Ayuntamientos, ineficientes y opacos: ASF

El Sur de Acapulco

Las revisiones aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública no sólo descubrieron el desvío de recursos públicos que realizó el gobierno del estado, sino que entre los ayuntamientos guerrerenses auditados también encontró numerosas irregularidades y presuntos desfalcos en el ejercicio de los recursos de 2013.

Como se desprende de las conclusiones del órgano fiscalizador federal, los gobiernos municipales han sido ineficientes para administrar los recursos que se les asignan e ineficaces para contribuir a superar los grandes rezagos sociales en que vive la población. Como dice la ASF, los ayuntamientos cumplen parcialmente (en el mejor de los casos) los objetivos y metas de los programas sociales de los que reciben recursos financieros.
Independientemente de los hallazgos de la ASF –que se antojan bastante indulgentes, pues la actual normativa de fiscalización es muy laxa y permisiva- lo cierto es que detrás de cada irregularidad hay historias de escándalo relacionadas con el desvío de recursos y franca corrupción, que muy difícilmente pueden ser documentadas.  Finalmente lo único que hace bien quienes operan la corrupción en los ayuntamientos es no dejar rastro de sus acciones.

Conclusiones de la ASF

En total, la ASF revisó las cuentas públicas de 28 ayuntamientos –algunas en coordinación con la Auditoría General del Estado- especialmente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que es el de mayor cuantía que reciben los ayuntamientos y que se destina particularmente para obra pública en comunidades de alta y muy alta marginación.
En casi todas las auditorías, el órgano fiscalizador concluyó que los gobiernos municipales no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del FAISM, ya que registraron “inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, que generaron probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública.
Una de las mayores ineficiencias observadas por el órgano fiscalizador es que los “municipios no disponen de un adecuado sistema de control interno que les permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo (FAISM), la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas en la auditoría”.
Algunos alcaldes respondieron al pliego de observaciones tratando de justificar las deficiencias, y resalta la respuesta del alcalde de Zitlala, quien ante el cuestionamiento de la ASF, respondió que “por el hecho de no tener un órgano de control interno, no exenta a los funcionarios [municipales]de conducir su actuar conforme a los principios de lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia, so pena de recibir las sanciones establecidas en leyes aplicables”. Una verdadera joya de la ineficiencia y la irresponsabilidad.
Otro de los renglones que les fue observado a todos los ayuntamientos fue que los municipios, para la planeación de las inversiones del FASIM, no se apoyaron en información actualizada sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, ni realizaron estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago social.
Esta deficiencia de los ayuntamientos sin duda golpeó a las poblaciones que más requieren los servicios públicos municipales, ya que los alcaldes para hacer las obras, no se guían por objetivos y metas que hayan resultado de diagnósticos objetivos, sino por la improvisación, el clientelismo político y hasta el pago de favores políticos y financieros de quienes apoyaron su campaña para llegar al cargo.
Otro de los temas que no cumplieron los ayuntamientos es el de transparencia. Casi todos los municipios dejaron de reportar a la Secretaría de Hacienda alguno o todos los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del FAISM y los formatos de Nivel Fondo; tampoco lo hicieron parcial o totalmente respecto del  avance de los cuatro trimestres de los indicadores de desempeño y mucho menos publicaron entre la población los informes trimestrales reportados a la SHCP, ni se pusieron a disposición del público en su página electrónica de Internet y de otros medios locales de difusión.
Respecto de la difusión que deben hacer hacia la ciudadanía, la ASF constató que los ayuntamientos no hicieron del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados con el FAISM, como lo exige la ley.
Asimismo, la ASF señaló que el gobierno del estado no designó a instancias técnicas independientes para la evaluación de los recursos del FAISM, con base en indicadores estratégicos y de gestión, y no publicó en su página de internet los resultados, ni informó mediante el sistema de formato único de la SHCP, por lo que emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Guerrero para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicien el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no designaron a instancias técnicas independientes para la evaluación de los recursos del fondo.

La compra de fertilizante, observada

Todos los ayuntamientos fueron observados por la ASF por la adquisición de fertilizante, que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, no se encuentra entre los rubros que pueden ser pagados con el FAISM, pero que los alcaldes siempre han hecho caso omiso a esta reglamentación. Es el primer año que la ASF señala este compra irregular de fertilizante en sus informes que publica en su página electrónica.
En este renglón destaca el municipio de Cutzamala, que gastó irregularmente 25.2 millones de pesos en la compra de fertilizante, lo que representa el 80 por ciento de los recursos FAISM.
El municipio de Eduardo Neri compró fertilizante por 8.9 millones de pesos, 24.8 por ciento de su presupuesto. La justificación que hace el alcalde de este municipio a la ASF es para reproducirse: la compra de fertilizante “se realiza atendiendo la necesidad de los campesinos en el municipio, existen comunidades indígenas que dependen directamente de lo que se cultiva en la temporada de lluvias ya que no cuenta con otra fuente de ingresos, las dependencias federales que deberían atender este rubro no lo hacen.” Hay muy poca memoria para reconocer que el problema del fertilizante químico se originó de manera artificial en el propio estado de Guerrero.
El municipio de Zitlala destinó de manera irregular 16.8 millones de pesos a la compra de fertilizante (42.7 por ciento de los recursos FAISM). La justificación del ayuntamiento es que “este municipio (…) no puede prescindir de la adquisición de insumos agrícolas, dado que el fertilizante constituye una necesidad primordial de 5,864 campesinos en la producción de maíz y frijol para su autoconsumo y lo contrario generaría inestabilidad social y política”.
Otros ayuntamientos que gastaron altos porcentajes de los recursos del FAISM en fertilizante son Quechultenango, con 55 por ciento, Huitzuco, 26.7 por ciento y Olinalá, con 26.7 por ciento.

