La vigilancia a la obra pública, simulación

El Sur de Acapulco

Ángel Aguirre Rivero le mintió descaradamente a la población de Guerrero. Le hizo creer que su gobierno sería transparente y hasta se atrevió a anunciar la creación de un organismo ciudadano, como una forma de hacer contrapeso a su gobierno en un tema sensible que involucra muchos recursos financieros como son las adquisiciones y la obra pública. Pero el ejercicio fracasó, fue una simulación, ya que el ex mandatario estatal nunca tuvo la intención de hacer partícipe a la ciudadanía para que realmente vigilara una parte importante del quehacer gubernamental, pues había muchos negocios de por medio que se cocinaban en el interior de su gobierno.

Hoy sabemos que la creación del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones del Estado de Guerrero fue sólo un parapeto para engañar nuevamente a los guerrerenses, mientras su familia y amigos trasquilaban los recursos públicos. Su coartada le fue muy útil para armar un discurso de que su administración gobernaba con ciudadanía, pero no le duró mucho.

Los antecedentes

Esta práctica de crear un organismo ciudadano de vigilancia, Ángel Aguirre ya la había ensayado en su primer periodo de gobierno a finales de los noventa. Puede suponerse que le fue útil mediática y discursivamente porque lo volvió a hacer.
En esos años, específicamente el 7 de abril de 1998, por iniciativa suya y aprobación del Congreso, se publicó en el periódico oficial del estado el Decreto No. 128, que crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, cuyo primer artículo establecía que la finalidad del organismo era “supervisar y vigilar directamente la realización de obras y compras del Gobierno del Estado de Guerrero, con el objeto de que las mismas se ajusten a la normatividad vigente y libremente presenten opiniones y recomendaciones al respecto”.
Sin embargo, no se conocen resultados de este primer consejo, ni tampoco la emisión de reportes o recomendaciones públicas para hacer transparentes las compras y construcciones gubernamentales, y conociendo los manejos que solía hacer el ex mandatario, no es difícil concluir que esa primera versión del consejo ciudadano fue un fracaso.
La LVI Legislatura del Congreso del estado, durante el gobierno de René Juárez Cisneros, se encargó de la muerte jurídica del consejo ciudadano de Aguirre mediante el Decreto por el que se abroga el diverso que crea el consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones y extingue el consejo, que fue aprobado en la sesión del 11 de mayo 2001.
Independientemente de que este organismo ciudadano no haya tenido ninguna utilidad, los argumentos expuestos por la administración de Juárez Cisneros y avalados por los legisladores para dar fin a esta figura ciudadana son grotescos. Por ejemplo, argumentaron que la normativa “única y exclusivamente facultan a la Contraloría General del Estado, para el control y supervisión de los recursos en su etapa de ejecución; por otra parte el gobierno del estado de Guerrero, tiene signado un convenio con la Secretaría de Desarrollo Administrativo [hoy Secretaría de la Función Pública], para que en su nombre y representación sea la Contraloría General del Estado quien supervise, controle y vigile el ejercicio de los recursos federales destinados a la obra pública en el estado y los municipios”.
Y más adelante explicaban que “en la presente administración se han implementado políticas y sistemas tendentes a proveer la plena observancia del marco legal, por considerar que constituye la prioridad esencial para un gobierno que busca garantizar el buen desempeño en las funciones de los servidores públicos, previendo el mal uso de los recursos públicos; el enriquecimiento ilícito y todas aquellas acciones que pudieran atentar contra el orden normativo”.

