requisitos) de los que se puede beneficiar una Telesecundaria (cualquier modalidad) en el estado de Guerrero”. La segunda solicitud requirió la “Descripción de los recursos financieros, materiales y otros con los que se benefician las escuelas incorporadas al programa Tiempo Completo” (00065415).
En la Secretaría de Salud se pidió un “documento oficial que contenga información sobre los requisitos que debe cumplir un centro de salud para contar con médico y enfermera en las localidades rurales” (folio 00060215). Así como un “documento oficial que contenga los requisitos necesarios para establecer un centro de salud en una localidad rural” (folio 00060115).
Igualmente, a la Contraloría General del Estado se le presentó la siguiente solicitud: “Número de solicitudes de información presentadas ante el gobierno del estado de junio de 2006 a abril de 2015, desglosadas por año y por dependencia. -Información requerida en cada una de las solicitudes de información, desglosadas por año y dependencia”.
Y finalmente, a la Secretaría de Desarrollo Rural se le hizo la petición del “Presupuesto destinado por el gobierno del estado al sector pesquero en 2015. -Proyectos que se financiarán con esos recursos en 2015. -Monto del presupuesto destinado a pescadores y cooperativas de la localidad de San Andrés Playa Encantada, municipio de Acapulco en 2015. Proyectos pesqueros que se ejecutarán en San Andrés Playa Encantada en 2015”, con el número de folio 00067315.
A casi ninguna de las solicitudes presentadas hubo respuesta, o llegó a destiempo. Actualmente son analizadas por los consejeros del Itaig, para en su caso, ordenar que se entregue la información, y si continúa el desdén gubernamental por la transparencia, aplicar la sanción que corresponda.
La transparencia de Ortega
El gobierno de Rogelio Ortega Martínez no ha impulsado ninguna política de transparencia. Como sus antecesores, en esta materia cumple a medias con lo que le ordena la normatividad siguiendo de manera inercial y siempre retardada los cambios que se dictan en las leyes en el nivel nacional, pero no hay una iniciativa propia que deje ver esa supuesta disposición a la transparencia que contienen los discursos del mandatario.
Los portales electrónicos de las dependencias del Ejecutivo contienen la misma información que en tiempos de Ángel Aguirre, no hay nada nuevo. La información clave sigue sin aparecer en casi todas las áreas, no hay uniformidad en la presentación, y cada dependencia publica información de acuerdo con sus interpretaciones.
Actualmente se elabora un monitoreo a la transparencia de las dependencias del estado. En ediciones posteriores publicaremos los resultados, y se conocerá con criterios más objetivos el nivel de transparencia del Ejecutivo estatal.
Los portales electrónicos de las dependencias del Ejecutivo contienen la misma información que en tiempos de Ángel Aguirre, no hay nada nuevo. La información clave sigue sin aparecer en casi todas las áreas, no hay uniformidad en la presentación, y cada dependencia publica información de acuerdo con sus interpretaciones.
Actualmente se elabora un monitoreo a la transparencia de las dependencias del estado. En ediciones posteriores publicaremos los resultados, y se conocerá con criterios más objetivos el nivel de transparencia del Ejecutivo estatal.
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