Presunción de daños o perjuicios

Todos los ayuntamientos cometieron irregularidades con el ejercicio de los recursos del FAISM, y la ASF se los señaló como “probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal”. En la mayoría de los casos se debió a la construcción de obras que no están permitidas por la Ley de Coordinación Fiscal o porque las obras o acciones no se realizaron en comunidades de alta y muy alta marginación, como lo establecen los criterios de este fondo, ya que las construyeron en las cabeceras municipales.
Chilapa fue uno de los ayuntamientos que recibieron más observaciones, por ejemplo, la AGE, que en este municipio se encargó de la revisión, determinó que están pendientes por comprobar 3.1 millones de pesos.  Asimismo, seis obras ejecutadas por adjudicación directa no presentan las fianzas de anticipo, y el ayuntamiento no presentó la evidencia de un adecuado seguimiento y control de seis obras.
Adicionalmente, en tres obras de la muestra de auditoría se determinaron conceptos pagados no ejecutados, por 1.1 millones, y el ayuntamiento no presentó la documentación comprobatoria y justificativa por la adquisición de refacciones, mantenimiento, arrendamiento de mobiliario, programas informáticos, materiales y útiles de oficina, y difusión sobre programas por 1.6 millones de pesos. Todo esto sin contar que el municipio destinó recursos por 42.6 millones de pesos en 93 obras y acciones que no están comprendidas en los rubros previstos en la normativa.
Al ayuntamiento de Chilpancingo se le observó un traspaso injustificado por 597 mil pesos con recursos del FAISM para financiar otro programa municipal sin que los haya reintegrado totalmente.
Otra irregularidad grave de Chilpancingo fue un subejercicio de los recursos ya que al municipio le fueron entregados por el fondo 141.1 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 sólo ejerció 84 por ciento, y fue hasta el 31 de mayo de 2014 cuando se gastó el 99.8 por ciento del disponible.
Además, el ayuntamiento ejerció 29.8 millones en la ejecución de 21 obras y acciones que no están comprendidas en las reglas del Fondo, entre las que destacan la operación de celdas del manejo del relleno sanitario, construcción de comisaría, construcción de techados en canchas, construcción de canchas, construcción de dos lienzos charros, becas, programa de fertilizantes.
Finalmente, se presume un probable daño o perjuicio por 6.9 millones por destinar recursos a obras que no benefician directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Acapulco también presentó un subejercicio importante. Por ejemplo, al ayuntamiento se le entregaron 461.5 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 sólo se había gastado 242.8 millones y al 31 de marzo de 2014, el monto ejercido fue de 404.2 millones de pesos, que significan un subejercicio a este último corte del 12.8 por ciento.
Asimismo, el municipio ejerció 58.2 millones de pesos en la ejecución de 36 acciones que no están comprendidas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, entre la que destaca la señalización en vialidades, desayunos escolares, adquisición y dotación de equipo y artes de pesca, de diversos animales de cría, insumos para cultivo de maíz y el Fondo de Garantías Líquidas.
Al municipio de Tlapa, con la revisión se detectó el sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de Ahuatepec Pueblo, que no está en operación. La obra tuvo un costo de 19.5 millones de pesos, de los cuales 3.9 millones fueron aportados por el ayuntamiento.
En el rubro de gastos indirectos, el municipio pagó 170 mil pesos para el diseño, impresión y distribución de dos gacetas municipales, gastos que no tuvieron relación directa con las obras realizadas del fondo.
En Acatepec, la ASF encontró un probable daño o perjuicio por 17 millones de pesos, y además se constató que el municipio realizó 107 obras por administración directa por 106.6 millones, que exceden los montos permitidos en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, para la ejecución de obras por administración directa.
En Atoyac, las irregularidades observadas fueron por 26.2 millones de pesos por haber pagado con recursos siete obras y seis acciones que no se encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
El ayuntamiento de Ayutla pagó con los recursos del FISM 2013 una obra ejecutada en el 2010, por un importe de 2.4 millones de pesos. Dice la ASF que no se dispone de registros contables de cuentas por pagar o de cuentas de naturaleza acreedora que indiquen el compromiso del pago de dicha obra.
Los probables daños en este municipio alcanzan 60.7 millones de pesos por haber destinado recursos del Fondo a 35 obras y acciones que no se encuentran consideradas en los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, como adquisición de fertilizante, suministro de fertilizante foliar, construcción de techumbre en canchas y techado de usos múltiples y asesoría y asistencia técnica para la elaboración de la cuenta pública).