El segundo Consejo

Al calor de la campaña electoral por la gubernatura 2011-2015, el entonces candidato Ángel Aguirre propuso la creación de un consejo ciudadano para que vigilara la transparencia y la legalidad en las adquisiciones y la obra pública en el estado. Por lo cerrado que se suponía la disputa electoral, Aguirre requería atraer a todos los simpatizantes, y fue en el debate que sostuvo con Manuel Añorve Baños (realizado el 18 de enero de 2011), que Aguirre Rivero se fue de boca y se comprometió a crear el consejo.
Pero la coartada de Ángel Aguirre era diluir en la simulación el compromiso adquirido, pues fue hasta finales de octubre de 2011 cuando el ex gobernador envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación. Los diputados locales aprobaron el decreto el 7 de febrero de 2012, y su publicación en el periódico oficial del estado se realizó el 17 de febrero del mismo año, es decir, a casi un año de haber asumido la gubernatura.
Aun con decreto publicado, la táctica de dilación continuó, pues correspondía precisamente al ex mandatario estatal proponer ante el Congreso una terna de ciudadanos y ciudadanas para integrar el naciente organismo.
Lo anterior, no obstante que el decreto, en su artículo segundo transitorio, ordenaba que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Transcurrieron 2 años y tres meses después de que asumió la gubernatura, para que el ex mandatario se refiriera nuevamente el tema. En una actividad realizada el 8 de julio de 2013, “Ángel Aguirre Rivero anunció –como si fuera la primera vez- la creación del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia de las Adquisiciones y Contratación de la Obra Pública”.
En esa ocasión, el ex gobernador advirtió que quien cometiera una desviación sería sancionado. Y todavía más, ahí mismo aseguró “que un acto de corrupción es un delito, pero cuando se comete en una entidad como Guerrero, con tanta pobreza, es un crimen”, según un boletín de prensa del Ejecutivo estatal.
“Jamás voy a permitir que cuando ya no estemos en el gobierno se nos hagan señalamientos de los cuales todos nos sentiríamos mal”, dijo, imperativo, el ex mandatario.
Y fue hasta el 16 de enero de 2014, a menos de dos años de que concluyera su periodo constitucional, que tomó protesta a los integrantes del consejo ciudadano. En un acto oficial, convocó a los consejeros “a cumplir con responsabilidad y entrega en la tarea tan importante que se les encomendó, pues serán ellos quienes vigilen, enriquezcan y denuncien cualquier anomalía en la ejecución de los diversos proyectos”.

Organismo sin resultados

Entre las primeras actividades del recién designado consejo ciudadano se cuenta una reunión con el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano el 16 de febrero de 2014, para presentar las obras de infraestructura realizadas del 2011 al 2013, así como los proyectos ejecutivos de las acciones programadas para el 2014.
Durante el encuentro, el funcionario estatal destacó la importancia de contar con un consejo de esa naturaleza, pues a través de él, dijo, la ciudadanía cuenta con la certeza de que las obras se están realizando en tiempo y forma.
“A nosotros nos sirve como una transparencia el que ellos vengan y revisen lo que estamos haciendo desde un inicio, desde cómo estamos realizando el proyecto que es la necesidad real que estamos haciendo, y cómo se está licitando”, señaló el titular de la Seduop.
Semanas después, los integrantes del consejo ciudadano se reunieron con el ex gobernador (4 de marzo de 2014), quien “reconoció la importancia de que la sociedad, representada en este Consejo esté enterada de las obras y adquisiciones que realice el gobierno del estado, lo que dará, dijo, mayor confianza y transparencia”.
Igualmente les solicitó que en caso de que identifiquen obras que no cumplan con las normas se convoque de manera inmediata a una reunión para que se tomen las medidas necesarias.
Pero todo este discurso del ex gobernador y sus secretarios muy pronto cayó por su propio peso, pues los consejeros se quejaron de que la administración de Aguirre no les proporcionaba la información necesaria para realizar su trabajo.
El primer presidente del consejo, José Luis Sánchez Ortiz, denunció en un diario de Acapulco que tanto las autoridades del gobierno del estado y como las del ayuntamiento de Acapulco no presentaban información completa de las obras que se construyen con recursos públicos. El consejero tomó como ejemplo la obra de infraestructura del Acabús, de la cual tienen, dijo, el expediente incompleto, ya que no incluye “el proceso de licitación, ni el monto de la obra, no tenemos el proyecto ejecutivo”.
Señaló que para iniciar cualquier obra pública, se debe tener un proyecto a la vista que indique a que empresa fue licitado el proyecto y el monto con el cual fue asignado, además de un calendario de la obra, “no, nos dan esa información, debe ser abierta, debe ser al público”, denunció.
Para el caso de Acapulco, habló de las obras de remodelación sobre la costera Miguel Alemán, las cuales anunció el presidente municipal se habrán de suspender por el tiempo que duren las vacaciones de verano.
Al respecto, José Luis Sánchez Ortiz, mencionó que han hecho diversas recomendaciones, como el no abrir toda la zona de peatones, consideró que debieron iniciar por partes, “porque causa un gran impacto, un gran daño social y crea mucha inseguridad, provoca muchos accidentes, se ve la ciudad colapsada, entonces nosotros le proponíamos abrieran por tramos”, sin embargo, su observación no fue tomada en cuenta.
En septiembre de 2014, el consejo ciudadano solicitó la destitución del titular de la Seduop, porque no había permitido tener acceso a la información de las construcciones que se realizan en el estado, como montos y avances de las obras.
En un video que circula en las redes sociales, el segundo presidente del consejo, Sergio Salmerón Manzanares, aseguró que “el secretario de obra pública ni siquiera nos atiende y tampoco da información. Son de los cuestionamientos que este consejo hará, y si es necesario pedir su renuncia, pues la vamos a pedir”.
Esta información fue confirmada por el tercer presidente del consejo ciudadano, Ezequiel Larumbe Radilla, quien en entrevista comentó que dos problemas graves impidieron a los consejeros realizar su trabajo: la falta de información, particularmente de la Seduop, y la carencia de recursos para la operación del Consejo (personal técnico, oficina, papelería, equipo de cómputo, etc.).
Por cierto, Larumbe Radilla negó que el gobierno del estado les proporcionara recursos para la operación del Consejo. Sin embargo, un boletín del gobierno, fechado el 1 de abril de 2014, informa que “En respuesta a su compromiso de brindar las condiciones para el desempeño en sus actividades, el gobernador Ángel Aguirre Rivero entregó recursos a los integrantes del Consejo Ciudadano para la Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado, para que inicien operaciones y cumplan a cabalidad con la tarea que les fue encomendada como lo es el vigilar que las obras que se han puesto en marcha se realicen con los estándares de calidad”.
Para saber más sobre los recursos supuestamente entregados al Consejo, se presentaron sendas solicitudes de información tanto a la secretaría particular del gobernador, como a la Secretaría de Fianzas y Administración. Esta última dependencia fue la que desmintió al gobernador.
“Sobre el particular, le informo que la Dirección General de Presupuesto Sector Central manifiesta que de acuerdo a los registros presupuestales con los que cuenta, se realizó un búsqueda en sistema, no encontrándose información a favor del Consejo para la Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el estado”.
Y agregó la Sefina: “Asimismo, al analizar el decreto No. 1008 por el que se crea el Consejo de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero, no se encontró referencia alguna respecto al pago de sueldos, honorarios u otro tipo de compensación económica que se deba entregar a los integrantes de ese organismo”.
Otra vez, Ángel Aguirre Rivero había mentido.

Lo que hace falta

Hoy que los candidatos y la candidata a la gubernatura están muy activos, deben tomar una posición sobre estos órganos de participación ciudadana. Especialmente se requiere crearlos y dotarlos de facultades que les permitan hacer una auténtica vigilancia ciudadana y permitirles autonomía de gestión. Si van a proponer lo mismo que Ángel Aguirre o su intención es hacer órganos decorativos, mejor que no propongan nada.
Sería plausible que entendieran las causas de la crisis social y política que vive el estado y propusieran reformas profundas a lo que se ha venido haciendo. Si no lo hacen, el que sea electo e electa tampoco concluirá su administración.